Del 1 al 5 de octubre, la Llajta será sede de la primera versión de los Juegos de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo principal identificar a deportistas que puedan representar a Bolivia durante los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.
Casi 700 militares, representantes de las 11 divisiones del Ejército, las 6 Brigadas de la Fuerza Aérea y las tres Áreas de la Fuerza Naval, por primera vez se enfrentarán en 19 deportes como la natación, taekwondo, tiro deportivo, triatlón, voleibol, canotaje, vela, ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, ciclismo, entre otros.
"Queremos llevar estos juegos a los escenarios donde se desarrollarán algunas de las competiciones de los Juegos Suramericanos", informó José Luis Zelada, director del comité organizador de los juegos (Codesur). Previo a estos Juegos, con la participación de todos los niveles del Ejército, se realizaron eliminatorias para seleccionar a los mejores representantes.
"Ahora (en los Juegos de las FFAA) vamos a enfrentarnos entre fuerzas: la fuerza aérea, naval y la armada, que hicieron lo propio desde hace tiempo, y de todas las Fuerzas Armadas saldrá una selección bajo la mirada atenta del Ministerio de Deportes y Codesur", afirmó el Comandante de la 7ma. División del Ejército, Gral. Omar Cordero.
La inauguración será este sábado a partir de las 14:30 en el estadio Félix Capriles, que estará abierto a toda la población, para que pueda presenciar saltos de paracaidismo, descenso de helicópteros, gimnasia y evoluciones con armamento.
Panamericano Lima 2019
El presidente del Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, Luis Salazar, renunció ayer a su cargo acusando ser víctima de maltrato y una politización de su puesto, debido a que fue designado por el Gobierno anterior.
"Están empezando a ensuciar todo. Hay muchas cosas que por transparencia yo he pagado de mi bolsillo", agregó, y lamentó que el tema de la organización del evento se haya politizado, tras ser citado a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
José Quiñones, miembro del Comité Organizador de Lima 2019 (COPAL) y presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), se mostró sorprendido con la renuncia, pero que "los Juegos no corren peligro. Esto no afecta el desarrollo de los Panamericanos".
En mayo, el comité organizador anunció que Perú invertirá al menos 1.000 millones de dólares para los Panamericanos.
El Tribunal de Sentencia Primero de la capital es el encargado de llevar adelante el juicio oral, público y contradictorio en contra de Esteban Flores Moscoso, quien es acusado de asesinar a su camarada Néstor Mayta Machaca. El hecho se produjo el año 2014 en el barrio 3 de Mayo.
El fiscal de materia, Gabriel Alarcón, informó que luego de dos años de cometido el delito se sitúa frente a un Tribunal al acusado de asesinato y se espera que hasta mañana martes se pueda tener una sentencia condenatoria que solicitó en la acusación el Ministerio Público.
Requerimientos
“En el mes de marzo, luego de los requerimientos, se logró la extradición de un soldado boliviano que fue aprehendido en la Argentina por el presunto asesinato de su camarada en la ciudad de Tarija, desde entonces él se encuentra con detención preventiva a la espera de una sentencia”, dijo.
Recordó que el hecho de sangre se produjo en el barrio 3 de Mayo el 15 de noviembre del 2014, la víctima y el imputado se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y como consecuencia de ello en un momento hubo una discusión en la que el agresor sacó un arma de fuego y le disparó.
“La descarga le provocó la muerte, el proyectil causó un trauma cervical, atravesó el abdomen, y después del hecho el el imputado se dio a la fuga a la Argentina”, añadió.
Manifestó que la Fiscalía del departamento de Tarija realizó todas las diligencias de investigación y el 9 de diciembre del 2014 presentó la imputación penal en contra de la persona prófuga por el delito de asesinato y ahora estableció la acusación formal.
El fiscal, hizo conocer que el procedimiento se realizó con la cooperación internacional asistida, que está establecido en la ley, se hizo el seguimiento a través de la fiscalía General del Estado, la Cancillería tanto de Bolivia como de la Argentina.
La víctima era originaria del municipio de Omasuyos, salió de bachiller, se presentó en La Paz y fue destinado a Tarija. El presunto asesino es una persona avezada, pues tras revisar su historial se descubrió que anteriormente cometió un robo y fue llevado al hogar de rehabilitación de menores Oasis, de donde ya había salido.
Luego de atacar a su camarada, se dio a la fuga hacia Argentina, se prevé que lo hizo vía terrestre, por Villa Montes o Bermejo, ya que por esos lugares hay poco control.
El Ejército de Bolivia graduó la mañana de ayer a 77 trabajadores de la prensa como corresponsales militares después de que pasaran dos meses de instrucción en teoría y prácticas castrenses.
El curso comenzó el 2 de julio en el Estado Mayor y se extendió durante ocho semanas hasta el examen final realizado en la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), uno de los mejores centros de entrenamiento para comandos en Sudamérica.
En su discurso, el comandante general del Ejército, Luis Ariñez, manifestó: "Es un momento especial, asistir a la clausura de un grupo selecto de mujeres y hombres, periodistas, fotógrafos y camarógrafos que culmina su capacitación en este segundo curso, que desde el 2015 se institucionaliza”.
El jefe del curso, Marco Antonio Soria, explicó que el año pasado egresó "la primera generación de corresponsales” después de más de una década sin que se realizara una capacitación similar.
Soria añadió que si bien en 2015 sólo se implementó el curso en La Paz, este año se extendió a Cochabamba y Santa Cruz, y para el siguiente se espera llegar a los nueve departamentos. Con esto, cada vez más periodistas estarán capacitados para participar en operaciones de guerra, de convulsión social o desastres naturales.
Ariñez felicitó a los recién graduados y recomendó manejar con "conocimiento de causa” la información generada en el Ejército.
Con la finalidad de evitar contratiempos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y el Ejército Nacional, iniciarán desde el lunes 26 de septiembre la capacitación al personal que estará involucrado en la entrega del bono Juancito Pinto, previsto para el próximo 17 de octubre.
