Los cuarteles no son centros de rehabilitación, dice el Defensor

La propuesta de enlistar a pandilleros en las Fuerzas Armadas (FFAA) generó diversas reacciones.
El defensor del Pueblo en Cochabamba, Édgar Flores Araoz, aseguró categórico que los “cuarteles no son centros de rehabilitación para jóvenes que están en situación de calle o tienen problemas con la justicia”.
Estas observaciones fueron corroboradas desde La Paz por el defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena

Al cuartel se van a preparar para una posible guerra y aprenden el manejo de armas, señaló Flores

“No se puede utilizar a los cuarteles como una especie de depósitos de los jóvenes y adolescentes que están en conflicto con la ley o de los que conforman los grupos de inhaladores de clefa”

El defensor del Pueblo en Cochabamba recordó que hace cinco años, cuando se habló del mismo tema, los propios comandantes de las unidades militares se opusieron indicando que los cuarteles “no son centros de rehabilitación de infractores”.
Sin embargo, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Omar Cordero, señaló que en sus filas ya se cuenta con expandilleros quienes se han recuperado y reinsertado a la sociedad. Dijo que conoce a “algunos” quienes, después del servicio militar, ahora son carpinteros, mecánicos, tienen sus propios negocios e incluso uno trabaja en la administración pública.
PROYECTO La propuesta de incorporar a pandilleros en las FFAA forma parte de uno de los tres anteproyectos de ley aprobados el lunes durante la conclusión de la VI Cumbre de Seguridad Ciudadana, donde el propio presidente, Evo Morales, dijo que para el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana Bol-110 se destinará 105 millones de dólares.
OPINIONES El director de la Defensoría de la Niñez dependiente de la Alcaldía de Cochabamba, Juan Carlos Sánchez Canedo, dijo que la opción de llevarlos (a pandilleros) al cuartel "sería excelente". “Para eso necesitamos sensibilizarlos y hablar con ellos, para persuadirlos que permanezcan voluntariamente en los cuarteles sin escaparse y sin que se vulneren sus derechos”

Sánchez salió ayer con su brigada a realizar varios operativos para tomar contacto con inhaladores de clefa y otros niños y jóvenes en situación de calle, levantar, otra vez, un censo y explicarles que se los va carnetizar

La directora del Servicio Departamental de Gestión Social de la Gobernación de Cochabamba (Sedeges), Arminda Sánchez, resaltó la corresponsabilidad social e institucional en el proceso de rehabilitación, restauración y reinserción de jóvenes adolescentes tanto a sus familias como a la sociedad en su conjunto

“Yo no hablaría de pandilleros, creo que son jóvenes que provienen de familias en extrema pobreza, vulnerabilidad, situaciones precarias de educación que necesitan el apoyo de todos. Aplaudo la iniciativa como de las FFAA y otras instituciones como las defensorías que estén tomando seriamente el trabajo y proyectos de reinserción laboral de estos jóvenes.
CENTROS Uno de los justificativos esgrimidos para plantear enlistar a pandilleros en los cuarteles fue que no hay suficientes centros de rehabilitación en las regiones del país

Al respecto, Arminda Sánchez dijo que en Cochabamba existe un centro de rehabilitación para jóvenes en problemas con la ley y 34 centros de atención y rehabilitación para niños y jóvenes en situación de calle, incluidos los inhaladores de clefa.
Todos son “centros abiertos”, es decir, que entran y salen voluntariamente de estas casas de acogida, salvo de Cometa que es el centro de rehabilitación de menores delincuentes con sentencia ejecutoriada.
TRATAMIENTO Cualquier acción que intervenga a pandilleros tiene que ser abordada con responsabilidad dentro los marcos normativos, nacionales e internacionales de tratamiento a este grupo de personas que, en determinado momento, ingresan en conflictos con la ley, concluyó el defensor Flores.
Una propuesta sin consenso
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que la propuesta de enlistar a pandilleros en las Fuerzas Armadas de la Nación (FFAA) no tiene un “criterio unánime” en el Alto Mando Militar

Por el contrario, señaló, hay otras alternativas en mesa como el envío de instructores militares a los centros de reclusión de menores en los diferentes departamentos de Bolivia.
A este criterio se suman el defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, y el defensor de Cochabamba, Edgar Flores Araoz quienes tienen observaciones a esta propuesta porque se trata de un tema delicado.
Sin embargo, en las FFAA de Cochabamba se conoció que ya tienen en sus filas a expandilleros (250) que prestan su servicio militar

Ferreira argumentó que la propuesta surgida en el marco de la VI Cumbre de Seguridad Ciudadana, concluida el lunes en La Paz, “está en análisis, no se la ha rechazado, tampoco se la ha aceptado”.

