El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, envió una carta al comandante del Ejército, Omar Salinas, para que sanciones al comandante de la Octava División, Juan Antonio Olivera, por haber informado erróneamente sobre la compra de 80 caballos para esa fuerza.
"Mediante oficio, el ministro ha instruido al comandante del Ejército que tome los recaudos y acciones que correspondan en el marco de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y los reglamentos que rigen, para establecer sanciones por las falsedades de su contenido”, señala una carta del Ministerio de Defensa, a la que tuvo acceso Página Siete.
El fin de semana se conoció que una escuadra de soldados ingresó al Club Hípico de Santa Cruz para que acondicionen ambientes después de conocer la llegada de caballos a través de una carta que envió Olivera.
Datos incorrectos
En esa misiva, el comandante de la Octava División informa que el presidente Evo Morales adquirió los equinos, y que los mismos tienen un costo de 15 millones de dólares. Al respecto, el ministro Saavedra precisó que la compra de los equinos no fue realizada por el Primer Mandatario. Explicó que Salinas es el comandante del Ejército y el responsable del proceso de compra y contratación.
Asimismo, Saavedra señaló que el monto presupuestado para la compra de los caballos asciende a 3.220.774 bolivianos y no es de 15 millones de dólares. "Los datos falsos antes señalados motivaron a que algunos medios de comunicación los propagaran como verdades, generando críticas y acusaciones sin fundamento en contra de las autoridades del Órgano Ejecutivo”, indica la carta enviada por Saavedra al comandante del Ejército.
El ministro explicó ayer que el dinero fue utilizado en la compra de los animales y en los gastos logísticos de traslado desde Argentina hasta Bolivia.
Informó que para ese fin se cumplió con las normas básicas de contratación, las cuales establecen que para el sector Defensa la posibilidad de contratación directa de bienes y servicios es tan legal como la que se realiza por licitación. Por lo que el Ejército tomó la primera opción.
Saavedra afirmó que el Ejército cuenta con una caballería mecanizada, que va de la mano con el desarrollo tecnológico. "Cuenta con una caballería aérea, este año se reforzó con seis helicópteros de China multipropósitos; pero también está la formación integral de los cadetes del Colegio Militar es necesario contar con caballos, para los futuros oficiales del Ejército. Es por eso que se han adquirido caballos”, añadió.
El martes pasado, la autoridad de Gobierno mostró el documento base para la contratación, el mismo que está publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
Hubo contratación directa
En agosto de este año, el comandante del Ejército, Omar Salinas, realizó la contratación directa para la compra de 80 caballos destinados para operaciones tácticas, informó ayer el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
La empresa argentina que vendió los equinos es Interpampas S.A., de acuerdo con el documento de contratación enviado por el Ministerio de Defensa.
El contrato se firmó el 26 de septiembre de 2014 por la suma de 463.651 dólares (Bs 3,2 millones). Cada equino vale 5.795 bolivianos, según el documento de contratación.
El pasado fin de semana se informó que la cantidad de caballos que serían importados superaba los 140.
Luego, la llegada de los caballos y la posterior ocupación de soldados del Club Hípico de Santa Cruz generó disputas por los predios entre los directivos de la empresa privada, los vecinos del lugar y el Ejército. El ministro Saavedra aseveró que el terreno donde funciona el club hípico es de propiedad del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la Alcaldía de Santa Cruz sostiene que el lugar le pertenece y que el objetivo es construir un parque.
Friday, October 31, 2014
A un militar se le escapa un tiro; hay una herida
El arma de fuego de un militar se disparó accidentalmente ayer mientras los uniformados efectuaban el pago del bono Juancito Pinto, en un establecimiento educativo del municipio cruceño de El Torno.
La bala impactó contra el piso de cemento y una esquirla del material hirió a una mujer que acompañaba a su hijo a cobrar el beneficio, confirmó el general Juan Antonio Olivera, comandante de la Octava División del Ejército.
“A raíz de la inseguridad en esta ciudad por los atracos y asaltos, nuestro personal encargado de trasladar el dinero lo hace portando armas de fuego, para resguardar los fondos económicos”, explicó.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial y está fuera de peligro. Sin embargo, Olivera informó que se instauró un sumario informativo contra el militar que estaba al mando y contra quien disparó su arma de uso militar.
Teniente de navío dijo que lo obligaron a dirigir buque
El teniente de navío Edson Mercado, comandante del remolcador TNR-12, en cuyo naufragio murieron dos personas en la hidrovía Paraguay Paraná, pidió a dos de sus superiores que no lo colocaran al mando de la embarcación porque era la primera vez que la abordaba y no se sentía capacitado, pero igual lo obligaron a hacerlo, reveló su abogado Osvaldo Justiniano.
El profesional del Derecho reveló que la Armada sí tiene personal capacitado para comandar esta embarcación, pero esos militares trabajan para empresas privadas.
Afirmó que al momento de la notificación, Mercado se encontraba en Santa Cruz comprando repuestos e inmediatamente se comunicó con el capitán Nelson Salguero, segundo comandante de la base Tamengo, para hacerle conocer que él desconocía las cualidades y que no estaba capacitado para conducir la embarcación.
El auto final del sumario informativo de la Armada resolvió procesar a Mercado por violación del artículo 107 del Código Penal Militar. Su defensor explicó que, según esta norma, el teniente puede enfrentar cinco años de prisión /Erbol
Valoraci
Ante CIDH Denuncian casos de violencia en FFAA
La Defensoría del Pueblo, este jueves, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los diferentes abusos cometidos dentro de la Fuerzas Armadas (FFAA), referidos a violencia, tortura, explotación a conscriptos y otras observaciones relacionadas a la legislación interna.
El pedido fue hecho por una comisión presidida por el adjunto Marco Loayza y el asesor en Asuntos Constitucionales, quienes expusieron la solicitud del defensor Rolando Villena ante esta instancia internacional representada por el comisionado José Jesús Ortega, quien en su intervención manifestó su beneplácito debido a la posición firme para plantear este tipo de temas, “lo que demuestra su independencia”.
Entre los casos presentados se encuentran los de Grover Beto Poma Guanto, Ceooly Espinal Prieto, César Daniel Carlos Loza, Freddy Rodriguez Uño, Alán Alí Álvarez Llusco, Luís Germán Steer Organivia, Jeannett Zulema Vargas Santos, muertos en los enfrentamientos de Apolo. Del mismo modo se presentaron los casos de cadetes fallecidos en la Academia Nacional de Policía, la cadete Cinthia Poma y los cadetes torturados en la Escuela Básica Policial.
En los casos expuestos se identificaron las vulneraciones al derecho a la vida, la integridad personal y la prohibición de tortura, que según el defensor Villena "aún son recurrentes al interior de las Fuerzas Armadas".
Villena, en su carta de presentación, informó al CIDH que desde hace más de un año buscó, sin éxito, acercamientos con el Alto Mando Militar para iniciar acciones conjuntas e integrales para garantizar el respeto a los derechos humanos en la entidad castrense y la investigación de los casos señalados. Asimismo gestionó la intervención del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, acción que tampoco tuvo respuesta.
"Hoy hemos acudido ante ustedes como último recurso y en mérito a nuestras atribuciones y responsabilidad, ya que entendemos que las gestiones que emprendimos, en el marco de nuestras competencias, han resultado y probablemente resultarán infructuosas porque no parece haber voluntad política para afectar los mecanismos que al interior de las Fuerzas Armadas y los centros de formación policial propician y promueven la afectación sistemática de los derechos humanos, de quienes ingresan a sus recintos para recibir formación e instrucción militar o policial", manifestó Loayza en la audiencia temática de la CIDH.
El pedido fue hecho por una comisión presidida por el adjunto Marco Loayza y el asesor en Asuntos Constitucionales, quienes expusieron la solicitud del defensor Rolando Villena ante esta instancia internacional representada por el comisionado José Jesús Ortega, quien en su intervención manifestó su beneplácito debido a la posición firme para plantear este tipo de temas, “lo que demuestra su independencia”.
Entre los casos presentados se encuentran los de Grover Beto Poma Guanto, Ceooly Espinal Prieto, César Daniel Carlos Loza, Freddy Rodriguez Uño, Alán Alí Álvarez Llusco, Luís Germán Steer Organivia, Jeannett Zulema Vargas Santos, muertos en los enfrentamientos de Apolo. Del mismo modo se presentaron los casos de cadetes fallecidos en la Academia Nacional de Policía, la cadete Cinthia Poma y los cadetes torturados en la Escuela Básica Policial.
En los casos expuestos se identificaron las vulneraciones al derecho a la vida, la integridad personal y la prohibición de tortura, que según el defensor Villena "aún son recurrentes al interior de las Fuerzas Armadas".
Villena, en su carta de presentación, informó al CIDH que desde hace más de un año buscó, sin éxito, acercamientos con el Alto Mando Militar para iniciar acciones conjuntas e integrales para garantizar el respeto a los derechos humanos en la entidad castrense y la investigación de los casos señalados. Asimismo gestionó la intervención del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, acción que tampoco tuvo respuesta.
"Hoy hemos acudido ante ustedes como último recurso y en mérito a nuestras atribuciones y responsabilidad, ya que entendemos que las gestiones que emprendimos, en el marco de nuestras competencias, han resultado y probablemente resultarán infructuosas porque no parece haber voluntad política para afectar los mecanismos que al interior de las Fuerzas Armadas y los centros de formación policial propician y promueven la afectación sistemática de los derechos humanos, de quienes ingresan a sus recintos para recibir formación e instrucción militar o policial", manifestó Loayza en la audiencia temática de la CIDH.
Caso Barcaza TNR-12 Culpan a subalternos por naufragio
Con la presentación de un recurso de nulidad, Pablo Justiniano, abogado del teniente de fragata, Edson Mercado, rechazó el “Auto Final 43/2014”, emitido por el comandante de la Armada Boliviana, vicealmirante Gonzalo Alcón, en el que se estipula el procesamiento de cinco subalternos por el hundimiento, en el río Paraguay, de la embarcación TNR-12, a pesar de que en el mismo se señala que “no se conoce las causas que provocaron el hundimiento del delito” y además no se toma en cuenta el grado de responsabilidad que tuvieron los altos mandos.
El pasado 23 de septiembre, cerca de las 08.10 la nave (remolcador) con placa TNR-12, que transportaba a bordo seis tripulantes y 21 pasajeros y formaba parte de otras cinco unidades de superficie que navegaban en un viaje de instrucción por la Hidrovía Paraguay-Paraná hacia el puerto de Asunción (Paraguay) naufragó en el kilómetro 1.347, en territorio brasileño.
A 24 horas del incidente, buzos brasileños rescataron, del interior de sus camarotes, los cuerpos sin vida de la periodista Liliam Ortega y del cadete de último año, Jesús Rubén Quispe Churata.
La pasada semana, el juez sumariante a cargo de la investigación remitió el informe correspondiente al comandante Alcón, quien luego elaboró el Auto Final 43/2014.
“Este informe responsabiliza a cinco personas, pero de los rangos más bajos, y donde están las determinaciones del comandante de distrito en Puerto Quijarro, (de apellido Telehache) y de su jefe de Estado Mayor (Javier Ayllón), que fue quien hizo y deshizo en este viaje”, afirmó Justiniano.
Mediante este auto final, que instruye el procesamiento, “sin conocer las verdaderas causas del hundimiento”, de cinco subalternos, el abogado Justiniano afirma que se obvia la responsabilidad del comandante Alcón y su Estado Mayor, quienes en última instancia, organizaron y autorizaron que la nave TNR-12, al 60 por ciento de su capacidad de funcionamiento, realice el viaje y fuera tripulada por el doble de pasajeros autorizados.
El pasado 23 de septiembre, cerca de las 08.10 la nave (remolcador) con placa TNR-12, que transportaba a bordo seis tripulantes y 21 pasajeros y formaba parte de otras cinco unidades de superficie que navegaban en un viaje de instrucción por la Hidrovía Paraguay-Paraná hacia el puerto de Asunción (Paraguay) naufragó en el kilómetro 1.347, en territorio brasileño.
A 24 horas del incidente, buzos brasileños rescataron, del interior de sus camarotes, los cuerpos sin vida de la periodista Liliam Ortega y del cadete de último año, Jesús Rubén Quispe Churata.
La pasada semana, el juez sumariante a cargo de la investigación remitió el informe correspondiente al comandante Alcón, quien luego elaboró el Auto Final 43/2014.
“Este informe responsabiliza a cinco personas, pero de los rangos más bajos, y donde están las determinaciones del comandante de distrito en Puerto Quijarro, (de apellido Telehache) y de su jefe de Estado Mayor (Javier Ayllón), que fue quien hizo y deshizo en este viaje”, afirmó Justiniano.
Mediante este auto final, que instruye el procesamiento, “sin conocer las verdaderas causas del hundimiento”, de cinco subalternos, el abogado Justiniano afirma que se obvia la responsabilidad del comandante Alcón y su Estado Mayor, quienes en última instancia, organizaron y autorizaron que la nave TNR-12, al 60 por ciento de su capacidad de funcionamiento, realice el viaje y fuera tripulada por el doble de pasajeros autorizados.
Thursday, October 30, 2014
Alcaldía y FFAA analizan sus papeles del predio del hípico
Luego de cuatro horas de negociaciones los representantes de la Alcaldía y de las Fuerzas Armadas decretaron un cuarto intermedio de 15 días para verificar la documentación y establecer si es la comuna o el Ministerio de Defensa el verdadero propietario de los terrenos que actualmente ocupa el Club Hípico Santa Cruz, el cual ha terminado su contrato de usufructo y debe abandonar en dos semanas el predio en el que se tiene contemplada la construcción de un parque urbano para el distrito 4.
A las 20:10 se dio lectura al acta de entendimiento entre ambas instituciones que deben volver a sentarse a negociar a mediados de noviembre, con lo que se daba luz verde para que depongan actitudes casi beligerantes los vecinos, que desde el lunes estaban asentados en la entrada principal del club, y los uniformados que, con más de un centenar, ocupaban desde el viernes por la noche parte de las caballerizas.
Paralelamente a la lectura de este acuerdo, el directorio del Club Hípico, reunido en el restaurante La Bella Nápoli, mediante su representante legal, Fernando Galindo, protestó dando a conocer su desacuerdo con la negociación de la que no fue partícipe pese a tener en custodia el terreno disputado y de sostener un juicio con la municipalidad.
Los puntos acordados
El encuentro entre los funcionarios municipales y del Ministerio de Defensa, incluidos los militares de la Octava División del Ejército, se inició a las 16:00, prolongándose hasta las 20:00 luego de ver la documentación que posee ambas partes, descubriéndose que los dos tienen debidamente registrada la propiedad en Derechos Reales, lo cual motivó la programación un nuevo encuentro el 15 de noviembre para evaluar los informes legales.