El Comandante General del Ejército de Tarija, Waldo Solano, informó que personal de los distintos ministerios llegarán mañana a la ciudad para la capacitación de la menos 200 personas que estarán distribuidas en 11 brigadas móviles, para la entrega del incentivo que consiste en Bs 200 a todos los alumnos regulares de las diferentes unidades educativas.
Por su parte el director departamental de Educación, Eudal Tejerina, informó que 120 mil estudiantes de Tarija recibirán este año el bono de incentivo a la permanencia escolar “Juancito Pinto”, a partir de la segunda quincena de octubre.
“Unos 120 mil estudiantes se van a beneficiar en el departamento de Tarija este año con el bono Juancito Pinto.
Son 12 grados, seis del nivel primario y seis del nivel secundario”, dijo la autoridad educativa.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que la entrega del reporte de la libreta electrónica será uno de los requisitos para cobrar el bono Juancito Pinto.
Los estudiantes deben portar sus libretas electrónicas del primer, segundo y tercer bimestre, además de un certificado de asistencia que permita establecer la participación regular del alumno en la Unidad Educativa.
El Gobierno destinó al rededor de 464 millones de bolivianos para el pago del beneficio a los estudiantes en todo el país, que son 2,3 millones de primero a sexto de primaria y secundaria.
Luego de recabar más indicios que incriminan al teniente coronel Rolando del Villar, exgerente financiero de la Empresa Constructora del Ejército (ECE), gestión 2012 - 2013, la Fiscalía solicitó la modificación de las medidas cautelares y ampliar la imputación en su contra con otros tres delitos, en el marco de la investigación de la quiebra de esta institución, informó Marcelo Porcel, director jurídico del Ministerio de Defensa.
Porcel precisó que en una primera etapa de la investigación, Villar fue ya cautelado y recibió el beneficio de la medida sustitutiva con detención domiciliaria.
Luego se tomaron más declaraciones, producto de ellas se ordenó la detención de cuatro personas, tres de ellos militares, el miércoles, y Villar fue nuevamente convocado por el fiscal Juan Carlos Soria y luego de recibir su declaración ampliatoria, se ordenó su aprehensión, por encontrarse nuevos indicios en su contra, explicó Porcel a EL DIARIO.
En ese sentido, el fiscal Soria informó ayer que hasta la fecha han prestado ya declaraciones informativas 11 exfuncionarios de la ECE, de un total de 18 personas; si bien se ha manejado la cifra de 60 millones de bolivianos, aún se trabaja en el cálculo económico del daño total causado al Estado.
INFORMES
“Hay informes de los gerentes generales en 2014, que determinan una mala administración y malos manejos, falta de descargos oportunos”, afirmó Soria.
Por su lado, Porcel precisó que Del Villar también ocupó los cargos de gerente de Gestión y Planificación y luego de Logística.
Señaló que los tres nuevos delitos son malversación de fondos, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica, tomando en cuenta que en el ejercicio de su cargo, Del Villar autorizó el desembolso de recursos económicos para la supuesta ejecución de seis proyectos.
Los contratos incumplidos y que originaron la quiebra de la ECE son la planta de gas Río Grande, aeropuerto Tito Yupanqui en Copacabana, readecuación de la carretera Unduavi-Chulumani, conservación vial del tramo Unduavi-Chulumani, construcción de la avenida Germán Busch y construcción de la Subalcaldía de El Paso, que fueron incumplidas.
A la fecha, por estos casos están detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro el coronel Nikita Germán Apaza y Jorge Gambarte Calvimonte; el teniente coronel Abel Villarroel, recluido en el penal de Patacamaya; y el coronel Víctor Hugo García, detenido en la cárcel de San Pedro, de Oruro.
El gerente de la extinta Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), mayor Rolando V., fue aprehendido anoche por los delitos de conducta antieconómica y malversación de fondos.
Luego de su declaración ante el fiscal Juan Carlos Soria, el "investigador encontró los elementos suficientes para la aprehensión del mayor Rolando del V.”, informaron fuentes del Ministerio Público y advirtieron que el fiscal de distrito de La Paz, Edwin Blanco, será el único en brindar información al respecto.
Luego de su declaración, el acusado fue trasladado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC,) a la espera de su audiencia de medidas cautelares, que será en las próximas horas. En ella se determinará si enfrenta el proceso detenido en un centro penitenciario, con arresto domiciliario o libre.
La ECE no cumplió con seis obras a causa de su mala administración. Los conflictos derivaron en la quiebra de la compañía y su cierre en septiembre de 2015. Sus activos y pasivos pasaron a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena).
El daño económico al Estado alcanzó a los 60 millones de dólares. No se ejecutaron la Planta de gas de Río Grande, el aeropuerto Tito Yupanqui en Copacabana, la readecuación de la carretera Unduavi-Chulumani, la conservación vial del tramo Unduavi-Chulumani, la construcción de la avenida Germán Busch y la construcción de la subalcaldía de El Paso.
En septiembre de 2015, el Gobierno dispuso el cierre de la ECE por insolvencia y las varias demandas que enfrentaba por incumplir contratos.
Por este caso otras dos personas guardan detención preventiva. Se trata de otro exgerente de la Constructora, Nikita A. L. , y el exjefe de la Unidad Financiera, Jorge G. C. Además, otro oficial del Ejército, Rolando D. E. guarda detención domiciliaria.
La Fiscalía lleva adelante las investigaciones para identificar a las personas que llevaron a la quiebra a la empresa. Los investigadores aún revisan los expedientes y el manejo de la ECE.
ENTRE 600 Y 800 MILLONES DE DÓLARES COSTARÁ LA RENOVACIÓN MILITAR
QUE EL GOBIERNO BOLIVIANO EMPRENDIÓ DESDE HACE TRES AÑOS. CHINA,
FRANCIA Y PROBABLEMENTE RUSIA, REEMPLAZAN COMO PROVEEDORES A EEUU
Era casi irremediable, tarde o temprano Bolivia iba a comprar armas.