“Queremos ir al cuartel”, piden los inhaladores
Un grupo de inhaladores de clefa, apostado en las gradas que suben al monumento de las Heroínas de la Coronilla, gritó “queremos ir al cuartel”.
Minutos antes, una brigada de la Policía Boliviana y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiente de la Alcaldía de Cochabamba, fue a “sensibilizar” a los niños y jóvenes en situación de calle y a levantar un censo, de nuevo, para determinar qué cantidad de estas personas existe

Este acercamiento fue comandado por el director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Juan Carlos Sánchez Campero, quien dijo que tiene instrucciones precisas del alcalde José María Leyes de tener “cero niños en situación de calle”

Maycol, un inhalador de clefa de 25 años, quien vive en las calles desde hace 10 años, dijo que él y sus compañeros están dispuestos a ir al cuartel porque quieren recuperarse y salir con alguna profesión. “No somos tan tontos, podemos aprender”.

Datos
Centros
En Cochabamba hay 34 centros de rehabilitación para jóvenes menores de edad en situación de calle, drogodependencia e infractores, según la directora del Sedeges, Arminda Sánchez.

Rehabilitación
Existe un centro (denominado Cometa) para los jóvenes menores de edad que tienen problemas con la ley . Está ubicado en el kilómetro 6 y 1/2 camino a Quillacollo. La ley establece que cada departamento cuente con un centro de este tipo.
Playa Ancha
Este proyecto metropolitano se construirá en Capinota-Cochabamba y servirá para rehabilitación de 300 jóvenes menores de 18 años con problemas de consumo de droga. Se estima que en dos años se concluya la obra con un costo de 26 millones de bolivianos, según Arminda Sánchez.
Inhaladores de clefa
Según el censo 2013-2014, existen 977 personas en situación de calle en el departamento. Son indigentes e inhaladores de clefa, según el director del programa Camino, Raúl Albán

Según el censo 2013-2014, existen 977 personas en situación de calle en el departamento. Son indigentes e inhaladores de clefa, según el director del programa Camino, Raúl Albán.

Defensor alarmado por muertes en los cuarteles

SEGURIDAD

Villena reconoció el interés del actual ministro para enfrentar el problema y recordó que esta autoridad planteó asumir medidas para cuidar la seguridad en el caso de los conscriptos.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó ayer su preocupación por los casos recurrentes de muertes de personas en el ámbito militar y el incremento de las denuncias por vulneración de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas.

"Estaría evidenciando que la cultura de la violencia y la subvaloración de la vida y la integridad en ese ámbito (militar) continúa siendo la regla y no la excepción", manifestó Villena.

Al referirse al reciente caso sucedido en La Paz con la muerte del suboficial de la Armada Boliviana Daynor Bracamonte, Villena señaló que en los últimos 12 meses se conoció la muerte de 11 personas relacionadas con la entidad castrense, entre militares y conscriptos, mientras que en 2013 fueron 16 casos. Sin embargo, acotó, dos ministros de Defensa han informado, en diferentes circunstancias, de casos que no se conocieron públicamente, por lo que el número puede ser mayor.

Para el Defensor el problema no son solamente las muertes, sino que también se identificaron casos de violencia extrema e incluso torturas.

"En nuestro informe a la Asamblea Legislativa de 2014 hemos reportado casos de tratos crueles y degradantes, violaciones y abusos de personal militar contra civiles o contra personas de menor rango, la mayoría de ellos, de conocimiento público", señaló.

Villena explicó que en casi todos los casos, la constante es la impunidad. Los familiares del suboficial Bracamonte, según indicó, denunciaron que las Fuerzas Armadas les exigían que firmen un documento en el que deslindan toda responsabilidad a la institución por el fallecimiento, incluso antes de conocerse el informe final sobre las causas de la muerte.

Sobre lo ocurrido en Apolo, donde falleció el conscripto Juan Néstor Sumio Tapia, dijo que se limitaron a señalar que la muerte y enfermedad de otros conscriptos fueron producto de problemas de higiene y en otros hechos simplemente se calificaron de suicido. "En muchos casos las Autoridades militares terminan culpando a los fallecidos y por eso luego de las muertes, no hay responsables, ni detenidos ni sentenciados", señaló el Defensor.

DENUNCIAS
Villena se refirió a las denuncias que recibe la Defensoría por vulneración de derechos humanos. "En 2012 tuvimos 96 denuncias, en 2013 estas subieron a 119 y en la gestión 2014 llegaron a 238, es decir un incremento del 100% en relación a la gestión anterior", dijo.

En 2014 el Comando General del Ejército, el Comando General de la Fuerza Naval y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, fueron las unidades más denunciadas, indicó.