De igual manera concluyeron que la custodia del terreno estará a cargo de ambas instituciones para lo cual destinarán cuatro policías militares y cuatro gendarmes para prohibir el ingreso de personas particulares, incluyendo los socios del hípico, pero permitiendo la entrada de los veterinarios y del personal encargado de alimentar a los caballos y asear los establos, para ello serán registrados en libros.
Asimismo, han conminado al Club Hípico a que abandone el terreno, puesto que el contrato de usufructo ha llegado a su término, debiendo desalojar en 15 días calendario sus animales, insumos y muebles, bajo constancia en acta notariada.
Reacción del club
El directorio del Club Hípico dio dos razones para objetar el acuerdo entre las dos instituciones públicas; el primero es porque se halla en un proceso judicial con el municipio, el cual está obligado por un mandato judicial a pagar una indemnización de $us 1.250.000 por las actuales instalaciones y sus mejoras.
El segundo punto en discordia es porque debe ser un juez competente el que dilucide si deben abandonar o no el predio, pues “tanto las FFAA como la Alcaldía no pueden hacer justicia por mano propia, porque no están respetando los derechos constitucionales de las personas privadas”, manifestó Galindo.
La secretaria de Parques y Jardines, Angélica Sosa, informó que de acuerdo a lo expuesto en la reunión gran parte de la infraestructura de la que goza el hípico fue construida con dinero del Estado con motivo de los Juegos Deportivos Bolivarianos de 1993.
Vecinos en emergencia
Media hora después de concluida la negociación los vecinos, que se hallaban en vigilia desde el lunes, fueron anoticiados y abandonaron el lugar, pero prometiendo que contarán las horas hasta que concluya el plazo de 15 días porque no quieren tener al Club Hípico. De igual manera, se retiró en dos camiones el centenar de militares que estaba en vigilia.
“Estos terrenos son municipales y se garantiza la construcción del parque urbano del D-4, pues estará el presupuesto en el POA 2015”, dijo el concejal Rómel Pórcel.
Por último, la dirigente vecinal Andrea Vargas indicó que seguirán en emergencia hasta que no quede ningún equino en las caballerizas
A las 20:10 se dio lectura al acta de entendimiento entre ambas instituciones que deben volver a sentarse a negociar a mediados de noviembre, con lo que se daba luz verde para que depongan actitudes casi beligerantes los vecinos, que desde el lunes estaban asentados en la entrada principal del club, y los uniformados que, con más de un centenar, ocupaban desde el viernes por la noche parte de las caballerizas.
Paralelamente a la lectura de este acuerdo, el directorio del Club Hípico, reunido en el restaurante La Bella Nápoli, mediante su representante legal, Fernando Galindo, protestó dando a conocer su desacuerdo con la negociación de la que no fue partícipe pese a tener en custodia el terreno disputado y de sostener un juicio con la municipalidad.
Los puntos acordados
El encuentro entre los funcionarios municipales y del Ministerio de Defensa, incluidos los militares de la Octava División del Ejército, se inició a las 16:00, prolongándose hasta las 20:00 luego de ver la documentación que posee ambas partes, descubriéndose que los dos tienen debidamente registrada la propiedad en Derechos Reales, lo cual motivó la programación un nuevo encuentro el 15 de noviembre para evaluar los informes legales.
De igual manera concluyeron que la custodia del terreno estará a cargo de ambas instituciones para lo cual destinarán cuatro policías militares y cuatro gendarmes para prohibir el ingreso de personas particulares, incluyendo los socios del hípico, pero permitiendo la entrada de los veterinarios y del personal encargado de alimentar a los caballos y asear los establos, para ello serán registrados en libros.
Asimismo, han conminado al Club Hípico a que abandone el terreno, puesto que el contrato de usufructo ha llegado a su término, debiendo desalojar en 15 días calendario sus animales, insumos y muebles, bajo constancia en acta notariada.
Reacción del club
El directorio del Club Hípico dio dos razones para objetar el acuerdo entre las dos instituciones públicas; el primero es porque se halla en un proceso judicial con el municipio, el cual está obligado por un mandato judicial a pagar una indemnización de $us 1.250.000 por las actuales instalaciones y sus mejoras.
El segundo punto en discordia es porque debe ser un juez competente el que dilucide si deben abandonar o no el predio, pues “tanto las FFAA como la Alcaldía no pueden hacer justicia por mano propia, porque no están respetando los derechos constitucionales de las personas privadas”, manifestó Galindo.
La secretaria de Parques y Jardines, Angélica Sosa, informó que de acuerdo a lo expuesto en la reunión gran parte de la infraestructura de la que goza el hípico fue construida con dinero del Estado con motivo de los Juegos Deportivos Bolivarianos de 1993.
Vecinos en emergencia
Media hora después de concluida la negociación los vecinos, que se hallaban en vigilia desde el lunes, fueron anoticiados y abandonaron el lugar, pero prometiendo que contarán las horas hasta que concluya el plazo de 15 días porque no quieren tener al Club Hípico. De igual manera, se retiró en dos camiones el centenar de militares que estaba en vigilia.
“Estos terrenos son municipales y se garantiza la construcción del parque urbano del D-4, pues estará el presupuesto en el POA 2015”, dijo el concejal Rómel Pórcel.
Por último, la dirigente vecinal Andrea Vargas indicó que seguirán en emergencia hasta que no quede ningún equino en las caballerizas
Dos accidentes dejan siete militares heridos
Siete efectivos militares resultaron heridos como consecuencia de dos accidentes de tránsito cuando se trasladaban a efectuar el pago del Bono Juancito Pinto.
PRIMER CASO
El coronel Juan Carlos Miranda, director del Organismo Operativo de Tránsito (OOT), reportó que el primer caso fue protagonizado por una camioneta con placa de control 1770-KNR que trasladaba a cinco funcionarios militares la cual sufrió un vuelco de costado a dos kilómetros de la comunidad de Nazacara.
La autoridad dio a conocer que el accidente ocurrió en el momento en que el vehículo se encontraba en carretera con la finalidad de llegar a la mencionada localidad para hacer la entrega del bono Juancito Pinto.
Entre la nómina de los heridos se encuentran el teniente Oscar Tarqui Quispe, Javier Tintaya de 36 años, Emil Gutiérrez de 18, Juan Tarqui de 18 y el conductor Edwin Escobar, todos ellos fueron trasladados al hospital militar de Cosmil, con diagnóstico en observación.
“Por el momento, se desconoce cuáles serían las razones por las que este vehículo protagonizó el accidente de tránsito, sin embargo no se descarta que una de las causas posibles sea exceso de velocidad, quedando en la actualidad en investigación”, explicó la autoridad policial.
SEGUNDO ACCIDENTE
Un segundo accidente atendido por el OOT se dio en la carretera a Charaña, a la altura de la comunidad Puente Berenjena en la provincia Pacajes, donde el conductor identificado como Ademar Casas Martínez, de 27 años de edad, en el examen de alcoholemia resultó sobrio.
El hecho protagonizado por la camioneta con placa de control 2442-ZUX, también es dependiente del Ejercito y dejó como saldo dos personas heridas, las mismas fueron trasladadas al hospital militar Cosmil en la ciudad de La Paz. Se identificó como una de las personas heridas a Bladimir Cahuaya Vino.
En el primer accidente de tránsito, los funcionarios policiales corresponden al regimiento Max Toledo de Viacha y el segundo accidente ocurrido en la tarde corresponde a funcionarios del regimiento Tarapaca de Corocoro, que también estaban con destino a la cancelación del Bono Juancito Pinto.
CHACHAPUMA
Por otra parte, el director Nacional de Tránsito, Placido Arroyo, dio a conocer que como una de las actividades primordiales que realiza la entidad policial se tiene al plan Chachapuma que es llevado adelante en carreteras interprovinciales y departamentales con la finalidad de evitar accidentes de tránsito como consecuencia de diferentes viajes que realicen las familias por el feriado de Todos Santos.
Las unidades policiales salieron ayer a efectuar los controles correspondientes para determinar en las condiciones en las que se encuentran los conductores y buses de servicio público.
“Es un trabajo sostenible a nivel nacional a cargo de los directores departamentales que deben realizar sus controles, no sólo por la temporada del feriado santo denominado Evolución General Vías Seguras, la misma que se unifica al plan definido por parte del Comando General”, explicó la autoridad policial.
Al momento las carreteras se encuentran expeditas y no registran ninguna dificultad en temporada seca.
PRIMER CASO
El coronel Juan Carlos Miranda, director del Organismo Operativo de Tránsito (OOT), reportó que el primer caso fue protagonizado por una camioneta con placa de control 1770-KNR que trasladaba a cinco funcionarios militares la cual sufrió un vuelco de costado a dos kilómetros de la comunidad de Nazacara.
La autoridad dio a conocer que el accidente ocurrió en el momento en que el vehículo se encontraba en carretera con la finalidad de llegar a la mencionada localidad para hacer la entrega del bono Juancito Pinto.
Entre la nómina de los heridos se encuentran el teniente Oscar Tarqui Quispe, Javier Tintaya de 36 años, Emil Gutiérrez de 18, Juan Tarqui de 18 y el conductor Edwin Escobar, todos ellos fueron trasladados al hospital militar de Cosmil, con diagnóstico en observación.
“Por el momento, se desconoce cuáles serían las razones por las que este vehículo protagonizó el accidente de tránsito, sin embargo no se descarta que una de las causas posibles sea exceso de velocidad, quedando en la actualidad en investigación”, explicó la autoridad policial.
SEGUNDO ACCIDENTE
Un segundo accidente atendido por el OOT se dio en la carretera a Charaña, a la altura de la comunidad Puente Berenjena en la provincia Pacajes, donde el conductor identificado como Ademar Casas Martínez, de 27 años de edad, en el examen de alcoholemia resultó sobrio.
El hecho protagonizado por la camioneta con placa de control 2442-ZUX, también es dependiente del Ejercito y dejó como saldo dos personas heridas, las mismas fueron trasladadas al hospital militar Cosmil en la ciudad de La Paz. Se identificó como una de las personas heridas a Bladimir Cahuaya Vino.
En el primer accidente de tránsito, los funcionarios policiales corresponden al regimiento Max Toledo de Viacha y el segundo accidente ocurrido en la tarde corresponde a funcionarios del regimiento Tarapaca de Corocoro, que también estaban con destino a la cancelación del Bono Juancito Pinto.
CHACHAPUMA
Por otra parte, el director Nacional de Tránsito, Placido Arroyo, dio a conocer que como una de las actividades primordiales que realiza la entidad policial se tiene al plan Chachapuma que es llevado adelante en carreteras interprovinciales y departamentales con la finalidad de evitar accidentes de tránsito como consecuencia de diferentes viajes que realicen las familias por el feriado de Todos Santos.
Las unidades policiales salieron ayer a efectuar los controles correspondientes para determinar en las condiciones en las que se encuentran los conductores y buses de servicio público.
“Es un trabajo sostenible a nivel nacional a cargo de los directores departamentales que deben realizar sus controles, no sólo por la temporada del feriado santo denominado Evolución General Vías Seguras, la misma que se unifica al plan definido por parte del Comando General”, explicó la autoridad policial.
Al momento las carreteras se encuentran expeditas y no registran ninguna dificultad en temporada seca.
Wednesday, October 29, 2014
El capitán del buque hundido conoció la nave dos días antes
Según el informe sumario de la Armada Boliviana, al que tuvo acceso La Razón, el capitán del buque TNR-12 que naufragó en la hidrovía Paraguay-Paraná, Edson Mercado Ortiz, conoció la nave solo dos días antes de iniciar el viaje en el que, en un accidente, murieron dos personas.
El hundimiento se dio el 23 de septiembre, cuando la nave siniestrada era una de las cinco utilizadas en una travesía de instrucción de la Escuela Naval Militar entre Puerto Quijarro (Bolivia) y Asunción (Paraguay). En este accidente fallecieron la periodista Liliam Ortega y el subrigadier Jesús Quispe, cuyos cuerpos fueron encontrados 24 horas después del siniestro.
El informe en conclusiones sostiene que “de acuerdo con la declaración del TN.CGON Edson Harold Mercado Ortiz éste desconocía las características del TNR-12 porque no se encontraba a su cargo dicha lancha antes de esta operación, y que la organización final para la travesía habría sido publicada en el Tablero de Órdenes de la Base Naval (Tamengo) el 20 de septiembre, o sea dos días antes”.
Procedimiento. Mercado, según el informe, aclaró que por información básica en datos que tiene Tamengo, este artefacto naval que se hundió podía transportar entre 12 y 15 toneladas (t) de carga, y esta navegación llevaba 10,6 t, básicamente compuesta por 9.300 litros (l) de diésel, 800 l de lubricantes y 500 l de agua potable.
El jefe militar encargado de la embarcación siniestrada, en sus declaraciones informativas ante el juez sumariante C. Almte. Marco Arenas, aseguró que a él le entregaron el TNR-12 ya cargado y sin la posibilidad de verificar la “estanqueidad” de la chata, esto debido a que los ingresos a los “purones” estaban obstruidos por la carga.
En el trabajo investigativo también se identificó otra anomalía. “De acuerdo con la declaración del C/4 Franz Reynaldo Chávez Cruz no realizaron ninguna instrucción de zafarrancho (preparación de una embarcación para afrontar una acción), pero el TN Mercado les había explicado que durante la navegación se efectuarían diferentes tipos de zafarrancho”, se lee en el documento.
Entre otras irregularidades, el alférez CGON Jhonathan Franklin Calcina, segundo comandante del buque hundido, informó que un cadete le comunicó el día del accidente que estaba entrando agua a la proa, motivo por el cual fue al lugar y verificó que la chata estaba hundida en el 40%, por lo que inmediatamente ordenó al timonel que ponga “máquinas en neutro” para que no se hunda más la nave. Luego refirió que se trató de soltar los cables de acero que sujetaban a la chata, pero que no se pudo porque el seguro del guinche estaba trabado. En este caso debió utilizarse una soga especial, para poder cortarla, explicó un especialista.
Esta pericia corroboró que el buque se hundió de forma abrupta, en cuatro minutos, después de que la chata naufragara, como informó este diario el 25 de septiembre. También confirmó que la chata se sumergió con al menos 4.000 litros de diésel, además de lubricantes, y agua potable.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, señaló que el Comando de la Armada Boliviana aún no emitió un dictamen por la División Jurídica de la instancia castrense y que el plazo de cuatro días ya feneció. “El dictamen establecerá la responsabilidad que se estuviera identificando, la normativa que se aplicará a esa responsabilidad y cuál será el camino a seguir (...). Todavía no se llegó a la fase de abrir proceso en contra de los responsables y será a partir de la fase sumarial”, agregó.
No hubo orden de transbordo
Datos
El informe pericial de la Armada Boliviana también indica que, según uno de los tripulantes, es extraño que en los cuatro minutos que tardó de hundirse el buque, ningún militar ordenó el traspaso de los pasajeros a otro bote.
Familia de periodista rechaza informe
La familia de la periodista Liliam Ortega, fallecida en el buque de la Armada que naufragó cerca del Fuerte Coímbra (Brasil), rechazó el sumario informativo que investigó el hundimiento, ya que las autoridades militares deslindan responsabilidades del accidente.
