La suerte de los tres instructores de la Policía Militar que resultaron implicados en la muerte de Jaime Avaroma, cuyo cadáver fue hallado el 15 de julio en un descampado en la zona del Urubó, está en manos de la justicia ordinaria. Así lo confirmó el comandante del Ejército, Omar Salinas, que además señaló que la institución castrense les ha iniciado un proceso disciplinario interno.
El informe recibido por el Comando del Ejército, según Salinas, detalla que el subteniente Ronald Martínez convenció al capitán Hugo Téllez Rodríguez y al suboficial Guadio Huallpa Apaza de “ganarse unos billetitos dándole un susto a alguien” y de ese modo, con la excusa de tramitar un préstamo en una entidad financiera, obtuvieron permiso de su unidad militar y enseguida sacaron a Avaroma de un inmueble y lo entregaron a sicarios.
Avaroma, natural de Beni, era considerado por la Policía como un matón a sueldo que vino a Santa Cruz para liquidar a Winston Aguilera Vaca Díez y a Erwin Gil, alias ‘Quililo’. El primero está prófugo y el segundo se encuentra privado de libertad en la cárcel de Palmasola.
Según la Fiscalía, Aguilera y Gil se anticiparon a Avaroma y lo mandaron matar. El traslado de Avaroma hasta el Urubó fue efectuado por los tres militares, que se vistieron de policías en horas de trabajo.
Salinas indicó que el subteniente Martínez recibió $us 2.000 por su colaboración. De esa suma, $us 500 los repartió entre sus dos camaradas. Los uniformados fueron imputados por el Ministerio Público por el delito de asesinato en grado de complicidad, pero la jueza Roxana Encinas, el lunes, les otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva.
El jefe de Estado Mayor del Ejército, Marco Ampuero Gallardo, dijo que la institución castrense no va apañar a los instructores, por lo que se les ha iniciado “un sumario informativo militar por cometer con su conducta actos de indisciplina”, además de “dañar la imagen del Ejército”. Dejó en claro que los inculpados deberán someterse a las determinaciones de la justicia ordinaria.
Los efectivos castrenses que fueron favorecidos con medidas sustitutivas deberán acudir a la Fiscalía cada diez días. Para salir en libertad presentaron dos garantes personales y el arraigo para asegurar su procesamiento por complicidad en el delito de asesinato.
Fallos desproporcionados
Respecto a las medidas sustitutivas otorgadas a estos tres imputados, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, expresó su preocupación al considerar que la justicia viene dictando fallos desproporcionados que causan decepción.
Arrázola dijo que con esta resolución y otras que muchas veces pasan desapercibidas, se demuestra que a la gente pobre y sin influencia la justicia le aplican la ley con todo rigor.
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