La Defensoría del Pueblo, este jueves, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los diferentes abusos cometidos dentro de la Fuerzas Armadas (FFAA), referidos a violencia, tortura, explotación a conscriptos y otras observaciones relacionadas a la legislación interna.
El pedido fue hecho por una comisión presidida por el adjunto Marco Loayza y el asesor en Asuntos Constitucionales, quienes expusieron la solicitud del defensor Rolando Villena ante esta instancia internacional representada por el comisionado José Jesús Ortega, quien en su intervención manifestó su beneplácito debido a la posición firme para plantear este tipo de temas, “lo que demuestra su independencia”.
Entre los casos presentados se encuentran los de Grover Beto Poma Guanto, Ceooly Espinal Prieto, César Daniel Carlos Loza, Freddy Rodriguez Uño, Alán Alí Álvarez Llusco, Luís Germán Steer Organivia, Jeannett Zulema Vargas Santos, muertos en los enfrentamientos de Apolo. Del mismo modo se presentaron los casos de cadetes fallecidos en la Academia Nacional de Policía, la cadete Cinthia Poma y los cadetes torturados en la Escuela Básica Policial.
En los casos expuestos se identificaron las vulneraciones al derecho a la vida, la integridad personal y la prohibición de tortura, que según el defensor Villena "aún son recurrentes al interior de las Fuerzas Armadas".
Villena, en su carta de presentación, informó al CIDH que desde hace más de un año buscó, sin éxito, acercamientos con el Alto Mando Militar para iniciar acciones conjuntas e integrales para garantizar el respeto a los derechos humanos en la entidad castrense y la investigación de los casos señalados. Asimismo gestionó la intervención del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, acción que tampoco tuvo respuesta.
"Hoy hemos acudido ante ustedes como último recurso y en mérito a nuestras atribuciones y responsabilidad, ya que entendemos que las gestiones que emprendimos, en el marco de nuestras competencias, han resultado y probablemente resultarán infructuosas porque no parece haber voluntad política para afectar los mecanismos que al interior de las Fuerzas Armadas y los centros de formación policial propician y promueven la afectación sistemática de los derechos humanos, de quienes ingresan a sus recintos para recibir formación e instrucción militar o policial", manifestó Loayza en la audiencia temática de la CIDH.
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