El excomandante del Ejército y exviceministro de Defensa, Fernando Zeballos, fue enviado este sábado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro por la presunta comisión de tres delitos.
El exfuncionario, según la Fiscalía, firmó nueve contratos de construcción con la empresa Asociación Accidental Integración del Chaco con recursos del programa Evo Cumple y las obras nunca fueron ejecutadas.
"El Ministerio Público realizó una investigación acérrima y objetiva para que estos hechos no queden impunes", señaló el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.
Sobre los riesgos procesales, el fiscal del caso argumentó que existen elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, por lo que se solicitó la extrema medida de detención preventiva.
En la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público aseguró que existen los indicios suficientes para establecer que Zeballos es con probabilidad autor de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, y contratos lesivos al Estado, sancionados por el Código de Procedimiento Penal, conforme a la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Asimismo, el Ministerio Público detalló que el excomandante es investigado por los delitos de cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la relación de los hechos, refiere la Fiscalía, el 12 de diciembre de 2013, el Comando General del Ejército, representado por Zeballos, suscribió un contrato con la empresa constructora por más de 2 millones de bolivianos, para la ejecución en 180 días calendario del puesto militar adelantado "Gastón Velasco", ubicado en la provincia Aniceto Arce del departamento de Tarija.
El contrato establece que la ejecución del puesto militar debió iniciar el 26 de noviembre de 2014, tras el cobro de la empresa del 20% del total, como anticipo, sin embargo la constructora no se presentó en el lugar, "como consta en los informes del fiscal y supervisor de la obra".
Según el cuaderno de investigaciones, los representantes legales de la constructora de manera maliciosa y con dolo, engañaron a la entidad estatal con una serie de artimañas y sin justificar las razones ni pedir la ampliación o resolución del contrato de nueve puestos militares.
El Ministerio Público adjuntó indicios sobre una reunión en la que los "representantes de la empresa entregaron diferentes sumas de dinero a miembros del Ejército por la firma de los nueve contratos".
De todos esos antecedentes, la Fiscalía estableció que Zeballos, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva, autorizó la invitación directa a la empresa Accidental Integración del Chaco y aprobó ilegalmente el proceso de contratación por excepción.
Según la investigación, Zeballos tenía la obligación y la facultad de cancelar o suspender el proceso de contratación en base a los informes técnicos y legales presentados por las comisiones de calificación y evaluación.
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