En el accidente también murió el subrigadier Jesús Quispe, quien estaba en su camarote descansando luego de realizar guardia toda la noche anterior al 23 de septiembre, día del siniestro.
“Lo que se indica (el informe) es una gran mentira y la periodista que declaró eso no es verdad, porque ella (Liliam) tenía una gran responsabilidad que era su hija, no le iba a dejar así. Además, todos los tripulantes dijeron en su momento que no hubo tiempo para hacer algo, lo que demuestra que es una falsedad total”, reclamó Liliam de Ortega, madre de la comunicadora que dejó a una niña en la orfandad.
Agregó que su familia recién sale del shock por la pérdida de Liliam y empieza a emprender con algunas actividades. Advirtió que la Fuerza Naval debe dar lo que corresponde por una indemnización, que ayudará a su nieta.
El informe indica que Liliam, fue advertida por su colega del riesgo que existía en el buque y, a pesar de ello, ésta siguió en su camarote manipulando su computadora personal. “La verdad histórica de los hechos y según la declaración de la señorita Claudia Alejandra Pardo Moya, reportera periodista de Bolivia Tv, ésta alertó sobre la situación a la licenciada Liliam Eddme Ortega Soto, minutos antes del naufragio, pero ella escuchó y continuó trabajando en su laptop y no salió de su camarote”, se lee en el sumario informativo.
Al respecto, la madre de la víctima aseguró que la periodista era una persona que no le importaba lo material y apreciaba la vida junto a su familia y su hija.
Tensión en el hípico y el Gobierno se mete en el lío
Las refriegas por la posesión de los terrenos del Club Hípico avivaron la tensión cuando ayer un grupo de vecinas obligó a retirarse a seis soldados de la Policía Militar que desde el viernes se habían posesionado en las caballerizas.
Desde La Paz, el Ministerio de Defensa avaló a la Octava División del Ejército de que el predio de 37 hectáreas es del Estado desde 1947, cuando la Alcaldía se lo cedió a perpetuidad.
La vigilia de los vecinos continuará hasta lograr que desocupen las instalaciones tanto el Club Hípico como los militares, pues la promesa hecha por la Alcaldía fue ratificada anoche por la secretaria de Parques y Jardines, Angélica Sosa, de que en los terrenos se construirá un parque urbano.
Refuerzos
Inmediatamente después de la expulsión de la escuadra castrense llegaron más refuerzos bien pertrechados, unos 120 hombres, ante los rumores de que la Gendarmería se posesionaría en el predio.
Al mediodía el directorio del club, encabezado por Ruby Sanjinés, dio a conocer un comunicado en el que reconoce el derecho propietario de la Alcaldía que se lo dio en usufructo, el cual ya está vencido y que para abandonarlo se ventila un juicio para que le reconozca las mejoras, declarándose, a la vez, en estado de indefensión ante la aparición de las FFAA.
Documentación
El lunes, el concejal Rómel Pórcel mostró un certificado de inscripción del terreno en Derechos Reales a nombre de la Alcaldía que ayer fue ratificado por el secretario jurídico José Negrete.
A su turno, en La Paz el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, recordó que la documentación que respalda la posesión de 37 hectáreas data de 1947. “Las FFAA podrán utilizar esos predios justificando qué uso le van a dar”, anotó.
El comandante de la Octava División, Juan Antonio Olivera, junto con sus asesores jurídicos e históricos, mostró ayer el testimonio de la cesión de 368.381 metros cuadrados y un plano de la década del 40, cuando el alcalde era Carlos Ibáñez
Desde La Paz, el Ministerio de Defensa avaló a la Octava División del Ejército de que el predio de 37 hectáreas es del Estado desde 1947, cuando la Alcaldía se lo cedió a perpetuidad.
La vigilia de los vecinos continuará hasta lograr que desocupen las instalaciones tanto el Club Hípico como los militares, pues la promesa hecha por la Alcaldía fue ratificada anoche por la secretaria de Parques y Jardines, Angélica Sosa, de que en los terrenos se construirá un parque urbano.
Refuerzos
Inmediatamente después de la expulsión de la escuadra castrense llegaron más refuerzos bien pertrechados, unos 120 hombres, ante los rumores de que la Gendarmería se posesionaría en el predio.
Al mediodía el directorio del club, encabezado por Ruby Sanjinés, dio a conocer un comunicado en el que reconoce el derecho propietario de la Alcaldía que se lo dio en usufructo, el cual ya está vencido y que para abandonarlo se ventila un juicio para que le reconozca las mejoras, declarándose, a la vez, en estado de indefensión ante la aparición de las FFAA.
Documentación
El lunes, el concejal Rómel Pórcel mostró un certificado de inscripción del terreno en Derechos Reales a nombre de la Alcaldía que ayer fue ratificado por el secretario jurídico José Negrete.
A su turno, en La Paz el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, recordó que la documentación que respalda la posesión de 37 hectáreas data de 1947. “Las FFAA podrán utilizar esos predios justificando qué uso le van a dar”, anotó.
El comandante de la Octava División, Juan Antonio Olivera, junto con sus asesores jurídicos e históricos, mostró ayer el testimonio de la cesión de 368.381 metros cuadrados y un plano de la década del 40, cuando el alcalde era Carlos Ibáñez
Gobierno dice que compra 80 caballos con Bs 3,2 millones
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó ayer que la compra de 80 caballos tiene un costo de 3,2 millones de bolivianos y no así 15 millones de dólares como anticipó el sábado el comandante de la Octava División de Ejército, general Juan Antonio Olivera, a través de una carta dirigida al Club Hípico de Santa Cruz.
Olivera informó el sábado, según reporte del diario El Deber, acerca de la llegada de 150 a 200 caballos y que el monto asciende a 15 millones de dólares. "En la gestión 2013 se ha hecho un desembolso al Comando General del Ejército a requerimiento de esa fuerza para la adquisición de caballos especialmente para las unidades de Caballería. En este sentido se ha hecho el desembolso de 3.220.774 bolivianos”, dijo Saavedra ayer a los periodistas.
En esa línea aseguró que "bajo ninguna circunstancia” se asignó un presupuesto mayor a esa cifra, como aparece en los medios de comunicación. "En esa publicación se menciona 15 millones de dólares: eso es totalmente falso, está fuera de la realidad”, respaldó. Subrayó que la compra de caballos para el Ejército se realiza después de al menos 20 años, reporta la estatal ABI. Saavedra mostró el extracto del desembolso a favor del Ejército que confirma la entrega del dinero para la adquisición de 80 caballos. Es decir, que cada animal costó a Bolivia más de 40.000 bolivianos. Indicó que los caballos vienen de Argentina y están a punto de llegar al país. Dice que se cumplió con los procedimientos de raza, calidad y otros.
La nota de Olivera al Club tiene el objetivo de informar que una unidad del Ejército entraría a sus predios para acondicionarlos para la llegada de los caballos. Sin embargo, vecinos se oponen al ingreso militar porque consideran a esa zona como área verde. Al respecto, el titular de Defensa afirmó que el municipio cruceño concedió al Ministerio de Defensa las 40 hectáreas en las que se estableció el Club Hípico y aseguró que existe un registro de propiedad inscrito en Derechos Reales.
"Es un predio que desde 1947 es de propiedad del Ministerio de Defensa y, por tanto, las Fuerzas Armadas podrían utilizarlo justificando qué uso le van a dar”, señaló el ministro, según la agencia estatal ABI.
Olivera informó el sábado, según reporte del diario El Deber, acerca de la llegada de 150 a 200 caballos y que el monto asciende a 15 millones de dólares. "En la gestión 2013 se ha hecho un desembolso al Comando General del Ejército a requerimiento de esa fuerza para la adquisición de caballos especialmente para las unidades de Caballería. En este sentido se ha hecho el desembolso de 3.220.774 bolivianos”, dijo Saavedra ayer a los periodistas.
En esa línea aseguró que "bajo ninguna circunstancia” se asignó un presupuesto mayor a esa cifra, como aparece en los medios de comunicación. "En esa publicación se menciona 15 millones de dólares: eso es totalmente falso, está fuera de la realidad”, respaldó. Subrayó que la compra de caballos para el Ejército se realiza después de al menos 20 años, reporta la estatal ABI. Saavedra mostró el extracto del desembolso a favor del Ejército que confirma la entrega del dinero para la adquisición de 80 caballos. Es decir, que cada animal costó a Bolivia más de 40.000 bolivianos. Indicó que los caballos vienen de Argentina y están a punto de llegar al país. Dice que se cumplió con los procedimientos de raza, calidad y otros.
La nota de Olivera al Club tiene el objetivo de informar que una unidad del Ejército entraría a sus predios para acondicionarlos para la llegada de los caballos. Sin embargo, vecinos se oponen al ingreso militar porque consideran a esa zona como área verde. Al respecto, el titular de Defensa afirmó que el municipio cruceño concedió al Ministerio de Defensa las 40 hectáreas en las que se estableció el Club Hípico y aseguró que existe un registro de propiedad inscrito en Derechos Reales.
"Es un predio que desde 1947 es de propiedad del Ministerio de Defensa y, por tanto, las Fuerzas Armadas podrían utilizarlo justificando qué uso le van a dar”, señaló el ministro, según la agencia estatal ABI.
Tuesday, October 28, 2014
Hallan cinco responsables del hundimiento de un buque
El juez sumariante de la Armada Boliviana encontró que en el hundimiento de un buque ocurrido en la hidrovía Paraguay-Paraná, en septiembre, hubo fallas humanas, y que cinco oficiales “no cumplieron” con sus obligaciones, según el informe de conclusiones. El documento señala también que la periodista Liliam Eddme Ortega Soto, una de las dos víctimas mortales del accidente naval, fue advertida del riesgo y que ésta siguió en su camarote manipulando su laptop.
El texto no establece ninguna sanción en contra de los responsables, sin embargo, aconseja que se proceda con forme a las normas. El 24 de septiembre, aproximadamente a las 08.00, un buque de la Armada Boliviana, que realizaba un viaje de práctica por la hidrovía Paraguay-Paraná, se hundió luego de que las olas causadas por otra embarcación anegaran la chata, que arrastraba el buque.
La chata, que transportaba combustible y agua principalmente, se precipitó dentro del agua y jaló al buque, al cual estaba sujetado. Del total de los viajeros, 31 personas, dos fallecieron ahogadas: la periodista y el suboficial Jesús Quispe Churata. El resto logró escapar al naufragio de la embarcación nacional.
Humano. “El hundimiento de la TNR-12 (el nombre del buque) fue ocasionado por el hundimiento de la chata (factor técnico ajeno a la TNR-12) y de un error operativo y de evaluación de la situación (factor humano) (sic)”, señala la conclusión 12 del informe rubricado por: C. Almte. Marco Aurelio Arenas, quien encabezó las investigaciones. En otros acápites, señala que cinco oficiales “no cumplieron” con sus funciones establecidas durante ese viaje.
Por ejemplo, “el TN. CGON Edson Harold Mercado Ortiz, Comandante de la TNR-12, desde su inicio no cumplió con sus obligaciones de resguardar la seguridad de la embarcación a su cargo, como asimismo no instruyó ni impartió planes de contingencia (zafarranchos), asimismo durante el siniestro no asumió el mando de la embarcación conforme era su obligación, menos instruir el inmediato abandono de la embarcación para salvaguardar la vida de las personas embarcadas (sic)”, detalla la conclusión 5. También apunta a otros cuatro oficiales, como personas que no cumplieron con sus funciones.
Respecto a la periodista que se ahogó, el documento asegura que una colega suya le advirtió del peligro y que sin embargo ésta permaneció en su camarote: “la verdad histórica de los hechos y según la declaración de la Srta. Claudia Alejandra Pardo Moya, reportera periodista de Bolivia TV, ésta alertó sobre la situación a la Lic. Liliam Eddme Ortega Soto, minutos antes del naufragio, pero ella escuchó y continuó trabajando en su laptop y no salió de su camarote (sic)”.
El documento no determina penas o castigos por las responsabilidades en el naufragio del buque, pero recomienda aplicar las leyes: “Este juzgado militar sumariante, en cumplimiento al Art. 103 del Código de Procedimiento Penal Militar, tiene a bien elevar el presente sumario militar, a objeto de que se disponga lo que en derecho corresponda”.
El texto también apunta que la chata no fue recuperada y por lo tanto no se pudo hacer ninguna evaluación técnica de este remolque, que estaba cargado con diez toneladas, para saber por qué se hundió con el oleaje provocado por una embarcación.
Hubo dos víctimas mortales
Falla
El 24 de septiembre, un buque de la Armada Boliviana que llevaba 31 personas se hundió en la hidrovía Paraguay- Paraná. Dos personas fallecieron: la periodista Liliam Ortega Soto y el suboficial Jesús Quispe Churata.
IXIV ANIVERSARIO DE ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA
Con una solemne ceremonia fue conmemorado el 64 aniversario de la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica Cochabamba “Mariscal Antonio José de Sucre” (EMI) Participaron del acto jefes militares, oficiales, docentes y estudiantes de dicha casa de estudios superiores. El acto fue celebrado en el patio de honor de la Escuela de Aplicación de Armas y Tecnológica del Ejército “Mariscal José Ballivián”.
1 /// Hugo Méndez recibe una distinción de parte del Cnl. Guido Urbina 2 /// Ramiro Torrico, Freddy Reynolds y Osmar Urzagaste 3 /// Autoridades militares y universitarias 4 /// Oscar Sanabria, Jorge Martínez, Saúl Gómez, Alfonso Vía Reque, Hernán Silva y José Tellería 5 /// Oscar Sejas, Nathaly Torrico, Gustavo Velasco, Christian Iriarte y Andrea Soria 6 /// Carlos García, Omar Rosas, Federico Andia, David Terrazas y José Camacho 7 /// César Morales, Benjamín Maldonado, Carlos Rocha, Ronald Pozo, Diego Gauchilla y Saúl Quisbert.
1 /// Hugo Méndez recibe una distinción de parte del Cnl. Guido Urbina 2 /// Ramiro Torrico, Freddy Reynolds y Osmar Urzagaste 3 /// Autoridades militares y universitarias 4 /// Oscar Sanabria, Jorge Martínez, Saúl Gómez, Alfonso Vía Reque, Hernán Silva y José Tellería 5 /// Oscar Sejas, Nathaly Torrico, Gustavo Velasco, Christian Iriarte y Andrea Soria 6 /// Carlos García, Omar Rosas, Federico Andia, David Terrazas y José Camacho 7 /// César Morales, Benjamín Maldonado, Carlos Rocha, Ronald Pozo, Diego Gauchilla y Saúl Quisbert.
Instalan cuartel militar en Piso Firme, límite con Brasil
Con la presencia del comandante de la Octava División del Ejército, general Juan Antonio Olivera, el sábado fue inaugurado el puesto militar en la comunidad indígena Piso Firme, Bajo Paraguá.