"De hecho, no solamente por el tipo de vulneraciones, sino por la cantidad de denuncias, las Fuerzas Armadas se están convirtiendo en una de las instituciones más vulneradoras, y los conscriptos, estudiantes y miembros de menor rango de las FFAA, en una población vulnerable", sentenció.

Recordó que desde el 2012, la institución emprendió tareas para enfrentar esta situación. "Hemos pedido muchas veces reunirnos con los comandantes de las Fuerzas Armadas para analizar este tema, mandamos una carta al presidente de la Asamblea Legislativa y al anterior ministro de Defensa para que las viabilicen, pero sólo nos encontramos con una negativa inexplicable y encubridora", lamentó.

Silencio mortal, jóvenes continúan cayendo en los cuarteles de Bolivia

No importa lo altos que sean los muros, porque el hermetismo se siembra ni bien entran los cadetes a formarse en la Escuela de Cóndores de Bolivia (Esconbol).

El curso de Cóndores Satinadores en la escuela que proyectó el dictador más sanguinario de la Historia de Bolivia, Luis García Meza, sigue cobrando víctimas, y aunque la representante de la Defensora del Pueblo en Tarija, Gladys Sandoval, considera que se ha mejorado ligeramente, la materia de Derechos Humanos que hace tres años se acordó incluir en la malla curricular sigue sin impartirse, según denuncia el propio Defensor Rolando Villena.
El 18 de diciembre, una semana antes de Navidad, Edson Clinton Cruz Llave fue evacuado de urgencia hacia el Hospital Rubén Zelaya de Yacuiba donde tras ser examinado se dio por muerto. El cadáver fue devuelto de inmediato a las dependencias de la Escuela de Cóndores todavía con el uniforme militar puesto. En el lugar se apersonaron de inmediato la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, pero el informe tardó en ser público. “Lo raro es que nadie ha querido dar ninguna información. En el hospital hay un examen postmortem y ya se podría saber si hay signos de violencia y cuáles son las causas, pero con silencio absoluto se ha retirado el cuerpo y se ha llevado a Sanandita” declaró Sandoval apenas dos horas después de conocerse la noticia en los medios locales.
El informe llegó un día después y se corrigió hasta dos veces. Cruz, al parecer, era el encargado de la cocina, y aquella mañana se levantó muy temprano para calentar el desayuno. Según el informe, Cruz decidió recostarse unos minutos sobre una colchita al pie de los fogones. Media hora después, sobre las 4.00 de la mañana, el olor a quemado despertó a algunos compañeros que acudieron a su auxilio. Ahí la versión empieza a variar. En la primera instancia se señaló que el joven aún tenía signos vitales y fue evacuado de urgencia hacia las instalaciones de Cossmil, el seguro militar, donde tampoco se pudo hacer nada por reanimarlo y cerca de las 06.40 se lleva al Hospital Rubén Zelaya, donde se certifica su defunción.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Yacuiba (Felcc) capitán Ever Cossío, informó que tras realizarse la autopsia de ley desde las 08.00, se llegó a determinar que el soldado de la Escuela de Cóndores de Bolivia (Esconbol) murió a causa de una asfixia por inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, en su declaración reveló que “La hipótesis de asfixia se confirmó, pero se observa que si el mismo ya estaba sin vida en el cuartel, por qué lo trasladaron al hospital, ya los médicos de la Cossmil, debían haber visto si tenía signos vitales, porque al moverlo han contaminado el lugar del hecho”, dijo.
Cruz sabía servir, había encontrado ese punto de felicidad al servir al otro y por eso a nadie de su entorno le extraña que se hiciera cargo de la cocina. Cruz quería ser médico y había decidido cumplir con su país antes de empezar la carrera. Sus padres, al llegar al aeropuerto, tenían ese rostro de incredulidad, la mirada perdida de la que cuesta arrancar las lágrimas, sabían lo que era Sanandita y todas las historias que circulan sobre ese lugar inspirado en la Escuela de las Américas y construido en el infierno verde chaqueño no por casualidad, sino para aprovechar las condiciones más extremas, pero no podían creer que les pasara a ellos. “Estamos destrozados, al ver a nuestro hijo sin vida, quien ha decidido cumplir a la Patria, y ahora me lo entregan muerto, lloro porque sus sueños se han ido”, indicó el padre del conscripto quien pedía una investigación “que no quede como la del subteniente Poma”.

