Mediante la lectura de un comunicado, el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se negó a explicar los detalles sobre la falta de pago al sargento Elías Calderón y anunció que se le iniciará proceso disciplinario, debido a los justificados reclamos que la esposa del uniformado hizo ante los medios de comunicación, dirigidos al Comandante General de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Omar Salinas, quien no habría cumplido su compromiso de efectivizar el pago de haberes.
En abril de 2014, decenas de sargentos y suboficiales de las FFAA, a nivel nacional promovieron la modificación de la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA), cuyo proyecto fue solicitado y promovido por el mismo presidente Evo Morales, que en conversaciones con los uniformados de bajo rango, observó la desigualdad implícita que contenía el reglamento militar que mantiene normas arcaicas.
Arminda Rosario Martínez de Caderón declaró a EL DIARIO, la dolorosa situación que atraviesa su familia debido a la suspensión de pago de sueldos a su esposo desde hace un año, irregularidad que no es esclarecida por parte la FAB ya que existen resoluciones firmadas por los tribunales militares de justicia que negaron tener la potestad de suspensión de los pagos, ya que hasta el mes de abril de este año no existía proceso disciplinario en su contra, que era el argumento del Comando de la FAB, para no desembolsar dicho pago.
Para Martinez, la suspensión premeditada del salario de su esposo, se debe a las acusaciones, no probadas en tribunales, de su participación en las marchas que en La Paz, protagonizaron en abril del año pasado, sargentos y suboficiales del Ejército, Armada y FAB.
En su condición de madre de familia, Martínez denunció que la FAB le negó los beneficios del subsidio materno infantil, desde que ella estuvo en estado de gestación y al momento tiene a su hija mayor debilitad por una anemia.
Relató que luego de las movilizaciones, como aconteció con gran parte de los sargentos y suboficiales que pidieron la modificación de la LOFA, el esposo fue destinado a un puesto fronterizo, como una sanción velada a la supuesta “deshonra”, que los uniformados de bajo rango le causaron a las FFAA, por pedir la eliminación de la discriminación en la institución castrense.
Sin responder ninguna de las preguntas hechas por los periodistas que fueron llamados a conferencia de prensa, para presenciar la lectura de un comunicado, la tarde ayer, en el comando de la FAB, el director de Comunicación de la FAB, coronel, Julio Rojas, sin documento que respalde su acusación, aseguró, que el 23 de julio de 2014, el sargento Calderón habría incurrido en el delito de deserción, por lo que a la fecha se encuentra procesado.
El Comando de la FAB también afirma que Calderón habría incurrido en la candidatura política y se presentó a su fuente laboral, luego de siete meses, que contradice a la documentación presentada por la esposa del uniformado que evidencia que su esposo cumplió labores en Beni y luego en los Yungas, y en todo ese tiempo se exigió el pago de los haberes.
Rojas lamentó que el reclamo de la esposa del sargento sea utilizado por “activistas que pretenden hacer política mezquina, para dañar la imagen de las Fuerzas Armadas”. “Por ello no reservamos el derecho a realizar acciones imperativas de la ley, para que la verdad honre la institucionalidad de la Fuerza Aérea”, advirtió Rojas.
Por su lado, Martínez, ante el drama familiar que vive a consecuencia de las amenazas que sufre su esposo, junto a su abogado, presentó ayer querella penal en contra de 14 oficiales de la FAB que incurrieron en el delito de dictar resoluciones contrarias a la ley, acción con la cual, además, pretende probar el carácter autoritario de los oficiales de al FAB, aseguró.
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