Los padres de seis adolescentes que prestaban su servicio premilitar en el Batallón de Transporte III “Raúl Cornejo” denunciaron que sus hijos fueron dados de baja por haber faltado algunos días al servicio, para realizar un viaje de promoción de colegio, pese a contar con el permiso del comandante del Batallón. Ellos exigen la restitución de los estudiantes en el servicio premilitar, pues consideran que son víctimas de una injusticia.
“No acudimos a pedir permiso a cualquiera, fuimos a la cabeza, a la instancia que corresponde, a pedirle unos días de permiso para que nuestros hijos puedan hacer su viaje de promoción. Si el comandante nos hubiera dicho que no, no los hubiéramos dejado viajar, pero él nos dijo que sí y se supone que es la máxima autoridad de esa unidad militar, no pueden decir una cosa y hacer otra”, explicó Luis Barrón, uno de los progenitores.
La autorización fue pedida en el mes de abril y los adolescentes, de distintos colegios, viajaron el 29 de junio y volvieron a los 10 días, pero se sorprendieron al enterarse que les habían dado de baja del servicio premilitar.
Pero eso no es todo. Los padres de los afectados revelaron que cuando fueron a solicitar el permiso de viaje para sus hijos ante el comandante del Batallón de Transporte, teniente coronel Nelson J.C.P., con el antecedente de que premilitares de otras unidades militares también habían obtenido autorización de viaje, éste les aseguró que el permiso estaba garantizado.
Sin embargo, aprovechó para pedirles una “contribución” para la institución. Les comentó que en el Batallón existen camiones paralizados debido a la falta de baterías y les pidió que aporten a la unidad comprando seis, una por cada alumno con permiso de viaje.
Los padres aceptaron. “Lo hicimos para contribuir con una unidad militar en la que nuestros hijos recibían formación, como un agradecimiento a la institución. El pedido fue para la unidad, no fue personal. Si el comandante nos hubiera pedido algo para él, nos hubiéramos negado”, aclara Hugo Acuña.
Los padres compraron seis baterías para camión, cada una a 1.500 bolivianos, y las entregaron al comandante del Batallón. “Han dado de baja a nuestros hijos teniendo permiso de la cabeza y no sabemos dónde están las baterías entregadas. Lo único que queremos es que no perjudiquen a los chicos, no puede ser que hayan trabajado tanto tiempo este año y encima les den de baja”, protestaron José Mendoza, Ingrid Trigo, Sandra Marín y Alejandra Trigo.
NO HAY RESTITUCIÓN El comandante de la Séptima División de Ejército, general Omar Cordero, lamentó lo sucedido con los premilitares, pero advirtió que no habrá restitución porque todos los premilitares reciben, al ser inscritos, un Reglamento MD-DGTR-153 Servicio Premilitar del Ministerio de Defensa que debe cumplirse al pie de la letra.
“Sus padres firman ante Notario un compromiso de que harán cumplir esta norma que está por encima de lo que un comandante de unidad pueda decir”, sostuvo el general Cordero. El artículo 16 señala “Se prohíbe a los padres de familia o tutores efectuar solicitudes de permisos para viajes al interior y exterior del país por motivos de estudio y otros; no se dará curso a las mismas, por el reducido tiempo de instrucción y el carácter discriminatorio que resulta para los demás estudiantes”.
Cordero dijo que padres e hijos conocen este reglamento y saben que un premilitar puede ser dado de baja en estos casos: por tres faltas continuas injustificadas o por seis ausencias discontinuas justificadas o injustificadas. Esto significa que aunque el premilitar acredite estar enfermo, si acumulara seis faltas discontinuas, igual será dado de baja.
Esto, por una razón de equilibrio pues existen jóvenes que cumplen un servicio militar obligatorio los 365 días del año y el servicio premilitar tiene un carácter excepcional que debe ser exigente.
“Lo único que les queda a estos jóvenes es hacer el servicio militar obligatorio”, sostuvo Cordero.
Tribunal Militar ya juzga al jefe
El comandante de la Séptima División de Ejército, general Omar Cordero, informó que lo ocurrido en este caso es de conocimiento de los superiores y el comandante del Batallón de Transporte, Nelson J.C.P, fue sometido a un proceso sumario en Cochabamba y ese sumario fue enviado a La Paz para que se actúe y se sancione las faltas disciplinarias cometidas. “No podría adelantar los resultados, porque es un problema legal que debe seguir su curso. En La Paz se reunirán para dilucidar el caso en el ámbito disciplinario”, dijo. Ante la sospecha de que el destino de las baterías de camiones entregadas hayan tenido un fin de corrupción, el general dijo que podría existir una figura penal de cohecho en la que existen dos responsables: el que pide y el que da. “Tenemos un código penal militar y el que imponga contribuciones ilegales comete falta y no puede arrogarse la representación de toda una institución para ello”.
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