La tortura de Grover Poma
El 9 de febrero de 2011 fallecía en la Esconbol el subteniente Grover Poma en una práctica de la materia “Combate Cuerpo a Cuerpo” que la web elsistema.info, especializada en la lucha por los Derechos Humanos, define como “una materia en donde el soldado o cadete es adiestrado en técnica de defensa personal. Dentro de la enseñanza son habituales los combates uno a uno. Sin embargo, el combate suele desarrollarse tres o hasta siete personas contra uno o los dos soldados, si uno de los contendores demuestra debilidad en sus golpes o no responde de forma agresiva contra su adversario. Esto ocurrió con Poma, que fue brutalmente golpeado por órdenes de un instructor, por no rendir con las exigencias de esta materia cuando se enfrentaba en combate con un camarada”.
Poma murió y el cuartel se cerró hasta que las enérgicas protestas de la Fiscalía y la Defensoría, que no podían tolerar que la institución castrense vetara los procedimientos civiles, permitieron el ingreso. Nadie sabía nada y aún hoy todo es incertidumbre. Dos años después, el 22 de enero de 2013, el Tribunal Constitucional ordenó que el caso pasara a la Justicia ordinaria, pues los avances en los tribunales castrenses no estaban dando respuesta a la familia. Para entonces, todos los testigos y presuntos culpables se habían esfumado de la faz de la tierra y la Fiscalía de Yacuiba camina a tientas. La familia y la Defensoría denunciaron encubrimiento.
El 20 de junio de 2013, en el cuartel del Estado Mayor de la Defensa en La Paz falleció una enfermera de 27 años, Janet Zulma Vargas, supuestamente durante una fiesta por el solsticio de invierno, en circunstancias aún hoy no del todo aclaradas. Uno de los citados para declarar resultó ser Franz García que prestaba servicio en el Estado Mayor y sobre quien pendía una orden de aprehensión por el caso Poma, pero que dos años después, no se había podido notificar. La indignación recorrió el Ministerio y García fue llevado de inmediato a Yacuiba (dejando el otro caso también al aire). Hoy, el último imputado por el caso Poma ya está en libertad con medidas sustitutivas.
En una entrevista publicada en El País eN el lunes 22 de diciembre, el padre del subteniente Poma, Andrés Poma indicó que con desesperación y al ver que no había resultados y además que los imputados del caso poco a poco iban saliendo de la cárcel, pidió a los jueces y fiscales que se cierre el caso. “Les dije que cierren el caso porque no hay autoridad, porque no voy a aguantar que sigan utilizando el nombre de mi hijo y que le dejen descansar en paz, pero ellos me dijeron que como Ministerio Público continuarían en el caso, pero ahora veo que no lo harán”, añadió.
Andrés Poma ha vivido un infierno desde que perdió a su hijo. “El día que ha fallecido mi hijo, el Ministro de Defensa me dijo que dos años me iban a pagar el salario básico de mi hijo, luego me dijeron que pasado esos dos años a través de Cossmil (Corporación del Seguro Social Militar), me iban a dar los víveres de mi hijo, y ese sería un derecho que mi hijo iba a recibir”, señala entre lágrimas mientras denuncia que en cada charla o acto le intimidan asegurando que no habrá una sentencia favorable. “Me están diciendo que los derechos que he recibido por dos años de la muerte de mi hijo, es como el resarcimiento de daños; sin embargo, voy a entrar en huelga de hambre en la semana. Además que todos deben saber que me fue a buscar una representante del Ministerio de Defensa, quien indicó que regalaría de su propio bolsillo un quintal de harina, para que pueda hacer pan, sin embargo, luego que dieron todo indican que es como recompensa de lo que le sucedió a su hijo”, mencionó.
El acoso a Ceooly Espinal
Apenas dos semanas después de que el Tribunal Constitucional obligara a la Justicia Ordinaria a hacerse cargo de la investigación de la muerte de Grover Poma y a la castrense a entregarlo, el luto volvió a teñir la Esconbol. El oficial Ceooly Espinal Prieto era velado el 5 de febrero de 2013 en el Estado Mayor y la polémica ya estaba en el aire.
“(En Sanandita) nos dijeron que había muerto por insolación, después de un ejercicio de caminata de seis kilómetros. Pero hemos visto su cuerpo con golpes en toda su espalda, en su rostro. Uno de los testículos está reventado. Estamos indignados, pedimos justicia. Nos dijeron que falleció por insolación, pero Ceoly era muy sano. El informe de defunción habla de un golpe en la cabeza y derrame cerebral. Quisimos hacer una autopsia pero no nos dejaron’” explicó entonces el tío de la víctima, Emilio Prieto, a Página Siete. El Ministerio Público inició una investigación por homicidio culposo, el caso sigue en la nebulosa y mientras la presión volvía a envolver a la Esconbol, su director, Teniente Coronel Miguel Ángel del Castillo, respondía a Prieto en una referencia al último muerto en “acto de servicio” defendiendo el “prestigio” de su institución. ”El entrenamiento que brinda la Escuela al personal militar es riguroso y especializado, es un orgullo para el Ejército y para el Estado Boliviano, contar con esta institución cuya preparación está a la altura de las mejores unidades de élite de la región”.
En ninguna parte del programa de Gobierno o planes militares se contempla una intervención sobre la Escuela de Cóndores de Sanandita, cuyos tres últimos muertos han vuelto a destapar las carencias y excesos, pero que sólo son tres más en una larga lista. La Defensoría del Pueblo, Gladys Sandoval, pide transparencia y control. El Ministerio investiga. Los padres lloran.

