La Sala de Apelaciones y Consultas, del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), presidida por la coronel de Ejército, Zaide Magne, denegó ayer la novena acción de libertad presentada en favor del vocero de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA), Johnny Gil.
En esta audiencia, que sufrió retraso de dos horas y a la que el coronel de apellido Rojas no permitió el ingreso de periodistas, a pesar del carácter público de la misma, se reiteró la argumentación del TSJM, en sentido de que de ser liberado el suboficial procesado, puede influir sobre otros implicados debido a su rango.
Esta nueva resolución, según afirma César Rojas, abogado del suboficial Gil, no está dentro de las atribuciones de esta Sala de Apelaciones e incumple por novena vez la conminatoria del Tribunal de Garantías que funge en calidad de Constitucional, por lo cual solo le resta interponer una nueva acción de libertad en la vía ordinaria pero, esta vez, presentando las grabaciones de estas audiencias.
Por otro lado, Rojas señaló que no conoce la razón por la cual el juicio que se ventila en el Tribunal Permanente de Justicia Militar está paralizado por casi cinco meses, ya que en términos legales, este tipo de apelación no tiene efecto de suspensión.
Los delitos por los cuales está detenido el suboficial Gil son sedición, motín y rebelión, luego de que en abril de este año cientos de suboficiales y sargentos ganaron las calles pidiendo se elimine la discriminación al interior de las FFAA y la adecuación de la LOFA a la nueva Constitución Política del Estado.
EL DIARIO deja en claro que en reiteradas oportunidades trató de contar con la versión los magistrados militares, en cuanto a la emisión de los fallos, pero los subalternos que atendieron nuestras solicitudes, bajo el argumento de que para emitir cualquier declaración se debe hacer solicitud al Comando en Jefe (y desde esta instancia se ha dejado en claro que el TSJM es una instancia independiente para estos requerimientos), han negado todo tipo de información o entrevista con los presidentes de los tribunales.
En este sentido, dejamos en constancia, ante la opinión pública, el amedrentamiento que funcionarios (identificados) del TSJM tratan de hacer realizando el seguimiento y fotografiando a nuestro personal. Esta lamentable actitud, sin lograr su cometido, sólo genera más dudas sobre los argumentos legales en el proceder de los administradores de estas instancias que deben administrar justicia.
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