El coronel del Ejercito, en servicio pasivo, Humberto Santander Céspedes de 58 años de edad perdió la vida, este martes, tras recibir tres impactos de bala de parte de sus atracadores, quienes tras dejarlo malherido, le sustrajeron 100 mil dólares procedentes de un préstamo.
Según los informes preliminares, dos antisociales intercepataron a Santander en inmediaciones de la calle 3 del Barrio las Hamacas en Santa Cruz, uno abordo de una motocicleta negra y el otro en una camioneta blanca, ambos encapuchados, a decir de los testigos. Uno de los impactos lo hirió en el tórax y los otros dos en las piernas.
Tras herir al militar, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. La policía activó el plan de rastrillaje, 30 minutos después, los helicópteros destinados a la seguridad ciudadana en la capital cruceña, contribuyen en la búsqueda de los malhechores.
Entretanto, el cuerpo de la víctima que inicialmente fue trasladado al hospital Prosalud de la avenida Alemana, ahora yace en la morgue de Pampa de la Isla.
Luego de retirarse, Céspedes se dedicó junto a su hija al negocio de la producción de chia, razón por la cual requería el dinero que le fue arrebatado.
Tuesday, October 7, 2014
Militares serán multados por no concluir una vía
Antonio Mullisaca, presidente de Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ha dicho que la Empresa de Construcción del Ejército (ECE) será sancionada por no cumplir con los plazos para la construcción del tramo carretero Undavi – Chumumani en La Paz. Adelantó que en unos 20 días la ABC contratará a otra empresa que concluirá la ejecución de la vía.
“Se aplicarán las sanciones que corresponden a ley según el decreto 181. El contrato fue por siete millones de dólares. Al momento se están haciendo actividades de mantenimiento en los 70 kilómetros que son de la vía Unduavi-Chulumani y vamos a prestar especial atención en los siete kilómetros de construcción para garantizar el tránsito”, aseguró Mullisaca.
La ABC regional La Paz, la semana anterior, rescindió el contrato con la ECE por no concluir el tramo Unduavi-Chulumani, ubicado en la provincia paceña de Sud Yungas, en La Paz.
La ECE se adjudicó la construcción de siete kilómetros de carretera en julio de 2012. El tramo carretero debía ser entregado el 29 de septiembre de este año; sin embargo, la constructora solo entregó un avance del 56%, situación que motivó a la ABC a desligarse de los militares.
“Se aplicarán las sanciones que corresponden a ley según el decreto 181. El contrato fue por siete millones de dólares. Al momento se están haciendo actividades de mantenimiento en los 70 kilómetros que son de la vía Unduavi-Chulumani y vamos a prestar especial atención en los siete kilómetros de construcción para garantizar el tránsito”, aseguró Mullisaca.
La ABC regional La Paz, la semana anterior, rescindió el contrato con la ECE por no concluir el tramo Unduavi-Chulumani, ubicado en la provincia paceña de Sud Yungas, en La Paz.
La ECE se adjudicó la construcción de siete kilómetros de carretera en julio de 2012. El tramo carretero debía ser entregado el 29 de septiembre de este año; sin embargo, la constructora solo entregó un avance del 56%, situación que motivó a la ABC a desligarse de los militares.
Monday, October 6, 2014
Cambian a juez que investigaba naufragio
El director de Comunicación de la Armada Boliviana, capitán de fragata Javier Torrico, informó que la máxima instancia de esa fuerza militar resolvió cambiar al Juez Sumariante que debía investigar el naufragio de la barcaza TNR 12 que se hundió el 23 de septiembre en la hidrovía Paraguay-Paraná, donde el brigadier Javier Quispe y la periodista Liliam Ortega perdieron la vida.
El jefe militar se excusó de dar el nombre de la nueva autoridad encargada de la investigación y explicó que en lapso de los 10 días este juez debe entregar un informe a detalle sobre lo ocurrido la mañana del martes 23 de septiembre.
“En vista de que el caso es muy complejo y se requiere una calificación más técnica, se dispuso el cambio del juez sumariante por otro que es parte de la Marina Mercante. Él juro el miércoles su labor como juez y es que el tema requiere de una persona calificada técnica y de una mayor jerarquía”, indicó al periódico digital Oxígeno.
El nuevo juez sumariante tiene 10 días desde el 1 de octubre para presentar un informe oficial de lo que ocurrió la mañana del 23 de septiembre, cuando la barcaza que tenía una misión de instrucción naval militar se hundió a las 08.10, por inmediaciones del Fuerte Coímbra a la altura del kilómetro 1.347 de a hidrovía.
