Abogados que patrocinan a militares con procesos en el Tribunal Supremo y el Tribunal Permanente de Justicia Militar denuncian que esas dos instituciones continúan de vacaciones desde el pasado mes de diciembre de 2017, perjudicando a uniformados, que afirman, son sometidos a juicios donde no se respeta el debido proceso y se emiten fallos al margen de la Constitución Política del Estado (CPE).
De acuerdo con la información brindada en oficinas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) y el Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM), (las dos instancias de justicia castrense), desde enero sólo trabaja el personal administrativo básico.
“En el Tribunal sólo está el servicio de guardia en la puerta, el sistema judicial militar ha salido de vacación desde los primeros días del mes de diciembre (de 2017), estamos tres meses con un Tribunal Militar de vacación, podemos decir, con sorna, de que la justicia militar también está de vacaciones”, afirma Ramiro Cabrera, uno de los varios abogados que observan “con asombro cómo se maneja la justicia militar en nuestro país”.
Oswaldo Rojas, otro jurista que litiga en estrados militares, menciona que además de la retardación de justicia, en estos tribunales no se aplica la CPE.
“En la Justicia militar se comenten varias arbitrariedades judiciales y constitucionales; son innumerables. Si se hiciera una auditoría jurídica, que verifique, analice y verán que todo el procedimiento en la vía militar está fuera del marco constitucional”, asegura Rojas.
Pese a ello, los procesos continúan y Cabrera explica que los sumarios o procesos judiciales, al tener concentrados en una sola instancia a los sujetos procesales militares: Fiscalía, procesados y tribunal, los casos deberían ser expeditos y tener una duración máxima de seis meses para emitir una sentencia.
Pero esto no sucede y existen procesos que duran años sin contar con justificaciones legales.
La mayoría de los clientes de Cabrera pertenecen a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y explica que hay casos de militares que han cometido faltas graves o delitos, pero también están aquellos que han decidido abandonar las Fuerzas Armadas (FFAA) por voluntad propia y han presentado varias solicitudes para que se les otorgue la baja definitiva.
Por ley, los militares deben cumplir al menos ocho años en las FFAA en reciprocidad a los cuatro años de formación que recibieron en las Escuelas Militares, pero aún cumpliendo ese requisito, los pedidos no son atendidos.
Ante una mejor propuesta laboral o mejores condiciones para su familia, algunos uniformados toman la decisión de abandonar la institución y ahora son procesados por el delito de deserción, pero estos casos duran varios años, generando perjuicio para él y para el Estado.
"Sin embargo, hay casos en los que por más de tres años se van ventilando procesos que no avanzan (…) el año pasado hemos presentado a la Fuerza Aérea, más de 10 solicitudes de retiro voluntario, todas han sido rechazadas, vulnerando la constitución y vulnerando preceptos legales, por esa razón yo estimo que hay un mandato de la superioridad (sobre los magistrados militares) para que no se dé curso a estos pedidos vulnerando el debido proceso”, asegura Cabrera.
Otro grupo de abogados que también tiene procesos en los tribunales militares, pero prefieren no dar su nombre para evitar las represalias contra sus clientes, corroboran las denuncias de Cabrera y Rojas, y señalan que se lucha contra personas (jueces militares) que no tienen conocimiento de leyes, pues los magistrados son elegidos al azar y no por formación, así “un vocal relator militar, puede ser un pilo aviador o un capitán de fragata” en algunos casos.
Los abogados, aseguran que en alguna gestión, entre el 2011 y el 2014, los tribunales militares llegaron al extremo de funcionar apenas seis meses.
En la gestión 2015, el año judicial se inauguró el 15 de abril y clausuró la gestión el 15 de diciembre haciendo un total de ochos meses de trabajo.
