El juez Segundo de Instrucción Anticorrupción, Alan Zárate, determinó la detención domiciliaria del excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Omar Salinas, y exdirector Administrativo y Financiero del Ejército, coronel Winston Celis, por el caso puestos militares.
En una prolongada audiencia de medidas cautelares, Zárate dispuso que ambos imputados cumplan la detención domiciliaria con dos custodios y paguen una fianza económica de 50 mil bolivianos.
Los militares fueron acusados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, que habrían cometido en la construcción irregular de nueve puestos militares adelantados.
En la audiencia, los abogados de los militares aseguraron que la aprehensión se registró de forma "ilegal" y además denunciaron que hay contradicciones y falta de fundamentación en la imputación.
Los juristas que defienden a los imputados argumentaron que no existe probabilidad de autoría en los delitos por los que sus clientes fueron acusados, además aseguraron que no hay riesgos de fuga u obstaculización. Aunque el juez Zárate al final concluyó que se debe aplicar las medidas sustitutivas anteriormente citadas.
Cuando Salinas fungía como Comandante del Ejército desembolsó recursos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple para la construcción de nueve puestos militares y otorgó un anticipo del 20% por cada puesto, totalizando Bs 3,8 millones, a la Empresa Accidental Integración del Chaco para que ejecute las obras.
Una vez iniciado la ejecución de las obras, Ernesto Ayoroa, uno de los representantes de la empresa, indicó que la constructora incumplió los contratos tras no poder continuar con las construcciones, pero los militares extrañamente no cobraron las pólizas de garantía para recuperar los recursos desembolsados ocasionando un daño económico al Estado de Bs 5,1 millones.
Además en un audio, mandado a realizar por Salinas, se puede oír al coronel Celis dirigiendo una reunión con otros dos implicados en el caso, el teniente coronel Julio Calvi y el representante de la constructora Ernesto Terán, pidiéndoles que devuelvan parte del dinero anticipado que se repartieron irregularmente.
Calvi está prófugo y Terán está recluido en la cárcel de San Pedro.
Salinas en su defensa alega que el responsable de estos hechos irregulares es el general Fernando Zeballos, excomandante del Ejército y firmante de los nueve contratos con la empresa. Zeballos está recluido preventivamente en el penal de San Pedro.
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