Saturday, February 13, 2016

Militares deben indemnizar a víctimas de Octubre 2003

El juez Eduardo Gonzales determinó ayer que cinco generales acusados en el caso “Octubre Negro” deben resarcir con 1.139.986 bolivianos a más de 30 víctimas de la represión de 2003, reportó radio Aclo de la Red ERBOL

En este proceso también se incluyó a los exministro Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, aunque éste falleció en 2012

La autoridad judicial indicó que los beneficiados con el resarcimiento no recibirán el dinero de manera equitativa, sino en proporción al daño que sufrieron. Otros 44 demandantes no tendrán ningún resarcimiento porque no se pudo comprobar que hayan sido perjudicados

“Se ha dado montos individuales, la calificación se ha hecho de manera individual de acuerdo a los tiempos de permanencia en el hospital, los días de impedimento, el número de dependientes, los salarios que han acredito, el trabajo que tenían, son varios aspectos”, explicó Gonzales

El proceso fue iniciado por 70 personas, sin embargo 40 no lograron demostrar los daños que sufrieron en esa represión militar ordenada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada

Uno de los generales acusados, Juan Véliz, rechazó la sentencia, debido a que –según su versión- no le demostraron su responsabilidad en la represión que dejó más de 60 muertos.
El militar en retiro dijo que no sabe cómo pagará el resarcimiento y que deberá reencarnar 10 veces para conseguir ese dinero. “Dentro de unas 10 vidas voy a volver a trabajar y pagar otro poco, vivo de mi sueldo, de mi pensión”, aseveró

Véliz anunció que apelará esta determinación del juez Gonzales e incluso llegará a instancias internacionales para evitar hacer este pago.
EN ESTADOS UNIDOS El gobierno de Evo Morales impulsa un juicio de responsabilidades contra el expresidente Sánchez de Lozada y otras exautoridades por la muerte de más de 60 personas, en esa represión militar. Además el Gobierno busca la extradición del expresidente y sus entonces ministros, que fugaron a Estados Unidos, para lo que se realizan trámites a través de la Cancillería y la Fiscalía General.

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