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Monday, January 4, 2021
Saturday, January 11, 2020
Envían a la cárcel a excomandante de las FFAA por compra irregular de helicópteros chinos
El Ministerio Público informó que, por disposición judicial, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Tito Gandarillas, debe cumplir con la detención preventiva en el penal de San Pedro, porque existirían indicios que lo involucran en la compra irregular de seis helicópteros chinos H425, en la gestión 2011.
El exjefe militar es investigado por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
La audiencia cautelar de Gandarillas se llevó a cabo el viernes en predios de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), debido a que él está aquejado por un problema de salud y por ello se encuentra internado el hospital militar.
"Está enfermo, está internado, tiene problemas de salud. En la imputación se ha solicitado la detención preventiva", refirió el fiscal German Rea Salinas, durante el cuarto intermedio que se tuvo en la audiencia.
Al cierre de la jornada de ayer, la autoridad judicial dispuso que el excomandante cumpla con la detención preventiva por este caso. Gandarillas será trasladado a la cárcel de San Pedro una vez reciba el alta médica.
En 2011, el Gobierno boliviano decidió la compra de seis helicópteros de ala rotatoria por un costo de 108 millones de dólares, con el fin de que las naves se usen para tareas de rescate y atención a damnificados por desastres naturales. Para concretar la compra, las autoridades bolivianas firmaron un convenio de préstamo con el gobierno de China.
Posteriormente en 2018, el entonces senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo interpuso una denuncia penal en la que hizo conocer irregularidades en el proceso de compra de las naves e implicó en el caso a Gandarillas y a la que fuera ministra de Defensa, Cecilia Chacón.
Para Murillo hubo un sobreprecio millonario en la compra de los helicópteros, por eso, la Fiscalía debe investigar y dar con los que resulten responsables de este hecho que ocasionó un daño económico al Estado.
Saturday, March 23, 2019
Sunday, January 6, 2019
Fiscalizarán a militares vinculados al contrabando
Tras la detención preventiva de cinco militares que permitieron el paso de ocho camiones con mercadería de contrabando en Oruro, la bancada de la oposición advirtió que realizará una tarea de fiscalización a los miembros de la Unidad de Control Aduanero (UCA), dependiente del Viceministerio de lucha Contra el Contrabando.
“Vamos a llevar a cabo una fiscalización para que se pueda dar con los responsables de estas irregularidades, porque detrás de todo esto también debe haber otras personas que están implicadas. Las Fuerzas Armadas y el ministerio de defensa deben dar una explicación al respecto”, indicó el diputado de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos.
Para tal efecto, enviaron una Petición de Informe Escrito para el ministro de Defensa, Javier Zavaleta para que explique en qué condiciones se dio estos ilícitos y cuáles serán las medidas que asumirán contra los funcionarios militares.
Por su parte Zavaleta indicó que los cinco militares del ejército fueron dados de baja, después de un proceso sumariante que se inició contra los sindicados. En la investigación se identificó indicios de responsabilidad por parte de los aludidos.
“Los miembros del Ejército han sido dados de baja después de un proceso sumariante que ha sido iniciado en las Fuerzas Armadas. Además esta instancia también presentó una denuncia en contra de ellos y la Aduana Nacional hizo lo mismo”, señaló la autoridad del Ejecutivo.
El artículo 161 del Código Penal Militar señala que los militares que estén involucrados en estos ilícitos serán sancionados con reclusión de seis a meses a un año, incluso se puede establecer la baja definitiva.
“Sufrirá reclusión de seis meses a un año el militar que, en barcos, aeronaves o vehículos de las Fuerzas Armadas o aprovechando su condición, interne o lleve fuera del país mercaderías prohibidas o burle derechos arancelarios con fines de comercio ilegal”, señala el artículo.
DETENCIÓN
El fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata Sánchez, informó que el Ministerio Público logró que la autoridad del Juzgado de Instrucción en lo Penal Cuarto de Oruro determine la detención preventiva de los cinco militares imputados por los presuntos delitos de favorecimiento y facilitación al contrabando y cohecho pasivo aduanero.
“Como Ministerio Público hemos demostrado la existencia del delito y se logró la detención preventiva para el suboficial segundo Ever L.Q., el dragoneante Dylan G.T., y los soldados Pedro A.C., Jorge C.S. y Juan M.Q. a cumplirse en el penal de San Pedro de Oruro”, sostuvo Zapata.
EL HECHO
Según el informe de la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya explicó cómo ingresaron los 18 camiones y 12 vagonetas de escolta por el puesto de control La Joya la noche del 23 y la madrugada del 24 de octubre de 2018.
La autoridad presentó varios videos, donde dos “loros” o escoltas de los contrabandistas se acercan a la caseta del puesto aduanero, donde se encontraban los cinco militares (un suboficial y cuatros soldados) además de un funcionario aduanero.
Según las imágenes, la conversación entre los militares, el efectivo aduanero y los “loros” fue breve, luego de intercambiar unas palabras se separaron. Los militares entran en la caseta, cierran la puerta y apagan las luces de la entrada del puesto.
OTROS CASOS
Los funcionarios policiales también se vieron involucrados en estos ilícitos, el Cnl Romel Raña excomandante departamental de Oruro y otros 20 policías del alto mando policial lideraban una banda de contrabandistas en esa región. Los mismos camaradas de la exautoridad denunciaron el hecho.
Además advirtieron que existen privilegios en el destino de los funcionarios policiales, estos deben pagar un cierto monto de dinero para que sean enviados a las trancas por donde transiten camiones con mercadería ilegal.
“Vamos a llevar a cabo una fiscalización para que se pueda dar con los responsables de estas irregularidades, porque detrás de todo esto también debe haber otras personas que están implicadas. Las Fuerzas Armadas y el ministerio de defensa deben dar una explicación al respecto”, indicó el diputado de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos.
Para tal efecto, enviaron una Petición de Informe Escrito para el ministro de Defensa, Javier Zavaleta para que explique en qué condiciones se dio estos ilícitos y cuáles serán las medidas que asumirán contra los funcionarios militares.
Por su parte Zavaleta indicó que los cinco militares del ejército fueron dados de baja, después de un proceso sumariante que se inició contra los sindicados. En la investigación se identificó indicios de responsabilidad por parte de los aludidos.
“Los miembros del Ejército han sido dados de baja después de un proceso sumariante que ha sido iniciado en las Fuerzas Armadas. Además esta instancia también presentó una denuncia en contra de ellos y la Aduana Nacional hizo lo mismo”, señaló la autoridad del Ejecutivo.
El artículo 161 del Código Penal Militar señala que los militares que estén involucrados en estos ilícitos serán sancionados con reclusión de seis a meses a un año, incluso se puede establecer la baja definitiva.
“Sufrirá reclusión de seis meses a un año el militar que, en barcos, aeronaves o vehículos de las Fuerzas Armadas o aprovechando su condición, interne o lleve fuera del país mercaderías prohibidas o burle derechos arancelarios con fines de comercio ilegal”, señala el artículo.
DETENCIÓN
El fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata Sánchez, informó que el Ministerio Público logró que la autoridad del Juzgado de Instrucción en lo Penal Cuarto de Oruro determine la detención preventiva de los cinco militares imputados por los presuntos delitos de favorecimiento y facilitación al contrabando y cohecho pasivo aduanero.
“Como Ministerio Público hemos demostrado la existencia del delito y se logró la detención preventiva para el suboficial segundo Ever L.Q., el dragoneante Dylan G.T., y los soldados Pedro A.C., Jorge C.S. y Juan M.Q. a cumplirse en el penal de San Pedro de Oruro”, sostuvo Zapata.
EL HECHO
Según el informe de la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya explicó cómo ingresaron los 18 camiones y 12 vagonetas de escolta por el puesto de control La Joya la noche del 23 y la madrugada del 24 de octubre de 2018.
La autoridad presentó varios videos, donde dos “loros” o escoltas de los contrabandistas se acercan a la caseta del puesto aduanero, donde se encontraban los cinco militares (un suboficial y cuatros soldados) además de un funcionario aduanero.
Según las imágenes, la conversación entre los militares, el efectivo aduanero y los “loros” fue breve, luego de intercambiar unas palabras se separaron. Los militares entran en la caseta, cierran la puerta y apagan las luces de la entrada del puesto.
OTROS CASOS
Los funcionarios policiales también se vieron involucrados en estos ilícitos, el Cnl Romel Raña excomandante departamental de Oruro y otros 20 policías del alto mando policial lideraban una banda de contrabandistas en esa región. Los mismos camaradas de la exautoridad denunciaron el hecho.
