Denuncian presuntas irregularidades en la compra, con un crédito chino, de seis helicópteros H-425 hace dos años, a un precio de 135,2 millones de dólares para tareas de rescate, atención de emergencias y desastres.
En septiembre de 2014, el presidente Evo Morales entregó en esta ciudad las seis aeronaves a las Fuerzas Armadas (FFAA), habiéndolas dejado a cargo del Grupo de Caballería I “Apóstol Santiago” con base en esta ciudad.
Según una fuente que pidió guardar su nombre en reserva, por temor a represalias, las aeronaves no cumplen con las especificaciones para las que fueron compradas e incluso no tienen repuestos. Explicó que dentro del contrato de compraventa con proveedores chinos se consignó 20 millones de dólares para repuestos, pero que no existe registro de que hubieran llegado al país.
Asimismo, se establece que los pilotos bolivianos debían recibir entrenamiento en el simulador de vuelo que acompaña la compra; sin embargo, el entrenamiento se realizó una sola vez debido a la fallas en los helicópteros.
Además, el denunciante afirmó que la compra fue realizada en base a un informe técnico elaborado por el coronel Vladimir Poveda, expiloto del presidente Evo Morales, y que en 2012 fungía como jefe de Seguridad de Vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), y es la misma persona que firmó el documento de compra y venta.
Este medio buscó en cuatro ocasiones a José Luis Frías, comandante del Grupo de Caballería I “Apóstol San Pablo” con base en esta ciudad, para conocer la situación de los helicópteros; pero su personal lo excusó arguyendo diferentes razones como viajes o inspecciones.
En el Anexo 1 del contrato, al que tuvo acceso Los Tiempos, existe el ítem “Provisión para partes auxiliares recomendables, herramientas y GSE” por 20 millones de dólares. En el mismo anexo hay una lista de precios para varios ítems de entrenamiento de pilotos y para equipo de reensamblaje. Los ítems de entrenamiento suman más de 4,9 millones de dólares.
Sin embargo, la fuente hizo notar que nunca volaron los seis helicópteros juntos, ya que al no haber llegado los repuestos y por la mala calidad de las aeronaves, hubo limitaciones. Esa sería la razón por la que el entrenamiento se realizó una sola vez y los pilotos que participaron y observaron las malas condiciones de las aeronaves fueron amenazados con el cambio de destino, dijo.
Un reporte de Grupo de Caballería I “Apóstol Santiago” denominado “Historial de discrepancias presentadas en el helicóptero Z9-H425 con matrícula EB-105” señala seis eventos ocurridos, entre ellos la “ruptura de los remaches del soporte de la biela neumática de la puerta derecha de pasajeros”; “biela neumática de puerta de pasajeros rendida”; desprendimiento y deformado del carenado del techo del piloto y copiloto”; y “fuga de aceite en el acople del árbol de transmisión de la caja de transmisión principal a la caja de transmisión trasera”.
La fuente añadió que se presentó una denuncia por el conducto regular, pero un jefe militar amenazó con la baja definitiva por atentar contra la institucionalidad y prestigio institucional.
CUESTIONAN AUSENCIA DE HELICÓPTEROS EN INCENDIOS
El 16 de febrero de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el contrato de compra de los helicópteros chinos Harbin-425 por 135,2 millones de dólares. Entrevistados en marzo de ese año en la red Cadena A, el entonces comandante de la FAB, Liborio Flores, junto al jefe de Seguridad de la FAB, Vladimir Poveda, justificaron la compra después de que el embajador de Rusia, Leonid Goluveb, dijera que las aeronaves que ofrecía su país eran más económicas.
Flores, quien entonces dijo que el monto de la compra fue de 140 millones de dólares, aseguró que eran aeronaves “polivalentes”, con gran capacidad de carga, que podrían transportar pasajeros y servirían tanto para tareas civiles como militares.
Poveda aseguró que los helicópteros prestarían apoyo en caso de desastres naturales, incendios, rescates, control de fronteras y lucha contra el contrabando y el narcotráfico. “Por su versatilidad (esta adquisición es muy urgente para nuestro país”, afirmó.
Según la explicación, habían sido ensamblados en China pero sus turbinas eran francesas y podían operar a 20 mil pies de altura y “en cualquier parte del país” debido a su gran maniobrabilidad.
Sin embargo, la denuncia hecha a este medio cuestiona por qué no fueron empleados en los incendios del parque Tunari en febrero y diciembre del 2015 y en los de la laguna Alalay en diciembre de 2015 y del 20 de enero de 2016.
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