Entre la impunidad
y el encubrimiento

En julio de 2013, dos muertes de militares sacudieron Tarija. La primera fue la de Wilkdo Daniel Delgado de los Ríos, que perdió la vida en el Colegio Militar de Aviación de Santa Cruz el 18 de julio. No habían pasado ni cuatro horas del deceso cuando la institución emitió un comunicado lamentando el deceso “accidental” del cadete. Más de dos semanas después, aún no se sabía con certeza si fueron dos o tres disparos del fusil Galil, de fabricación israelí, los que segaron la vida del joven tarijeño. La defensa se apresuró a indicar que Ruddy Álvaro Villegas, imputado por los disparos y Delgado eran amigos, para acto seguido solicitar que el caso se ventilara en un Tribunal Castrense.
Una semana después, el 26 de julio, falleció en el cuartel Eustaquio Méndez de la ciudad de Tarija el conscripto Carlos Flores Churata. Según los primeros reportes, recibió un disparo en la cabeza durante una supuesta instrucción militar. Tras declarar ante la Fiscalía, la instructora fue detenida.
La Fiscalía de Tarija ordenó la detención de la instructora, por ser la presunta autora del disparo que causó la muerte de Churata Flores, y la remitió ante un juez cautelar, luego de recibir sus declaraciones. La instructora recibió medidas sustitutivas a la detención preventiva que cumplió en el mismo cuartel donde sucedió el hecho.
La representante de la Defensoría del Pueblo en Tarija, Gladys Sandoval, expresó su rotunda condena a ciertas prácticas militares, como el encubrimiento o la falta de transparencia.
“La mayoría son casos no esclarecidos, no sancionados. Debe haber una investigación profunda porque no pueden darse la vulneración de los Derechos Humanos en las instituciones militares. Las instituciones militares, cuando pueden dar una lección, lo que hacen es cambiar de un lado a otro a los implicados dificultando las notificaciones – señaló la Defensora - Antes, cada año, estaban muriendo uno o dos en Sanandita. En los últimos tres años han muerto como 20 soldados. Lo más preocupante es que se ataca al más débil, al que no compite igual que ellos. Siempre han dicho que son accidentes, le hemos hecho seguimiento pero no ha habido una declaración en contra de lo oficial. No se ha comprobado que haya habido intencionalidad, porque hubo instrucciones precisas de qué se iba a decir al respecto. No puede haber disparos accidentales cuando hablamos de profesionales en el manejo de armas y que tienen sus disciplinas y protocolos. Debe haber una responsabilidad”.

Inauguran cuartel para regimiento ecológico

El presidente Evo Morales inauguró ayer un cuartel construido para el Regimiento Ecológico Escuela de Protección de Parques Nacionales “Cacique Juan Maraza”, ubicado en San Juan de Ichoa, en el ingreso al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

“Damos por inaugurado nuestro regimiento ecológico y una escuela de formación para que los hermanos indígenas sean técnicos medios y básicos”, manifestó el Mandatario en el acto.

La obra fue construida con una inversión de 3,6 millones de bolivianos del programa ‘Bolivia cambia, Evo cumple’ y consta de dormitorios para 120 soldados, un depósito, un telecentro de comunicaciones, comedor, cocina y cancha polifuncional, entre otras dependencias.

El Jefe de Estado pidió que la nueva infraestructura sirva para fortalecer el objetivo principal del regimiento ecológico, que sus soldados cuiden el Tipnis y eviten asentamientos humanos en el área.

Asimismo, planteó que también sea utilizado para que continúe e intensifique la formación en ramas técnicas de sus efectivos sean estos quechuas, aimaras, guaraníes, trinitarios o yuracarés.

“Mañana (hoy) va a ser la primera promoción de soldados indígenas, también la primera de mujeres que han prestado el Servicio Militar y que ahora salen técnicos. Me ha sorprendido”, destacó.

El Mandatario recordó que los regimientos militares son como una escuela o como una universidad para los pobres.
Por otra parte, Morales anunció que el cuartel tendrá una segunda fase de construcción la próxima gestión.

Cobija Golpiza envía a soldado a un hospital

El conscripto José Luis García Ramírez de la Primera División del Ejército sufrió una brutal golpiza por parte de sus instructores y ahora se encuentra en terapia intensiva del hospital "Roberto Galindo" de la ciudad de Cobija, reportó la radio Frontera de la Red Erbol.