Además advirtieron que existen privilegios en el destino de los funcionarios policiales, estos deben pagar un cierto monto de dinero para que sean enviados a las trancas por donde transiten camiones con mercadería ilegal.
Saturday, January 5, 2019
Militares van a la cárcel por facilitar contrabando
Cinco militares fueron enviados a prisión por orden judicial tras ser procesados a denuncia de la Aduana Nacional, que evidenció su participación en el ingreso planificado y deliberado de 18 camiones y 12 vehículos ‘escoltas’ de contrabandistas por el puesto de control La Joya en el departamento de Oruro.
Los militares sindicados son el suboficial segundo Ever L.Q., el dragoneante Dylan G.T., y los soldados Pedro A.C., Jorge C.S. y Juan M.Q., quienes enfrentan cargos por los delitos de favorecimiento y facilitación al contrabando y cohecho pasivo aduanero.
Además, hay dos funcionarios de Aduana que serán notificados con la imputación formal por los mismos delitos en La Paz y Tarija, informó el fiscal de distrito de Oruro, Orlando Zapata.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, informó que el 24 de octubre a las 00:14 horas el jefe de la Unidad de Control de Oruro recibió una llamada de un servidor de La Joya que le informó -a modo de liberarse de responsabilidades- que tres camiones pasaron el lugar y le pidió ayuda para la persecución.
“Se pidió las grabaciones desde las 18:00 horas del 23 de octubre y se evidencia que a las 21:00, dos personas entraron a la caseta de control aduanero, conversaron con los militares y un aduanero quienes apagaron las luces y dejaron pasar los camiones”, explicó Ardaya.
Las cámaras filmadoras ubicadas en lugares estratégicos, según Ardaya, también identificaron que los militares se ocultaron cuando pasaron los camiones y la caravana de vehículos que los escoltaban y el puesto donde debían ser sometidos a un control, quedó con todas las luces apagadas.
Zapata informó que la Fiscalía recibió, el 26 de noviembre, la denuncia del hecho de parte del gerente de la Aduana regional de Oruro, Óscar Arancibia. “El Ministerio Público actuará con dureza, tomando en cuenta que estos hechos afectan a las arcas del Estado”, aseveró.
Además, el representante del Ministerio Público afirmó que gracias a las cámaras de seguridad del puesto de control se pudo identificar a los involucrados.
Friday, January 4, 2019
Aprehenden a militares que facilitaron contrabando
El fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata Sánchez, informó ayer que el Ministerio Público presentó el requerimiento fundamentado de aprehensión en contra del suboficial 2do Ever L.Q., el dragoneante Dylan G.T., y los soldados Pedro A.C., Jorge C.S. y Juan M.Q., por los presuntos delitos de favorecimiento y facilitación al contrabando y cohecho pasivo aduanero.
“La denuncia fue presentada por el representante de la Aduana Regional de Oruro, el pasado 26 de noviembre, en contra de estos cinco funcionarios militares y dos funcionarios de la Aduana Nacional (...). Estamos investigando si existen más funcionarios del Estado que estuvieran involucrados en el ilícito”, puntualizó Zapata.
De acuerdo con la denuncia, el pasado 23 de octubre al promediar las 23.00 horas, 18 vehículos, entre camiones de alto tonelaje que contenían mercadería de contrabando y vehículos livianos que escoltaban la caravana, llegaron al puesto de control aduanero La Joya de la ciudad de Oruro, donde debían ser sometidos al control respectivo.
“Mediante las cámaras de seguridad se pudo observar que dos hombres se acercaron a los ambientes donde se encontraban los efectivos militares y los funcionarios de Aduana, pero luego de unos minutos se observa que apagan todas las luces de la tranca para luego levantar el retén y dejar pasar a la caravana”, dijo el Fiscal.
Al haber encontrado los suficientes indicios que demuestran la existencia del ilícito, el Ministerio Público, en primera instancia, presentó el requerimiento fundamentado de aprehensión en contra de los cinco militares y alista la imputación formal por los delitos de favorecimiento y facilitación al contrabando y cohecho pasivo aduanero.
“La denuncia fue presentada por el representante de la Aduana Regional de Oruro, el pasado 26 de noviembre, en contra de estos cinco funcionarios militares y dos funcionarios de la Aduana Nacional (...). Estamos investigando si existen más funcionarios del Estado que estuvieran involucrados en el ilícito”, puntualizó Zapata.
De acuerdo con la denuncia, el pasado 23 de octubre al promediar las 23.00 horas, 18 vehículos, entre camiones de alto tonelaje que contenían mercadería de contrabando y vehículos livianos que escoltaban la caravana, llegaron al puesto de control aduanero La Joya de la ciudad de Oruro, donde debían ser sometidos al control respectivo.
“Mediante las cámaras de seguridad se pudo observar que dos hombres se acercaron a los ambientes donde se encontraban los efectivos militares y los funcionarios de Aduana, pero luego de unos minutos se observa que apagan todas las luces de la tranca para luego levantar el retén y dejar pasar a la caravana”, dijo el Fiscal.
Al haber encontrado los suficientes indicios que demuestran la existencia del ilícito, el Ministerio Público, en primera instancia, presentó el requerimiento fundamentado de aprehensión en contra de los cinco militares y alista la imputación formal por los delitos de favorecimiento y facilitación al contrabando y cohecho pasivo aduanero.
Friday, June 29, 2018
Sunday, June 10, 2018
Fiscalía citó a declarar a militares dos años después
A dos años de presentada la denuncia y a tres de que se haya cometido el supuesto delito, la Fiscalía citó a declarar miembros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por la compra irregular de ocho motores de avión que se asegura que causaron un daño económico de medio millón de dólares, informó la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval.
“Así se evidencia la relación directa que existe entre el Gobierno y el Ministerio Público”, aseguró Sandoval luego de conocer la reactivación de forma repentina.
El pasado miércoles, la diputada informó que se remitió una Petición de Informe Escrito (PIE) al fiscal general, Ramiro Guerrero, para que explique las razones por las cuales la denuncia presentada en junio de 2016 por supuestas irregularidades cometidas por jefes militares de la FAB estaba estancada.
A continuación, el viernes, de forma sorpresiva, en la Fiscalía Departamental se presentaron a las 11 de la mañana, cerca de 18 militares desde generales en retiro a sargentos y técnicos que en el algún momento trabajaron para Trasportes Aéreos Militares (TAM), donde se dieron estas adquisiciones en 2015.
FISCALÍA NIEGA INFORMACIÓN
Sandoval pidió información sobre estas declaraciones pero se les denegó el acceso a las declaraciones pese a la condición de denunciante, por lo que anunció que esta semana presentará un nuevo memorial ante el Fiscal Departamental Edwin Blanco, exigiendo le den a conocer la nómina de los citados a declarar el pasado viernes. La información también le fue denegada a la prensa.
“Es inexplicable, solo dos días antes habíamos presentado la petición de informe, en 24 horas se organiza todo y lo hacen a puertas cerradas, el lunes estamos presentado un memorial para tener copia de todo lo que está pasando ahí”, denunció Sandoval.
Para la diputada, las 18 citaciones se dieron con el fin de maquillar el contenido del PIE que debe responder Guerrero.
FISCALÍA Y GOBIERNO
Reiteró su crítica sobre la celeridad que la Fiscalía tiene en investigaciones que se hacen en tiempo record cuando se trata de casos que implican a políticos opositores y son direccionadas por el Gobierno, pero cuando se trata de verdaderos casos de corrupción no se tiene los mismos resultados.
Recordó que la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se negó a conformar una comisión para investigar dichas irregularidades, pese a que el exminsitro de defensa Reymi Ferreira confirmó dichas denuncias.
DENUNCIA
La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Departamental el 27 de junio de 2016 contra militares de la FAB por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Ley, y daño económico al Estado.
Según el detalle, los motores, adquiridos por “excepción a la Empresa SAE” solo estuvieron en funcionamiento un año.
Sandoval también ha presentado otras denuncias por irregularidades en la compra con sobreprecio de un inmueble donde ahora funciona Transporte Aéreo Militar (TAM), compras de aeronaves usadas con crédito chino que tampoco funcionan pero por las cuales se siguen pagando.
Sandoval reveló que en enero de 2017, el fiscal Guerrero ya había informado que el caso continuaba en etapa preliminar.
