Tres miembros de los dos tribunales de justicia militar que se encargaron del caso del suboficial Johnny Gil, detenido en el Estado Mayor del Ejército, tienen procesos penales en la vía ordinaria. Uno por homicidio culposo y dos por dictar resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Hace dos semanas se informó que el vocal de la Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), José Campero, que en diferentes ocasiones negó la libertad a Gil, fue imputado el 3 de septiembre por la supuesta comisión de homicidio culposo, tras las muertes del soldado Álan Álvarez y del cadete Luis Steer, el 19 de noviembre de 2013, en el Liceo Militar de Sucre.
Sin embargo, hay otros dos casos más de autoridades procesadas que juzgaron al suboficial.
En el Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM), la vocal Ruth Quiroga y el auditor Néstor Burgoa, que emitieron la resolución de detención preventiva contra Gil son procesados desde el año pasado por el ilícito de "dictar resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”.
La querella fue presentada ante un juez de instrucción en lo penal en octubre de 2013 por el militar Marco Soria. Él indicó que se le instauró un proceso penal militar por el delito de "abandono de servicio en tiempo de paz”, en julio de 2007.
La pena por este delito es de dos años de prisión, pero hasta mayo de 2010 no había una sentencia, por lo que él interpuso una acción de prescripción que, según las normas militares (artículo 40 del Código Penal Militar), debía concedérsele. No ocurrió así, y cuando Soria apeló la resolución fue ratificada en su contra.
Este medio intentó comunicarse con Quiroga y Burgoa, pero en el TPJM informaron que la primera tenía permiso de 10 días y que el segundo estaba en comisión.
El presidente del TPJM, Eduardo Fernández, aseguró que ni Quiroga ni Burgoa son procesados y que hasta el miércoles se decidirá si sus "actuados” contra Gil se anulan o no, después de un análisis.
En el caso del coronel Campero, según su imputación, él "ordenó” a los dos jóvenes ayudarlo a salvar su vagoneta que era arrastrada por el río. Ambos murieron en el intento.
Entre mayo y junio, Campero fue transferido al TSJM, en La Paz. Ahora no es más vocal, pidió su cambio al conocer que la defensa de Gil se valdría de su imputación para anular sus actuaciones. Es jefe de Archivos.
El coronel explicó que en abril ya fue imputado, pero presentó un incidente de nulidad porque se ignoró un informe que lo libraba de culpa. El juez aceptó el incidente y se anuló esa primera imputación.
Los antecedentes
Prohibición La Ley de Organización Judicial Militar señala que ninguna persona que esté "sometida a procesamiento” puede "intervenir en la administración de justicia militar”.
Caso Gil El suboficial Johnny Gil, detenido en el Estado Mayor del Ejército, es procesado por los delitos de sedición, rebelión y motín, supuestamente cometidos cuando lideró las movilizaciones al exigir que se adecúe la Ley Orgánica de las FFAA a la Constitución Política del Estado.
Tribunales El proceso contra Gil, que se ventila en el Tribunal Permanente de Justicia Militar, pasó al Tribunal Supremo de Justicia Militar cuando se solicitó su liberación por "errores procesales”. Él lleva detenido más de cinco meses.
Abogado pide que se anulen resoluciones de autoridades procesadas
Uno de los abogados del suboficial Johnny Gil, César Rojas, presentó ayer una petición ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM) para que se anulen los actuados de la vocal Ruth Quiroga y el auditor Néstor Burgoa, quienes decidieron la detención preventiva de su defendido.
El jurista se respalda en los artículos 84 y 85 de la Ley de Organización Judicial Militar (LOJM), que señalan: "ninguna persona podrá intervenir en la administración de justicia, como presidente, vocal, auditor, fiscal militar o secretario de cámara, si tiene alguna causal de incopatibilidad o impedimento”. Uno de los impedimentos es "estar sometido a procesamiento”.
Al respecto, el presidente del TPJM, Eduardo Fernández, se limitó a responder que "el abogado puede pedir lo que quiera. Estas autoridades militares no están siendo procesadas. De todos modos el miércoles se tendrá una respuesta a esa petición”.
La defensa de Gil informó, además, que se presentará un "incidente de actividad procesal defectuosa” contra las resoluciones que dictó el ahora ex vocal de la Sala de Apelaciones y Consultas del TSJM, José Campero, quien negó en repetidas oportunidades la libertad a Gil.
"Presentaremos un incidente de actividad procesal defectuosa porque el coronel Campero fungió como vocal cuando tenía un proceso penal por la muerte de un cadete y un soldador, y las leyes militare lo prohiben”, informó Osvaldo Rojas, otro de los abogados del suboficial.
Campero sostuvo que el "impedimento” de estar sometido a "procesamiento” se refiere sólo a la jurisdicción militar. "Yo no estoy siendo procesado en la justicia militar, sino en la ordinaria, por lo que el impedimento no se aplica”.
Explicó que fue imputado en abril, "se anuló la imputación, y luego otra vez en septiembre. Las resoluciones que saqué fueron en agosto, cuando no estaba procesado. No hay nada que anular”.
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