Alejandrina Ramírez, madre del conscripto, dijo que su hijo necesita con urgencia ser trasladado a un hospital de tercer nivel, porque los médicos le aseguraron que el tórax se encuentra lleno de sangre y necesita ser sometido a un procedimiento que no lo pueden practicar en Cobija.

Un camión se estrelló contra cuartel militar

Se había subido por última vez a su camión cinco minutos antes. Se dice que había estado tomando bebidas alcohólicas a tan solo 300 metros del Regimiento de Caballería RC-10 Gral. José M. Mercado, donde causó una desgracia al perder el control del camión que guiaba provocando heridas y lesiones a cuatro militares y graves daños materiales a la infraestructura de la guarnición.

A la medianoche del jueves, Cornelio Ávila (56) protagonizó un accidente de tránsito, al colisionar el tráiler que guiaba contra el muro, el portón y la caseta de prevención del Regimiento RC-10, lo que a su vez causó que cuatro soldados terminaran con lesiones que obligaron su traslado a una clínica privada en Yapacaní y al hospital militar en Santa Cruz.



Relato

"Se escuchó un estruendo, y cinco a seis minutos, todo el personal de la guarnición militar, comenzando desde el comandante hasta el último soldado del regimiento, llegó al punto de ingreso al cuartel; al percatarnos de que habían heridos lo primero que hicimos fue comenzar las tareas de rescate”, relata el segundo comandante del Regimiento de Caballería de Buenavista, Danny O. Cuadro Rojas.

Retiraron los escombros y rescataron a las víctimas y mientras personal médico del cuartel procedía a brindarle los primeros auxilios, se identificó que los afectados eran la sargento Pamela Martínez Taboada (24) y los soldados Javier Medrano Mallon (18), Gilmar Julio Mostacedo (17) y Ariel Aruquipa Barra (17). El último informe médico, refiere que los cuatro uniformados salieron de peligro y se recuperan.

Causas

Las investigaciones preliminares informan de que Cornelio Ávila (56), que conducía el camión Volvo, azul, con placa 2727 LPD, cargado de fierros, por su estado de ebriedad perdió el control del mismo en el ingreso sur de Buenavista para impactar contra el cuartel.

Ávila está preso en la Policía de Yapacaní

La violencia en los cuarteles sigue imparable

Gróver Poma, Subteniente de alta graduación del ejército, falleció en febrero de 2011, luego de recibir una "brutal paliza por parte de un instructor y otros camaradas en la Escuela de Cóndores de Sanandita" (Tarija), como cita el testimonio de la prensa local de ese año. Según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), desde esa fecha hasta hoy los familiares han vivido una penosa travesía en busca de justicia y con un descenlace desolador: ni un solo detenido y menos castigo alguno al autor o a autores del hecho.

Al triste episodio del subteniente Poma, se suman los 118 casos de violencia en los cuarteles de Bolivia aún sin esclarecerse, registrados por el Defensor del Pueblo en el periodo 2013; de los cuales, 14 corresponden a la figura de tortura y/o tratos crueles e inhumanos.

Una descripción desoladora. Según el informe defensorial presentado la pasada semana, las estadísticas de vulneración de los derechos humanos en recintos militares no se detiene y al 31 de agosto de este año, se mantiene en niveles similares en comparación al año pasado. Rolando Villena, Defensor del Pueblo, señaló que un hecho de "extrema gravedad" fue lo sucedido el pasado 29 de agosto, con la violación y muerte a manos de dos sargentos del Ejército de la joven Carmen Rosa Mollo (17), que cumplía servicio premilitar en Achacachi (La Paz).

"En la gestión pasada hemos reclamado de manera constante por la sucesión de muertes de conscriptos y estudiantes en recintos militares y demandamos que se realicen las investigaciones para determinar la responsabilidad. En todos los casos, nos enfrentamos a una negativa sistemática, cuando no a un silencio incomprensible que ha impedido cualquier acción de manera adecuada y efectiva", denunció Villena.

En la misma línea, Yolanda Herrera, Presidente de la Apdhb, expresó su desaliento con las denuncias cada vez más numerosas y persistentes que, en el devenir del tiempo y el curso de las investigaciones, concluyen en nada."En cuanto los datos que se da en la Defensoría del Pueblo, son de aquellas denuncias que se han hecho oficialmente. Sin embargo, nosotros creemos que se duplican las estadísticas de casos de torturas, de malos tratos y de hechos degradantes que se dan dentro el ejército que quedan en la impunidad absoluta y el silencio. Practicamente se invisibilizan", señaló Herrera.

Casos que se describen. Una información preliminar da cuenta que desde el 2010 hasta agosto de este año, la violencia y los tratos crueles en recintos de formación militar como Sanandita, donde se prepara a tropas de élite para sobrevivir en condiciones adversas, se habría cobrado la vida de 10 efectivos en manos de sus instructores y jefes de alta graduación.