El 14 de mayo de 2017, se conoce que la Fiscalía conminó a los investigadores a continuar con la investigación, señalando responsabilidad sobre ellos.
“Así se evidencia la relación directa que existe entre el Gobierno y el Ministerio Público”, aseguró Sandoval luego de conocer la reactivación de forma repentina.
El pasado miércoles, la diputada informó que se remitió una Petición de Informe Escrito (PIE) al fiscal general, Ramiro Guerrero, para que explique las razones por las cuales la denuncia presentada en junio de 2016 por supuestas irregularidades cometidas por jefes militares de la FAB estaba estancada.
A continuación, el viernes, de forma sorpresiva, en la Fiscalía Departamental se presentaron a las 11 de la mañana, cerca de 18 militares desde generales en retiro a sargentos y técnicos que en el algún momento trabajaron para Trasportes Aéreos Militares (TAM), donde se dieron estas adquisiciones en 2015.
FISCALÍA NIEGA INFORMACIÓN
Sandoval pidió información sobre estas declaraciones pero se les denegó el acceso a las declaraciones pese a la condición de denunciante, por lo que anunció que esta semana presentará un nuevo memorial ante el Fiscal Departamental Edwin Blanco, exigiendo le den a conocer la nómina de los citados a declarar el pasado viernes. La información también le fue denegada a la prensa.
“Es inexplicable, solo dos días antes habíamos presentado la petición de informe, en 24 horas se organiza todo y lo hacen a puertas cerradas, el lunes estamos presentado un memorial para tener copia de todo lo que está pasando ahí”, denunció Sandoval.
Para la diputada, las 18 citaciones se dieron con el fin de maquillar el contenido del PIE que debe responder Guerrero.
FISCALÍA Y GOBIERNO
Reiteró su crítica sobre la celeridad que la Fiscalía tiene en investigaciones que se hacen en tiempo record cuando se trata de casos que implican a políticos opositores y son direccionadas por el Gobierno, pero cuando se trata de verdaderos casos de corrupción no se tiene los mismos resultados.
Recordó que la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se negó a conformar una comisión para investigar dichas irregularidades, pese a que el exminsitro de defensa Reymi Ferreira confirmó dichas denuncias.
DENUNCIA
La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Departamental el 27 de junio de 2016 contra militares de la FAB por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Ley, y daño económico al Estado.
Según el detalle, los motores, adquiridos por “excepción a la Empresa SAE” solo estuvieron en funcionamiento un año.
Sandoval también ha presentado otras denuncias por irregularidades en la compra con sobreprecio de un inmueble donde ahora funciona Transporte Aéreo Militar (TAM), compras de aeronaves usadas con crédito chino que tampoco funcionan pero por las cuales se siguen pagando.
Sandoval reveló que en enero de 2017, el fiscal Guerrero ya había informado que el caso continuaba en etapa preliminar.
El 14 de mayo de 2017, se conoce que la Fiscalía conminó a los investigadores a continuar con la investigación, señalando responsabilidad sobre ellos.
Tuesday, May 1, 2018
El exdictador percibía sueldo y nunca fue dado de baja de FFAA
Frank Campero, el que hasta ayer fuera apoderado y abogado de Luis García Meza, confirmó que el exdictador mantuvo su sueldo de militar y nunca fue dado de baja de las Fuerzas Armadas.
“Todo se mantiene porque él jamás ha sido dado de baja, ha muerto como general porque ha pasado a la reserva pasiva y recién vino el juicio (por el golpe de Estado)”, afirmó el jurista. Asimismo, señaló que García Meza gozaba de otros beneficios al margen del salario como bonos militares y asistencia en COSSMIL, entre otros.
Esos beneficios se tradujeron por última vez ayer en su velorio, pues su cuerpo fue despedido en la iglesia castrense de Irpavi. Sus restos iban a ser cremados.
Estos últimos cinco años García Meza estuvo internado en el hospital de COSSMIL de forma indefinida, pues su abogado consiguió un recurso mediante el cual se aceptó que por motivos de salud el expresidente de facto debía ser asistido de forma constante en el nosocomio.
El fin de semana, Campero contó que cuando fue internado en COSSMIL la última vez, él en persona llegó hasta la cárcel de Chonchocoro a recoger las pertenencias de su cliente. A partir de 2013 no salió del hospital y nunca más volvió a estar preso.
No obstante, su prisión fue una de las mejores. En un operativo que se hizo en julio de 2013 se descubrió que García Meza tenía un espacio de detención más grande que las demás celdas. En él, el exdictador tenía un parrillero, una lavandería, se instaló un gimnasio, baño privado y obviamente su dormitorio.
En la carta que dejó a Bolivia, el exdictador refiere que todas las cosas que tenía en Chonchocoro fueron autorizadas por Régimen Penitenciario.
El fin de semana, la familia del fallecido dijo, a través de su abogado, que esperaba que las Fuerzas Armadas le rindan un homenaje, pero no hubo ninguno. Pero un comunicado del Ministerio de Defensa señala que no corresponde darle homenajes porque fue dado de baja.
“El general García Meza debería recibir los honores como general de las Fuerzas Armadas, dos veces comandante del Colegio Militar, comandante del Ejército, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, reclamó ayer el jurista y apoderado.
Contó que su defendido benefició a su institución con mejores sueldos, bonos y dio a la Policía Boliviana la posibilidad de que sus miembros lleguen al generalato. “Finalmente (debía ser homenajeado) por un poco de consideración de todo lo que él ha sido”, refirió Campero.
Quienes se acercaron a rendirle honores son sus camaradas y compañeros de curso. “Que quede en la historia que (los demás) no han sabido darle las gracias a quien hasta hoy día les ha dado un mejor sueldo para que puedan asistir a sus familias”.
En el documento de ocho páginas que firma García Meza luego de escribirlo, señala que su detención en Bolivia fue más política y que no tiene ningún delito por qué pagar en el país. “Yo no maté ni robé”, asegura.
Sin embargo, el fiscal Javier Flores informó que si bien la investigación por legitimización de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito contra el exdictador se archivará, las pesquisas que se tienen activadas contra sus cuatro familiares continuarán. “Los hechos que investiga el Ministerio Público son a base de las personas, el fallecimiento de una de ellas no afecta al resto”.
Las cartas que dejó, para el pueblo boliviano y para su familia, ya fueron entregadas; pero aún falta algo por hacer público. Estos últimos años García Meza escribió sus memorias que fueron guardadas por su abogado, quien anunció que se encargará de organizarlas con fotos y con datos del fallecimiento de su cliente para publicar un libro.
“Todo se mantiene porque él jamás ha sido dado de baja, ha muerto como general porque ha pasado a la reserva pasiva y recién vino el juicio (por el golpe de Estado)”, afirmó el jurista. Asimismo, señaló que García Meza gozaba de otros beneficios al margen del salario como bonos militares y asistencia en COSSMIL, entre otros.
Esos beneficios se tradujeron por última vez ayer en su velorio, pues su cuerpo fue despedido en la iglesia castrense de Irpavi. Sus restos iban a ser cremados.
Estos últimos cinco años García Meza estuvo internado en el hospital de COSSMIL de forma indefinida, pues su abogado consiguió un recurso mediante el cual se aceptó que por motivos de salud el expresidente de facto debía ser asistido de forma constante en el nosocomio.
El fin de semana, Campero contó que cuando fue internado en COSSMIL la última vez, él en persona llegó hasta la cárcel de Chonchocoro a recoger las pertenencias de su cliente. A partir de 2013 no salió del hospital y nunca más volvió a estar preso.
No obstante, su prisión fue una de las mejores. En un operativo que se hizo en julio de 2013 se descubrió que García Meza tenía un espacio de detención más grande que las demás celdas. En él, el exdictador tenía un parrillero, una lavandería, se instaló un gimnasio, baño privado y obviamente su dormitorio.
En la carta que dejó a Bolivia, el exdictador refiere que todas las cosas que tenía en Chonchocoro fueron autorizadas por Régimen Penitenciario.
El fin de semana, la familia del fallecido dijo, a través de su abogado, que esperaba que las Fuerzas Armadas le rindan un homenaje, pero no hubo ninguno. Pero un comunicado del Ministerio de Defensa señala que no corresponde darle homenajes porque fue dado de baja.
“El general García Meza debería recibir los honores como general de las Fuerzas Armadas, dos veces comandante del Colegio Militar, comandante del Ejército, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, reclamó ayer el jurista y apoderado.
