FFAA proyecta un cuartel para mejorar control de la frontera

El Gobierno y las Fuerzas Armadas, en coordinación con las autoridades ediles de la provincia Daniel Campos de Potosí, se han propuesto construir el próximo año “un cuartel mecanizado” cerca de la frontera con Chile para mejorar la vigilancia de la soberanía nacional y frenar actos ilícitos.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, junto con el comandante del Ejército, general José Luis Begazo, visitó el martes Llica, la capital de la citada provincia potosina en el marco de un plan orientado a mejorar la logística de los puestos fronterizos de esa extensa zona.

Bolivia y Chile comparten un límite fronterizo de 850 kilómetros a través de un territorio semidesértico, poco poblado y de difícil acceso, ubicado por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En la oportunidad, el ministro Ferreira explicó que el Gobierno tiene previsto dotar equipos y vehículos a los puestos militares que se hallan desplegados en la frontera.

Luego de reunirse con las autoridades nacionales, el alcalde de Llica, Édgar Apala (MAS), informó a La Razón que su administración entregará un terreno de 20 hectáreas para la construcción de la nueva unidad militar que podría comenzar durante los primeros meses de 2016. “El objetivo es crear la XI Unidad del Ejército para resguardar nuestros recursos naturales, luchar contra el contrabando y fortalecer el resguardo en la frontera con Chile. Es un lugar estratégico donde se pretende crear dos puestos militares más, cerca de los hitos del sudoeste potosino”, explicó la autoridad municipal, quien además aseguró que el resguardo de la soberanía del país está entre las prioridades de su gestión.

Las nuevas instalaciones tendrán la capacidad de albergar a unos 300 soldados, además de infraestructura para los instructores militares y sus familias. Apala señaló que la unidad militar será “mecanizada”, es decir que contará con vehículos que patrullarán y vigilarán los hitos en la frontera con Chile.

DENUNCIAS. Durante la visita a esta zona, Ferreira y Begazo llegaron a cuatro puestos de avanzada en la misma provincia Daniel Campos y recogieron una denuncia de pobladores del área fronteriza, quienes señalaron que personal de una empresa minera, afincada en Chile, movió cinco kilómetros el hito 55 para obtener agua dulce de la laguna El Desierto, ubicada en territorio nacional. Las autoridades sobrevolaron el área en un helicóptero y luego instruyeron al Instituto Geográfico Militar (IGM) verificar técnicamente la denuncia que presentaron los comunarios, tal como reportó La Razón en su edición de ayer.

No obstante, desde Chile también llegaron denuncias. En noviembre, empresarios chilenos denunciaron que cerca de Colchane, en Chile (ubicada a 65 kilómetros al oriente de Llica) se registró el robo de un camión cisterna de la empresa Copec —que traslada combustible— y de dos vehículos de una compañía dedicada a la topografía. Los motorizados ingresaron a Bolivia, según informó en ese entonces El Mercurio. El 8 de noviembre, La Tercera —sobre la base de informes policiales— contó que más al norte, cerca del salar de Coipasa, se detuvieron a 28 personas en 10 meses de este año portando droga.

Adicionalmente, Chile llamó a la cónsul de Bolivia en Santiago, Magdalena Cajías, para quejarse por la “falta de acción boliviana”, ante inseguridad fronteriza, en un momento en el que no existe diálogo político entre ambos países. Tras una inspección del martes, Begazo dijo que su despacho “no recibió ninguna queja o denuncia formal” sobre el malestar chileno, mientras que Ferreira aseguró que las acciones del Gobierno boliviano responden a un plan nacional y no a las acciones que desarrolló el Gobierno de Chile durante los últimos meses.

La compleja relación binacional

Defensa

El refuerzo en la frontera avanza en paralelo a la redacción del Libro blanco de la defensa nacional, un documento sobre la política de protección y seguridad limítrofe.

Litigio

Bolivia pidió a Chile reestablecer el diálogo bilateral al margen del proceso legal que está en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Hasta el momento no existe respuesta a esta propuesta.

Piden ayuda para tener agua potable

El municipio de Llica, capital de la provincia potosina Daniel Campos, demandó apoyo del Gobierno para ejecutar proyectos de dotación de agua potable para 16 localidades aledañas a ese sector.

Ricardo Aguirre, presidente del Concejo municipal de esa comuna, afirmó que esa es la principal necesidad de la región y explicó que cerca de la frontera con Chile existe un manantial denominado Aguas del Sacaya, cuyo líquido pasa a territorio extranjero. “De esas vertientes salen 100 litros por segundo, tienen una gran capacidad, por lo que pedimos al Gobierno proyectos a mediano plazo para poder trasladar el agua a esta región”.

Según Aguirre, hay empresas mineras de Chile que “quieren aprovecharse de esas aguas”. El Gobierno les solicitó un plan oficial para ejecutar futuras obras.

El MAS analiza solicitar informe a la Cancillería

El Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla la Asamblea Legislativa, analiza la posibilidad de pedir un informe a la Cancillería sobre la remoción del hito 55 en la frontera con Chile, que denunciaron habitantes de la provincia Daniel Campos, ubicada al sudoeste del departamento de Potosí.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), no descartó la conformación de una comisión legislativa para verificar la situación en la región limítrofe, debido a “las amenazas de apropiación de recursos naturales por parte de empresas” de la nación vecina.

“La Cancillería debe operar, junto al Ministerio de Defensa, y hacer los reclamos respectivos y la verificación en sitio (...). Vamos a pedir algunos informes (a la Cancillería) y si hay la necesidad de conformar comisiones, lo vamos a hacer, porque hay que defender la integridad de nuestro territorio”, manifestó la autoridad.

De acuerdo con la denuncia, el mojón limítrofe fue removido cinco kilómetros de su posición original por la compañía minera Collahuasi, que opera en la región de Tarapacá, ubicada al norte del vecino país. Ante este reclamo, el Gobierno instruyó que el Instituto Geográfico Militar (IGM) realice una investigación técnica, cuyo informe estará listo en unas tres semanas, según indicó el comandante del Ejército, general José Luis Begazo.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que será necesario tener los resultados de esa inspección para asumir acciones en el ámbito diplomático. “Antes, no es prudente”, dijo. Borda demandó apurar los reclamos respectivos sobre esa situación.