Gróver Poma, Subteniente de alta graduación del ejército, falleció en febrero de 2011, luego de recibir una "brutal paliza por parte de un instructor y otros camaradas en la Escuela de Cóndores de Sanandita" (Tarija), como cita el testimonio de la prensa local de ese año. Según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), desde esa fecha hasta hoy los familiares han vivido una penosa travesía en busca de justicia y con un descenlace desolador: ni un solo detenido y menos castigo alguno al autor o a autores del hecho.
Al triste episodio del subteniente Poma, se suman los 118 casos de violencia en los cuarteles de Bolivia aún sin esclarecerse, registrados por el Defensor del Pueblo en el periodo 2013; de los cuales, 14 corresponden a la figura de tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
Una descripción desoladora. Según el informe defensorial presentado la pasada semana, las estadísticas de vulneración de los derechos humanos en recintos militares no se detiene y al 31 de agosto de este año, se mantiene en niveles similares en comparación al año pasado. Rolando Villena, Defensor del Pueblo, señaló que un hecho de "extrema gravedad" fue lo sucedido el pasado 29 de agosto, con la violación y muerte a manos de dos sargentos del Ejército de la joven Carmen Rosa Mollo (17), que cumplía servicio premilitar en Achacachi (La Paz).
"En la gestión pasada hemos reclamado de manera constante por la sucesión de muertes de conscriptos y estudiantes en recintos militares y demandamos que se realicen las investigaciones para determinar la responsabilidad. En todos los casos, nos enfrentamos a una negativa sistemática, cuando no a un silencio incomprensible que ha impedido cualquier acción de manera adecuada y efectiva", denunció Villena.
En la misma línea, Yolanda Herrera, Presidente de la Apdhb, expresó su desaliento con las denuncias cada vez más numerosas y persistentes que, en el devenir del tiempo y el curso de las investigaciones, concluyen en nada."En cuanto los datos que se da en la Defensoría del Pueblo, son de aquellas denuncias que se han hecho oficialmente. Sin embargo, nosotros creemos que se duplican las estadísticas de casos de torturas, de malos tratos y de hechos degradantes que se dan dentro el ejército que quedan en la impunidad absoluta y el silencio. Practicamente se invisibilizan", señaló Herrera.
Casos que se describen. Una información preliminar da cuenta que desde el 2010 hasta agosto de este año, la violencia y los tratos crueles en recintos de formación militar como Sanandita, donde se prepara a tropas de élite para sobrevivir en condiciones adversas, se habría cobrado la vida de 10 efectivos en manos de sus instructores y jefes de alta graduación.
Según Villena, en los últimos años los casos de mayor relevancia pública tienen que ver con los subtenientes Gróver Poma Guanton, Ceooly Espinal Prieto; los conscriptos Edwin Mendoza Ibarra, Javier K'ara Ayaviri, Freddy Rodríguez Uño, Carlos Daniel Loza y la muerte de la enfermera Jeanette Vargas. "Todos estos hechos tienen poco avance en la investigación y sanción. Algunos de estos corren el riesgo de quedar en la impunidad, así como los otros casos, catalogados como hechos de accidentes tras una investigación sumaria realizados en el ámbito militar", relató Villena.
El proceso judicial de Poma no ha terminado, pese a que fue derivado de la justicia militar a los tribunales ordinarios, por decisión del Tribunal Constitucional. "Hace mas de cuatro años que perdió la vida en Sanandita. El padre durante dos años ha invertido todos sus recursos en busca de justicia. Vanos fueron sus esfuerzos, frente una organo judicial bastante lento y más a favor de la impunidad. Ahora no hay nadie que esté preso por la muerte de este muchacho. Eso deja impune y cada vez reafirma la cultura de violencia en los cuarteles", puntualizó Herrera.
Villena remarcó que esta situación refleja una negativa sistemática de los niveles superiores de las Fuerzas Armadas de Bolivia a adecuar la formación y las conductas institucionales a los principios de derechos humanos y los postulados de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que demanda "la implementación de cambios profundos en todas las instituciones que deben orientarse hacia la descolonización, la despatriarcalización y el respeto imperativo a los derechos y garantías constitucionales de todas y todos los bolivianos”, manifestó.
Sugieren cambios urgentes. Marcelo Antezana, excomandate de las Fuerzas Armadas y actual senador del Estado Plurinacional, a tiempo de destacar la labor del Defensor del Pueblo, calificó de "preocupante" las cifras y las denuncias de hechos de violencia al interior de los recintos militares. "Lamentablemente, del 2006 adelante, la politización que se ha dado en los altos mandos militares y los puestos intermedios al extremo de tenerlos como los socios del gobierno a las Fuerzas Armadas, ha relajado la diciplina y el control con los mandos inferiores. No es un justificativo. Esto es preocupante, hay que retomar la diciplina y evitar hechos como lo sucedido la semana pasada en Achacachi", señaló.
En cambio para Rafael Puente, político y exministro de Gobierno del primer periodo de Evo Morales, enfatizó la situación de las Fuerzas Armadas es uno de los vacíos más inquietantes que no se ha tocado en la reforma constitucional en el proceso constituyente. "No se ha tocado el tema de las Fuerzas Armadas. No es el único pero es el más grave. Es una reforma que lamentablemente no se hizo. Los militares de alta y baja graduación tienen que estar sometidos no solamente a las leyes del Estado sino a los tribunales ordinarios", enfatizó.