Contó que su defendido benefició a su institución con mejores sueldos, bonos y dio a la Policía Boliviana la posibilidad de que sus miembros lleguen al generalato. “Finalmente (debía ser homenajeado) por un poco de consideración de todo lo que él ha sido”, refirió Campero.
Quienes se acercaron a rendirle honores son sus camaradas y compañeros de curso. “Que quede en la historia que (los demás) no han sabido darle las gracias a quien hasta hoy día les ha dado un mejor sueldo para que puedan asistir a sus familias”.
En el documento de ocho páginas que firma García Meza luego de escribirlo, señala que su detención en Bolivia fue más política y que no tiene ningún delito por qué pagar en el país. “Yo no maté ni robé”, asegura.
Sin embargo, el fiscal Javier Flores informó que si bien la investigación por legitimización de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito contra el exdictador se archivará, las pesquisas que se tienen activadas contra sus cuatro familiares continuarán. “Los hechos que investiga el Ministerio Público son a base de las personas, el fallecimiento de una de ellas no afecta al resto”.
Las cartas que dejó, para el pueblo boliviano y para su familia, ya fueron entregadas; pero aún falta algo por hacer público. Estos últimos años García Meza escribió sus memorias que fueron guardadas por su abogado, quien anunció que se encargará de organizarlas con fotos y con datos del fallecimiento de su cliente para publicar un libro.
Thursday, March 1, 2018
Procesan a militares denunciados por indebido cobro de salarios
Los militares denunciados por cobrar salarios de manera irregular, sin presentarse a trabajar, son procesados por deserción, según informa un escueto comunicado emitido por el Ministerio de Defensa donde no explica ni refiere las causas de la falta de control del personal.
El comunicado que evita detallar fechas y el estado de los procesos asegura que su personal está sometido a normas “inherentes a la profesión militar”.
“En este sentido, corresponde informar que algunos efectivos, citados en la mensionada nota de prensa, se encuentran bajo jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia Militar, asunto tratado en la comisión del delito de deserción, por lo que sus haberes se encuentran retenidos por el Ministerio de Defensa”, señala el comunicado de la FAB .
Por su lado, el ministro de defensa, Javier Zavaleta, evitó dar detalles sobre la información que se le brindó por parte de la Fuerza Aérea y sólo anunció una investigación pormenorizada.
“Hay un reglamento absolutamente claro de cuándo cobra y no debe cobrar un militar que es pasado a la reserva o a otra categoría. Por tanto, he pedido ya un informe pormenorizado y vamos poder decir si hay una irregularidad y quiénes son los responsables si es que hubiera habido”, aseveró el ministro Zabaleta.
El martes pasado se dio a conocer la denuncia sobre cuatro militares que no se presentaron a sus unidades pero continuaban figurando en el personal activo de la FAB.
DENUNCIAS
Uno de los casos es referido al teniente coronel Cristian Cámara, de quien en el comunicado se señala que este solicitó licencia máxima por dos años, tiempo en el cual no percibió haberes; al término de su licencia se reincorporó a FAB y a solicitud de la Gobernación del Beni, desde el 8 de febrero de este año, se encuentra en “Comisión del Supremo Gobierno”, fecha desde la cual volvió a percibir sus haberes como miembro de la FAB.
Cámara, quien figuraba como personal con “Licencia Máxima” (dos años) desde el 12 de agosto de 2016 y la gestión 2017, cumple funciones en el Gobierno Departamental del Beni como director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). El rol de Orden de Destinos de esta gestión, lo señala como asignado a la V Brigada Aérea en Trinidad.
Por otra fuente se conoce que el teniente coronel Miguel Ángel Curcuy y el mayor René Filipovich también solicitaron su “Licencia Máxima” de la institución por dos años, al momento, no habiéndose incorporado de su licencia máxima, son objeto de un Sumario Informativo Militar por el delito de deserción, por lo que sus haberes fueron suspendidos por el Ministerio de Defensa.
La misma fuente señala que en el caso del sargento Diego Cocarico, este continúa en Proceso ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar por el delito de deserción, por lo que sus haberes también están suspendidos.
El comunicado que evita detallar fechas y el estado de los procesos asegura que su personal está sometido a normas “inherentes a la profesión militar”.
“En este sentido, corresponde informar que algunos efectivos, citados en la mensionada nota de prensa, se encuentran bajo jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia Militar, asunto tratado en la comisión del delito de deserción, por lo que sus haberes se encuentran retenidos por el Ministerio de Defensa”, señala el comunicado de la FAB .
Por su lado, el ministro de defensa, Javier Zavaleta, evitó dar detalles sobre la información que se le brindó por parte de la Fuerza Aérea y sólo anunció una investigación pormenorizada.
“Hay un reglamento absolutamente claro de cuándo cobra y no debe cobrar un militar que es pasado a la reserva o a otra categoría. Por tanto, he pedido ya un informe pormenorizado y vamos poder decir si hay una irregularidad y quiénes son los responsables si es que hubiera habido”, aseveró el ministro Zabaleta.
El martes pasado se dio a conocer la denuncia sobre cuatro militares que no se presentaron a sus unidades pero continuaban figurando en el personal activo de la FAB.
DENUNCIAS
Uno de los casos es referido al teniente coronel Cristian Cámara, de quien en el comunicado se señala que este solicitó licencia máxima por dos años, tiempo en el cual no percibió haberes; al término de su licencia se reincorporó a FAB y a solicitud de la Gobernación del Beni, desde el 8 de febrero de este año, se encuentra en “Comisión del Supremo Gobierno”, fecha desde la cual volvió a percibir sus haberes como miembro de la FAB.
Cámara, quien figuraba como personal con “Licencia Máxima” (dos años) desde el 12 de agosto de 2016 y la gestión 2017, cumple funciones en el Gobierno Departamental del Beni como director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). El rol de Orden de Destinos de esta gestión, lo señala como asignado a la V Brigada Aérea en Trinidad.
Por otra fuente se conoce que el teniente coronel Miguel Ángel Curcuy y el mayor René Filipovich también solicitaron su “Licencia Máxima” de la institución por dos años, al momento, no habiéndose incorporado de su licencia máxima, son objeto de un Sumario Informativo Militar por el delito de deserción, por lo que sus haberes fueron suspendidos por el Ministerio de Defensa.
La misma fuente señala que en el caso del sargento Diego Cocarico, este continúa en Proceso ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar por el delito de deserción, por lo que sus haberes también están suspendidos.
Tuesday, February 27, 2018
Denuncia sobre militares que cobran sin trabajar
Cuatro militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) fueron denunciados por formar parte de un grupo que a pesar de ser procesados penalmente o contar con permisos especiales por años cobran salarios sin presentarse a trabajar, según documentos a los que EL DIARIO tuvo acceso.
En estos documentos que hacen a la denuncia, está el caso del sargento primero, técnico, Diego Richard Cocarico. C., destinado a la “Letra E” de disponibilidad desde el 24 de octubre de 2014.
El sargento estaría destinado a esta letra por estar sometido a proceso en la Justicia Militar, debido al abandono arbitrario de su fuente laboral en la gestión 2013, previo proceso sumarial por deserción. Su destino en la letra “E” es refrendado en las órdenes de destinos vigentes para las gestiones 2015 al 2018.
De acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Lofa), el sargento Cocarico debió estar en la letra “E” solo hasta octubre de 2016. Pero la denuncia señala que sin asistir a labores, el subalterno “extrañamente aparece destinado en el Grupo Aéreo ‘83’, incluso ganando bono de frontera”.
CASO CÁMARA
El segundo caso es referido al teniente coronel Cristhian Miguel Cámara, quien figuraba como personal con “Licencia Máxima” (dos años) desde el 12 de agosto de 2016 y la gestión 2017, tiempo en el cual cumplió funciones en el Gobierno Departamental del Beni como director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).
Según la información de los medios locales, a quienes brinda reportes sobre las emergencias climatológicas, Cámara continúa como director del COED, en contradicción con el rol de Orden de Destinos de esta gestión, que lo señala como asignado a la V Brigada Aérea en Trinidad.
CASO CURCUY
El tercer caso es del teniente coronel Miguel Ángel Curcuy, que también figura con “Licencia Máxima” desde el 02 de octubre de 2010 hasta octubre de 2016 y que, a diferencia de Cámara, no se incorpora al servicio activo en la fecha respectiva pero continúa figurando en la Orden de Destinos de 31 de diciembre de 2016 vigente para la gestión 2017.
