Al menos siete casos de acusaciones de corrupción en las Fuerzas Armadas (FFAA) están pendientes de ser esclarecidos

Al menos siete casos de acusaciones de corrupción en las Fuerzas Armadas (FFAA) están pendientes de ser esclarecidos, en los que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) tiene la mayor cantidad de denuncias por la compra de aviones, repuestos e instalaciones, entre otros.

Legisladores de oposición expresaron su extrañeza porque el poder Ejecutivo no se haya pronunciado al respecto hasta la fecha.

Un centro de ensamblaje de aviones fallido que dejó dos muertos al caer una avioneta, la pérdida de 5 millones de dólares por la compra de motores para la flota de Transporte Aéreo Militar (TAM) que resultaron fallados, el daño económico de 1 millón de bolivianos a TAM por la compra de repuestos de aeronaves (BAe-146-200) que no aparecen, presuntas irregularidades en la compra a crédito de seis helicópteros chinos en 2014, denuncia de compra de un inmueble con sobreprecio para Transporte Aéreo de Bolivia (TAB), compra irregular de equipos también para TAB y la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE) están entre los casos denunciados, en los que la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) tiene la mayor cantidad de denuncias.

Según la diputada Rosemary Sandoval (UD), desde 2006 se presentaron 33 denuncias contra el Comando de la FAB.

Interpelación

En octubre pasado, asambleístas de Unidad Demócrata (UD) interpelaron al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, para obtener información acerca de la quiebra de la ECE y sobre manejos irregulares en la FAB.

Los legisladores interpelantes denunciaron como irregulares la compra de equipos, aviones e inmuebles que hacen un total de 53,1 millones de dólares.

Ferreira confirmó que con la quiebra de la ECE se perdieron 40 millones de dólares que se cubrirá con la venta de bienes del Ejército, aunque podría haber condonación del Eximbank de China y sobre la compra de dos aviones chinos por 40 millones de dólares dijo que los papeles desaparecieron y que entabló acciones legales.

“No se encubre a ningún ministro o exautoridad, jamás vamos a encubrir a nadie, si las auditorías demuestran que hay responsabilidad, y eso lo hemos aprendido del hermano Presidente, puede ser mi hermano, mi amigo o mi novia, pero si es corrupto, a la cárcel. Estén seguros de eso”, dijo Ferreira en la interpelación.

Sin embargo, según Sandoval, varias de las denuncias presentadas en los últimos contra el Comando de la FAB estaban relacionadas con el encubrimiento a las acciones del ahora excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Gonzalo Durán.

Tareas pendientes

Junto a Durán, el recientemente nombrado gerente general de la TAM empresa pública, Julio César Villarroel, tiene pendiente un proceso penal por la compra irregular de repuestos para aviones de TAM.

Al respecto, el flamante comandante en jefe de las FFAA, Luis Orlando Ariñez Bazán, manifestó que son casos que se ventilan en la justicia ordinaria y debe aplicarse el precepto constitucional de la presunción de inocencia, en tanto un juez no emita un fallo.

En la interpelación, Ferreira rebatió las críticas señalando que no asumió acciones sobre estos y otros casos y dijo que hay en curso auditorías y acciones penales, que “no es sencillo” y se deben esperar los resultados.



FRACASO AVIONES DE INSTRUCCIÓN

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) invirtió 5 millones de dólares para montar el Centro de Industria y Tecnología Aeroespacial (CITA), en enero de 2013, que incluía la construcción de cuatro naves más la implementación de la fábrica.

Sin embargo, un informe de la FAB al que tuvo acceso Los Tiempos señala, entre varias falencias, que el trabajo realizado fue empírico, no hubo control de calidad, tampoco certificación y que el CITA no fue producto de un estudio estructurado, pues saltó varios pasos en su creación. El informe fue presentado al Comando General de la FAB en junio de 2015, ocho meses después de que una aeronave ensamblada en el CITA cayera a tierra con el saldo de dos pilotos muertos.

La FAB insiste con el proyecto con la llegada, en noviembre pasado, de dos de los nueve aviones de entrenamiento Huaynas Zlin 242 L, de industria checa.

El informe sobre el CITA señala que no posee certificación de la autoridad competente (Dirección General de Aeronáutica Civil) ni de sus operaciones ni de sus talleres de mantenimiento.



SAE Y LOS MOTORES FALLIDOS

El TAM envió en septiembre pasado un informe a la FAB en el que revela una pérdida de 5 millones de dólares por la compra de cinco motores fallados a la empresa SAE, lo que implica que los aviones de TAM queden fuera de servicio.

A mediados de diciembre, Página Siete informó que la FAB anunció que convocará a la empresa SAE para buscar soluciones. El comandante de la FAB, Celier Aparicio, dijo que ya se hizo el reclamo y hubo respuesta de la firma.

Se conoce que al menos cinco de los motores llegaron al país sin documentación y con fallas técnicas que imposibilitan sus operaciones. En este caso también está involucrado el ahora excomandante de las FFAA, Gonzalo Durán, pues las compras se hicieron en 2015, cuando era el comandante de la FAB.

La compra fue por excepción, modalidad que, por normativa, no le corresponde a la FAB. Pero, además, algunos motores que llegaron ya operaban meses antes de que se aprueben los contratos de compra.

La Contraloría General del Estado (CGE) envió varias notas a la FAB y al Ministerio de Defensa para que se tomen medidas correctivas al respecto.