Por ello no sorprendieron demasiado los recurrentes anuncios de
renovación de material bélico vertidos por las autoridades nacionales.
El último constituye la firma de un acuerdo de cooperación militar entre
Bolivia y Rusia protagonizada hace una semana por el ministro de
Defensa Reymi Ferreira y su par ruso Sergei Shoigú en Moscú.
"Para nosotros es la posibilidad de tener alternativas de apoyo técnico
militar independientes de la esfera de países que tradicionalmente han
atentado contra nuestra soberanía". Comentó el ministro boliviano a la
agencia RT acerca del nuevo convenio firmado con Rusia. Ferreira
mencionó que Bolivia ha tenido en el pasado "una dependencia casi
absoluta de fuentes de equipamientos militares de Estados Unidos". "Eso
nos limita y nos ha limitado potencialmente".
El acuerdo abre posibilidades al suministro de diverso material y apoyo
tecnológico, pero sobre todo ratifica la intención boliviana de
potenciar sus FFAA. Y Al margen de cualquier justificación específica
queda claro que tres factores confluyeron para que las autoridades
asuman esta siempre polémica decisión: recursos económicos, condiciones y
situación política de las FFAA.
Y los tres factores coincidieron casi matemáticamente. En lo económico,
Bolivia experimentó una bonanza sin precedentes durante la última
década. En lo político, en ese periodo surgió un idilio entre el
Gobierno de Evo Morales y las Fuerzas Armadas. Y a ello se añade que la
última vez que el país adquirió equipo bélico, más allá de lo rutinario,
fue en 1978, justo al final de otra época de bonanza.
LA ÚLTIMA RENOVACIÓN BÉLICA
Así, durante los años 70, básicamente durante la dictadura de Hugo
Bánzer Suárez (1971 – 1978) Bolivia realizó la última renovación general
de armamento. Para entonces, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) estrenó
sus primeras escuadrillas de aviones caza a reacción. “Bolivia ingresa a
la era del jet”, anunciaba Banzer en agosto de 1975 cuando se
presentaron los primeros 3 aviones T-33 Mark III industria
estadounidense. Luego se sumarían otras nueve aeronaves de ese modelo y
una escuadrilla de los también norteamericanos Sabre F-86. En varios
casos resultaron donaciones del gobierno de Venezuela.
Valga remarcar que ya para entonces tanto el F-86 como el T-33 eran
modelos relativamente antiguos. El primero databa de la Guerra de Corea y
el segundo constituía una remodelación de los primeros aviones a
reacción construidos durante la Segunda Guerra Mundial. De todas
maneras, sustituyeron a los aviones a hélice, como el Mustang P-51
(fabricado en EEUU), que hasta entonces representaban la vanguardia
aérea boliviana. A ello se sumó la compra de naves de entrenamiento.
Banzer además adquirió además un vetusto grupo de bombarderos B-25
Michel construidos para la Segunda Guerra Mundial. Una de esas naves
adorna hoy una pequeña plazuela en Cochabamba. El conjunto se completaba
con algunos helicópteros.
Con el tiempo, la FAB sólo fue reforzada a mediados de los años 80.
EEUU prestó una escuadrilla de helicópteros Bell H1 para la lucha contra
el narcotráfico y Francia donó 10 cazas T-33. Los primeros databan de
la Guerra de Vietnam, los segundos de la década de los 50. Hasta 2010
sólo le sobrevivían 9 T-33 que en 1998 tuvieron que ser reacondicionados
en Canadá.
LLEGA LA CABALLERÍA AÉREA
En años recientes, Bolivia ingresó en una sostenida compra de aeronaves
militares que, según se prevé continuará, por lo menos, hasta 2017. A
fines de 2011, el Gobierno del MAS adquirió seis aviones caza de
industria china, modelo K-8, a un costo de casi 60 millones de dólares.
Según ha señalado el propio ministro de Defensa, Reymi Ferreira, Bolivia
se apresta a comprar otros 20 aviones caza en los próximos meses.
Algunos trascendidos adelantan que las ofertas mejor perfiladas
constituyen un lote de aviones franceses Alpha Jet y otro de los
argentinos Pampa IA-63. Son modelos que datan de los años 70 y 80,
respectivamente. El ministro ha señalado que tiene ofertas de cinco
países, entre ellos Rusia, China y Francia. El costo un Alpha Jet bordea
los 7 millones de dólares.
Pero además, en tiempos de la “caballería aérea” la FAB se ha
beneficiado con la mayor compra de helicópteros de su historia. El
Gobierno del MAS ha dotado a la Fuerza Aérea de seis Súper Puma AS332
franceses, seis Harbin Z9 chinos, cuatro EC 145 franceses, entre los
modelos más destacados. Baste citar que cada Súper Puma bordea un costo
de 15 millones de dólares y cada Harbin cuesta casi 18 millones,
mientras que los EC llegan a los 6 millones de la moneda estadounidense
por unidad. Al margen de esos 16 helicópteros también se adquirió cerca
de otra quincena de naves de este tipo pero de modelos menores.
BLINDADOS Y COHETES
El Ejército boliviano también fue ajeno a la renovación de material
desde los años 70. Los últimos blindados que adquirió fueron 34 tanques
austriacos Sk-105 Steyr y 26 tanquetas brasileñas Urutú y Cascabel.
“Bolivia cuenta ya con sus primeros tanques”, señalaba en 1979 el
general David Padilla al referirse a los SK. Llegaron al país un año
después de la caída de Banzer, quien había gestionado la compra. Hasta
entonces la vanguardia de los blindados bolivianos la constituían
variados modelos de tanquetas con ruedas y los M-113. Estos últimos eran
vehículos con orugas para transporte de tropas que habían llegado desde
EEUU a principios de los 60.