Junta a la barcaza, remolcador, otras cuatro embarcaciones debían surcar el río Paraguay para llegar hasta su capital, Asunción, donde los cadetes debían realizar una serie de actividades relacionadas a la disciplina naval, así como de relacionamiento con la Armada de ese vecino país.
El jefe militar se excusó de dar el nombre de la nueva autoridad encargada de la investigación y explicó que en lapso de los 10 días este juez debe entregar un informe a detalle sobre lo ocurrido la mañana del martes 23 de septiembre.
“En vista de que el caso es muy complejo y se requiere una calificación más técnica, se dispuso el cambio del juez sumariante por otro que es parte de la Marina Mercante. Él juro el miércoles su labor como juez y es que el tema requiere de una persona calificada técnica y de una mayor jerarquía”, indicó al periódico digital Oxígeno.
El nuevo juez sumariante tiene 10 días desde el 1 de octubre para presentar un informe oficial de lo que ocurrió la mañana del 23 de septiembre, cuando la barcaza que tenía una misión de instrucción naval militar se hundió a las 08.10, por inmediaciones del Fuerte Coímbra a la altura del kilómetro 1.347 de a hidrovía.
Junta a la barcaza, remolcador, otras cuatro embarcaciones debían surcar el río Paraguay para llegar hasta su capital, Asunción, donde los cadetes debían realizar una serie de actividades relacionadas a la disciplina naval, así como de relacionamiento con la Armada de ese vecino país.
Friday, October 3, 2014
Por muerte de cadete Coronel Campero alega inocencia
El coronel de la Fuerza Aérea, José Antonio Campero Castro, negó ayer haber dado orden alguna para que el soldado Alan Álvarez Llusco y el cadete Luis Germán Steer Organivia rescaten su vehículo que era llevado por la riada, oportunidad en la que ambos perdieron la vida en noviembre de 2013.
Entregó a EL DIARIO documentación en la que refiere que al no tener cuenta pendiente en la Justicia Militar puede seguir ejerciendo el cargo al que lo designaron.
En la resolución emitida en fecha 28 de abril del presente año, el juez de Instrucción Penal y Cautelar Cuarto de la Capital, Hugo Michel Lescano, dispone “la nulidad de la imputación formal presentada por el representante del Ministerio Público, Dr. Nelson Gumiel, en fecha 4 de febrero de 2014, por la probable comisión del delito de Homicidio Culposo, que cursa a fojas 23, 24 y 25 de obrados…”.
En la documentación, además, se incluye las declaraciones de ocho personas que se encontraban el momento de ocurrido la riada en el río Quirpanchi en la capital del Estado a las 17.45 del 19 de noviembre de 2013.
Entre ellas está María del Carmen Galean Teleez quien en la parte principal de su declaración afirma: “…no escucha a nadie ordenar ni gritar a nadie para que entren al río….”.
María Estela Gallardo Gareca por su parte afirma: “… no escucho a nadie ordenar para que ingresen al río, porque manifiesta que no había mucha gente en ese momento”.
Yerika Paola Peredo Aguilar indica que vio al coronel Campero correr hacia el comedor entrando al agua queriendo salvar su auto, posterior había ingresado su soldado a querer ayudar, a eso, “Steer había indicado a Hiarachi entremos pero la testigo les dijo que no se metieran (…) asimismo indicó que no escuchó a nadie dar órdenes para el ingreso de los cadetes no del soldado…”.
Vladimir Lupa Salamanca, en su declaración, dijo que ese día cumplía su servicio como capitán de guardia y que escuchó gritos y ver gente correr hacia la quebrada del puente del Liceo Militar, “de inmediato corre hacia el puente pero sólo escucha que se lo llevó a dos personas…”
Marco Antonio Benavides dice que llegó después y le alcanzan un mástil, no recuerda quién le logra alcanzar para auxiliar al cadete Huarachi.
Franco Roque Segundo Laura Vallejos, en su calidad de comandante de escuadrón, afirma que recibió una llamada telefónica para que aliste la guardia porque al día siguiente iba a llegar a la capital del Estado el presidente Evo Morales y que para cumplir con sus funciones se vio obligado a manejar su propio vehículo.
“De las entrevistas supra mencionadas, se puede, establecer que los cadetes Steer y Huarachi ingresaron por su propia voluntad al río”, refiere dicha resolución.