La misión que cumplirán nueve soldados y un comandante será la de brindar seguridad a los pobladores y resguardar la vasta frontera, señaló el general Olivera.
Fue un día de fiesta para esta centenaria comunidad ubicada a orillas del río Paraguá, a 400 kilómetros de San Ignacio de Velasco, frontera con Beni y Brasil
La misión que cumplirán nueve soldados y un comandante será la de brindar seguridad a los pobladores y resguardar la vasta frontera, señaló el general Olivera.
Fue un día de fiesta para esta centenaria comunidad ubicada a orillas del río Paraguá, a 400 kilómetros de San Ignacio de Velasco, frontera con Beni y Brasil
Resultado de investigación Entregan informe de naufragio a familiares
El director de Comunicación de la Armada Boliviana, capitán de fragata Javier Torrico, declaró ayer que el informe en conclusiones sobre las posibles causas que provocaron el naufragio del Remolcador TNR12 en la Hidrovía Paraguay-Paraná, ocurrido el pasado 23 de septiembre, fue entregado a los familiares de las víctimas, la periodista Lilian Ortega y el cadete Jesús Quispe.
“Antes de hacer públicas las conclusiones de la investigación se deben cumplir ciertos procedimientos técnicos, como notificar o hacer conocer primero a todos los que estaban involucrados en el naufragio”, explicó a los periodistas.
Según reportes de prensa de esa institución militar, se explicó que ese informe sería público el lunes, pero para no vulnerar el marco legal se decidió aplazar esa entrega para informar primero a los involucrados en el naufragio del remolcador.
De acuerdo con lo establecido en la norma militar, el jueves pasado se cumplió el plazo para que el Juez Sumariante emita un informe final sobre lo acontecido esa mañana de martes donde perdieron la vida dos personas. Dicho informe fue remitido al Comandante General de la Armada Boliviana.
El responsable de prensa afirmó que lo que corresponde es que la Armada Boliviana, por medio de la Dirección Jurídica, emita un dictamen donde se hará referencia al resultado de la investigación sobre el naufragio de la embarcación.
VIAJE DE INSTRUCCIÓN
La embarcación siniestrada era parte de otras cuatro naves pertenecientes a las unidades de la Armada Boliviana que debía surcar la hidrovía Paraguay-Paraná que tenía previsto llegar hasta Asunción, Paraguay, como parte de un viaje de instrucción dispuesto por el Comando de la Armada Boliviana para los cadetes de la Escuela Naval.
Este ejercicio tuvo otros zarpes como el que se dio el lunes en Trinidad cuyas unidades militares TM-247 Y BH-01 debían realizar una travesía hasta la ciudad de Guayaramerín.
“Antes de hacer públicas las conclusiones de la investigación se deben cumplir ciertos procedimientos técnicos, como notificar o hacer conocer primero a todos los que estaban involucrados en el naufragio”, explicó a los periodistas.
Según reportes de prensa de esa institución militar, se explicó que ese informe sería público el lunes, pero para no vulnerar el marco legal se decidió aplazar esa entrega para informar primero a los involucrados en el naufragio del remolcador.
De acuerdo con lo establecido en la norma militar, el jueves pasado se cumplió el plazo para que el Juez Sumariante emita un informe final sobre lo acontecido esa mañana de martes donde perdieron la vida dos personas. Dicho informe fue remitido al Comandante General de la Armada Boliviana.
El responsable de prensa afirmó que lo que corresponde es que la Armada Boliviana, por medio de la Dirección Jurídica, emita un dictamen donde se hará referencia al resultado de la investigación sobre el naufragio de la embarcación.
VIAJE DE INSTRUCCIÓN
La embarcación siniestrada era parte de otras cuatro naves pertenecientes a las unidades de la Armada Boliviana que debía surcar la hidrovía Paraguay-Paraná que tenía previsto llegar hasta Asunción, Paraguay, como parte de un viaje de instrucción dispuesto por el Comando de la Armada Boliviana para los cadetes de la Escuela Naval.
Este ejercicio tuvo otros zarpes como el que se dio el lunes en Trinidad cuyas unidades militares TM-247 Y BH-01 debían realizar una travesía hasta la ciudad de Guayaramerín.
Monday, October 27, 2014
La Naval presta seguridad a visitantes del río Piraí
Más de 60 efectivos de la Fuerza Naval Boliviana dieron seguridad la tarde de este domingo a los visitantes del río Piraí. La actividad es un trabajo conjunto entre el concejo municipal, la fuerza naval y los dirigentes de los cabañeros del Piraí.
"El objetivo de su presencia es intentar disminuir la delincuencia y el consumo de bebidas alcohólicas en el lugar. Como también enseñar a los visitantes a no botar basura en el río", informó el Concejal Juan Castedo.
Los efectivos estuvieron presentas hasta las 17:30 y volverán a las playas los próximos domingos desde las 14:30.
Castego informó que mas adelante estarán los sábados y domingos. "A este trabajo se sumará la policía boliviana y los gendarmes municipales", explicó.
Otro de los aspectos que Castedo desea regular es el uso adecuado de las motos y cuadratracks que hay en el lugar. “Es peligroso que manejen sin casco y sin licencia de conducir”, indicó la autoridad.
"El objetivo de su presencia es intentar disminuir la delincuencia y el consumo de bebidas alcohólicas en el lugar. Como también enseñar a los visitantes a no botar basura en el río", informó el Concejal Juan Castedo.
Los efectivos estuvieron presentas hasta las 17:30 y volverán a las playas los próximos domingos desde las 14:30.
Castego informó que mas adelante estarán los sábados y domingos. "A este trabajo se sumará la policía boliviana y los gendarmes municipales", explicó.
Otro de los aspectos que Castedo desea regular es el uso adecuado de las motos y cuadratracks que hay en el lugar. “Es peligroso que manejen sin casco y sin licencia de conducir”, indicó la autoridad.
FFAA invitan al Hípico y a la Alcaldía a una reunión
Mientras en el Club Hípico Santa Cruz ayer por la mañana los directivos mostraron que han aumentado de ocho a 22 los reclutas de la Octava División de Ejército que han ocupado parte de las caballerizas, en la institución castrense indicaron que no se ha producido una invasión, puesto que el terreno es de su propiedad desde 1947, lo cual será demostrado con documentos ante la prensa hoy, a las 10:00, en su comando.
El jefe de Estado Mayor de la Octava División del Ejército, coronel Juan Marco Ampuero, para evitar mayores especulaciones de una y otra de las partes en conflicto, sugirió a los directivos de las tres instituciones, incluida la Alcaldía, ser parte de una reunión donde se muestren los papeles de propiedad, del contrato de comodato municipal y de otros que puedan aparecer.
“Las Fuerzas Armadas en ningún momento están yendo en contra de lo que dice la Carta Magna, somos del pueblo y solo queremos entrar en posesión de los terrenos que nos dio a perpetuidad la municipalidad en 1947, para que allí funcione la Escuela Militar de Caballería del Ejército Cnel. Marceliano Montero Parada, que son más de 40 hectáreas”, recordó Ampuero, agregando que desde hace siete meses han enviado cartas al Hípico, que nunca les dio respuesta.
Club Hípico
Fundado el 20 de octubre de 1968, el Club Hípico Santa Cruz el fin de semana organizó un torneo ecuestre por su 46.º aniversario, por lo que permaneció con las puertas abiertas, lo cual fue aprovechado por los militares para ingresar y asentarse en uno de los establos, dijo el tesorero, Daniel Justiniano, que, junto con la presidenta, Ruby Sanjinés, hoy por la mañana sentará la denuncia ante la Fiscalía de Distrito y buscará reunirse con el departamento jurídico de la comuna, con la que la sostiene un litigio por el vencimiento del último contrato de comodato.
“Si las FFAA dicen ser los propietarios que nos muestren un documento legal para ver qué hacemos, pero hasta el momento solo se han mostrado como simples loteadores”, acotó Justiniano.
Municipalidad
La Alcaldía también debe pronunciarse al respecto por cuanto en su plano director tiene previsto construir en el lote en disputa un parque urbano.
El litigio que tiene la comuna con el Hípico está en apelación, toda vez que la justicia aún no determinó el monto de resarcimiento económico
El jefe de Estado Mayor de la Octava División del Ejército, coronel Juan Marco Ampuero, para evitar mayores especulaciones de una y otra de las partes en conflicto, sugirió a los directivos de las tres instituciones, incluida la Alcaldía, ser parte de una reunión donde se muestren los papeles de propiedad, del contrato de comodato municipal y de otros que puedan aparecer.
“Las Fuerzas Armadas en ningún momento están yendo en contra de lo que dice la Carta Magna, somos del pueblo y solo queremos entrar en posesión de los terrenos que nos dio a perpetuidad la municipalidad en 1947, para que allí funcione la Escuela Militar de Caballería del Ejército Cnel. Marceliano Montero Parada, que son más de 40 hectáreas”, recordó Ampuero, agregando que desde hace siete meses han enviado cartas al Hípico, que nunca les dio respuesta.
Club Hípico
Fundado el 20 de octubre de 1968, el Club Hípico Santa Cruz el fin de semana organizó un torneo ecuestre por su 46.º aniversario, por lo que permaneció con las puertas abiertas, lo cual fue aprovechado por los militares para ingresar y asentarse en uno de los establos, dijo el tesorero, Daniel Justiniano, que, junto con la presidenta, Ruby Sanjinés, hoy por la mañana sentará la denuncia ante la Fiscalía de Distrito y buscará reunirse con el departamento jurídico de la comuna, con la que la sostiene un litigio por el vencimiento del último contrato de comodato.
“Si las FFAA dicen ser los propietarios que nos muestren un documento legal para ver qué hacemos, pero hasta el momento solo se han mostrado como simples loteadores”, acotó Justiniano.
Municipalidad
La Alcaldía también debe pronunciarse al respecto por cuanto en su plano director tiene previsto construir en el lote en disputa un parque urbano.
El litigio que tiene la comuna con el Hípico está en apelación, toda vez que la justicia aún no determinó el monto de resarcimiento económico
Sunday, October 26, 2014
El Ejército insiste que los predios son de su propiedad
Un representante del Alto Mando Militar de la 8va División de Ejército se reunió ayer por la mañana con los administradores del Club Hípico, para aclarar la situación sobre el ingreso de militares a los terrenos. Los militares insisten en que son legítimos propietarios de esas tierras y que no es necesario acudir a estrados judiciales y que sus acciones se han realizado en el marco de la legalidad que corresponde.
Fue un ingreso por la fuerza, violentando candados. Pasadas las 19:00 del viernes, un grupo de militares de la 8va División de Ejército, irrumpe en los terrenos del Club Hípico, ubicado sobre el 3er anillo externo de la zona de Villa Fátima. El terreno se extiende de 3er a 4to anillo y es en la parte final donde se han instalado al menos 10 carpas de campaña, con un contingente de uniformados. El portero del predio mencionó que al momento de ingresar los uniformados violentaron candados e ingresaron por la fuerza.
Explican que han procedido con legalidad. El coronel y jefe del Estado Mayor de la 8va División, Marco Ampuero, explicó que “en su momento notificamos a las instancias legales que corresponde, lo que hemos hecho es ingresar a un terreno que es nuestro”. El militar aclaró que “no hace falta gestionar procesos legales por que no es el caso, somos los legítimos propietarios y los terrenos no están en litigio, por lo tanto no corresponde”.
Según el abogado del club, Fernando Galindo, "vamos a convocar a todas las instituciones cruceñas, a la Gobernación, al Comité Cívico, a la Alcaldía, a la Asamblea del Deporte para que nos apoyen, no pueden hacernos esto".
No altera las actividades. La incursión de los militares no entorpeció el desarrollo de las actividades. Los jinetes no se percataron de la situación.
Fue un ingreso por la fuerza, violentando candados. Pasadas las 19:00 del viernes, un grupo de militares de la 8va División de Ejército, irrumpe en los terrenos del Club Hípico, ubicado sobre el 3er anillo externo de la zona de Villa Fátima. El terreno se extiende de 3er a 4to anillo y es en la parte final donde se han instalado al menos 10 carpas de campaña, con un contingente de uniformados. El portero del predio mencionó que al momento de ingresar los uniformados violentaron candados e ingresaron por la fuerza.
Explican que han procedido con legalidad. El coronel y jefe del Estado Mayor de la 8va División, Marco Ampuero, explicó que “en su momento notificamos a las instancias legales que corresponde, lo que hemos hecho es ingresar a un terreno que es nuestro”. El militar aclaró que “no hace falta gestionar procesos legales por que no es el caso, somos los legítimos propietarios y los terrenos no están en litigio, por lo tanto no corresponde”.
Según el abogado del club, Fernando Galindo, "vamos a convocar a todas las instituciones cruceñas, a la Gobernación, al Comité Cívico, a la Alcaldía, a la Asamblea del Deporte para que nos apoyen, no pueden hacernos esto".
No altera las actividades. La incursión de los militares no entorpeció el desarrollo de las actividades. Los jinetes no se percataron de la situación.
Gobierno compró caballos para el Ejército en $us 15 millones
El Gobierno adquirió caballos argentinos por un valor de 15 millones de dólares para que sean destinados a nueve unidades militares de todo el país, según una carta que envió el comandante de la Octava División de Ejército, Juan Antonio Olivera, al Club Hípico de Santa Cruz con el fin de utilizar esos predios para el cuidado de los animales.
La compra de los caballos se conoció luego de un denunciado avasallamiento por parte del Ejército al club privado, ocurrido a las 18:00 del viernes.
En la misiva, a la que tuvo acceso la Red ERBOL, Olivera anuncia la llegada al país de "una remonta de caballos adquiridos por el presidente constitucional del Estado, Evo Morales”, destinados a los nueve regimientos de caballería del país.
La carta que recibió la directora del Club Hípico, Ruby Sanjinés, señala: "el traslado de nuestros caballos a cada uno de los regimientos de los nueve departamentos del Estado, requiere de una cuidadosa y muy bien planificada operación de transporte, significando una ardua tarea tanto en cuanto a organización, tiempo, medios adecuados de transporte, logística alimenticia y medicamentosa, cuidados veterinarios mucho más cuando el costo de la adquisición supera los 15 millones de dólares”.
El subcomandante de esa unidad llegó al club privado el viernes junto con un sargento y una escuadra de soldados y se instalaron en los predios ubicados sobre el tercer anillo de circunvalación, en la zona Suroeste de la capital cruceña.
"Esto es un avasallamiento que va contra todo lo que prometió el presidente Evo Morales durante su campaña electoral, de respetar la propiedad privada”, dijo Fernando Galindo, socio y abogado del club, a los periodistas, informó El Deber.
Los soldados armaron sus carpas junto a las caballerizas.
En la instructiva no se menciona la cantidad de caballos adquiridos, sin embargo se anticipa que el traslado desde Argentina se producirá en diferentes partidas. El Deber informó que llegarán al menos 140 caballos.