Además, calificó de doblemente lamentable que los hechos ocurran en el periodo denominado "proceso de cambio". "Los datos (del Defensor del Pueblo) son escalofriantes y esto no se puede permitir. Lo triste es que hay una mentalidad en gran parte de nuestro pueblo que considera que ser hombre significa someterse a golpizas, violencia, forzamientos físicos. Entonces es un atraso brutal. Eso solo consagra cualquier visión machista y patriarcal", enfatizó Puente.
Por su parte, el constitucionalista Saul Paniagua, señaló que las Fuerzas Armadas ha perdido el rumbo y la misión específica de defensa de la seguridad territorial bajo el concepto principista de la doctrina militar.
"Cuando se olvida esta misión, entonces no se está cumpliendo con la formación. Como ninguno de los jóvenes ingresa para ser preparados en los principios elementales, es que suceden esos abusos. Hay que avanzar de un centro de entrenamiento a uno de formación integral bajo un concepto de doctrina militar", finalizó.
"Las víctimas, una vez que presentan la denuncia, piden el anonimato. En algunas situaciones, se someten. Al final, los casos se quedan en la impunidad"
Yolanda Herrera
Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
Recopilación
Algunos de los casos luctuosos de más impacto
Reciente. Carmen Rosa Mollo (17) fue vejada junto a su prima, quien salvó la vida el 29 de agosto, cuando asistió a una cita con dos sargentos en un domicilio donde los dos acusados les habrían invitado bebidas alcohólicas con un sedante. Luego de varias horas, la víctima fue hallada muerta. Por ese hecho, los uniformados Ángel Reynaldo Mamani Huallpa y Sidal Chávez Quispe han sido sometidos a retiro obligatorio por determinación del Tribunal del Personal del Ejército y fueron enviados a la cárcel de San Pedro de La Paz.
Sanandita. Además de la muerte de Gróver Poma, el 2011, tres años más tarde se registró la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en la “Escuela de Cóndores Bolivianos”. Según el informe oficial, la muerte de Espinal se produjo sin causa aparente alguna, después de que el joven sufriera súbitamente un “desvanecimiento” durante un ejercicio de resistencia física.
Soldados. Otros dos hechos se registraron el año pasado, otros dos casos en periodos diferentes con la muerte de Javier K'ara Ayaviri, quien falleció tras ser brutalmente golpeado en el cuartel donde prestaba su servicio militar y Edwin Mendoza Ibarra, quien también murió en circunstancias similares.
Relacionado. El alférez Emmanuel Cusi perdió la vida durante un entrenamiento de buceo en el estrecho de Tiquina. Y este viernes otro sargento murió en las mismas circunstancas.
Propuestas
Urge hacer cambios estructurales
Defensor del pueblo. Desde hace cuatro años, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, de manera reiterativa implora al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para impulsar un trabajo integral en la definición e implementación de una política consistente y efectiva, en todos los niveles, para que los derechos humanos sean respetados, ejercidos y promovidos al interior de la entidad castrense, no como una concesión ni un complemento, sino como una obligación con la Patria, la Constitución y la ciudadanía boliviana.
Visión al interior. El senador Marcelo Antezana (general en retiro y excomandante de las Fuerzas Armadas) señaló que hace cuatro años duerme "en el sueño de los justos", el proyecto de adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA). "El gobierno de Evo Morales, no tiene la voluntad política para modificar nada de las Fuerzas Armadas. Yo he presentado un proyecto de ley para adecuar la LOFA a la actual constitución. Pero los masistas que en estos nueve años tienen la mayoría parlamentaria, no han aprobado nada. Hay que adecuar todo el sistema jurídico de la vida castrense", señaló.
Objeto. Según la Asamblea de Derechos Humanos, las reformas deben también incluir la no vigencia de las escuelas de formación militar de élite, complementando un nuevo rol de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Punto de vista
José Luis Santistevan
Abogado Constitucionalista
"El proceso de cambio solo ha politizado las FFAA "
Ante la situación de recurrentes denuncias de tratos inhumanos en los cuarteles, amerita reflexionar:
Primero, los cambios constitucionales no han llegado a los cuarteles y a la conducta de las cúpulas militares, las Fuerzas Armadas siguen funcionando bajo la conducta arcaica de aplicación de métodos agresivos en la formación militar.
Como segundo aspecto, la actual Constitución Política del Estado (CPE) establece que no hay fuero ni privilegios para ningún ciudadano cualquiera sea su condición y que los delitos comunes de gravedad (violaciones, muertes, etc) deben ser procesados por la justicia ordinaria lo cual no sucede en la institución castrense.
Y como tercero, tenemos a unas FFAA que siguen aplicando normas inconstitucionales que pertenecen al antiguo sistema republicano, como su Ley de las Fuerzas Armadas, el Código de Justicia Militar y su Reglamentos. El Estado Plurinacional sigue funcionando con unas Fuerzas Armadas arcaicas en su sistema de formación militar y de respeto a la vida y derechos humanos de sus integrantes. El llamado proceso de cambio solo ha llegado para profundizar la politización de las Fuerzas Armadas y no para modernizarse en el ámbito de su formación y respeto a los derechos constitucionales.
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