También en los años 70 se renovó la fusilería boliviana. Bien se podría
decir que se ingresó a la era de los fusiles automáticos, con los
modelos FAL y SIG que relevaron a los antiquísimos y heroicos “máuser”.
Precisamente, los FAL implicaron una donación con la que se dotó a las
tropas que apuntalaron el golpe del propio Banzer en agosto de 1971.
Si algo más significativo se compró años después fue un lote de misiles
chinos tierra – aire N4H4, en 1998, que derivó en un sonado escándalo
el año 2005. Eran los “primeros misiles bolivianos”, pero en una extraña
operación militar fueron entregados a EEUU semanas antes de la posesión
de Evo Morales como presidente.
Este 29 de julio de 2016, el Gobierno de Evo Morales entregó 27
vehículos blindados de industria china modelo APC-ZFB Shianxing baooi. A
ello sumó cuatro carros blindados antidisturbios. Se trata de una
donación que, sin embargo, implicó una erogación de 7,7 millones de
dólares a Bolivia. Adicionalmente, el ministro de Defensa, Reymi
Ferreira, anunció en diversas oportunidades que se cotiza la compra de
40 mil fusiles de última generación. El costo promedio de los fusiles de
avanzada es de 1.000 dólares. Ha trascendido además gestiones para la
compra de otro lote de blindados y rampas lanzacohetes. En el último
año, Ferreira ha firmado cartas de cooperación tanto con Argentina como
el ya mencionado con Rusia.
A todo el material citado se suma la compra de un sistema de radares
con el que se prevé articular el nuevo sistema de defensa. Se trata de
13 radares de la empresa francesa Thales cuyo costo asciende a 203
millones de dólares.
Distanciado de EEUU y, por lo tanto, de los fabricantes en los que ese
país influye, Bolivia debido de acercarse a otros vendedores de armas y
equipos militares. Por ello, las adquisiciones se han concentrado
básicamente en China y, con cortapisas tecnológicas, Francia. Mientras
que tras un frustrado acuerdo en 2009, Rusia se perfila como el tercer
proveedor de armas a las Fuerzas Armadas bolivianas del siglo XXI.
Las distancias económicas y tecnológicas la sitúan a las FFAA
bolivianas muy lejos de sus pares de Chile, Perú, Argentina y Brasil.
Los Tiempos
¿Y DÓNDE ES LA GUERRA?
Las propias declaraciones del Ministro Ferreira y las evidentes
características del material que se ha adquirido o gestiona muestran que
Bolivia se organiza básicamente para enfrentar dos tipos de enemigo:
organizaciones delictivas, especialmente narcotráfico, y conflictos
internos. Las distancias económicas y tecnológicas sitúan a las FFAA
bolivianas muy lejos de sus pares de Chile, Perú, Argentina y Brasil, en
proporciones de 22, 14, 20 y 45 a 1, respectivamente, según
publicaciones especializadas como la Militar Balance o Nacla.
“Es, además, una renovación de armamento bastante matizada –señala el
analista en temas de defensa Samuel Montaño-. Varios de los equipos
aéreos, por ejemplo, han llegado no en su versión militar, sino de uso
más utilitario. En el exterior son muy cuidadosos de entregar material
bélico a Bolivia por diversos antecedentes, como el caso de los “misiles
chinos” y las frecuentes “perdidas” de armas que acabaron en manos de
grupos guerrilleros o delincuenciales en el exterior”.
El ministro de Defensa ha especificado además que uno de los objetivos
de esta renovación apunta en especial a tener la capacidad de
intercepción de aeronaves. Estas afirmaciones coinciden con los
insistentes reclamos internacionales por los narcoaviones que despegan
desde territorio boliviano hacia Brasil, Argentina, Perú y
Paraguay.
Y bajo esos matices, sin embargo, el nuevo potenciamiento militar
boliviano, aunque tímido, representa un costo potencial de entre 600 y
800 millones de dólares. A ello se deben siempre agregar los gastos
adicionales en funcionamiento, repuestos, capacitación, etc.
Un costo, por donde se lo vea, doloroso. Máxime en este tipo de
material cuyo mejor destino es el que nunca sea usado y termine sus días
en museos. Para mal de recuerdos, no sobra recordar los “estrenos” que
tuvieron las armas en su tiempo renovadas o las que se hallan en puertas
de jubilación. Los Mustang, por ejemplo, iniciaron la era de las
dictaduras tras derrocar a Víctor Paz en 1964. Luego, se aplicaron en
los bombardeos a campamentos mineros en 1967. Los M-113 impulsaron el
golpe de Bánzer. Los T-33, los Urutú y los SK-105 protagonizaron desde
la masacre de Todos Santos y el golpe de García Meza hasta la represión
en octubre de 2003.
Pero bueno, en tiempos de idilio político militar, valdrá recordar las
palabras del presidente Evo Morales en julio de 2015: “Tenemos que tener
fuerzas armadas y no fuerzas desarmadas”. Sabrá por qué lo dijo.
(Con datos de Militar Balance, Nacla, ABI, RT).
"Es, además, una renovación de armamento bastante matizada
–señala el analista en temas de defensa Samuel Montaño-. Varios de los
equipos aéreos, por ejemplo, han llegado no en su versión militar, sino
de uso más utilitario."
"Distanciado de EEUU y, por lo tanto, de los fabricantes
en los que ese país influye, Bolivia debido de acercarse a otros
vendedores de armas y equipos militares. Por ello, las adquisiciones se
han concentrado básicamente en China y, con cortapisas tecnológicas,
Francia"
La asesora jurídica y madre de una de las dos cadetes que fueron dadas de baja del Colegio Militar de Aviación (Colmilav), Elda Hurtado, informó que solicitaron a la jueza Deysi Sandóval, del Juzgado Público Civil Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conminar a los jefes militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y del Colmilav a dar cumplimiento a un amparo constitucional que manda que dos señoritas cadetes sean reincorporadas a la institución militar para continuar sus estudios. El pasado jueves, la FAB emitió un comunicado en el que informó que dio de baja a Mariana A. G., Elda S.H., Dafne Ch. A. y emitió sanciones disciplinarias contra otras 10 cadetes involucradas en el consumo de bebidas alcohólicas en uno de los pabellones de Colmilav. Algunas de las sancionadas acudieron a la justicia ordinaria y ganaron.