"Vamos a convocar a todas las instituciones cruceñas, a la Gobernación, al Comité Cívico, a la Alcaldía, a la Asamblea del Deporte para que nos apoyen, no pueden hacernos esto”, aseveró Ruby Sanjinés, la presidenta de la institución privada.
El abogado Galindo también dijo que no es posible que los militares, que supuestamente están para precautelar el orden y la seguridad en el país, cometan ese "atropello”.
Más argumentos
Ley SAFCO La carta enviada señala que "en cumplimiento de la ley SAFCO, el pequeño grupo de la unidad militar acondicionará los predios para realizar las operaciones de recepción, alimentación y atención médico-veterinaria de las diferentes partidas de caballos y su posterior reenvío a los diferentes regimientos de caballería de todos los departamentos del país”.
Médico Asimismo, la misiva solicita un médico especialista. "Dentro de la cooperación interinstitucional, ruego a ustedes se nos proporcionen un médico veterinario para la revisión de los caballos que llegarán al país”. Se prevé, según la información, que los animales equinos lleguen en diferentes partidas, pero todos al Club Hípico de Santa Cruz.
La compra de los caballos se conoció luego de un denunciado avasallamiento por parte del Ejército al club privado, ocurrido a las 18:00 del viernes.
En la misiva, a la que tuvo acceso la Red ERBOL, Olivera anuncia la llegada al país de "una remonta de caballos adquiridos por el presidente constitucional del Estado, Evo Morales”, destinados a los nueve regimientos de caballería del país.
La carta que recibió la directora del Club Hípico, Ruby Sanjinés, señala: "el traslado de nuestros caballos a cada uno de los regimientos de los nueve departamentos del Estado, requiere de una cuidadosa y muy bien planificada operación de transporte, significando una ardua tarea tanto en cuanto a organización, tiempo, medios adecuados de transporte, logística alimenticia y medicamentosa, cuidados veterinarios mucho más cuando el costo de la adquisición supera los 15 millones de dólares”.
El subcomandante de esa unidad llegó al club privado el viernes junto con un sargento y una escuadra de soldados y se instalaron en los predios ubicados sobre el tercer anillo de circunvalación, en la zona Suroeste de la capital cruceña.
"Esto es un avasallamiento que va contra todo lo que prometió el presidente Evo Morales durante su campaña electoral, de respetar la propiedad privada”, dijo Fernando Galindo, socio y abogado del club, a los periodistas, informó El Deber.
Los soldados armaron sus carpas junto a las caballerizas.
En la instructiva no se menciona la cantidad de caballos adquiridos, sin embargo se anticipa que el traslado desde Argentina se producirá en diferentes partidas. El Deber informó que llegarán al menos 140 caballos.
"Vamos a convocar a todas las instituciones cruceñas, a la Gobernación, al Comité Cívico, a la Alcaldía, a la Asamblea del Deporte para que nos apoyen, no pueden hacernos esto”, aseveró Ruby Sanjinés, la presidenta de la institución privada.
El abogado Galindo también dijo que no es posible que los militares, que supuestamente están para precautelar el orden y la seguridad en el país, cometan ese "atropello”.
Más argumentos
Ley SAFCO La carta enviada señala que "en cumplimiento de la ley SAFCO, el pequeño grupo de la unidad militar acondicionará los predios para realizar las operaciones de recepción, alimentación y atención médico-veterinaria de las diferentes partidas de caballos y su posterior reenvío a los diferentes regimientos de caballería de todos los departamentos del país”.
Médico Asimismo, la misiva solicita un médico especialista. "Dentro de la cooperación interinstitucional, ruego a ustedes se nos proporcionen un médico veterinario para la revisión de los caballos que llegarán al país”. Se prevé, según la información, que los animales equinos lleguen en diferentes partidas, pero todos al Club Hípico de Santa Cruz.
Saturday, October 25, 2014
Militares ‘avasallan’ los predios del Club Hípico Santa Cruz
Portando una carta del comandante de la Octava División del Ejército, Gral. Juan Antonio Olivera Medrano, el subcomandante de esa unidad se hizo presente ayer junto con un sargento y una escuadra de soldados, en el Club Hípico Santa Cruz, alrededor de las 18:00, y se instalaron en los predios ubicados sobre el tercer anillo de circunvalación, zona suroeste de la ciudad.
Hasta el lugar, y llamados por gente que se encontraba en esos momentos allí, llegó un buen número de socios que mostraron su preocupación por lo que estaba sucediendo.
“Esto es un avasallamiento que va contra todo lo que prometió el presidente Evo Morales durante su campaña electoral, de respetar la propiedad privada”, dijo anoche Fernando Galindo, socio y abogado del club, a los periodistas, frente a los soldados que han armado sus carpas junto a las caballerizas.
“Vamos a convocar a todas las instituciones cruceñas, a la Gobernación, al Comité Cívico, a la Alcaldía, a la Asamblea del Deporte para que nos apoyen, no pueden hacernos esto”, dijo por su parte Ruby Sanjinés Zaconeta, presidenta de la institución.
Galindo también dijo que cómo era posible que los militares, que supuestamente están para precautelar el orden y la seguridad en el país, cometan ese atropello. “Nosotros reclamamos al ministro de Defensa, al ministro de Gobierno que brinden seguridad jurídica a los bienes que son una propiedad privada”, agregó.
La carta
La misiva apunta que en pocos días más se espera la llegada de una partida de caballos (alrededor de 150 o 200) que tiene un valor de $us 15 millones y que han sido adquiridos en Argentina para el Ejército, por el presidente Evo Morales y, por eso, ellos tienen que hacer uso de esas instalaciones.
La carta agrega: “En cumplimiento de la ley Safco, el pequeño grupo de la unidad militar acondicionará los predios para realizar las operaciones de recepción, alimentación y atención médico-veterinaria de las diferentes partidas de caballos y su posterior reenvío a los diferentes regimientos de caballería de todos los departamentos del país”. Al finalizar el documento agrega: “Dentro de la cooperación interinstitucional, ruego a Ud. se nos proporcione un médico veterinario para la revisión de los caballos que llegarán al país”.
El sargento, a cargo de los soldados, señaló que cualquier información tenía que ser solicitada a la Octava División. Pese a intentarlo en varias oportunidades, el celular de la autoridad militar se encontraba apagado.
El club presentó anoche una demanda ante la Felcc
Hasta el lugar, y llamados por gente que se encontraba en esos momentos allí, llegó un buen número de socios que mostraron su preocupación por lo que estaba sucediendo.
“Esto es un avasallamiento que va contra todo lo que prometió el presidente Evo Morales durante su campaña electoral, de respetar la propiedad privada”, dijo anoche Fernando Galindo, socio y abogado del club, a los periodistas, frente a los soldados que han armado sus carpas junto a las caballerizas.
“Vamos a convocar a todas las instituciones cruceñas, a la Gobernación, al Comité Cívico, a la Alcaldía, a la Asamblea del Deporte para que nos apoyen, no pueden hacernos esto”, dijo por su parte Ruby Sanjinés Zaconeta, presidenta de la institución.
Galindo también dijo que cómo era posible que los militares, que supuestamente están para precautelar el orden y la seguridad en el país, cometan ese atropello. “Nosotros reclamamos al ministro de Defensa, al ministro de Gobierno que brinden seguridad jurídica a los bienes que son una propiedad privada”, agregó.
La carta
La misiva apunta que en pocos días más se espera la llegada de una partida de caballos (alrededor de 150 o 200) que tiene un valor de $us 15 millones y que han sido adquiridos en Argentina para el Ejército, por el presidente Evo Morales y, por eso, ellos tienen que hacer uso de esas instalaciones.
La carta agrega: “En cumplimiento de la ley Safco, el pequeño grupo de la unidad militar acondicionará los predios para realizar las operaciones de recepción, alimentación y atención médico-veterinaria de las diferentes partidas de caballos y su posterior reenvío a los diferentes regimientos de caballería de todos los departamentos del país”. Al finalizar el documento agrega: “Dentro de la cooperación interinstitucional, ruego a Ud. se nos proporcione un médico veterinario para la revisión de los caballos que llegarán al país”.
El sargento, a cargo de los soldados, señaló que cualquier información tenía que ser solicitada a la Octava División. Pese a intentarlo en varias oportunidades, el celular de la autoridad militar se encontraba apagado.
El club presentó anoche una demanda ante la Felcc
Friday, October 24, 2014
ARRESTAN A DOS MILITARES AL QUERER VENDER UN ARMA.
Dos presuntos efectivos de la Armada Boliviana fueron hallados en posesión de una pistola que intentaban vender en 3.000 bolivianos, afirmó el coronel Juan Sanjinés director de la fuerza anticrimen de La Paz. Los sindicados fueron hallados en flagrancia en la calle Calatayud, donde iban a entregar el arma por el monto acordado. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público por faltar a la ley de portación de armas.
Comisión observa trato a militares detenidos
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, informó ayer luego de una visita a los militares que guardan detención acusados de motín y rebelión por su participación en las movilizaciones en abril, que sus derechos son respetados.
"Hemos constatado que en las habitaciones donde guardan su detención preventiva cuentan con mesa, silla, libros, pero por expresión de ellos mismos, están viviendo muy bien en este momento, cosa que no sucedía los primeros días", dijo Calle.
Aseguró también que reciben la alimentación y la atención médica correspondiente, además de la visita de sus familiares, aunque "anímicamente -como cualquier preso- tienen cierta debilidad", mencionó.
"Hemos constatado que en las habitaciones donde guardan su detención preventiva cuentan con mesa, silla, libros, pero por expresión de ellos mismos, están viviendo muy bien en este momento, cosa que no sucedía los primeros días", dijo Calle.
Aseguró también que reciben la alimentación y la atención médica correspondiente, además de la visita de sus familiares, aunque "anímicamente -como cualquier preso- tienen cierta debilidad", mencionó.
Wednesday, October 22, 2014
Brasil y Chile concluyeron la fabricación del avión de transporte militar KC-390
El primer avión bimotor a reacción de transporte y reabastecimiento KC-390, con una capacidad de 23 toneladas de carga, ha sido presentado este martes 21 de octubre, cumpliéndose el cronograma de la fabricación de esta nave que se inició el año 2006 en una alianaza entre Brasil y Chile, además de otros países sudamericanos como Argentina y Colombia.
El prototipo fue exhibido en las instalaciones de la Empresa Brasileña Aeronáutica (Embreaer) en la ciudad paulista de Gaviao Peixoto, a 309 kilómetros de Sao Paulo, en un acto en el que participaron, entre otros, el ministro de Defensa, Celso Amorim; el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), Junití Saito, y representantes diplomáticos de treinta países.
La presentación del prototipo “demuestra la capacidad de Embraer de administrar un proyecto de alta tecnología y ejecutarlo dentro de la planificación prevista”, declaró Jackson Schneider, presidente de Embraer Defesa & Segurança.
En los próximos meses, el carguero pasará por pruebas en suelo, como las de encendido de motor y vibración, antes de su primer vuelo, previsto para diciembre de este año, según informó Embraer en un comunicado.
Se trata del mayor avión de transporte militar fabricado en Sudamérica. Con una capacidad de transporte militar mayor a la ofrecida por otras aeronaves, el KC-390 fue proyectado para actuar en diferentes condiciones geográficas, como la selva amazónica o el Polo Sur.
Reemplazará en los cielos sudamericanos a los ya obsoletos Lockheed C-130 Hercules y competirá en el mercado mundial con los Airbus Military. Establecerá un nuevo patrón para aeronaves de transporte militar de medio porte en términos de desarrollo, capacidad de carga y costos de operación, además de contar con avanzados sistemas de misión en vuelo.
Chile, país co-fabricante
El pasado 2 de octubre, el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Jorge Rojas, visitó las instalaciones de Embraer donde asistió a una exposición sobre el nuevo avión de transporte militar KC-390.
El Estado chileno es socio de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), a través de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (Enaer) que se encargó de fabricar el fuselaje de la nave.
El 24 de agosto del 2010, los ministros de Defensa de Chile y Brasil, Jaime Ravinet y Nelson Jobim, firmaron en Santiago un acuerdo para que la compañía chilena Enaer, (empresa estatal fundada en 1984, dependiente de la Fuerza Aérea de Chile) se una al equipo industrial de fabricación del KC-390, como socia de Embraer. La sociedad le gerantiza a Chile contra con una flota de sies unidades que se entregarán a partir de este fin de año. La FGuerza Aérea Brasileña tiene reservadas 28 unidades.
Además de Chile, también Argentina y Colombia se han sumado al proyecto aeronáutico como socios de Embraer, y a la vez contarán con sus propias flotas de estas naves, cuyo precio les resultará conveniente al ser co-fabricantes del modelo. Argentina participará como sicia del proyecto a través de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). En septiembre de 2010 el Ministro de Defensa de Portugal firmó una carta de intención para unirse al programa y luego adquirir el producto con ventajas comerciales.
Argentina y Brasil profundizan políticas mutuas de integración en todos los campos y Colombia mantiene fuertes lazos de cooperación con el gobierno brasileño para desarrollar proyectos de desarrollo y protección medioambiental en la Amazonia que comparten en su frontera común.
El prototipo fue exhibido en las instalaciones de la Empresa Brasileña Aeronáutica (Embreaer) en la ciudad paulista de Gaviao Peixoto, a 309 kilómetros de Sao Paulo, en un acto en el que participaron, entre otros, el ministro de Defensa, Celso Amorim; el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), Junití Saito, y representantes diplomáticos de treinta países.
La presentación del prototipo “demuestra la capacidad de Embraer de administrar un proyecto de alta tecnología y ejecutarlo dentro de la planificación prevista”, declaró Jackson Schneider, presidente de Embraer Defesa & Segurança.
En los próximos meses, el carguero pasará por pruebas en suelo, como las de encendido de motor y vibración, antes de su primer vuelo, previsto para diciembre de este año, según informó Embraer en un comunicado.
Se trata del mayor avión de transporte militar fabricado en Sudamérica. Con una capacidad de transporte militar mayor a la ofrecida por otras aeronaves, el KC-390 fue proyectado para actuar en diferentes condiciones geográficas, como la selva amazónica o el Polo Sur.
Reemplazará en los cielos sudamericanos a los ya obsoletos Lockheed C-130 Hercules y competirá en el mercado mundial con los Airbus Military. Establecerá un nuevo patrón para aeronaves de transporte militar de medio porte en términos de desarrollo, capacidad de carga y costos de operación, además de contar con avanzados sistemas de misión en vuelo.
Chile, país co-fabricante
El pasado 2 de octubre, el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Jorge Rojas, visitó las instalaciones de Embraer donde asistió a una exposición sobre el nuevo avión de transporte militar KC-390.
El Estado chileno es socio de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), a través de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (Enaer) que se encargó de fabricar el fuselaje de la nave.
