Militares con armamento no autorizado pueden ir a la cárcel

El hallazgo de armamento de guerra en el depósito de una vivienda de la calle Capitán Paravicini alertó a la autoridad militar de la Séptima División de Ejército quien advirtió a los uniformados, tanto del servicio activo como pasivo, que todo aquel que sea encontrado en posesión de armamento o municiones no autorizadas podría ser dado de baja y recluido en la cárcel.

El pasado miércoles 21 de enero, personal de Bomberos procedió al retiro y secuestro de 2 morteros, 6 ojivas de mortero, 8 cajas de proyectiles de arma de fuego 7.62 milímetros y un cargador de pistola, de propiedad de un mayor de Ejército, ya fallecido. El jefe de seguridad de Bomberos, Boris Trujillo, explicó que la mala manipulación y explosión de uno de los morteros podría haber provocado graves destrozos a 200 metros a la redonda.

En la ocasión, Trujillo lamentó que no se trate del único caso en que uniformados tengan en sus casas o depósitos no adecuados, este tipo de explosivos que pueden atentar contra la seguridad de su familia y la población.

Al respecto, el comandante de la Séptima División de Ejército, Omar Cordero, enfatizó en que solo el uniformado en actual servicio puede portar un arma y es el de reglamento que se les entrega cuando reciben el grado de subtenientes.

“Existe una instructiva expresa de prohibición de la tenencia de explosivos”, dijo Cordero.

Luego de entrar al servicio pasivo o ser dados de baja, éstos deben devolver su arma a la División de Ejército de su región, para que sea la Sección de Material Bélico la que certifique su devolución y posteriormente pueda gozar los beneficios de jubilación, si corresponde.

Asimismo, la esposa o familiares de un militar fallecido, deben entregar esta arma para recibir la certificación con la que podrán recibir el beneficio.

Quienes no hayan cumplido con este procedimiento, y además tengan en su poder cualquier tipo de armamento o munición serán sometidos a un proceso disciplinario, además, éste podrá determinar su remisión a la justicia ordinaria para ser sometido a un proceso penal.

Según la normativa, Cordero explica que quienes infrinjan esta disposición podrían ir a la cárcel entre 3 y 5 años como pena mínima, además de ser dados de baja.

Asimismo, de acuerdo a la investigación y los fines por los que el uniformado tenga en su poder armamento, podría juzgársele de sedición y levantamiento armado, entre otros. La autoridad instó a toda la población a informar y/o denunciar la tenencia de armas, tanto de uniformados como de cualquier otro ciudadano que no tenga autorización, aproximándose a la Séptima División de Ejército, en la avenida Ayacucho y Uruguay.