Las FFAA anulan el retiro de 632 militares, de 715

Las Fuerzas Armadas informaron a través de un comunicado que dejaron sin efecto el retiro obligatorio de otros 202 militares de bajo rango que protestaron para pedir la descolonización de esa institución. Con éstos, suman 632 de los 715 movilizados.

Las sanciones a suboficiales y sargentos movilizados se dieron luego de que iniciaran sus protestas el 3 de abril, cuando publicaron un anteproyecto de ley en el que además piden eliminar la discriminación en las Fuerzas Armadas (FFAA).

“Con relación (...) a nuevas solicitudes de reconsideración, los Tribunales del Personal de las fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), previo análisis de manera individual, resolvieron dejar sin efecto el retiro obligatorio del personal de suboficiales y sargentos que se constituyeron en sus respectivas unidades e institutos militares”, se lee en un comunicado del Comando en Jefe de las FFAA.

Detalla que en el Ejército, 85 uniformados se beneficiaron con la resolución, en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), 111, y en la Armada Boliviana, seis. Todos suman 202. Luego de al menos tres semanas de conflicto, se instaló dos mesas de trabajo, una que trabaja en los retiros obligatorios y la otra sobre modificaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

En la primera mesa se informó que el total de las resoluciones de reconsideración llega a 632. Esto desde el 29 de abril, allí se dejó sin efecto 187 retiros, el 2 de mayo 243 y el 19 de mayo a 202.

López declara en la Fiscalía

Sandra López, representante de las esposas de los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA) que se movilizaron, informó que hoy declarará ante la Fiscalía por el proceso penal instaurado en su contra.

“Lamentablemente jamás me notificaron, indican que en el piquete de huelga colocaron las notificaciones y también en mi trabajo, pero no es cierto. A pesar de ello, mañana (iré) mi notificación es para las 10.00, en donde declararé”, señaló López. Acotó que se le sigue el proceso por el delito de instigación a delinquir, mismo que fue instaurado por Margarita Terán, representante de las esposas de los uniformados, reconocida por el Ministerio de Defensa.