El 24 de agosto del 2010, los ministros de Defensa de Chile y Brasil, Jaime Ravinet y Nelson Jobim, firmaron en Santiago un acuerdo para que la compañía chilena Enaer, (empresa estatal fundada en 1984, dependiente de la Fuerza Aérea de Chile) se una al equipo industrial de fabricación del KC-390, como socia de Embraer. La sociedad le gerantiza a Chile contra con una flota de sies unidades que se entregarán a partir de este fin de año. La FGuerza Aérea Brasileña tiene reservadas 28 unidades.
Además de Chile, también Argentina y Colombia se han sumado al proyecto aeronáutico como socios de Embraer, y a la vez contarán con sus propias flotas de estas naves, cuyo precio les resultará conveniente al ser co-fabricantes del modelo. Argentina participará como sicia del proyecto a través de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). En septiembre de 2010 el Ministro de Defensa de Portugal firmó una carta de intención para unirse al programa y luego adquirir el producto con ventajas comerciales.
Argentina y Brasil profundizan políticas mutuas de integración en todos los campos y Colombia mantiene fuertes lazos de cooperación con el gobierno brasileño para desarrollar proyectos de desarrollo y protección medioambiental en la Amazonia que comparten en su frontera común.
Saturday, October 11, 2014
Militar se suicida con un tiro en la boca en La Paz
El comandante de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), teniente coronel Orlando Oblitas, explicó que el militar de la fuerza naval Luis Gerardo Cornejo Villarreal, de 17 años, corrió durante la práctica de tiro con su arma en la mano y se suicidó en el polígono, ubicado en la zona de Urujara, 12 kilómetros de la ciudad de La Paz.
“A las 16:20 de este viernes se produjo la muerte, cuando se desarrollaban prácticas de tiro, el marino Cornejo se suicidó”, dijo Oblitas según informó la Red Uno.
Uno de los camaradas de Cornejo que presenció el hecho y trató de evitar la tragedia, dijo que el militar corrió en medio de los disparos hasta alejarse del grupo, se colocó el arma en la boca y se disparó.
“A las 16:20 de este viernes se produjo la muerte, cuando se desarrollaban prácticas de tiro, el marino Cornejo se suicidó”, dijo Oblitas según informó la Red Uno.
Uno de los camaradas de Cornejo que presenció el hecho y trató de evitar la tragedia, dijo que el militar corrió en medio de los disparos hasta alejarse del grupo, se colocó el arma en la boca y se disparó.
Cobija Golpiza envía a soldado a un hospital
El conscripto José Luis García Ramírez de la Primera División del Ejército sufrió una brutal golpiza por parte de sus instructores y ahora se encuentra en terapia intensiva del hospital "Roberto Galindo" de la ciudad de Cobija, reportó la radio Frontera de la Red Erbol.
Alejandrina Ramírez, madre del conscripto, dijo que su hijo necesita con urgencia ser trasladado a un hospital de tercer nivel, porque los médicos le aseguraron que el tórax se encuentra lleno de sangre y necesita ser sometido a un procedimiento que no lo pueden practicar en Cobija.
Alejandrina Ramírez, madre del conscripto, dijo que su hijo necesita con urgencia ser trasladado a un hospital de tercer nivel, porque los médicos le aseguraron que el tórax se encuentra lleno de sangre y necesita ser sometido a un procedimiento que no lo pueden practicar en Cobija.
Imputarán otra vez a militar por la muerte de cadete y soldado
El Ministerio Público presentará una nueva imputación contra el militar José Antonio Campero Castro, por la supuesta comisión de homicidio culposo en la muerte de un cadete y un soldado en el Liceo Militar de Sucre el 19 de noviembre de 2013.
"El juez señaló que había una supuesta contradicción, pero hay algo oculto detrás de todo esto. Con mi abogado y el fiscal coordinamos y presentaremos una nueva imputación máximo en un mes”, afirmó a Página Siete Alicia Organivia, la madre del cadete fallecido Luis Steer.
En noviembre del año pasado llovió intensamente en la zona en la que se encuentra el Liceo Militar. El caudal del río Quirpinchaca creció y levantó al vehículo de Campero.
El militar se lanzó al agua para -según dijo él- rescatar a su esposa y a un soldado que creyó estaban dentro del motorizado. Pidió ayuda. El cadete Steer y el soldado Álan Álvarez ingresaron al agua para ayudarlo, pero fueron arrastrados por el agua y se ahogaron. A Campero se lo acusó de ordenar a estos subalternos ingresar al agua para salvar un bien material, hecho que terminó en las dos muertes.
A principios de este año se anuló una primera imputación por no contener suficientes elementos de prueba. El pasado miércoles, el juez cuarto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Sucre, Hugo Michel, anuló la segunda imputación que se había presentado contra Campero al hallar una contradicción en la misma.
El magistrado Michel argumentó que en las primeras páginas de la imputación formal se acusa a Campero de haber ordenado a Steer y Álvarez ingresar al Quirpinchaca, pero después se admite que no hubo una "orden directa”.
"Sea la orden que haya sido, mi hijo y el soldado obedecieron porque era su superior”, manifestó Organivia.
En la audiencia del miércoles, en la que se excluyó de la imputación al acusado, participó un delegado de la Defensoría del Pueblo en calidad de veedor, en cumplimiento a una instrucción de Rolando Villena.
Campero sostuvo anteriormente que él no ordenó a nadie ingresar a la riada. "Yo pedí ayuda a todos los que estaban ahí. No vi cuando ellos fueron arrastrados. No era mi intención que haya muertos”, aseguró.
"El juez señaló que había una supuesta contradicción, pero hay algo oculto detrás de todo esto. Con mi abogado y el fiscal coordinamos y presentaremos una nueva imputación máximo en un mes”, afirmó a Página Siete Alicia Organivia, la madre del cadete fallecido Luis Steer.
En noviembre del año pasado llovió intensamente en la zona en la que se encuentra el Liceo Militar. El caudal del río Quirpinchaca creció y levantó al vehículo de Campero.
El militar se lanzó al agua para -según dijo él- rescatar a su esposa y a un soldado que creyó estaban dentro del motorizado. Pidió ayuda. El cadete Steer y el soldado Álan Álvarez ingresaron al agua para ayudarlo, pero fueron arrastrados por el agua y se ahogaron. A Campero se lo acusó de ordenar a estos subalternos ingresar al agua para salvar un bien material, hecho que terminó en las dos muertes.
A principios de este año se anuló una primera imputación por no contener suficientes elementos de prueba. El pasado miércoles, el juez cuarto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Sucre, Hugo Michel, anuló la segunda imputación que se había presentado contra Campero al hallar una contradicción en la misma.
El magistrado Michel argumentó que en las primeras páginas de la imputación formal se acusa a Campero de haber ordenado a Steer y Álvarez ingresar al Quirpinchaca, pero después se admite que no hubo una "orden directa”.
"Sea la orden que haya sido, mi hijo y el soldado obedecieron porque era su superior”, manifestó Organivia.
En la audiencia del miércoles, en la que se excluyó de la imputación al acusado, participó un delegado de la Defensoría del Pueblo en calidad de veedor, en cumplimiento a una instrucción de Rolando Villena.
Campero sostuvo anteriormente que él no ordenó a nadie ingresar a la riada. "Yo pedí ayuda a todos los que estaban ahí. No vi cuando ellos fueron arrastrados. No era mi intención que haya muertos”, aseguró.
Friday, October 10, 2014
Excluyen de culpa a coronel por muerte de dos militares
El teniente coronel de las Fuerzas Armadas, José Antonio Campero, fue excluido de la imputación por el delito de homicidio culposo por la muertes de un cadete y un soldado del Liceo Militar "Teniente Edmundo Andrade” de Sucre, ocurrida el 19 de noviembre de 2013. El juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Sucre, Hugo Michel, no halló suficientes elementos que sustentaran la acusación.
El 19 de noviembre el cadete Luis Steer y el soldado Alan Álvarez fueron arrastrados por la crecida del río Quirpinchaca, próximo a Sucre, luego de que ingresaran a la cuenca para tratar de sujetar una vagoneta de Campero, supuestamente por orden de él.
El acusado es miembro del Tribunal de Justicia Militar que juzga a tres suboficiales -Johnny Gil, Freddy Sucojayo y Franklin Colque- que pidieron la descolonización de las Fuerzas Armadas. Están encarcelados desde mayo en dos cuarteles.
Los familiares del cadete y soldado pusieron en duda la legalidad y ética de ese tribunal por la participación de Campero.
La audiencia inició a las 16:16 del miércoles para tratar el incidente de la nulidad de la imputación formal por actividad procesal defectuosa presentada por el abogado de Campero, Wilder Castillo. En el argumento, Castillo dijo que su defendido no ordenó a sus subalternos ingresar al río a rescatar su vagoneta que fue arrastrada por un turbión, según Correo del Sur.
Sin embargo, el fiscal Nelson Gumiel y el abogado de la parte querellante, Luis Fernando Garnica, trataron de demostrar sin éxito que Campero es el culpable de la muerte de los jóvenes.
Alicia Organivia, madre del cadete Luis Steer, afirmó que no cesará en su intento de encontrar "justicia” por la muerte de su hijo. Presa de una crisis nerviosa protestó luego de la decisión del tribunal, de acuerdo a ANF.
El 19 de noviembre el cadete Luis Steer y el soldado Alan Álvarez fueron arrastrados por la crecida del río Quirpinchaca, próximo a Sucre, luego de que ingresaran a la cuenca para tratar de sujetar una vagoneta de Campero, supuestamente por orden de él.
El acusado es miembro del Tribunal de Justicia Militar que juzga a tres suboficiales -Johnny Gil, Freddy Sucojayo y Franklin Colque- que pidieron la descolonización de las Fuerzas Armadas. Están encarcelados desde mayo en dos cuarteles.
Los familiares del cadete y soldado pusieron en duda la legalidad y ética de ese tribunal por la participación de Campero.
La audiencia inició a las 16:16 del miércoles para tratar el incidente de la nulidad de la imputación formal por actividad procesal defectuosa presentada por el abogado de Campero, Wilder Castillo. En el argumento, Castillo dijo que su defendido no ordenó a sus subalternos ingresar al río a rescatar su vagoneta que fue arrastrada por un turbión, según Correo del Sur.
Sin embargo, el fiscal Nelson Gumiel y el abogado de la parte querellante, Luis Fernando Garnica, trataron de demostrar sin éxito que Campero es el culpable de la muerte de los jóvenes.
Alicia Organivia, madre del cadete Luis Steer, afirmó que no cesará en su intento de encontrar "justicia” por la muerte de su hijo. Presa de una crisis nerviosa protestó luego de la decisión del tribunal, de acuerdo a ANF.
Thursday, October 9, 2014
FFAA defienden rol contra las “ideologías externas”
El comandante del Ejército, Marcelo Antezana, dijo ayer que hace 47 años las Fuerzas Armadas (FFAA) defendieron el Estado boliviano de ideologías externas que querían tomar el poder mediante las guerrillas que estaban comandadas por Ernesto “Che” Guevara.
“Se dio a conocer el valor del soldado boliviano hasta culminar con la captura del Che Guevara que ha sido el fin de la influencia inicialmente de esta ideología política externa que buscó invadir el país, pero hoy en día con el Gobierno del presidente Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha dado la vuelta la cosa y resulta que los invasores de nuestro país son sus héroes. Así es la realidad de nuestro país”, dijo.
Recordó que un 8 de octubre de 1967 significa mucho para las FFAA “porque en cumplimiento de la misión constitucional se ha defendido la soberanía de nuestro país ante la invasión político ideológica y armada internacional que querían hacerse del poder por la vía violenta como lo hicieron en Cuba”.
Dijo que en vez de fomentar el respeto a “hérores nacionales, les rinden homenaje a héroes extranjeros que han buscado la invasión en nuestro país”.
“Se dio a conocer el valor del soldado boliviano hasta culminar con la captura del Che Guevara que ha sido el fin de la influencia inicialmente de esta ideología política externa que buscó invadir el país, pero hoy en día con el Gobierno del presidente Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha dado la vuelta la cosa y resulta que los invasores de nuestro país son sus héroes. Así es la realidad de nuestro país”, dijo.
Recordó que un 8 de octubre de 1967 significa mucho para las FFAA “porque en cumplimiento de la misión constitucional se ha defendido la soberanía de nuestro país ante la invasión político ideológica y armada internacional que querían hacerse del poder por la vía violenta como lo hicieron en Cuba”.
Dijo que en vez de fomentar el respeto a “hérores nacionales, les rinden homenaje a héroes extranjeros que han buscado la invasión en nuestro país”.
Oficial de la embarcación TNR-12 está aprehendido
Tras 16 días del naufragio del buque TNR-12 en la hidrovía Paraguay-Paraná, jefes de la Armada Boliviana ordenaron la aprehensión de uno de los oficiales que estaba a cargo del bote, en Puerto Quijarro, junto a otros 20 cadetes, según una fuente militar naval.
El siniestro se dio tras iniciada una travesía entre Puerto Quijarro (Bolivia) y Asunción (Paraguay), el 21 de septiembre, que era parte de una instrucción de la Escuela Naval Militar. En el viaje, la embarcación se volteó debido al hundimiento abrupto de la chata que empujaba. En el accidente fallecieron la periodista Liliam Ortega y el subrigadier Jesús Quispe.
“Está incomunicado, preso y aislado uno de los oficiales encargados del remolcador que está en (Puerto) Quijarro”, contó la fuente entrevistada a este diario que pidió no identificarlo.
Agregó que después del accidente, los al menos 20 cadetes que estaban en el bote que se hundió en la hidrovía permanecen en tierra cruceña. Las autoridades navales ya habrían tomado declaraciones de los uniformados sobre todos los hechos que se suscitaron el 22 de septiembre.
Proceso. “Los cadetes habrían declarado que sí se cumplieron con todas las normas de seguridad en la embarcación TNR-12. Además que todos estaban informados de lo que estaba pasando en el bote”, afirmó el entrevistado.
El mismo día del accidente se dio inicio a las investigaciones. En ese proceso, un juez sumariante realiza las pesquisas junto a sus colaboradores. Según informes extraoficiales, se toman declaraciones a todos los implicados y se viaja al lugar del siniestro, hecho que estaría dificultado porque se tiene que solicitar permiso para ingresar a Brasil, ya que el naufragio tuvo lugar antes de llegar a Fuerte Coimbra.
El 3 de octubre, este diario informo que el Comando de la Armada ordenó zarpar al buque que naufragó en la hidrovía Paraguay-Paraná, pese a recomendaciones oficiales de no hacerlo, porque esta embarcación junto a otra, de las cinco, estaban inoperables. También se informó que existían varias irregularidades, entre ellas el que los buques no contaban con chalecos y botes salvavidas.
Wednesday, October 8, 2014
Tribunal Militar niega libertad a Jhonny Gil
Por séptima vez consecutiva el Tribunal Supremo de Justicia Militar negó ayer la libertad del suboficial Jhonny Gil Leniz. Al respecto el abogado del uniformado sostuvo que nuevamente se violó la normativa al no contar con las declaraciones indagatorias del uniformado.
