Familia y abogados del suboficial Johnny Félix Gil Leniz anunciaron ayer que procesarán a los magistrados de los tribunales militares por dictar resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), que repercutieron en la detención irregular, de casi un año, del militar en la carceleta del Estado Mayor en Miraflores.
“Me duele que ahora recién le den libertad, pudiendo darle más antes. Por eso yo voy a procesar a los que hasta ahora lo han detenido a mi hijo”, declaró Roberta Leniz, madre del suboficial Gil.
En mayo de 2014, a los días de que Johnny Gil fuera detenido de forma irregular en el Estado Mayor, la madre de 67 años llegó desde Oruro y junto a familiares de los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Freddy Sucojayo y Franklin Colque, también detenidos, instalaron una carpa y se declararon en huelga de hambre en plaza Abaroa, frente al Ministerio de Defensa.
La señora fue evacuada luego de 18 días de ayuno en los que imploró ser escuchada por las autoridades, negando que su hijo haya liderado un movimiento subversivo al interior de la institución castrense.
El ministro de Defensa de ese entonces, Rubén Saavedra, en una declaración realizada en puertas de la Fiscalía de Distrito, señaló que la determinación de la madre era “una maniobra electoral” pues se venía las elecciones nacionales.
PROCESOS
Walter Rossel, vocal relator del Tribunal Permanente del Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM), el juez sumariante Marcelo Orellana y tres miembros del anterior tribunal de la Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) serán los primeros procesados, según la explicación del abogado Oswaldo Rojas.
Afirmó, que cada uno a su tiempo incurrieron en determinaciones contrarias al debido proceso y la Constitución Política del Estado, por lo cual son pasibles de sanciones hasta con privación de libertad.
JUICIO PARALIZADO
Sobre el proceso que persiste en contra de Johnny Gil, en la TPJM bajo los cargos de sedición y motín, denunció que este proceso está paralizado sin una razón legal.
Rojas señaló que si bien la apelación es un recurso en observación de las medidas cautelares, esta no afecta al proceso penal militar que debió seguir adelante, pero luego de que la defensa interpuso la primera acción de libertad, este tribunal “suspendió sin razón las audiencias del juicio”.
El jurista sostuvo que tuvieron que darse ocho acciones de libertad “para que los magistrados militares comprendan” que las resoluciones dictadas no contemplaban los parámetros legales, pero al momento, los asesores externos no pueden hacer comprender a los uniformados, la ilegalidad en la que incurren en otras actuaciones referidas al mismo proceso, por lo que apeló a que esta instancia mejore la preparación de su personal.
En abril de 2014, suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA) protagonizaron varias movilizaciones junto a sus familiares, pidiendo la descolonización de la institución y que se elimine los parámetros discriminatorios que se tienen en la actual Ley Orgánica de la FFAA (LOFA).
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