Es decir, la licencia máxima de Curcuy excede por casi tres meses el tiempo establecido pero sigue figurando con el privilegio. Para la gestión 2018, figura como destinado en la Inspectoría del Comando General de la Fuerza Aérea.
La denuncia señala que Curcuy realizaba actividades de fumigación para una empresa que tiene su base cerca de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, y tiene lazos familiares con el alto mando de la FAB.
SALARIOS IRREGULARES
El cuarto caso refiere cobro de salarios irregulares y “Licencia Máxima”, que corresponde al mayor René Filipovich, cuya denuncia señala que también sobrepasó la fecha de su permiso y se reincorpora el 31 de diciembre de 2017 destinado al “Grupo Aéreo 51”.
La Gobernación del Beni y la FAB aún no han emitido pronunciamiento sobre posibles discrepancias del cobro de salarios.
NORMATIVA
La Lofa señala que todo militar sometido a la Letra “E” de Disponibilidad es aquel que ha sido “sometido a proceso en la Justicia Militar u Ordinaria. En ambos casos el tiempo de permanencia en este destino será de dos (2) años.
El destino a la Letra “E” se efectuará después de haber concluido el Sumario con Auto de Procesamiento. “Estas situaciones no privarán al militar del goce de sus haberes existentes y beneficios sociales que le correspondan”.
En relación a la “Licencia Máxima”, el artículo 91 de la Lofa señala que es la separación temporal del Servicio Activo concedida al militar a solicitud personal, por un tiempo que no exceda a dos años, siempre que hubiera cumplido quince (15) años de permanencia en el Servicio Activo; en caso de sobrepasar el plazo señalado será pasado al Retiro Obligatorio. Durante el tiempo de su licencia no percibirá ningún haber, tampoco será computable para ascenso ni para efectos de jubilación. La licencia máxima será concedida por una sola vez en toda la carrera militar.
Hasta el cierre de edición de esta nota, el Comando General de la FAB no emitió ninguna aclaración sobre las consultas realizadas por EL DIARIO.
En estos documentos que hacen a la denuncia, está el caso del sargento primero, técnico, Diego Richard Cocarico. C., destinado a la “Letra E” de disponibilidad desde el 24 de octubre de 2014.
El sargento estaría destinado a esta letra por estar sometido a proceso en la Justicia Militar, debido al abandono arbitrario de su fuente laboral en la gestión 2013, previo proceso sumarial por deserción. Su destino en la letra “E” es refrendado en las órdenes de destinos vigentes para las gestiones 2015 al 2018.
De acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Lofa), el sargento Cocarico debió estar en la letra “E” solo hasta octubre de 2016. Pero la denuncia señala que sin asistir a labores, el subalterno “extrañamente aparece destinado en el Grupo Aéreo ‘83’, incluso ganando bono de frontera”.
CASO CÁMARA
El segundo caso es referido al teniente coronel Cristhian Miguel Cámara, quien figuraba como personal con “Licencia Máxima” (dos años) desde el 12 de agosto de 2016 y la gestión 2017, tiempo en el cual cumplió funciones en el Gobierno Departamental del Beni como director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).
Según la información de los medios locales, a quienes brinda reportes sobre las emergencias climatológicas, Cámara continúa como director del COED, en contradicción con el rol de Orden de Destinos de esta gestión, que lo señala como asignado a la V Brigada Aérea en Trinidad.
CASO CURCUY
El tercer caso es del teniente coronel Miguel Ángel Curcuy, que también figura con “Licencia Máxima” desde el 02 de octubre de 2010 hasta octubre de 2016 y que, a diferencia de Cámara, no se incorpora al servicio activo en la fecha respectiva pero continúa figurando en la Orden de Destinos de 31 de diciembre de 2016 vigente para la gestión 2017.
Es decir, la licencia máxima de Curcuy excede por casi tres meses el tiempo establecido pero sigue figurando con el privilegio. Para la gestión 2018, figura como destinado en la Inspectoría del Comando General de la Fuerza Aérea.
La denuncia señala que Curcuy realizaba actividades de fumigación para una empresa que tiene su base cerca de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, y tiene lazos familiares con el alto mando de la FAB.
SALARIOS IRREGULARES
El cuarto caso refiere cobro de salarios irregulares y “Licencia Máxima”, que corresponde al mayor René Filipovich, cuya denuncia señala que también sobrepasó la fecha de su permiso y se reincorpora el 31 de diciembre de 2017 destinado al “Grupo Aéreo 51”.
La Gobernación del Beni y la FAB aún no han emitido pronunciamiento sobre posibles discrepancias del cobro de salarios.
NORMATIVA
La Lofa señala que todo militar sometido a la Letra “E” de Disponibilidad es aquel que ha sido “sometido a proceso en la Justicia Militar u Ordinaria. En ambos casos el tiempo de permanencia en este destino será de dos (2) años.
El destino a la Letra “E” se efectuará después de haber concluido el Sumario con Auto de Procesamiento. “Estas situaciones no privarán al militar del goce de sus haberes existentes y beneficios sociales que le correspondan”.
En relación a la “Licencia Máxima”, el artículo 91 de la Lofa señala que es la separación temporal del Servicio Activo concedida al militar a solicitud personal, por un tiempo que no exceda a dos años, siempre que hubiera cumplido quince (15) años de permanencia en el Servicio Activo; en caso de sobrepasar el plazo señalado será pasado al Retiro Obligatorio. Durante el tiempo de su licencia no percibirá ningún haber, tampoco será computable para ascenso ni para efectos de jubilación. La licencia máxima será concedida por una sola vez en toda la carrera militar.
Hasta el cierre de edición de esta nota, el Comando General de la FAB no emitió ninguna aclaración sobre las consultas realizadas por EL DIARIO.
Saturday, October 7, 2017
Red internacional de pornografía Militar imputado es enviado a San Pedro
El militar involucrado en una red internacional de pornografía que operaba desde el Liceo Militar Edmundo Andrade, de la ciudad de Sucre, y que ayer fue trasladado a La Paz, fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.
Es el cuarto detenido en el marco del operativo internacional “Tantalio” que se investiga desde hace ocho meses.
El fiscal de La Paz, Edwin Blanco, informó que el mayor José Luis M. Ch. fue detenido en un allanamiento coordinado por la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap) en la ciudad de Sucre y traslado a La Paz para su imputación formal y detención por el delito de pornografía infantil.
Desde Sucre, la fiscal Karina Cuba, directora nacional de la Fevap, dijo que la detención del militar ocurrió luego de un allanamiento a su domicilio y a sus oficinas donde “hemos encontrado material pornográfico, en su celular y equipos de computación, pero no sólo de pornografía infantil sino también de varios jóvenes del Liceo Militar”.
OPERACIÓN “TANTALIO”
Recordó que Fiscalía investiga a varios sospechosos de pornografía infantil en el marco del operativo “Tantalio” en colaboración con Interpol y Europol que en marzo pasado han advertido al país que “una red internacional de distribución de pornografía infantil operaba a través de WhatsApp”.
La operación “Tantalio” es la primera de ámbito internacional contra la pornografía infantil con el uso de esta aplicación de mensajería móvil en la que han sido investigados usuarios de grupos pedófilos de al menos ocho países.
Cuba detalló que durante el allanamiento a la vivienda y oficinas de José Luis M. Ch. se encontraron “varios videos donde él mismo se ha filmado con varios jóvenes del Liceo Militar (…) y vamos a indagar quiénes serían las víctimas (…) hay jóvenes con uniforme, vamos a investigar ese tema, estamos haciendo los requerimientos para identificar, por la cantidad del material pornográfico hay mucho niños, jóvenes, y eso nos preocupa”.
Dijo que los integrantes de la red no pueden reenviar y distribuir las fotografías y videos que ya circulan, “tienen que circular material nuevo y por lo visto este militar realizaba filmaciones donde él mismo está involucrado”.
Según Cuba el oficial de las Fuerzas Armadas que ahora guarda detención en el penal de San Pedro “era un elemento clave de esta red de distribución de pornografía infantil”.
LEGISLACIÓN
El Artículo 323° BIS.- (Pornografía) del Código Penal establece que quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, por sí o tercera persona a otra que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, será sancionada con pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años. Igual sanción será impuesta cuando el autor o participe reproduzca o almacene, distribuya o venda material pornográfico.