Según Villena, en los últimos años los casos de mayor relevancia pública tienen que ver con los subtenientes Gróver Poma Guanton, Ceooly Espinal Prieto; los conscriptos Edwin Mendoza Ibarra, Javier K'ara Ayaviri, Freddy Rodríguez Uño, Carlos Daniel Loza y la muerte de la enfermera Jeanette Vargas. "Todos estos hechos tienen poco avance en la investigación y sanción. Algunos de estos corren el riesgo de quedar en la impunidad, así como los otros casos, catalogados como hechos de accidentes tras una investigación sumaria realizados en el ámbito militar", relató Villena.

El proceso judicial de Poma no ha terminado, pese a que fue derivado de la justicia militar a los tribunales ordinarios, por decisión del Tribunal Constitucional. "Hace mas de cuatro años que perdió la vida en Sanandita. El padre durante dos años ha invertido todos sus recursos en busca de justicia. Vanos fueron sus esfuerzos, frente una organo judicial bastante lento y más a favor de la impunidad. Ahora no hay nadie que esté preso por la muerte de este muchacho. Eso deja impune y cada vez reafirma la cultura de violencia en los cuarteles", puntualizó Herrera.

Villena remarcó que esta situación refleja una negativa sistemática de los niveles superiores de las Fuerzas Armadas de Bolivia a adecuar la formación y las conductas institucionales a los principios de derechos humanos y los postulados de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que demanda "la implementación de cambios profundos en todas las instituciones que deben orientarse hacia la descolonización, la despatriarcalización y el respeto imperativo a los derechos y garantías constitucionales de todas y todos los bolivianos”, manifestó.

Sugieren cambios urgentes. Marcelo Antezana, excomandate de las Fuerzas Armadas y actual senador del Estado Plurinacional, a tiempo de destacar la labor del Defensor del Pueblo, calificó de "preocupante" las cifras y las denuncias de hechos de violencia al interior de los recintos militares. "Lamentablemente, del 2006 adelante, la politización que se ha dado en los altos mandos militares y los puestos intermedios al extremo de tenerlos como los socios del gobierno a las Fuerzas Armadas, ha relajado la diciplina y el control con los mandos inferiores. No es un justificativo. Esto es preocupante, hay que retomar la diciplina y evitar hechos como lo sucedido la semana pasada en Achacachi", señaló.

En cambio para Rafael Puente, político y exministro de Gobierno del primer periodo de Evo Morales, enfatizó la situación de las Fuerzas Armadas es uno de los vacíos más inquietantes que no se ha tocado en la reforma constitucional en el proceso constituyente. "No se ha tocado el tema de las Fuerzas Armadas. No es el único pero es el más grave. Es una reforma que lamentablemente no se hizo. Los militares de alta y baja graduación tienen que estar sometidos no solamente a las leyes del Estado sino a los tribunales ordinarios", enfatizó.

Además, calificó de doblemente lamentable que los hechos ocurran en el periodo denominado "proceso de cambio". "Los datos (del Defensor del Pueblo) son escalofriantes y esto no se puede permitir. Lo triste es que hay una mentalidad en gran parte de nuestro pueblo que considera que ser hombre significa someterse a golpizas, violencia, forzamientos físicos. Entonces es un atraso brutal. Eso solo consagra cualquier visión machista y patriarcal", enfatizó Puente.

Por su parte, el constitucionalista Saul Paniagua, señaló que las Fuerzas Armadas ha perdido el rumbo y la misión específica de defensa de la seguridad territorial bajo el concepto principista de la doctrina militar.

"Cuando se olvida esta misión, entonces no se está cumpliendo con la formación. Como ninguno de los jóvenes ingresa para ser preparados en los principios elementales, es que suceden esos abusos. Hay que avanzar de un centro de entrenamiento a uno de formación integral bajo un concepto de doctrina militar", finalizó.

"Las víctimas, una vez que presentan la denuncia, piden el anonimato. En algunas situaciones, se someten. Al final, los casos se quedan en la impunidad"

Yolanda Herrera
Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

Recopilación
Algunos de los casos luctuosos de más impacto

Reciente. Carmen Rosa Mollo (17) fue vejada junto a su prima, quien salvó la vida el 29 de agosto, cuando asistió a una cita con dos sargentos en un domicilio donde los dos acusados les habrían invitado bebidas alcohólicas con un sedante. Luego de varias horas, la víctima fue hallada muerta. Por ese hecho, los uniformados Ángel Reynaldo Mamani Huallpa y Sidal Chávez Quispe han sido sometidos a retiro obligatorio por determinación del Tribunal del Personal del Ejército y fueron enviados a la cárcel de San Pedro de La Paz.