Gil Leniz se encuentra con detención preventiva en instalaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sindicado de sedición y motín tras ser el vocero de la movilización de militares de baja graduación que en el mes de abril se movilizaron demandando la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Lofa) a la Constitución Política del Estado (CPE) y se elimine la discriminación al interior de la institución castrense.
En el desarrollo de la audiencia la defensa intentó desvirtuar el nuevo argumento que presentó la Fiscalía Militar relacionado a la obstaculización al proceso de investigación.
En tono molesto, el abogado del suboficial Gil, Luis Oswaldo Rojas, dijo que la determinación del tribunal militar no cumple lo que señala la Constitución Política del Estado por vulnerar los derechos humanos al ser arrestado sin haber recibido sus declaraciones informativas. “Carece de recursos legales al desconocer las observaciones vertidas de parte de la defensa”, argumentó.
Tras la lectura de la decisión los vocales del Tribunal Supremo de Justicia Militar, abandonaron la sala donde se realizó por séptima vez la audiencia para lograr la libertad del suboficial Gil.
A pesar de la decisión asumida ayer por el tribunal militar, la defensa del suboficial Gil, anunció que nuevamente apelaría esa resolución y demostrar que su defendido es inocente de las acusaciones que pesan en su contra.
Gil Leniz se encuentra privado de libertar hace 145 días en celdas del Estado mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. En similar situación se encuentran los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana Freddy Sucojayo y Franklin Colque, detenidos preventivamente en celdas de la Base Aérea de El Alto.
Estos tres uniformados participaron de las movilizaciones junto a centenas de uniformados de baja graduación, de las tres fuerzas castrenses, en el mes de abril cuando tomaron las calles y protagonizaron históricas marchas en demande de que la Lofa se adecúe a la Constitución Política del Estado
Gil Leniz se encuentra con detención preventiva en instalaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sindicado de sedición y motín tras ser el vocero de la movilización de militares de baja graduación que en el mes de abril se movilizaron demandando la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Lofa) a la Constitución Política del Estado (CPE) y se elimine la discriminación al interior de la institución castrense.
En el desarrollo de la audiencia la defensa intentó desvirtuar el nuevo argumento que presentó la Fiscalía Militar relacionado a la obstaculización al proceso de investigación.
En tono molesto, el abogado del suboficial Gil, Luis Oswaldo Rojas, dijo que la determinación del tribunal militar no cumple lo que señala la Constitución Política del Estado por vulnerar los derechos humanos al ser arrestado sin haber recibido sus declaraciones informativas. “Carece de recursos legales al desconocer las observaciones vertidas de parte de la defensa”, argumentó.
Tras la lectura de la decisión los vocales del Tribunal Supremo de Justicia Militar, abandonaron la sala donde se realizó por séptima vez la audiencia para lograr la libertad del suboficial Gil.
A pesar de la decisión asumida ayer por el tribunal militar, la defensa del suboficial Gil, anunció que nuevamente apelaría esa resolución y demostrar que su defendido es inocente de las acusaciones que pesan en su contra.
Gil Leniz se encuentra privado de libertar hace 145 días en celdas del Estado mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. En similar situación se encuentran los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana Freddy Sucojayo y Franklin Colque, detenidos preventivamente en celdas de la Base Aérea de El Alto.
Estos tres uniformados participaron de las movilizaciones junto a centenas de uniformados de baja graduación, de las tres fuerzas castrenses, en el mes de abril cuando tomaron las calles y protagonizaron históricas marchas en demande de que la Lofa se adecúe a la Constitución Política del Estado
Tuesday, October 7, 2014
Coronel del Ejército muere tras recibir tres disparos de sus atracadores
El coronel del Ejercito, en servicio pasivo, Humberto Santander Céspedes de 58 años de edad perdió la vida, este martes, tras recibir tres impactos de bala de parte de sus atracadores, quienes tras dejarlo malherido, le sustrajeron 100 mil dólares procedentes de un préstamo.
Según los informes preliminares, dos antisociales intercepataron a Santander en inmediaciones de la calle 3 del Barrio las Hamacas en Santa Cruz, uno abordo de una motocicleta negra y el otro en una camioneta blanca, ambos encapuchados, a decir de los testigos. Uno de los impactos lo hirió en el tórax y los otros dos en las piernas.
Tras herir al militar, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. La policía activó el plan de rastrillaje, 30 minutos después, los helicópteros destinados a la seguridad ciudadana en la capital cruceña, contribuyen en la búsqueda de los malhechores.
Entretanto, el cuerpo de la víctima que inicialmente fue trasladado al hospital Prosalud de la avenida Alemana, ahora yace en la morgue de Pampa de la Isla.
Luego de retirarse, Céspedes se dedicó junto a su hija al negocio de la producción de chia, razón por la cual requería el dinero que le fue arrebatado.
Según los informes preliminares, dos antisociales intercepataron a Santander en inmediaciones de la calle 3 del Barrio las Hamacas en Santa Cruz, uno abordo de una motocicleta negra y el otro en una camioneta blanca, ambos encapuchados, a decir de los testigos. Uno de los impactos lo hirió en el tórax y los otros dos en las piernas.
Tras herir al militar, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. La policía activó el plan de rastrillaje, 30 minutos después, los helicópteros destinados a la seguridad ciudadana en la capital cruceña, contribuyen en la búsqueda de los malhechores.
Entretanto, el cuerpo de la víctima que inicialmente fue trasladado al hospital Prosalud de la avenida Alemana, ahora yace en la morgue de Pampa de la Isla.
Luego de retirarse, Céspedes se dedicó junto a su hija al negocio de la producción de chia, razón por la cual requería el dinero que le fue arrebatado.
Militares serán multados por no concluir una vía
Antonio Mullisaca, presidente de Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ha dicho que la Empresa de Construcción del Ejército (ECE) será sancionada por no cumplir con los plazos para la construcción del tramo carretero Undavi – Chumumani en La Paz. Adelantó que en unos 20 días la ABC contratará a otra empresa que concluirá la ejecución de la vía.
“Se aplicarán las sanciones que corresponden a ley según el decreto 181. El contrato fue por siete millones de dólares. Al momento se están haciendo actividades de mantenimiento en los 70 kilómetros que son de la vía Unduavi-Chulumani y vamos a prestar especial atención en los siete kilómetros de construcción para garantizar el tránsito”, aseguró Mullisaca.
La ABC regional La Paz, la semana anterior, rescindió el contrato con la ECE por no concluir el tramo Unduavi-Chulumani, ubicado en la provincia paceña de Sud Yungas, en La Paz.
La ECE se adjudicó la construcción de siete kilómetros de carretera en julio de 2012. El tramo carretero debía ser entregado el 29 de septiembre de este año; sin embargo, la constructora solo entregó un avance del 56%, situación que motivó a la ABC a desligarse de los militares.
“Se aplicarán las sanciones que corresponden a ley según el decreto 181. El contrato fue por siete millones de dólares. Al momento se están haciendo actividades de mantenimiento en los 70 kilómetros que son de la vía Unduavi-Chulumani y vamos a prestar especial atención en los siete kilómetros de construcción para garantizar el tránsito”, aseguró Mullisaca.
La ABC regional La Paz, la semana anterior, rescindió el contrato con la ECE por no concluir el tramo Unduavi-Chulumani, ubicado en la provincia paceña de Sud Yungas, en La Paz.
La ECE se adjudicó la construcción de siete kilómetros de carretera en julio de 2012. El tramo carretero debía ser entregado el 29 de septiembre de este año; sin embargo, la constructora solo entregó un avance del 56%, situación que motivó a la ABC a desligarse de los militares.
Monday, October 6, 2014
Cambian a juez que investigaba naufragio
El director de Comunicación de la Armada Boliviana, capitán de fragata Javier Torrico, informó que la máxima instancia de esa fuerza militar resolvió cambiar al Juez Sumariante que debía investigar el naufragio de la barcaza TNR 12 que se hundió el 23 de septiembre en la hidrovía Paraguay-Paraná, donde el brigadier Javier Quispe y la periodista Liliam Ortega perdieron la vida.
El jefe militar se excusó de dar el nombre de la nueva autoridad encargada de la investigación y explicó que en lapso de los 10 días este juez debe entregar un informe a detalle sobre lo ocurrido la mañana del martes 23 de septiembre.
“En vista de que el caso es muy complejo y se requiere una calificación más técnica, se dispuso el cambio del juez sumariante por otro que es parte de la Marina Mercante. Él juro el miércoles su labor como juez y es que el tema requiere de una persona calificada técnica y de una mayor jerarquía”, indicó al periódico digital Oxígeno.
El nuevo juez sumariante tiene 10 días desde el 1 de octubre para presentar un informe oficial de lo que ocurrió la mañana del 23 de septiembre, cuando la barcaza que tenía una misión de instrucción naval militar se hundió a las 08.10, por inmediaciones del Fuerte Coímbra a la altura del kilómetro 1.347 de a hidrovía.
Junta a la barcaza, remolcador, otras cuatro embarcaciones debían surcar el río Paraguay para llegar hasta su capital, Asunción, donde los cadetes debían realizar una serie de actividades relacionadas a la disciplina naval, así como de relacionamiento con la Armada de ese vecino país.
El jefe militar se excusó de dar el nombre de la nueva autoridad encargada de la investigación y explicó que en lapso de los 10 días este juez debe entregar un informe a detalle sobre lo ocurrido la mañana del martes 23 de septiembre.
“En vista de que el caso es muy complejo y se requiere una calificación más técnica, se dispuso el cambio del juez sumariante por otro que es parte de la Marina Mercante. Él juro el miércoles su labor como juez y es que el tema requiere de una persona calificada técnica y de una mayor jerarquía”, indicó al periódico digital Oxígeno.
El nuevo juez sumariante tiene 10 días desde el 1 de octubre para presentar un informe oficial de lo que ocurrió la mañana del 23 de septiembre, cuando la barcaza que tenía una misión de instrucción naval militar se hundió a las 08.10, por inmediaciones del Fuerte Coímbra a la altura del kilómetro 1.347 de a hidrovía.
Junta a la barcaza, remolcador, otras cuatro embarcaciones debían surcar el río Paraguay para llegar hasta su capital, Asunción, donde los cadetes debían realizar una serie de actividades relacionadas a la disciplina naval, así como de relacionamiento con la Armada de ese vecino país.
Friday, October 3, 2014
Por muerte de cadete Coronel Campero alega inocencia
El coronel de la Fuerza Aérea, José Antonio Campero Castro, negó ayer haber dado orden alguna para que el soldado Alan Álvarez Llusco y el cadete Luis Germán Steer Organivia rescaten su vehículo que era llevado por la riada, oportunidad en la que ambos perdieron la vida en noviembre de 2013.
Entregó a EL DIARIO documentación en la que refiere que al no tener cuenta pendiente en la Justicia Militar puede seguir ejerciendo el cargo al que lo designaron.
En la resolución emitida en fecha 28 de abril del presente año, el juez de Instrucción Penal y Cautelar Cuarto de la Capital, Hugo Michel Lescano, dispone “la nulidad de la imputación formal presentada por el representante del Ministerio Público, Dr. Nelson Gumiel, en fecha 4 de febrero de 2014, por la probable comisión del delito de Homicidio Culposo, que cursa a fojas 23, 24 y 25 de obrados…”.
En la documentación, además, se incluye las declaraciones de ocho personas que se encontraban el momento de ocurrido la riada en el río Quirpanchi en la capital del Estado a las 17.45 del 19 de noviembre de 2013.
Entre ellas está María del Carmen Galean Teleez quien en la parte principal de su declaración afirma: “…no escucha a nadie ordenar ni gritar a nadie para que entren al río….”.
María Estela Gallardo Gareca por su parte afirma: “… no escucho a nadie ordenar para que ingresen al río, porque manifiesta que no había mucha gente en ese momento”.
Yerika Paola Peredo Aguilar indica que vio al coronel Campero correr hacia el comedor entrando al agua queriendo salvar su auto, posterior había ingresado su soldado a querer ayudar, a eso, “Steer había indicado a Hiarachi entremos pero la testigo les dijo que no se metieran (…) asimismo indicó que no escuchó a nadie dar órdenes para el ingreso de los cadetes no del soldado…”.
Vladimir Lupa Salamanca, en su declaración, dijo que ese día cumplía su servicio como capitán de guardia y que escuchó gritos y ver gente correr hacia la quebrada del puente del Liceo Militar, “de inmediato corre hacia el puente pero sólo escucha que se lo llevó a dos personas…”
Marco Antonio Benavides dice que llegó después y le alcanzan un mástil, no recuerda quién le logra alcanzar para auxiliar al cadete Huarachi.
Franco Roque Segundo Laura Vallejos, en su calidad de comandante de escuadrón, afirma que recibió una llamada telefónica para que aliste la guardia porque al día siguiente iba a llegar a la capital del Estado el presidente Evo Morales y que para cumplir con sus funciones se vio obligado a manejar su propio vehículo.
“De las entrevistas supra mencionadas, se puede, establecer que los cadetes Steer y Huarachi ingresaron por su propia voluntad al río”, refiere dicha resolución.
Más adelante refiere: “Ante estas evidencias se puede indicar que no existe, al presente ningún elemento de prueba que permita establecer que el hecho material de investigación haya sido provocado por el ninguna persona. Y menos el ingreso del soldado y del cadete, ambos fallecidos”.
Según la defensa el 28 de abril, la parte de la acusación tenía tres días para presentar su apelación, sin embargo “se esperó hasta el 18 de septiembre para observar la imputación y presionar mediante los medios de comunicación para que nuevamente se emita una segunda imputación que está siendo tramitada. Justo cuando llega hasta el Tribunal Supremo de Justicia Militar el proceso contra el suboficial Jhonny Gil Leniz, por el delito de sedición”.
ACUSACIÓN
Alicia Organivia, madre del cadete Luis Germán Steer Organivia, fallecido la tarde del 19 de noviembre de 2013, afirma: “el coronel Campero ordenó a mi hijo y al soldado Álvarez para rescatar su vehículo, pero en realidad no los ha inducido a salvar su vehículo, los ha inducido a la muerte”.
“Por qué no asume su responsabilidad, la culpa que tiene porque para mí como madre es un homicidio”, sostuvo la mujer.
Al respecto, EL DIARIO confirmó que el coronel Campero aún presta servicio en esta institución militar y que a la fecha no existe disposición alguna para removerlo de su cargo, tomando en cuenta que de acuerdo con la Justicia Militar, él no tiene proceso alguno en esa instancia. Asimismo, se conoció que el jefe militar observará esta segunda imputación al considerar que no existen elementos de convicción que lo involucren en el delito por el que se lo procesa en la justicia ordinaria.
Entregó a EL DIARIO documentación en la que refiere que al no tener cuenta pendiente en la Justicia Militar puede seguir ejerciendo el cargo al que lo designaron.