Más adelante refiere: “Ante estas evidencias se puede indicar que no existe, al presente ningún elemento de prueba que permita establecer que el hecho material de investigación haya sido provocado por el ninguna persona. Y menos el ingreso del soldado y del cadete, ambos fallecidos”.
Según la defensa el 28 de abril, la parte de la acusación tenía tres días para presentar su apelación, sin embargo “se esperó hasta el 18 de septiembre para observar la imputación y presionar mediante los medios de comunicación para que nuevamente se emita una segunda imputación que está siendo tramitada. Justo cuando llega hasta el Tribunal Supremo de Justicia Militar el proceso contra el suboficial Jhonny Gil Leniz, por el delito de sedición”.
ACUSACIÓN
Alicia Organivia, madre del cadete Luis Germán Steer Organivia, fallecido la tarde del 19 de noviembre de 2013, afirma: “el coronel Campero ordenó a mi hijo y al soldado Álvarez para rescatar su vehículo, pero en realidad no los ha inducido a salvar su vehículo, los ha inducido a la muerte”.
“Por qué no asume su responsabilidad, la culpa que tiene porque para mí como madre es un homicidio”, sostuvo la mujer.
Al respecto, EL DIARIO confirmó que el coronel Campero aún presta servicio en esta institución militar y que a la fecha no existe disposición alguna para removerlo de su cargo, tomando en cuenta que de acuerdo con la Justicia Militar, él no tiene proceso alguno en esa instancia. Asimismo, se conoció que el jefe militar observará esta segunda imputación al considerar que no existen elementos de convicción que lo involucren en el delito por el que se lo procesa en la justicia ordinaria.
Entregó a EL DIARIO documentación en la que refiere que al no tener cuenta pendiente en la Justicia Militar puede seguir ejerciendo el cargo al que lo designaron.
En la resolución emitida en fecha 28 de abril del presente año, el juez de Instrucción Penal y Cautelar Cuarto de la Capital, Hugo Michel Lescano, dispone “la nulidad de la imputación formal presentada por el representante del Ministerio Público, Dr. Nelson Gumiel, en fecha 4 de febrero de 2014, por la probable comisión del delito de Homicidio Culposo, que cursa a fojas 23, 24 y 25 de obrados…”.
En la documentación, además, se incluye las declaraciones de ocho personas que se encontraban el momento de ocurrido la riada en el río Quirpanchi en la capital del Estado a las 17.45 del 19 de noviembre de 2013.
Entre ellas está María del Carmen Galean Teleez quien en la parte principal de su declaración afirma: “…no escucha a nadie ordenar ni gritar a nadie para que entren al río….”.
María Estela Gallardo Gareca por su parte afirma: “… no escucho a nadie ordenar para que ingresen al río, porque manifiesta que no había mucha gente en ese momento”.
Yerika Paola Peredo Aguilar indica que vio al coronel Campero correr hacia el comedor entrando al agua queriendo salvar su auto, posterior había ingresado su soldado a querer ayudar, a eso, “Steer había indicado a Hiarachi entremos pero la testigo les dijo que no se metieran (…) asimismo indicó que no escuchó a nadie dar órdenes para el ingreso de los cadetes no del soldado…”.
Vladimir Lupa Salamanca, en su declaración, dijo que ese día cumplía su servicio como capitán de guardia y que escuchó gritos y ver gente correr hacia la quebrada del puente del Liceo Militar, “de inmediato corre hacia el puente pero sólo escucha que se lo llevó a dos personas…”
Marco Antonio Benavides dice que llegó después y le alcanzan un mástil, no recuerda quién le logra alcanzar para auxiliar al cadete Huarachi.
Franco Roque Segundo Laura Vallejos, en su calidad de comandante de escuadrón, afirma que recibió una llamada telefónica para que aliste la guardia porque al día siguiente iba a llegar a la capital del Estado el presidente Evo Morales y que para cumplir con sus funciones se vio obligado a manejar su propio vehículo.
“De las entrevistas supra mencionadas, se puede, establecer que los cadetes Steer y Huarachi ingresaron por su propia voluntad al río”, refiere dicha resolución.
Más adelante refiere: “Ante estas evidencias se puede indicar que no existe, al presente ningún elemento de prueba que permita establecer que el hecho material de investigación haya sido provocado por el ninguna persona. Y menos el ingreso del soldado y del cadete, ambos fallecidos”.