DEBEN RESPONDER POR LOS REPUESTOS

El flamante gerente general de TAM empresa pública, Julio César Villarroel, aún debe responder por el daño económico causado a TAM militar por 1 millón de bolivianos, detectado en una auditoría. El proceso penal que lo incluye junto al ahora excomandante de las FFAA, Gonzalo Durán, se origina en la supuesta compra irregular de repuestos para los aviones Bae 200 y Bae 100 para TAM cuando él era su director general, en 2015.

Este proceso fue atendido y retardado por el exfiscal Anghelo Saravia, ahora con detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz por los presuntos delitos de consorcio de jueces y abogados, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. El caso signado bajo el número LPZ 1406658 se encuentra ahora en manos del fiscal Daniel Ayala. La imputación es por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, peculado culposo y enriquecimiento ilícito. Fue en 2014 que el coronel Marco Benavidez planteó la querella penal en contra de Villarroel, de Jaime Flores (director financiero del TAM en 2007), Emeterio Díaz Jachu (jefe de Auditoría) y Elizabeth Lema por los delitos ya señalados, después de verificarse que no era responsable de la compra, como se quiso hacer figurar inicialmente.



COMPRA IRREGULAR DE 6 HELICÓPTEROS

En mayo pasado, este medio recibió la denuncia de presuntas irregularidades en la compra, con un crédito chino, de seis helicópteros H-425 hace dos años, a 135,2 millones de dólares para tareas de rescate, atención de emergencias y desastres. En septiembre de 2014, el presidente Evo Morales entregó las seis aeronaves a las FFAA y las dejó a cargo del Grupo de Caballería I “Apóstol Santiago”, con base en esta ciudad.

Según una fuente que pidió el anonimato por temor a represalias, las aeronaves no cumplen con las especificaciones requeridas e incluso carecen de repuestos. Además, en el contrato de compraventa con proveedores chinos se consignó 20 millones de dólares para repuestos, pero no hay registro de que hubieran llegado al país. Asimismo, se establece que los pilotos bolivianos debían recibir entrenamiento en el simulador de vuelo que acompaña la compra; pero el entrenamiento se hizo una sola vez por fallas en los helicópteros. Además, el denunciante afirmó que la compra fue realizada en base a un informe técnico elaborado por el coronel Vladimir Poveda, expiloto de Morales, que en 2012 fungía como jefe de Seguridad de

Vuelo de la FAB, y es la misma persona que firmó el documento de compra y venta.



COMPRA DE INMUEBLE PARA TAB

En marzo de 2016, las diputadas de Unidad Demócrata (UD), Rosemary Sandoval y Fernanda San Martín, denunciaron que el excomandante de las FFAA, Gonzalo Durán, cuando fungía como comandante de la FAB causó un daño económico al Estado de 1,2 millones de dólares al adquirir un inmueble para esa institución militar, ubicado en la zona de Calacoto de La Paz, cuando el valor real era de 556 mil dólares.

La denuncia también incluía la compra irregular de un soplador (que genera aire para motores), un loader (equipo con capacidad de carga) y un scissor lift (una plataforma tipo tijera). En respuesta, el gerente del TAB, Guido Hernani, negó rotundamente cualquier manejo irregular de recursos.

Ante estos hechos irregulares y distintas denuncias, el abogado Manuel Porcel dijo entonces a ANF que el Ministerio de Defensa ha iniciado seis auditorías para determinar irregularidades que se habrían cometido al interior de la FAB, TAM y TAB, y anunció acciones legales contra quienes resulten culpables de los supuestos hechos de corrupción. Además, indicó que revisarán los distintos contratos para verificar si los uniformados incurrieron en otras irregularidades.



QUIEBRA DE LA ECE

La ahora extinta Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), quebrada por incumplimiento de contratos, dejó una deuda de 40 millones de dólares por un préstamo del Banco de China Eximbank, para la compra de maquinaria. Al respecto, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo que se busca que la deuda sea condonada por los prestatarios, debido a las buenas relaciones bilaterales con ese país. Caso contrario, será encarada con la venta de bienes inmuebles del Ejército. “Se le dio al sector Defensa una empresa y fracasó, entonces el sector Defensa debe asumir las consecuencias”, sostuvo cuando fue interpelado en la Asamblea Legislativa, en octubre pasado.

También informó que el Ministerio de Defensa inició acciones legales contra cinco personas acusadas de peculado, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y malversación. Se aguardan informes finales de la Contraloría General del Estado para determinar si es necesario ampliar responsabilidades.

El Ministro explicó que la causa de la extinción de la constructora estatal fue los contratos en precios subvalorados, es decir, que se ejecutó obras por montos menores que los que rigen en el resto del mercado.



DETENCIÓN

Implicados ex altos mandos

En 2016, el excomandante del Ejército, Fernando Zeballos, fue detenido en la cárcel de San Pedro al haber firmado con la empresa Integración del Chaco nueve contratos presuntamente irregulares para la construcción de nueve puestos militares por una inversión de cerca de 18 millones de bolivianos, con recursos provenientes del programa “Evo Cumple”, según un recuento de ANF.

Por este mismo caso fue detenido el representante legal de la empresa, Néstor Terán. También están implicados el excomandante de las FFAA, Omar Molina, y otros dos oficiales.

Contratos

En diciembre de 2013, el general Zeballos firmó los contratos para la construcción de puestos adelantados, luego fue relevado del cargo y su sucesor, el general Omar Salinas, fue el encargado de desembolsar los recursos y ejecutar las obras que fueron realizadas de manera irregular, según la abogada Audalia Zurita.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, señaló en octubre pasado que se hizo seguimiento al caso de Salinas y puntualizó que cumplió, pero que será la justicia la que defina su situación jurídica.