El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Rubén Saavedra, pidió sanciones administrativas y penales para los dos principales responsables de la misión naval que naufragó el martes, poco después de partir de Puerto Quijarro, y anunció que, después de este sumario, el Ejecutivo iniciará las acciones correspondientes porque el hecho ocasionó dos muertes.
“Hemos instruido sumarios informativos en contra del director de la Escuela Naval Militar y del comandante de la nave que naufragó; quien sea designado como sumariante debe garantizar la independencia y objetividad para conocer las verdaderas causas del naufragio. Tienen que emerger responsabilidades administrativas y penales porque la consecuencia de este hecho fue el fallecimiento de dos personas. Estamos a tiempo de conocer el informe del juez sumariante y, a partir de ahí, nosotros tomaremos acciones”, dijo ayer Saavedra.
Tanto el departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa como el encargado de comunicación de la Armada, capitán Javier Torrico, se negaron a proporcionar los nombres de los jefes militares investigados.
El jueves, el comandante de la Armada, vicealmirante Gonzalo Alcón, dijo que el sumario no solo se realizará contra los jefes militares, sino también contra otras personas que estuvieran involucradas, aunque todas con rango militar; esta investigación interna tendrá una duración de 10 días.
Los permisos
El ministro de Defensa informó de que esta misión contaba con la autorización congresal para salir del país, tal como se cumplió con otras misiones internacionales en el lago Titicaca, y añadió que no existen observaciones sobre la legalidad de la misión, sino sobre las maniobras que realizaron los militares durante el naufragio de dos embarcaciones de la Fuerza Naval.
El lunes 22 de septiembre, a las 17:00, aproximadamente, una flotilla de cinco embarcaciones militares bolivianas partió de Puerto Quijarro rumbo a Asunción, en la república de Paraguay, pero al día siguiente, en la mañana, el oleaje provocado por una embarcación de ese país, precisamente, ocasionó el hundimiento de una chata y el remolcador TNR-12 en la Hidrovía Paraguay-Paraná.
El hundimiento de las dos naves derivó en la muerte de dos personas, la periodista Lilian Ortega Soto y el cadete Jesús Quispe, cuyos cuerpos fueron rescatados de las aguas después de 24 horas de búsqueda
Una MISIÓN HISTÓRICA DE NAVEGACIÓN
La misión naval que partió el lunes de suelo boliviano en el departamento de Santa Cruz era considerada “histórica” por los responsables de la flotilla de cinco embarcaciones, relató una de las personas que sobrevivieron a ese accidente.
Los jefes militares explicaron a los periodistas que era la primera vez que los cadetes hacían sus prácticas en una flota boliviana, porque hasta entonces solo se hacían en naves brasileñas, y que nadie se sentía contento porque los cadetes bolivianos no podían desarrollarse como en sus propias naves.
La travesía debía durar cuatro días de ida, tres días de permanencia en Asunción, donde se había preparado un recibimiento festivo por esta misión, y luego el retorno sería en seis días, tenían previsto llegar a Puerto Quijarro el viernes 3 de octubre, pero la misión abortó al segundo día.
Los jefes son sospechosos
Milton Mendoza - ABOGADO
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) establece que el primer paso es el sumario informativo, ese proceso interno establecerá el tipo de responsabilidades que tienen las autoridades o las personas involucradas, porque puede haber responsabilidades desde administrativas, disciplinarias hasta la comisión de delitos, entonces hay que esperar el resultado del sumario, pero hay varias hipótesis, entre ellas está el hecho fortuito, que sea un accidente o puede establecer algún grado de negligencia de las personas que estaban en el lugar.
La normativa militar prevé que en casos en los que se haya producido un hecho en determinadas circunstancias, debe ser procesado en instancias militares que tienen sus propios mecanismos de sanción y de penalización.
Ahora bien, el sumario es elaborado por profesionales de la misma fuerza y, aunque pertenecen a una misma arma, no se puede hablar de juez y parte porque son instancias autónomas que emiten sus propios criterios, entonces las partes acusadas o sospechosas seguramente serán convocadas para presentar sus descargos y deben esperar el informe de este sumario que instruyeron
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