Las 15.950 hectáreas que fueron entregadas oficialmente a las Fuerzas Armadas, mediante títulos de propiedad, por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), serán destinadas a la construcción de cuarteles y centros de logística, entre otras obras.
"Serán cuarteles, campos de entrenamiento, centro logístico. Dentro de ello estamos contemplando algunos espacios donde estarán los radares que no tenemos definido por falta de propiedad”, afirmó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
La autoridad explicó que se trata de saneamientos. "Son terrenos que ya poseían las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa y son procesos de saneamiento que nos permiten tener la propiedad real de esos inmuebles. Lamentablemente tenemos una gran cantidad de inmuebles sobre los que teníamos posesión, pero sin título; entonces, con esto gracias al INRA y al Ministerio de Desarrollo Rural ya somos propietarios”, dijo.
Indicó que en algunas zonas rurales falta todavía "perfeccionar” el derecho propietario, por lo que se diseñó un cronograma junto con el INRA.
Esta institución entregó el lunes 29 títulos ejecutoriales que corresponden a 15.950 hectáreas de tierra en favor de las Fuerzas Armadas. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, resaltó que actualmente hay disputas por terrenos ocupados por la institución castrense, por lo que eran necesarios los títulos.
El comandante del Ejército, general Luis Orlando Ariñez, informó ayer que los militares implicados en la quiebra de la Empresa de Construcción del Ejército (ECE), que causó un daño económico de 60 millones de bolivianos fueron pasados a la letra “E” de disponibilidad, es decir, fueron suspendidos de la institución entre tanto solucionan el problema jurídico.
“Cumpliendo con el procedimiento los oficiales que enfrentan procesos penales ante la justicia ordinaria, por el incumplimiento de contratos en la disuelta Empresa de Construcción del Ejército (ellos), han pasado a la letra ‘E’ de Disponibilidad”, informó Ariñez, a tiempo de precisar que esta situación durará dos años, luego del cual se revisará su situación.
“Los procesos en trámite que han superado ese tiempo deberán asignarle destino en la guarnición de La Paz o en el lugar de jurisdicción, donde se esté ventilando el proceso penal por un periodo conminatorio no mayor a tres meses, para concluir con su proceso ante los estrados judiciales”, señaló.
BAJA
Por otro lado, aseguró que de darse una sentencia de privación de libertad por hallarlos culpables de los delitos de los que son acusados y se ejecutoria la misma, esos militares que guardan detención preventiva en cárceles de La Paz serán dados de baja del Ejército, por ende de las Fuerzas Armadas.
Acotó que el Comando General del Ejército es el más interesado en el esclarecimiento en el incumplimiento de contratos y la quiebra de la ECE.
“Sobre estos militares, el Ejército Boliviano instauró sumarios informativos, auditorias, procesos administrativos y penales, que están en la justicia ordinaria, y la investigación a cargo de la Fiscalía, donde demostraran su inocencia o su responsabilidad”, apuntó.
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) posibilitó la mitigación de dos incendios en la localidad Lingupata, ubicada en el departamento de Cochabamba, con la intervención de los helicópteros EC 145 pertenecientes al Grupo Aéreo 51.
Tripulantes de las aeronaves realizaron ocho vuelos continuos para llevar agua al lugar del siniestro y así controlar el fuego, además de evitar que el incendio forestal se propague en el sector que es parte de la jurisdicción del Parque Tunari.
Los helicópteros trasladaron 7.200 litros de agua en total con el sistema Bambi Bucket, sobrevolando más de cuatro horas el área donde se produjo el incendio.
Dicho sistema consiste en que los helicópteros llevan colgado en un cable un cono gigante lleno de agua.
El piloto de la nave, sin posarse en tierra, puede llenar el tanque con agua de lagunas o ríos no necesariamente profundos, mezclarla con sustancias contra fuego, accionando los mandos de su tablero, y acudir con rapidez a verterla sobre las llamas de incendios ocurridos en lugares de difícil acceso por tierra.
El comandante del Ejército, general Luis Orlando Ariñez, reconoció que en el caso de incumplimiento de contratos entre el Ejército y la Empresa Accidental Integración del Chaco para la construcción de nueve puestos militares, también se dio varias deficiencias en la contratación de personal para la fiscalización de estas obras, que continúan paralizadas desde 2014.
El 13 de diciembre de 2013, el Comando General del Ejército firmó nueve contratos con la Empresa Accidental Integración del Chaco para la construcción de nueve Puestos Militares Adelantados, en diferentes puntos fronterizos del país.
Para fiscalización de estas construcciones se contrataron y pagaron Bs 216.326,22 a supervisores de construcción para cuatro obras, que hasta la fecha no se ejecutaron.
Consultado sobre el tema, el general Ariñez declaró que “no solo eso, es un conjunto de deficiencias que presenta, tanto el proceso de contratación como el incumplimiento de contrato; entonces en ese marco, se están estableciendo las auditorías pertinentes y los procesos pertinentes; eso ya ha sido canalizado debidamente a través de auditorías y procesos administrativos y penales”.
Agregó que si el Ministerio Público lo convoca por este caso, se presentará a declarar y anunció que encarará un proceso de conciliación para determinar sí retoman o no las construcciones de los puestos adelantados.
“Ante el incumplimiento de contratos y una serie de actuaciones, en este momento estamos por encarar un proceso de conciliación, sobre esta base (para) ver la pertinencia o no de retomar las construcciones de los nueve puestos militares”, señaló.