Sanandita. Además de la muerte de Gróver Poma, el 2011, tres años más tarde se registró la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en la “Escuela de Cóndores Bolivianos”. Según el informe oficial, la muerte de Espinal se produjo sin causa aparente alguna, después de que el joven sufriera súbitamente un “desvanecimiento” durante un ejercicio de resistencia física.

Soldados. Otros dos hechos se registraron el año pasado, otros dos casos en periodos diferentes con la muerte de Javier K'ara Ayaviri, quien falleció tras ser brutalmente golpeado en el cuartel donde prestaba su servicio militar y Edwin Mendoza Ibarra, quien también murió en circunstancias similares.

Relacionado. El alférez Emmanuel Cusi perdió la vida durante un entrenamiento de buceo en el estrecho de Tiquina. Y este viernes otro sargento murió en las mismas circunstancas.

Propuestas
Urge hacer cambios estructurales

Defensor del pueblo. Desde hace cuatro años, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, de manera reiterativa implora al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para impulsar un trabajo integral en la definición e implementación de una política consistente y efectiva, en todos los niveles, para que los derechos humanos sean respetados, ejercidos y promovidos al interior de la entidad castrense, no como una concesión ni un complemento, sino como una obligación con la Patria, la Constitución y la ciudadanía boliviana.

Visión al interior. El senador Marcelo Antezana (general en retiro y excomandante de las Fuerzas Armadas) señaló que hace cuatro años duerme "en el sueño de los justos", el proyecto de adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). "El gobierno de Evo Morales, no tiene la voluntad política para modificar nada de las Fuerzas Armadas. Yo he presentado un proyecto de ley para adecuar la LOFA a la actual constitución. Pero los masistas que en estos nueve años tienen la mayoría parlamentaria, no han aprobado nada. Hay que adecuar todo el sistema jurídico de la vida castrense", señaló.

Objeto. Según la Asamblea de Derechos Humanos, las reformas deben también incluir la no vigencia de las escuelas de formación militar de élite, complementando un nuevo rol de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Punto de vista

José Luis Santistevan
Abogado Constitucionalista

"El proceso de cambio solo ha politizado las FFAA "

Ante la situación de recurrentes denuncias de tratos inhumanos en los cuarteles, amerita reflexionar:

Primero, los cambios constitucionales no han llegado a los cuarteles y a la conducta de las cúpulas militares, las Fuerzas Armadas siguen funcionando bajo la conducta arcaica de aplicación de métodos agresivos en la formación militar.

Como segundo aspecto, la actual Constitución Política del Estado (CPE) establece que no hay fuero ni privilegios para ningún ciudadano cualquiera sea su condición y que los delitos comunes de gravedad (violaciones, muertes, etc) deben ser procesados por la justicia ordinaria lo cual no sucede en la institución castrense.

Y como tercero, tenemos a unas FFAA que siguen aplicando normas inconstitucionales que pertenecen al antiguo sistema republicano, como su Ley de las Fuerzas Armadas, el Código de Justicia Militar y su Reglamentos. El Estado Plurinacional sigue funcionando con unas Fuerzas Armadas arcaicas en su sistema de formación militar y de respeto a la vida y derechos humanos de sus integrantes. El llamado proceso de cambio solo ha llegado para profundizar la politización de las Fuerzas Armadas y no para modernizarse en el ámbito de su formación y respeto a los derechos constitucionales.

El país ahora cuenta con 125 “cuarteles saludables”

El Ministerio de Salud certificó a 125 recintos de las Fuerzas Armadas como "cuarteles saludables", tras verificar que cumplen con las condiciones de salubridad requeridas, informó ayer una fuente oficial, según EFE

En declaraciones a la agencia estatal de noticias ABI, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, explicó que unos 200 establecimientos militares fueron evaluados por las autoridades sanitarias y de ese número, 125 fueron certificados como "cuarteles saludables"

A su juicio, esta certificación es un "gran avance" dentro de la política del "vivir bien" que promueve el Gobierno boliviano

Para lograr esta acreditación, los recintos militares deben ser sometidos a una supervisión a cargo de un equipo integrado por un médico de sanidad operativa y un oficial de las Fuerzas Armadas

El equipo verifica, entre otros aspectos, que los cuarteles cuenten con los medicamentos básicos e instrumentos de higiene necesarios; que los dormitorios, servicios sanitarios y espacios de instrucción se encuentren en buenas condiciones y los alimentos que reciban los militares sean nutritivos

Las Fuerzas Armadas de Bolivia están formadas por el Ejército de Tierra, la Fuerza Aérea y la Armada, que opera sobre todo en el lago Titicaca, el más alto del mundo, y los ríos de las cuencas del Amazonas y del Plata.