La pena privativa de libertad será agravada en un tercio cuando la víctima sea niño, niña o adolescente o persona con discapacidad. Asimismo, quien compre, arriende o venda material pornográfico, donde se exhiba imágenes de niños, niñas y adolescentes, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco (5) a ocho (8) años. (ANF Y EL DIARIO)
Es el cuarto detenido en el marco del operativo internacional “Tantalio” que se investiga desde hace ocho meses.
El fiscal de La Paz, Edwin Blanco, informó que el mayor José Luis M. Ch. fue detenido en un allanamiento coordinado por la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap) en la ciudad de Sucre y traslado a La Paz para su imputación formal y detención por el delito de pornografía infantil.
Desde Sucre, la fiscal Karina Cuba, directora nacional de la Fevap, dijo que la detención del militar ocurrió luego de un allanamiento a su domicilio y a sus oficinas donde “hemos encontrado material pornográfico, en su celular y equipos de computación, pero no sólo de pornografía infantil sino también de varios jóvenes del Liceo Militar”.
OPERACIÓN “TANTALIO”
Recordó que Fiscalía investiga a varios sospechosos de pornografía infantil en el marco del operativo “Tantalio” en colaboración con Interpol y Europol que en marzo pasado han advertido al país que “una red internacional de distribución de pornografía infantil operaba a través de WhatsApp”.
La operación “Tantalio” es la primera de ámbito internacional contra la pornografía infantil con el uso de esta aplicación de mensajería móvil en la que han sido investigados usuarios de grupos pedófilos de al menos ocho países.
Cuba detalló que durante el allanamiento a la vivienda y oficinas de José Luis M. Ch. se encontraron “varios videos donde él mismo se ha filmado con varios jóvenes del Liceo Militar (…) y vamos a indagar quiénes serían las víctimas (…) hay jóvenes con uniforme, vamos a investigar ese tema, estamos haciendo los requerimientos para identificar, por la cantidad del material pornográfico hay mucho niños, jóvenes, y eso nos preocupa”.
Dijo que los integrantes de la red no pueden reenviar y distribuir las fotografías y videos que ya circulan, “tienen que circular material nuevo y por lo visto este militar realizaba filmaciones donde él mismo está involucrado”.
Según Cuba el oficial de las Fuerzas Armadas que ahora guarda detención en el penal de San Pedro “era un elemento clave de esta red de distribución de pornografía infantil”.
LEGISLACIÓN
El Artículo 323° BIS.- (Pornografía) del Código Penal establece que quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, por sí o tercera persona a otra que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, será sancionada con pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años. Igual sanción será impuesta cuando el autor o participe reproduzca o almacene, distribuya o venda material pornográfico.
La pena privativa de libertad será agravada en un tercio cuando la víctima sea niño, niña o adolescente o persona con discapacidad. Asimismo, quien compre, arriende o venda material pornográfico, donde se exhiba imágenes de niños, niñas y adolescentes, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco (5) a ocho (8) años. (ANF Y EL DIARIO)
Friday, October 6, 2017
En Sucre Militar implicado en pornografía infantil internacional detenido
El mayor José Luis M. Ch. fue aprehendido durante el allanamiento realizado a su inmueble y oficina, ubicado en el Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade, de la ciudad de Sucre, en el marco de la investigación por un caso de pornografía infantil vinculado a una red internacional informó la directora nacional de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap), Karina Cuba.
“En el marco de la investigación que viene desarrollando el Ministerio Público se tramitó ante la autoridad jurisdiccional el mandamiento de allanamiento para realizar el registro, requisa y secuestro de material relacionado con el caso”, explicó.
La orden de aprehensión fue emitida el 5 de octubre por la fiscal asignada al caso, Patricia Miranda Cuba. En el operativo fue secuestrado material pornográfico infantil.
El militar sindicado fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde hoy se procederá a su respectiva toma de declaración y posterior imputación.
De acuerdo con el proceso investigativo, se logró identificar como usuario de las redes que distribuyen pornografía infantil al ciudadano José Luis M., quien utilizaba whatsApp y software Giga Tribe para enviar material pornográfico.
INTERPOL
En febrero de 2017, la oficina de Interpol pone en conocimiento la existencia de redes sociales (Facebook y WhatsApp) que compartían videos e imágenes de pornografía infantil, por lo que la Fiscalía abre un proceso de investigación de oficio.
En la pesquisa se estableció que países de América Latina (entre ellos Bolivia) intercambiaron este material, llegando a identificar el número de celular del militar José Luis M. (asociado a WhatsApp y Facebook), quien sería el responsable de distribuir pornografía.
“En el marco de la investigación que viene desarrollando el Ministerio Público se tramitó ante la autoridad jurisdiccional el mandamiento de allanamiento para realizar el registro, requisa y secuestro de material relacionado con el caso”, explicó.
La orden de aprehensión fue emitida el 5 de octubre por la fiscal asignada al caso, Patricia Miranda Cuba. En el operativo fue secuestrado material pornográfico infantil.
El militar sindicado fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde hoy se procederá a su respectiva toma de declaración y posterior imputación.
De acuerdo con el proceso investigativo, se logró identificar como usuario de las redes que distribuyen pornografía infantil al ciudadano José Luis M., quien utilizaba whatsApp y software Giga Tribe para enviar material pornográfico.
INTERPOL
En febrero de 2017, la oficina de Interpol pone en conocimiento la existencia de redes sociales (Facebook y WhatsApp) que compartían videos e imágenes de pornografía infantil, por lo que la Fiscalía abre un proceso de investigación de oficio.
En la pesquisa se estableció que países de América Latina (entre ellos Bolivia) intercambiaron este material, llegando a identificar el número de celular del militar José Luis M. (asociado a WhatsApp y Facebook), quien sería el responsable de distribuir pornografía.
Saturday, September 30, 2017
Caso Brinks Ordenan aprehensión de exmilitar que entregó armas
El Ministerio Público informó que fue allanado el domicilio de un exmilitar sindicado de haber entregado armas que fueron utilizadas en el atraco a mano armada a un vehículo de la empresa Brinks.
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, manifestó que el operativo se realizó en calle Juan Pablo II, Nº 6, avenida la Barranca (zona del estadio de Real Santa Cruz), de donde el sospechoso trató de darse a la fuga pero fue capturado y en el lugar se encontró armas y municiones.
El exmilitar de 62 años de edad, identificado como José Alfredo Pinto Tamalac será imputado por robo agravado, asociación delictuosa, porte o portación ilícita de armas de fuego, además de lesiones graves y leves.
En la requisa al domicilio, se encontraron 27 armas (26 pistolas y un revólver), además de un fusil, tres miras telescópicas, tres cargadores (dos largos y un corto) y municiones de diferentes calibres.
El operativo fue realizado luego de que uno de los últimos detenidos, el brasileño Julio César Hurtado, alias El Gordiño, revelara que fue el exmilitar fue quien facilitó las armas al grupo delincuencial que atracó la remesa de Brinks, liderado por Mariano Tardelli.
Hurtado fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva el 22 de septiembre.
DATOS
En marzo de este año se registró el asalto a un vehículo de Brinks en el momento en que circulaba por la carretera a Puerto Quijarro transportando 2.6 millones de bolivianos y 350 mil dólares.
Los delincuentes, se dieron a la fuga pero luego de varios días se dio con Tardelli y se presume que para aminorar la carga habían quemado el dinero en moneda boliviana y solo se pudo rescatar parte del botín.
Las investigaciones del caso establecieron que el asalto a mano armada fue liderado por Mariano Tardelli, de nacionalidad brasileña y según un comunicado del Ministerio Público, “justamente fue César Hurtado quien consiguió el armamento (siete en total) de manos de José Alfredo”.
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, manifestó que el operativo se realizó en calle Juan Pablo II, Nº 6, avenida la Barranca (zona del estadio de Real Santa Cruz), de donde el sospechoso trató de darse a la fuga pero fue capturado y en el lugar se encontró armas y municiones.
El exmilitar de 62 años de edad, identificado como José Alfredo Pinto Tamalac será imputado por robo agravado, asociación delictuosa, porte o portación ilícita de armas de fuego, además de lesiones graves y leves.
En la requisa al domicilio, se encontraron 27 armas (26 pistolas y un revólver), además de un fusil, tres miras telescópicas, tres cargadores (dos largos y un corto) y municiones de diferentes calibres.
El operativo fue realizado luego de que uno de los últimos detenidos, el brasileño Julio César Hurtado, alias El Gordiño, revelara que fue el exmilitar fue quien facilitó las armas al grupo delincuencial que atracó la remesa de Brinks, liderado por Mariano Tardelli.