Finalmente, mencionó que el Ministerio Público está investigando esta situación y el Ejército es el más interesado en que se aclare y resuelva el caso.
El general Ariñez fue implicado en este caso conjuntamente con el general Omar Salinas (comandante del Ejército 2014), general José Luis Begazo (Comandante del Ejército 2015), a raíz de una querella penal interpuesta por Ernesto Ayoroa, uno de los representantes de la empresa “Integración del Chaco”, mismo que se encuentra prófugo de la justicia por este hecho.
En la denuncia, Ayoroa señala que los jefes militares incurrieron en presunta corrupción al no ejecutar las pólizas de garantía de los contratos de cada obra, lo que causó un daño económico al Estado de Bs 5.172.831.
Un total de 29 títulos de propiedad de predios que ya están ocupados por militares fueron entregados hoy por el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico al viceministro de Defensa, general Luis Aramayo.
Los 29 títulos establecen la propiedad de unas 16.000 hectáreas de tierra que no es nueva, aclaró la autoridad y explicó que son cuarteles y recintos que ya estaban en poder de las FFAA pero que no tenían papeles de propiedad y dijo que resta la titulación de otras 98 propiedades que tienen unas 75 mil hectáreas en total.
El viceministro de Defensa, dijo que en algunos lugares, no precisó cuáles, hubo intentos de toma de tierras porque no existía los títulos de propiedad de las FFAA y que ahora se tiene seguridad jurídica sobre esos terrenos.
El excomandante del Ejército general Omar Jaime Salinas Ortuño firmó ocho cheques por un valor de 3.392.212 bolivianos, por anticipo del 20 por ciento para la construcción de puestos militares en la frontera boliviana con Perú y Argentina, en el marco del programa Bolivia cambia, Evo cumple, según documentación a la que accedió Erbol.
El 12 de diciembre de 2013, fueron firmados los contratos para la construcción de los puestos militares en Ixiamas, Lino Echeverría, Cabo Juan, Gral. Luis Arce Pacheco, Gral. Filiberto Osorio, Gastón Velasco, Gral. Enrique Peñaranda, Gral. Candia Caballero y Cocos Lanza.
El contrato fue suscrito por el entonces Comandante General del Ejército, Fernando Zeballos, con la empresa Asociación Accidental Integración del Chaco. Los nueve contratos debían ejecutarse en un plazo de 180 días, luego de la orden de proceder.
Sin embargo, el 15 de diciembre de 2013, Zeballos fue relevado del cargo y en su lugar asumió el general Jaime Salinas Ortuño, quien tenía atribución de dejar sin efecto los contratos o continuar con la construcción. Días después Salinas Ortuño decide continuar con la fase de ejecución y en diciembre emite nueve minutas de instrucción y dispone que se pague el anticipo de 20 por ciento para el inicio de las obras. Para hacer efectivo el desembolso, el 27 de diciembre de 2013 Salinas y el coronel Winston Celis Guevara, director Administrativo del Ejército, firman cheques intransferibles a nombre de Asociación Accidental Integración del Chaco.
El Comando General del Ejército, con la aeronave Fokker F27 con placa EB 91 perteneciente al Ejército de Bolivia, desarrolló la misión de evacuar de emergencia a los heridos del trágico accidente de la flota Altiplano que se embarranco en una profundidad aproximada de 100 metros, en cercanías de Puchahui a 30 minutos del municipio de Apolo del departamento de La Paz.
Esta tarea se realizó en dos vuelos; en el primer vuelo se evacuaron a 16 policontusos y en el segundo vuelo a 14 heridos en similar situación, todos aquellos que requerían atención médica urgente, los mismos fueron traslados a los hospitales de la ciudad de La Paz.
El Regimiento de Infantería-30 “Pedro Domingo Murillo”, acantonado en la región de Apolo, coadyuvó en estas tareas de evacuación con el personal de cuadros y de tropa necesarios ante la situación emergente en esta zona.
Las personas que fueron evacuadas llegaron al Hospital de Clínicas en Miraflores y al Hospital del Norte, en El Alto. Las más graves se quedaron en el nosocomio Boliviano-Holandes de la urbe alteña.
El 13 de diciembre de 2013, el Comando General del Ejército firmó nueve contratos con la Empresa Accidental Integración del Chaco para la construcción de nueve Puestos Militares Adelantados en diferentes puntos fronterizos del país, para fiscalizar la ejecución de las obras contrataron y pagaron Bs 216.326,22 a supervisores de construcción por cuatro obras que hasta la fecha no se ejecutaron.
“La Empresa Constructora Asociación Accidental “Integración del Chaco”, no adoptó medidas necesarias y oportunas para la movilización de personal, maquinaria, instalación de faenas que permitan el inicio de obras en los Puestos Militares Adelantados, “Cap. Lino Echevarría”, “Gral. Candía Caballero”, “Cocos Lanza” y “Gastón Velasco”, teniendo en cuenta que a la fecha la empresa contratista ya contaba con la orden de proceder reflejado el 0% de avance”, señala el informe de avance de obras al que accedió ANF.
Por estas obras mencionadas, el Ejercito contrató y pagó a supervisores de construcción bajo el siguiente detalle: “supervisor de construcción por puesto militar adelantado Gastón Velazco Bs 51.603,; supervisor de construcción por puesto militar adelantado, Cocos Lanza Bs 54.935; supervisor de construcción por puesto militar adelantado capitán Lino Echevarría Bs 55.363 y supervisor de construcción por puesto militar adelantado general Candía Caballero Bs 54.424”.
Respecto a los restantes cinco puestos adelantados tienen un avance promedio del 17%. El puesto adelantado “general Enrique Peñaranda” tiene una ejecución del 16%; “Cabo Juan” con un avance del 19%; “general Luis Arce Pacheco” del 12%; “general Filiberto Osorio” del 14%; e, “Ixiamas” con una ejecución del 26%.
