El Ministerio Público abrió un proceso por espionaje contra el abogado y militar en retiro Omar Durán, quien denunció que en las pistas del aeropuerto militar Bartolina Sisa de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se cobraba dinero para permitir aterrizajes de aviones civiles y extranjeros.
"Es una calificación preliminar (la de espionaje) que han presentado (la FAB) y han ratificado su denuncia los miembros de las Fuerzas Armadas”, declaró el fiscal Boris Flores, al ser consultado por el delito por el que será investigado el abogado Durán.
En julio, el abogado reveló varias irregularidades a través de un audio en el que supuestamente se escucha la voz de uno de los funcionarios de la Agencia Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Eduardo E.H. En la conversación, ofrecía el alquiler de la pista militar por 500 y 2.000 dólares, dependiendo de la envergadura de la nave. Además, Durán agregó que estas actividades tenían autorización del comandante de la FAB.
Durán obtuvo los libros de registro de esas pistas de "forma anónima” y éstos fueron remitidos al Ministerio de Transparencia para que inicie una investigación sobre el caso.
Sin embargo, el comandante de la FAB, general Celier Arispe, presentó una denuncia por el delito de espionaje que fue confirmada ayer por la Fiscalía. "Se ratificaron las denuncias y sobre eso va a trabajar el Ministerio Público”, dijo el fiscal Flores.
Raúl Salas, abogado del comandante de la FAB, general Celier Aparicio Arispe, dijo que Durán "se dedicó a ultrajar a instituciones nacionales como son las Fuerzas Armadas (FFAA) y sobre todo la FAB y a sus autoridades. Entonces él ha cometido un delito, cual es el de revelación de secretos y de espionaje y en este entendido está siendo procesado”.
Durán se presentó ayer en la tarde al Ministerio Público para prestar su declaración informativa en "calidad de sindicado” con temor de ser aprehendido. Pese a ello, la Fiscalía lo dejó en libertad pero con la investigación en su contra. En su testimonio, agregó otras denuncias como la compra irregular de motores, viajes al exterior de uniformados con sus familias y otras.
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