Hurtado fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva el 22 de septiembre.
DATOS
En marzo de este año se registró el asalto a un vehículo de Brinks en el momento en que circulaba por la carretera a Puerto Quijarro transportando 2.6 millones de bolivianos y 350 mil dólares.
Los delincuentes, se dieron a la fuga pero luego de varios días se dio con Tardelli y se presume que para aminorar la carga habían quemado el dinero en moneda boliviana y solo se pudo rescatar parte del botín.
Las investigaciones del caso establecieron que el asalto a mano armada fue liderado por Mariano Tardelli, de nacionalidad brasileña y según un comunicado del Ministerio Público, “justamente fue César Hurtado quien consiguió el armamento (siete en total) de manos de José Alfredo”.
Friday, September 29, 2017
Aprehenden a exmilitar que entregó armas para el robo a Brinks
El Ministerio Público informó que fue allanado el domicilio de un exmilitar sindicado de entregar armas que fueron utilizadas en el atraco a mano armada a un vehículo de la empresa Brinks, ocurrido en marzo pasado.
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea Melgar, manifestó que el operativo se realizó en calle Juan Pablo II, Nº 6, avenida la Barranca (zona del estadio de Real Santa Cruz), donde se encontró armas y municiones.
"Una vez tramitado el allanamiento, se ingresó al domicilio y la Fiscalía se percató que el sindicado estaba dándose a la fuga por lo que dispuso la aprehensión (…) Se trata de José Alfredo Pinto Talamac, un exmilitar de 62 años de edad", explicó Larrea.
Fueron encontradas 27 armas (26 pistolas y 1 revólver), además de un fusil, tres miras telescópicas, tres cargadores (dos largos y 1 corto) y municiones de diferentes calibres. La aprehensión de este exmilitar se da en el marco del proceso investigativo del caso Asalto a un vehículo de la empresa Brinks.
Según la declaración de Julio César Hurtado (alias el Gordiño), quien fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola la noche del viernes 22 de septiembre, José Alfredo Pinto fue quien facilitó las armas al grupo delincuencial.
En marzo del presente año, en la carretera a Puerto Quijarro, un vehículo que transportaba dinero sufrió un asalto a mano armada. En el motorizado la empresa Brinks transportaba 2.6 millones de bolivianos y la suma de 350 mil en dólares. El asalto a mano armada fue liderado por Mariano Tardelli de nacionalidad brasileña.
Thursday, July 13, 2017
La Fiscalía pide 30 años para exjefes de las FFAA
El Ministerio Público pidió 30 años de reclusión para el exministro de Defensa Gonzalo Méndez, el general Gonzalo Rocabado, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas almirante Marco Antonio Justiniano y el excomandante general del Ejército Marcelo Antezana por el caso misiles chinos.
En sus alegatos, el fiscal superior José Manuel Gutiérrez justificó la decisión por el delito de sometimiento de la nación a dominio extranjero.
También se pidió de ocho a 15 años para otros acusados por revelación de secretos, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. A las 09.00 se instaló la audiencia en el Tribunal de Sentencia para la fase de alegatos. A las 13.30 se declaró cuarto intermedio hasta las 15.00. A las 18.00, el Ministerio Público concluyó su participación.
Quedan aún los alegatos por parte de la defensa de los acusados, que se prevé concluyan la tarde de hoy o a más tardar la mañana del viernes.
El 29 de mayo de 2014, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el exministro Méndez, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Justiniano, el excomandante del Ejército Antezana, el general Gonzalo Rocabado Mercado, que cumple una pena por el caso ‘octubre negro’, el exjefe de Estado Mayor Marco Antonio Vázquez Ortiz, el exinspector general del Ejército Víctor Hugo Cuéllar, los coroneles David Torrico Vargas y Ciro Valdivia Murguía, y el exayudante del Departamento Cuarto del Ejército capitán Ernesto Caballero.
Wednesday, May 31, 2017
Senado designa a Gonzalo Durán como embajador en Francia
El excomandate de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Durán Flores, después de un consenso en los senadores del Movimiento al Socialismo (MAS), fue designado ayer como embajador Extraordinario Plenipotenciario ante la República de Francia. El militar retirado tuvo varias observaciones en su gestión.
Ayer, en sesión reservada el Senado, se trató la resolución de designación de Durán como embajador de Bolivia ante la República de Francia concurrente ante la Repúblicas Argelina Democrática Popular y Tunecina, tarea que en una primera votación no tuvo los dos tercios de apoyo del oficialismo, según la agencia ANF.
El Senado declaró en reserva la sesión que se vio interrumpida con un “cuarto intermedio”, porque de los 23 senadores del MAS solo 20 apoyaron la designación del excomandante de las Fuerzas Armadas. El presidente del Senado improvisó un cuarto intermedio para reunirse con su bancada, ante la falta de apoyo al nombramiento.
Tras el cuarto intermedio que duró poco más de media hora, los legisladores del MAS volvieron a la sesión para plantear la reconsideración del tema, es decir para volver a intentar una segunda votación donde los 23 senadores del oficialismo votaron aprobando la resolución de la exautoridad militar.
En la gestión de Durán en las Fuerzas Armadas se denunció los casos sobre la presunta irregular compra de repuestos en el Transporte Aéreo Militar (TAM), además de la compra de motores.
Las diputadas de UD, Rose Marie Sandoval y Fernanda San Martín, el año pasado denunciaron que el entonces comandante de las FFAA, general Gonzalo Durán, causó un daño económico al Estado de un millón de dólares, debido a la irregular adquisición de bienes y equipos cuando se desempeñó como comandante de la FAB.
Sandoval explicó que Durán compró un inmueble para la FAB, ubicado en la zona de Calacoto de La Paz, con un monto de $us 1,2 millones de dólares, siendo su avalúo real de $us 556 mil, según estimó la legisladora.
Denunció también que Durán presuntamente adquirió un compresor por el que la FAB extendió dos facturas; una por $us 126.250 y la otra por $us 250.000. Se presume sobreprecio.
La legisladora dijo además que Durán adquirió en $us 350.000 un equipo usado de montacarga, para uso de la FAB, siendo su precio en el mercado de no más de $us 100.000.
Ejerció cargos importantes como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, director del Transporte Aéreo Militar (TAM) y agregado de los Estados Unidos (EEUU) y Comandante del Colegio Militar y de la Fuerza Aérea.
Ayer, en sesión reservada el Senado, se trató la resolución de designación de Durán como embajador de Bolivia ante la República de Francia concurrente ante la Repúblicas Argelina Democrática Popular y Tunecina, tarea que en una primera votación no tuvo los dos tercios de apoyo del oficialismo, según la agencia ANF.
El Senado declaró en reserva la sesión que se vio interrumpida con un “cuarto intermedio”, porque de los 23 senadores del MAS solo 20 apoyaron la designación del excomandante de las Fuerzas Armadas. El presidente del Senado improvisó un cuarto intermedio para reunirse con su bancada, ante la falta de apoyo al nombramiento.
Tras el cuarto intermedio que duró poco más de media hora, los legisladores del MAS volvieron a la sesión para plantear la reconsideración del tema, es decir para volver a intentar una segunda votación donde los 23 senadores del oficialismo votaron aprobando la resolución de la exautoridad militar.
En la gestión de Durán en las Fuerzas Armadas se denunció los casos sobre la presunta irregular compra de repuestos en el Transporte Aéreo Militar (TAM), además de la compra de motores.
Las diputadas de UD, Rose Marie Sandoval y Fernanda San Martín, el año pasado denunciaron que el entonces comandante de las FFAA, general Gonzalo Durán, causó un daño económico al Estado de un millón de dólares, debido a la irregular adquisición de bienes y equipos cuando se desempeñó como comandante de la FAB.
Sandoval explicó que Durán compró un inmueble para la FAB, ubicado en la zona de Calacoto de La Paz, con un monto de $us 1,2 millones de dólares, siendo su avalúo real de $us 556 mil, según estimó la legisladora.
Denunció también que Durán presuntamente adquirió un compresor por el que la FAB extendió dos facturas; una por $us 126.250 y la otra por $us 250.000. Se presume sobreprecio.
La legisladora dijo además que Durán adquirió en $us 350.000 un equipo usado de montacarga, para uso de la FAB, siendo su precio en el mercado de no más de $us 100.000.
Ejerció cargos importantes como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, director del Transporte Aéreo Militar (TAM) y agregado de los Estados Unidos (EEUU) y Comandante del Colegio Militar y de la Fuerza Aérea.
