En los últimos meses se multiplicaron las denuncias contra la Fuerza Aérea Boliviana. Hay quejas de irregularidades en la adquisición de equipos, acciones fuera de la norma y contrataciones por excepción en las que está implicada una empresa con la que la FAB mantiene una estrecha relación: Servicios Aeronáuticos Especializados (SAE).
En octubre de 2015 se supo que "una empresa chilena” operaba en una base militar boliviana, dentro de un hangar del Servicio de Mantenimiento II de la FAB, en Cochabamba. Al instante, el gerente de SAE, Saúl Ruíz, y el jefe de la base militar aludida, desmintieron tales afirmaciones ante la prensa.
Sostuvieron que la empresa no es chilena, sino 100% boliviana. Reconocieron que su centro de operaciones era un hangar militar, pero aclararon que no se pagaba ningún alquiler por esto, ya que había un convenio firmado en 2013, cuando Wálter Montecinos era comandante de la FAB. Según éste, los militares recibían asistencia técnica y SAE usaba sus ambientes gratis.
No se dijo entonces que la compañía fue constituida en tres países distintos: Estados Unidos, Chile y Bolivia. De acuerdo a un documento que lleva el sello del consulado de Bolivia en Miami (EEUU), SAE USA LLC (Limited Liability Company o Sociedad de Responsabilidad Limitada) fue constituida en febrero de 2015 en el país del norte. Entre los autorizados para administrar el negocio figura Saúl Ruíz.
Una publicación del Diario Oficial de la República de Chile de febrero de 2013 señala que Ruíz constituyó SAE SpA (Sociedad por Acciones) en Santiago. Un informe de Fundempresa establece que en julio de 2009 se registró SAE SRL en Bolivia, con Ruíz como representante legal.
Una funcionaria de Fundempresa explicó que no hay ningún problema, y que una misma empresa puede constituirse en diferentes países mientras cumpla las normas de éstos.
Compras por excepción
La SAE se adjudicó a la venta de al menos ocho motores a la FAB cuando Juan Gonzalo Durán era comandante, en 2015. Los contratos se hicieron casi de forma directa, por excepción, lo cual según la Contraloría General del Estado (CGE) está fuera de norma, ya que según el Decreto Supremo 181 el único autorizado para firmar esos contratos era el Ministro de Defensa.
De los ocho motores, cuatro llegaron al país cuando aún eran propiedad de la compañía privada; pero se los desaduanizó a nombre de la FAB. Un denunciante que pidió reserva sostuvo que esto puede constituir "un delito de defraudación fiscal aduanera”.
Sin embargo, un experto en desaduanización consideró que al parecer no hubo ninguna irregularidad. "Los motores fueron internados y posteriormente trasladados a un almacén de uso aeronaútico de acuerdo al artículo 133 de la Ley General de Aduanas, que es una modalidad de internación temporal para material y equipo de uso aeronáutico. Todo parece indicar que los motores ingresaron bajo ese régimen”.
Asimismo, seis de los ocho motores adquiridos a SAE tuvieron desperfectos que fueron reportados por técnicos de la FAB para que, en algunos casos, se hagan los reclamos respectivos.
Contradicciones
Ruíz estuvo el 17 de mayo de este año en la II Brigada Aérea de Cochabamba. Asistió al acto de reincorporación de la aeronave FAB-115 a la flota de Transporte Aéreo Militar (TAM). Uno de sus motores se arruinó y el general Durán encomendó la reparación a SAE USA LLC por 890.195 dólares.
Al parecer, SAE hizo bien el trabajo, por lo que incluso invitaron al gerente al evento. Pero cuando se les consultó a los jefes militares quién reparó el motor aseguraron que fue otra empresa (GEM) y que SAE no tuvo nada que ver y ni se le pagó un centavo. Lo extraño es que el contrato lo firmaron con esta última empresa y no con GEM.
Página Siete llamó a Ruíz al menos cinco veces desde el martes hasta el viernes pasado, pero no fue posible hablar con él. Se envió correos electrónicos para solicitar una entrevista a cuatro direcciones distintas (una lo dio el empresario hace tiempo y tres figuran en la página web de SAE) desde el 18 de julio, pero hasta el 22 no hubo respuesta. Se llamó también a dos números que aparecen en el sitio web y aunque se habló con dos personas no fue posible conseguir información.
¿Contradicciones entre normas?
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que hay una contradicción entre la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA, de 1992) y el Decreto Supremo 181, de 2009. Según él, la primera norma señala que la Máxima Autoridad Administrativa (MAE) es el comandante de una fuerza, y la segunda que esta responsabilidad recae en el ministro del área.
Esto justificaría que Juan Gonzalo Durán haya firmado contratos por excepción para la adquisición de equipos, cuando esta atribución, según la Contraloría General del Estado, es competencia de la MAE.
"La LOFA establece que la MAE son los jefes de fuerza y el decreto supremo establece que la MAE es el ministro. Entonces hay un orden constitucional, primero está la ley o está el decreto, eso primero debemos resolverlo”, manifestó Ferreira el martes pasado.
Sin embargo, el artículo 22 de la LOFA señala que el Ministerio de Defensa es el "organismo político y administrativo de las FFAA”. El inciso "q” añade que es atribución del Ministro de Defensa "autorizar y fiscalizar expresamente toda importación de (...) vehículos de uso militar (tierra, aire y agua)”.
El artículo 65 de la misma norma señala cuáles son las atribuciones y responsabilidades de los comandante de cada fuerza y entre éstas no se encuentra la importación de equipos.
El inciso "g” establece como una de las atribuciones del comandante de cada fuerza "recomendar al Comando en Jefe los requerimientos para la adquisición de equipo y material bélico”.
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