Para la fiscalización de ejecución de estas obras los supervisores percibieron un total de Bs 262.657,75 por las cinco obras, bajo el siguiente detalle: Bs 52.033,61 por el puesto “Gral. Peñaranda”; Bs 51.566 “Cabo Juan”, Bs 52.005; “Gral. Luis Arce”, Bs 51.976; “Gral. Filiberto Osorio” y Bs 55.074 “Ixiamas”.
Por las distintas irregularidades en la construcción de los nueve puestos adelantados fueron denunciados el general Omar Salinas (comandante del Ejército 2014), general José Luis Begazo (Comandante del Ejército 2015) y el actual comandante del Ejército, general Luis Ariñez, por incurrir presuntamente en corrupción y causar un daño económico al Estado de Bs 5.172.831, al no ejecutar las pólizas de garantía de los contratos de cada obra. La denuncia fue planteada por Ernesto Ayoroa, uno de los representantes de la empresa “Integración del Chaco”, mismo que se encuentra prófugo de la justicia por este caso.
Anteriormente, el comandante del Ejército, general Luis Ariñez, mediante un comunicado aseguró que oportunamente presentó las denuncias y las acusaciones contra los responsables de las irregularidades cometidas en la contratación de la construcción de estos puestos militares que no fueron ejecutados o que fueron ejecutados a medias, pese a que se desembolsó un millonario adelanto.
A raíz de esta denuncia, este año fue enviado al penal de San Pedro el general Fernando Zeballos (Comandante del Ejército en 2013), quien firmó los contratos para la construcción de los nueve puestos en diciembre de ese año y luego fue relevado del cargo por el general Salinas; también fue encarcelado el representante legal de la empresa constructora Néstor Terán Zumarán. El caso continua en investigación por el Ministerio Público.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tendrá que resolver el fallo emitido en primera instancia por una jueza de garantías de Santa Cruz a favor de 13 damas cadetes del Colegio Militar de Aviación (Colmilav) que fueron sancionadas por faltas consideradas graves y gravísimas, culpándolas de incurrir en actos de indisciplina.
El Consejo Superior de la institución castrense emitió una resolución en la que sanciona con baja definitiva a tres cadetes, dos brigadieres de cuarto año y a una de tercero, mientras que las otras de menor rango tendrán que responder a sanciones internas.
Las afectadas con baja demandaron con un amparo constitucional a los integrantes del Consejo Superior, incluido el comandante de la FAB.
La jueza Marcela Sandóval anuló el fallo por considerar que se violaron los derechos constitucionales de las demandantes; sin embargo, el Consejo Superior repitió la resolución con la misma sanción.
El fallo en primera instancia fue elevado al Tribunal Constitucional de Sucre, que tiene la facultad plena de confirmar o revocar.
Autoridades callan
El comandante del Colmilav, coronel Gonzalo Sempértegui, se limitó a señalar que existe una resolución que se la hizo conocer en un comunicado y que no podía opinar. La jueza Marcela Sandóval afirmó que el fallo fue elevado al TCP de Sucre
Tres damas cadetes del Colegio Militar de Aviación (Colmilav), fueron dadas de baja por embriagarse en el instituto militar. Sin embargo, su abogada Elda Hurtado denunció discriminación contra sus defendidas porque otros estudiantes varones no tuvieron el mismo castigo por un caso similar.
“Se ha cometido una injusticia y han discriminado a las chicas por ser damas. Quiero comentarles que el año pasado han llegado en estado de embriaguez varios cadetes que son subtenientes ahora, no se les dio de baja, se les dio sanciones”, dijo la abogada, según reporte de radio Santa Cruz de la Red Erbol.
De acuerdo al Colmilav hubo 13 infractoras que bebieron en el instituto, 10 de ellas tienen sanciones disciplinarias, mientras que la baja definitiva fue sólo para Mariana A. G., Elda S.H y Dafne Ch. A.
Según la abogada de las cadetes retiradas, la infracción se produjo el 8 de febrero cuando sus defendidas compartieron dos botellas del licor llamado Amarula con sus compañeras.
Lamentó que sólo se haya dado de baja a las tres porque ya estaban en cuarto año, a punto de egresar.
Aseguró que en agosto las jóvenes ganaron un Amparo Constitucional para ser restituidas, pero el Colmilav no las aceptó de nuevo entre sus filas.
Miembros de la Fuerza Aérea de Bolivia. La institución castrense enfrenta denuncias de discriminación.
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB), mediante un comunicado, dio a conocer que se dieron de baja a 13 mujeres cadetes por el consumo de bebidas alcohólicas al interior de instalaciones militares. El abogado de las alumnas, Omar Durán, denunció que dicha baja va en contra de un amparo constitucional ganado en Sata Cruz.
De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la FAB ayer, el Consejo Superior del Colmilav, en fecha 7 de septiembre, luego de un proceso militar, determinó dar de baja a tres damas cadetes, de cuarto y tercer curso militar, por incurrir en faltas graves, como el estado de embriaguez, insubordinación y la falta de respeto al uniforme militar reglamentario.
Según el reporte castrense, “las sancionadas aprovechándose de su rango jerárquico promovieron y organizaron una reunión al interior del instituto para ingerir bebidas alcohólicas, ordenando además a un grupo de sus subalternas adquirir e ingresar de manera clandestina bebidas alcohólicas, para luego despertar y obligar a consumirlas a otras damas cadetes de menor graduación”.
Asimismo, las tres cadetes son acusadas de resistirse a obedecer órdenes superiores y en consecuencia a incurrir en una de las faltas más inadmisibles en el ámbito militar.
El comunicado detalla que el Colmilav resolvió la baja definitiva de Mariana A. G., Elda S.H. y Dafne Ch. A.
Dos de las sancionadas, Elda S.H. y Dafne Ch. A., tras conocer el fallo recurrieron a la justicia ordinaria activando una acción de amparo constitucional, en defensa de sus derechos.