Tuesday, March 14, 2017
Sentencian a 30 años de cárcel a dos sargentos por feminicidio de colegiala
DOS MILITARES COMETIERON FEMINICIDIO, AHORA FUERON CONDENADOS.
Los sargentos del Ejercito Ángel Reynaldo Mamani Huallpa y Vidal Chávez Quispe fueron sentenciados a 30 años de cárcel cada uno, por incurrir en feminicidio al causarle la muerte a la colegiala, entonces premilitar, Carmen Rosa Mollo Ayllón (17), registrado en el municipio de Achacachi, el 30 agosto de 2014.
Según los antecedentes de ese hecho, que conmovió a la sociedad, la primera versión que se dio a conocer fue la de Vanessa M., prima y compañera de la formación premilitar que ambas recibían en el Regimiento Ayacucho, del Ejército, con asiento en Achacachi, donde los dos sargentos sentenciados eran instructores.
La sobreviviente del hecho señaló, en una primera instancia, que ambas habían sido secuestradas y dopadas y que, dándola a ella por muerta, logró escapar y retornar a su domicilio, para que luego su familia presente la denuncia de lo ocurrido.
Sin embargo, horas más tarde, la versión cambiaría, al revelarse otros detalles, sobre la relación que existía entre las adolescentes y los instructores que habían inducido a las menores.
VASO DE BEBIDA
“Vanessa M. relató que en la casa de Mamani tomó un vaso de bebida alcohólica y, posteriormente, perdió el conocimiento. Cuando despertó a la mañana siguiente se vio sin pantalón y con Carmen Mollo tiesa a su lado”, de acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía Departamental, concluido el juicio oral, sobre la base del informe de la fiscal asignada al caso, Tania Alfaro.
De acuerdo con la autoridad, ambas fueron ultrajadas sexualmente y encerradas en la habitación de Mamani, quien al retornar de la formación en el cuartel, junto a Chávez, se percató de que una de las jóvenes no tenía signos de vida, por lo que ambos acusados amenazaron a Vanessa M. para que no diga nada sobre lo sucedido.
“Los acusados envolvieron el cuerpo de la víctima en una frazada y lo llevaron en un vehículo negro, marca Toyota, hasta la localidad de Pucarani, donde lo enterraron”, señaló la fiscal.
CUERPO DE LA VÍCTIMA
La fiscal sostuvo que ante la denuncia, el Ministerio Público y la Policía se constituyeron en la localidad de Pucarani, comunidad Cota Cota, donde luego de que Vanessa M. revelará detalles, los efectivos dieron con el cuerpo de la víctima, que presentaba un traumatismo craneal encefálico, sin fractura pero con causa policontusa.
Ante las pruebas fehacientes presentadas por la fiscal, la autoridad jurisdiccional dictó la pena máxima contra los acusados, en apego a lo solicitado por el Ministerio Público, basado en el artículo de la Ley 348, que establece la sanción de 30 años, sin derecho a indulto, para quien o quienes maten a una mujer.
Thursday, November 17, 2016
Apresan a un militar por extorsión y pornografía
El coronel del Ejército, Alberto Valdivia, de 47 años, fue enviado anoche al penal San Pablo de Quillacollo, acusado del delito de extorsión y pornografía, al haber publicado en Facebook fotografías de la esposa de su propio camarada, desnuda, y haberle enviado las imágenes a su esposo, lo que derivó en su divorcio.
El militar había tomado esas fotografías sin consentimiento de la mujer y, más aún, la chantajeó para tener relaciones sexuales con ella.
El abogado de la víctima, Rolando Ramos, manifestó que su cliente fue extorsionada durante un año y sometida a los abusos sexuales. “El coronel le decía ‘si no tienes relaciones conmigo, yo voy a mandarle esas fotografías a tu marido’, y mi cliente, para evitar que su matrimonio sea destruido, accedía a sus chantajes”, manifestó Ramos.
Indicó que cuando su cliente quiso poner punto final a la pesadilla, el militar envió las imágenes a su esposo en un sobre manila y también las subió a Facebook. Es más, las envió a uno de sus amigos y éste a otros, de modo que fueron compartiéndolas en las redes sociales. “Mi cliente tiene hijos profesionales, ha destruido a su familia, ella se separó y estuvo a punto de tomar decisiones extremas”, añadió.
Tuesday, November 8, 2016
Ejército entrega una auditoría del caso “puestos militares”
El Comando General del Ejército entregó al Ministerio Público una auditoría interna, realizado al proceso de contratación y ejecución de uno de los nueve puestos militares adelantados, firmado entre la institución castrense y la Empresa Accidental Integración del Chaco que, según el Ministerio Público, se adjudicó pagando prebendas a jefes militares.
Por este caso, la pasada semana, el general Omar Salinas, excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) y el jefe de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), coronel Winston Celis (gestión 2014), fueron cautelados y cuentan con detención domiciliaria. También se encuentran con detención preventiva en San Pedro, el excomandante del Ejercito gral. Fernando Zeballos (gestión 2013) y el representante de Chaco, Néstor Terán.
“De los puestos militares, estamos haciendo un análisis; por el momento me ha llegado recién una auditoría interna que había hecho el Comando General del Ejército”, informó el fiscal del caso, Ánghelo Saravia, quien adelantó que resultado de esta revisión establecerán qué otros militares están implicados para convocarlos a declarar.
“Estamos viendo a qué personas más se las involucra (en la auditoría), y vamos a ver a quiénes más convocamos”, mencionó el fiscal.
CONTRATOS
Los contratos fueron firmados en la gestión 2013, pero las obras no se concluyeron y los exjefes militares tampoco ejecutaron las pólizas de garantía para recuperar los recursos anticipados a la Empresa Chaco. El dinero para las obras provenía del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
Además, según un audio, mandado a realizar por el Ejército en diciembre de 2014, un militar (Julio Calvi) y un representante de la constructora (Néstor Terán) conversan sobre una repartición de 953.000 bolivianos, que eran parte del 20 por ciento del anticipo que Chaco recibió, y en el que se implica a un general, a quien se le destinó el pago.
La reunión donde se repartió el dinero se habría dado en el domicilio de Terán.
Sobre el audio, el fiscal dijo: “Hablan (en la grabación) de un supuesto general, no sabemos quién es ese supuesto general, no sabemos si será Salinas, no sabemos si será Zeballos, no sabemos”.
Por ese caso, están prófugos Julio Calvi, jefe de contrataciones de la gestión 2013, y Ernesto Ayoroa, otro de los socios de la Empresa Chaco.
Por este caso, la pasada semana, el general Omar Salinas, excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) y el jefe de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), coronel Winston Celis (gestión 2014), fueron cautelados y cuentan con detención domiciliaria. También se encuentran con detención preventiva en San Pedro, el excomandante del Ejercito gral. Fernando Zeballos (gestión 2013) y el representante de Chaco, Néstor Terán.
“De los puestos militares, estamos haciendo un análisis; por el momento me ha llegado recién una auditoría interna que había hecho el Comando General del Ejército”, informó el fiscal del caso, Ánghelo Saravia, quien adelantó que resultado de esta revisión establecerán qué otros militares están implicados para convocarlos a declarar.
“Estamos viendo a qué personas más se las involucra (en la auditoría), y vamos a ver a quiénes más convocamos”, mencionó el fiscal.
CONTRATOS
Los contratos fueron firmados en la gestión 2013, pero las obras no se concluyeron y los exjefes militares tampoco ejecutaron las pólizas de garantía para recuperar los recursos anticipados a la Empresa Chaco. El dinero para las obras provenía del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
Además, según un audio, mandado a realizar por el Ejército en diciembre de 2014, un militar (Julio Calvi) y un representante de la constructora (Néstor Terán) conversan sobre una repartición de 953.000 bolivianos, que eran parte del 20 por ciento del anticipo que Chaco recibió, y en el que se implica a un general, a quien se le destinó el pago.
La reunión donde se repartió el dinero se habría dado en el domicilio de Terán.
Sobre el audio, el fiscal dijo: “Hablan (en la grabación) de un supuesto general, no sabemos quién es ese supuesto general, no sabemos si será Salinas, no sabemos si será Zeballos, no sabemos”.
Por ese caso, están prófugos Julio Calvi, jefe de contrataciones de la gestión 2013, y Ernesto Ayoroa, otro de los socios de la Empresa Chaco.
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