En la resolución emitida en fecha 28 de abril del presente año, el juez de Instrucción Penal y Cautelar Cuarto de la Capital, Hugo Michel Lescano, dispone “la nulidad de la imputación formal presentada por el representante del Ministerio Público, Dr. Nelson Gumiel, en fecha 4 de febrero de 2014, por la probable comisión del delito de Homicidio Culposo, que cursa a fojas 23, 24 y 25 de obrados…”.
En la documentación, además, se incluye las declaraciones de ocho personas que se encontraban el momento de ocurrido la riada en el río Quirpanchi en la capital del Estado a las 17.45 del 19 de noviembre de 2013.
Entre ellas está María del Carmen Galean Teleez quien en la parte principal de su declaración afirma: “…no escucha a nadie ordenar ni gritar a nadie para que entren al río….”.
María Estela Gallardo Gareca por su parte afirma: “… no escucho a nadie ordenar para que ingresen al río, porque manifiesta que no había mucha gente en ese momento”.
Yerika Paola Peredo Aguilar indica que vio al coronel Campero correr hacia el comedor entrando al agua queriendo salvar su auto, posterior había ingresado su soldado a querer ayudar, a eso, “Steer había indicado a Hiarachi entremos pero la testigo les dijo que no se metieran (…) asimismo indicó que no escuchó a nadie dar órdenes para el ingreso de los cadetes no del soldado…”.
Vladimir Lupa Salamanca, en su declaración, dijo que ese día cumplía su servicio como capitán de guardia y que escuchó gritos y ver gente correr hacia la quebrada del puente del Liceo Militar, “de inmediato corre hacia el puente pero sólo escucha que se lo llevó a dos personas…”
Marco Antonio Benavides dice que llegó después y le alcanzan un mástil, no recuerda quién le logra alcanzar para auxiliar al cadete Huarachi.
Franco Roque Segundo Laura Vallejos, en su calidad de comandante de escuadrón, afirma que recibió una llamada telefónica para que aliste la guardia porque al día siguiente iba a llegar a la capital del Estado el presidente Evo Morales y que para cumplir con sus funciones se vio obligado a manejar su propio vehículo.
“De las entrevistas supra mencionadas, se puede, establecer que los cadetes Steer y Huarachi ingresaron por su propia voluntad al río”, refiere dicha resolución.
Más adelante refiere: “Ante estas evidencias se puede indicar que no existe, al presente ningún elemento de prueba que permita establecer que el hecho material de investigación haya sido provocado por el ninguna persona. Y menos el ingreso del soldado y del cadete, ambos fallecidos”.
Según la defensa el 28 de abril, la parte de la acusación tenía tres días para presentar su apelación, sin embargo “se esperó hasta el 18 de septiembre para observar la imputación y presionar mediante los medios de comunicación para que nuevamente se emita una segunda imputación que está siendo tramitada. Justo cuando llega hasta el Tribunal Supremo de Justicia Militar el proceso contra el suboficial Jhonny Gil Leniz, por el delito de sedición”.
ACUSACIÓN
Alicia Organivia, madre del cadete Luis Germán Steer Organivia, fallecido la tarde del 19 de noviembre de 2013, afirma: “el coronel Campero ordenó a mi hijo y al soldado Álvarez para rescatar su vehículo, pero en realidad no los ha inducido a salvar su vehículo, los ha inducido a la muerte”.
“Por qué no asume su responsabilidad, la culpa que tiene porque para mí como madre es un homicidio”, sostuvo la mujer.
Al respecto, EL DIARIO confirmó que el coronel Campero aún presta servicio en esta institución militar y que a la fecha no existe disposición alguna para removerlo de su cargo, tomando en cuenta que de acuerdo con la Justicia Militar, él no tiene proceso alguno en esa instancia. Asimismo, se conoció que el jefe militar observará esta segunda imputación al considerar que no existen elementos de convicción que lo involucren en el delito por el que se lo procesa en la justicia ordinaria.
Mayor de la FAB manipuló lista para cobrar el bono de frontera
El militar de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Eduardo V.O., con el grado de mayor, es el que manipuló la lista de orden de destinos para introducir su nombre y el de ocho personas más con el fin de percibir el bono de frontera sin trabajar en puntos limítrofes.
En el informe de conclusiones que elevó el Comando de la FAB, el mayor sindicado reconoce que fue él quien introdujo tres nombres y pide disculpas.
"Estoy consciente de que tuve participación directa al introducir los nombres de mi persona, del sargento Rudy H. y del sargento César P. para podernos beneficiar de este bono. Referente al resto de los involucrados, no tengo conocimiento ni participación alguna de cómo aparecieron en esas listas”, señala en su declaración informativa ante las instancias militares.
El comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, informó el miércoles que se descubrió que nueve efectivos de esta fuerza, ocho militares y una mujer que trabaja en un instituto, fueron beneficiados con el bono fronterizo, aunque trabajaban en unidades de Santa Cruz y La Paz.
El identificado como responsable de manipular la nómina argumentó que para él no significó una irregularidad, sino una falta de coordinación.
"Hizo referencia a que cuando existía un cambio de destino por orden superior, la copia del fax o memorándum de cambio, en algunos casos, no llegaba a la sección Informática. Este hecho (según Jorge Eduardo V. O.) impedía actualizar con oportunidad la orden general de destinos”, señala el informe conclusivo de la FAB.
Asimismo, el informe de conclusiones de la FAB contiene las declaraciones de dos de los militares involucrados en el cobro del bono de frontera.
Uno de ellos, el sargento Rudy H. J., explica que el mayor Jorge Eduardo V. O. "fue quien le propuso en forma dolosa brindarle en la presente gestión la colaboración de percibir el bono de frontera sin encontrarse físicamente destinado en una unidad. Le indicó que fuera a dejar una botella de whisky al sargento Fidel O. M., técnico en proceso de haberes del Ministerio de Defensa”, se lee en el documento.
El otro implicado, el sargento César P. T., afirma que el mayor le propuso brindarle este año un bono extra. "Menciona que en sano conocimiento aceptó, pero que no conocía cómo se realizó la transacción del bono”, señala el informe. Los tres mencionados militares y otras seis personas son investigados por el Comando.
La investigación
Sanción Luego de descubrir que había militares y una mujer que percibían el bono de frontera sin merecerlo, el Comando de la FAB cortó este beneficio y ordenó que el dinero que percibieron sea descontado de sus respectivos sueldos.
Proceso El Comando prevé que la próxima semana se emita la conclusión a las investigaciones, que continúan, contra los siete involucrados.
Delito Una vez que se emita un informe de la investigación, el comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, señaló que se determinará si los implicados incurrieron en un delito penal o en un delito militar, con el fin de que se ejecuten las sanciones respectivas.
En el informe de conclusiones que elevó el Comando de la FAB, el mayor sindicado reconoce que fue él quien introdujo tres nombres y pide disculpas.
"Estoy consciente de que tuve participación directa al introducir los nombres de mi persona, del sargento Rudy H. y del sargento César P. para podernos beneficiar de este bono. Referente al resto de los involucrados, no tengo conocimiento ni participación alguna de cómo aparecieron en esas listas”, señala en su declaración informativa ante las instancias militares.
El comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, informó el miércoles que se descubrió que nueve efectivos de esta fuerza, ocho militares y una mujer que trabaja en un instituto, fueron beneficiados con el bono fronterizo, aunque trabajaban en unidades de Santa Cruz y La Paz.
El identificado como responsable de manipular la nómina argumentó que para él no significó una irregularidad, sino una falta de coordinación.
"Hizo referencia a que cuando existía un cambio de destino por orden superior, la copia del fax o memorándum de cambio, en algunos casos, no llegaba a la sección Informática. Este hecho (según Jorge Eduardo V. O.) impedía actualizar con oportunidad la orden general de destinos”, señala el informe conclusivo de la FAB.
Asimismo, el informe de conclusiones de la FAB contiene las declaraciones de dos de los militares involucrados en el cobro del bono de frontera.
Uno de ellos, el sargento Rudy H. J., explica que el mayor Jorge Eduardo V. O. "fue quien le propuso en forma dolosa brindarle en la presente gestión la colaboración de percibir el bono de frontera sin encontrarse físicamente destinado en una unidad. Le indicó que fuera a dejar una botella de whisky al sargento Fidel O. M., técnico en proceso de haberes del Ministerio de Defensa”, se lee en el documento.
El otro implicado, el sargento César P. T., afirma que el mayor le propuso brindarle este año un bono extra. "Menciona que en sano conocimiento aceptó, pero que no conocía cómo se realizó la transacción del bono”, señala el informe. Los tres mencionados militares y otras seis personas son investigados por el Comando.
La investigación
Sanción Luego de descubrir que había militares y una mujer que percibían el bono de frontera sin merecerlo, el Comando de la FAB cortó este beneficio y ordenó que el dinero que percibieron sea descontado de sus respectivos sueldos.
Proceso El Comando prevé que la próxima semana se emita la conclusión a las investigaciones, que continúan, contra los siete involucrados.
Delito Una vez que se emita un informe de la investigación, el comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, señaló que se determinará si los implicados incurrieron en un delito penal o en un delito militar, con el fin de que se ejecuten las sanciones respectivas.
Thursday, October 2, 2014
9 efectivos de la FAB cobraban el bono de frontera desde ciudades
Nueve miembros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) cobraban el bono de frontera, destinado a quienes trabajan en puntos limítrofes, pero trabajaban en diferentes unidades de las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
La denuncia fue interpuesta por el jefe del Departamento de Personal, Melvin Arteaga. El informe de conclusiones del sumario llegó a Página Siete con los nombres de siete involucrados en esa irregularidad.
No obstante, el comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, afirmó que son nueve las personas que percibieron el bono fronterizo sin estar presentes en esas zonas limítrofes.
El bono de frontera equivale al 20% del salario que un militar recibe, según el grado que tenga.
"Son nueve personas que percibían el bono sin estar en esas unidades. Todos son personal subalterno, incluso un civil que es una señora que trabajaba en un instituto de Santa Cruz. Se instauró un proceso contra estas personas”, afirmó ayer el jefe militar de la FAB.
Sin embargo, este medio accedió a una nómina de 24 militares que presuntamente perciben el bono de frontera. Entre ellos, hay 11 oficiales, entre mayores, tenientes y subtenientes, y 13 suboficiales de la FAB.
Según el documento, tenían como destino La Paz pero figuran en listas de Puerto Suárez, Roboré y Cobija, entre otras fronteras.
Al margen de la investigación, el Comando de esta fuerza castrense dispuso cortar el bono frontera a las nueve personas a quienes se inició un sumario. "La primera medida es que ellos devuelvan el dinero percibido, se hará un descuento de todo”, afirmó Meneses, aunque aclaró que no conoce a cuánto asciende el monto total pagado en bonos que no correspondían.
El comandante de la FAB atribuyó esta irregularidad administrativa a una "manipulación informática”. "Y si alguien tiene un incremento en sus sueldos, es muy difícil que diga que le pagan de más”, argumentó.
La investigación determinará quién "manipuló” la orden de destinos. "Puede ser un delito militar o un delito penal. Eso se sabrá una vez que termine este proceso”, dijo Meneses.
Ministro envió un requerimiento
El 23 de junio, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, envió una carta al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Víctor Hugo Meneses, en la que le advierte que si hay militares que perciben el bono fronterizo sin estar en esos puntos limítrofes, será su responsabilidad.
"En caso de constatarse que el personal que percibe el bono de frontera no se encuentre físicamente prestando servicios en las unidades militares fronterizas, estos pagos indebidos que causaren daño económico al Estado serán de entera responsabilidad de su Comando”, señala la misiva enviada a Meneses.
Asimismo, la autoridad del Gobierno recuerda que en función a las órdenes de destino, así como a los memorandos de cambio de destino, "el Ministerio de Defensa ha procedido al pago del bono de frontera al personal designado”.
El pago de este beneficio empezó en junio de este año, por lo que son cuatro los meses que está vigente.
La denuncia fue interpuesta por el jefe del Departamento de Personal, Melvin Arteaga. El informe de conclusiones del sumario llegó a Página Siete con los nombres de siete involucrados en esa irregularidad.
No obstante, el comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, afirmó que son nueve las personas que percibieron el bono fronterizo sin estar presentes en esas zonas limítrofes.
El bono de frontera equivale al 20% del salario que un militar recibe, según el grado que tenga.
"Son nueve personas que percibían el bono sin estar en esas unidades. Todos son personal subalterno, incluso un civil que es una señora que trabajaba en un instituto de Santa Cruz. Se instauró un proceso contra estas personas”, afirmó ayer el jefe militar de la FAB.
Sin embargo, este medio accedió a una nómina de 24 militares que presuntamente perciben el bono de frontera. Entre ellos, hay 11 oficiales, entre mayores, tenientes y subtenientes, y 13 suboficiales de la FAB.
Según el documento, tenían como destino La Paz pero figuran en listas de Puerto Suárez, Roboré y Cobija, entre otras fronteras.
Al margen de la investigación, el Comando de esta fuerza castrense dispuso cortar el bono frontera a las nueve personas a quienes se inició un sumario. "La primera medida es que ellos devuelvan el dinero percibido, se hará un descuento de todo”, afirmó Meneses, aunque aclaró que no conoce a cuánto asciende el monto total pagado en bonos que no correspondían.
El comandante de la FAB atribuyó esta irregularidad administrativa a una "manipulación informática”. "Y si alguien tiene un incremento en sus sueldos, es muy difícil que diga que le pagan de más”, argumentó.
La investigación determinará quién "manipuló” la orden de destinos. "Puede ser un delito militar o un delito penal. Eso se sabrá una vez que termine este proceso”, dijo Meneses.
Ministro envió un requerimiento
El 23 de junio, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, envió una carta al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Víctor Hugo Meneses, en la que le advierte que si hay militares que perciben el bono fronterizo sin estar en esos puntos limítrofes, será su responsabilidad.
"En caso de constatarse que el personal que percibe el bono de frontera no se encuentre físicamente prestando servicios en las unidades militares fronterizas, estos pagos indebidos que causaren daño económico al Estado serán de entera responsabilidad de su Comando”, señala la misiva enviada a Meneses.
Asimismo, la autoridad del Gobierno recuerda que en función a las órdenes de destino, así como a los memorandos de cambio de destino, "el Ministerio de Defensa ha procedido al pago del bono de frontera al personal designado”.
El pago de este beneficio empezó en junio de este año, por lo que son cuatro los meses que está vigente.
Wednesday, October 1, 2014
La Naval pide más tiempo para presentar un informe
La Comandancia de la Escuela Naval Militar solicitó la ampliación del tiempo, de 10 días, para presentar un informe sobre el naufragio de la barcaza TNR-12, ocurrido el 23 de septiembre en la hidrovía Paraguay-Paraná, y que causó la muerte de una periodista y de un cadete.
Las autoridades militares adujeron que requieren un poco más de plazo para elaborar el informe porque algunos de los tripulantes de la nave están en declaraciones ante la justicia.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, instruyó la elaboración de un informe
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