Sin embargo, las autoridades militares del Colmilav alegaron que la sanción contra las cadetes está fundada en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), el Estatuto Orgánico de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas de la Nación, el Reglamento de Régimen Interno y Disciplinario de las Damas y Caballeros Cadetes del Colmilav (RAA-22) y todos los reglamentos internos propios del instituto militar.
Sin embargo, Durán aseguró que las tres sancionadas, no incurrieron en una falta disciplinaria de tanta gravedad y afirmó que prueba de esto es el amparo ganado en instancias ordinarias.
Por su lado otra de las abogadas de las sancionadas, Elda Hurtado denunció que estas bajas son de carácter discriminatorio, porque otros estudiantes varones no tuvieron el mismo castigo por un caso similar.
“Se ha cometido una injusticia y han discriminado a las chicas por ser damas. Quiero comentarles que el año pasado han llegado en estado de embriaguez varios cadetes que son subtenientes, ahora, no se les dio de baja, se les dio sanciones”, aseveró la abogada, según reporte de radio Santa Cruz de la Red Erbol.
Hurtado anunció que se denunciará por incumplimiento de deberes al Director del Colmilav, Gonzalo Sempértegui, y también al comandante de la FAB, general Celier Arispe.
Durán concluyó señalando que las bajas también fueron hechas en una represalia contra él, debido a que denunció a Arispe, por el supuesto negociado del aterrizaje de naves extranjeras civiles en pista militares, caso del cual hasta la fecha no existe un informe oficial ni del Ministerio de Defensa ni de la FAB, pese a ser remitido al Ministerio de Transparencia.
El Consejo Superior del Colegio Militar de Aviación (COLMILAV) determinó sancionar a trece damas Cadetes, tres de ellas con la baja definitiva, luego que se demostrara la comisión de faltas graves como el estado de embriaguez, insubordinación, y la falta de respeto a uniforme militares reglamentarios.
Las sancionadas aprovechándose de su rango jerárquico promovieron y organizaron una reunión al interior del instituto para ingerir bebidas alcohólicas, ordenando además a un grupo de sus subalternas adquirir e ingresar de manera clandestina bebidas alcohólicas, para luego despertar y obligar a consumirlas a otras damas cadetes de menor graduación.
Todas estas acciones demuestran una resistencia sistemática y persistente a obedecer órdenes dadas por los superiores incurriendo en una de las faltas más inadmisibles en el ámbito militar.
Considerándose a esas conductas como graves faltas, esta máxima instancia del COLMILAV resolvió la baja definitiva de: Mariana A. G., Elda S.H., Dafne Ch. A., y sanciones disciplinarias para otras diez damas cadetes involucradas en el hecho por adoptar conductas contrarias al régimen disciplinario militar.
Si bien en primera instancia, conocido este fallo, las señoritas Elda S.H. y Dafne Ch. A. recurrieron a la justicia ordinaria activando una acción de defensa (Amparo Constitucional) la Resolución 020/2016 subsana las observaciones del juez constitucional; fundándose el fallo en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el Estatuto Orgánico de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas de la Nación, el Reglamento de Régimen Interno y Disciplinario de las Damas y Caballeros Cadetes del COLMILAV y todos los reglamentos internos propios del instituto militar. Esta resolución ya fue comunicada al Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana, según un comunicado de prensa.
El Colegio Militar de Aviación (COLMILAV) sancionó a 13 damas cadetes, tres de ellas con la baja definitiva, por embriagarse al interior del instituto militar, insubordinación, y la falta de respeto al uniforme reglamentarios.
Según nota de prensa de la entidad militar, las sancionadas se aprovecharon de su rango jerárquico para organizar una reunión para consumir bebidas alcohólicas.
Ordenaron a un grupo de sus subalternas que compren e ingresen bebidas al COLMILAV de manera clandestina. Luego despertaron a otras cadetes de menor grado para obligarlas a consumir.
"Todas estas acciones demuestran una resistencia sistemática y persistente a obedecer órdenes dadas por los superiores incurriendo en una de las faltas más inadmisibles en el ámbito militar", dice el comunicado.
Conocidas las faltas, el Consejo Superior del Colegio Militar de Aviación determinó el 7 de septiembre sancionar a las cadetes implicadas.
De las 13 infractoras, 10 tienen sanciones disciplinarias, mientras que la baja definitiva fue para Mariana A. G., Elda S.H., Dafne Ch. A., quienes cursaban el tercer y cuarto curso.
Elda S.H. y Dafne Ch. A. recurrieron a la justicia ordinaria activando una acción de Amparo Constitucional, pero el Colegio de Aviación sostiene que se resolución se basa en la Carta Magna, leyes y reglamentos.
Los ministros de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y de Bolivia, Reymi Ferreira, firmaron hoy un acuerdo de cooperación militar que busca sentar el marco jurídico de la futura colaboración bilateral en este ámbito.
"Confío en que la firma del acuerdo se convierta en una garantía del futuro de nuestra cooperación militar", dijo Shoigú, citado por medios locales, al término de la ceremonia, celebrada en Kúbinka, en las afueras de Moscú, donde hoy comenzó la exposición internacional de armamento y equipamiento militar "Army 2016".
Según el ministro ruso, el documento firmado hoy, de cuyos detalles no se informó, "sienta una sólida base jurídica para la ulterior cooperación militar" entre ambos países.
Por su parte, Ferreira, agradeció la invitación a la "Army 2016" y le transmitió a Shoigú un "cordial saludo" del presidente de Bolivia, Evo Morales.
"Para nosotros, Rusia es un país hermano con el que tenemos excelentes relaciones", dijo el ministro de Defensa boliviano, quien destacó la importancia del fortalecimiento de la cooperación militar con Moscú y la "alta calidad" de armamento ruso.
Al mismo tiempo, subrayó el interés de Bolivia de desarrollar las las relaciones con Rusia también en otros campos.