Según la defensa el 28 de abril, la parte de la acusación tenía tres días para presentar su apelación, sin embargo “se esperó hasta el 18 de septiembre para observar la imputación y presionar mediante los medios de comunicación para que nuevamente se emita una segunda imputación que está siendo tramitada. Justo cuando llega hasta el Tribunal Supremo de Justicia Militar el proceso contra el suboficial Jhonny Gil Leniz, por el delito de sedición”.
ACUSACIÓN
Alicia Organivia, madre del cadete Luis Germán Steer Organivia, fallecido la tarde del 19 de noviembre de 2013, afirma: “el coronel Campero ordenó a mi hijo y al soldado Álvarez para rescatar su vehículo, pero en realidad no los ha inducido a salvar su vehículo, los ha inducido a la muerte”.
“Por qué no asume su responsabilidad, la culpa que tiene porque para mí como madre es un homicidio”, sostuvo la mujer.
Al respecto, EL DIARIO confirmó que el coronel Campero aún presta servicio en esta institución militar y que a la fecha no existe disposición alguna para removerlo de su cargo, tomando en cuenta que de acuerdo con la Justicia Militar, él no tiene proceso alguno en esa instancia. Asimismo, se conoció que el jefe militar observará esta segunda imputación al considerar que no existen elementos de convicción que lo involucren en el delito por el que se lo procesa en la justicia ordinaria.
Mayor de la FAB manipuló lista para cobrar el bono de frontera
El militar de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Eduardo V.O., con el grado de mayor, es el que manipuló la lista de orden de destinos para introducir su nombre y el de ocho personas más con el fin de percibir el bono de frontera sin trabajar en puntos limítrofes.
En el informe de conclusiones que elevó el Comando de la FAB, el mayor sindicado reconoce que fue él quien introdujo tres nombres y pide disculpas.
"Estoy consciente de que tuve participación directa al introducir los nombres de mi persona, del sargento Rudy H. y del sargento César P. para podernos beneficiar de este bono. Referente al resto de los involucrados, no tengo conocimiento ni participación alguna de cómo aparecieron en esas listas”, señala en su declaración informativa ante las instancias militares.
El comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, informó el miércoles que se descubrió que nueve efectivos de esta fuerza, ocho militares y una mujer que trabaja en un instituto, fueron beneficiados con el bono fronterizo, aunque trabajaban en unidades de Santa Cruz y La Paz.
El identificado como responsable de manipular la nómina argumentó que para él no significó una irregularidad, sino una falta de coordinación.
"Hizo referencia a que cuando existía un cambio de destino por orden superior, la copia del fax o memorándum de cambio, en algunos casos, no llegaba a la sección Informática. Este hecho (según Jorge Eduardo V. O.) impedía actualizar con oportunidad la orden general de destinos”, señala el informe conclusivo de la FAB.
Asimismo, el informe de conclusiones de la FAB contiene las declaraciones de dos de los militares involucrados en el cobro del bono de frontera.
Uno de ellos, el sargento Rudy H. J., explica que el mayor Jorge Eduardo V. O. "fue quien le propuso en forma dolosa brindarle en la presente gestión la colaboración de percibir el bono de frontera sin encontrarse físicamente destinado en una unidad. Le indicó que fuera a dejar una botella de whisky al sargento Fidel O. M., técnico en proceso de haberes del Ministerio de Defensa”, se lee en el documento.
El otro implicado, el sargento César P. T., afirma que el mayor le propuso brindarle este año un bono extra. "Menciona que en sano conocimiento aceptó, pero que no conocía cómo se realizó la transacción del bono”, señala el informe. Los tres mencionados militares y otras seis personas son investigados por el Comando.
La investigación
Sanción Luego de descubrir que había militares y una mujer que percibían el bono de frontera sin merecerlo, el Comando de la FAB cortó este beneficio y ordenó que el dinero que percibieron sea descontado de sus respectivos sueldos.
Proceso El Comando prevé que la próxima semana se emita la conclusión a las investigaciones, que continúan, contra los siete involucrados.
Delito Una vez que se emita un informe de la investigación, el comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, señaló que se determinará si los implicados incurrieron en un delito penal o en un delito militar, con el fin de que se ejecuten las sanciones respectivas.
En el informe de conclusiones que elevó el Comando de la FAB, el mayor sindicado reconoce que fue él quien introdujo tres nombres y pide disculpas.
"Estoy consciente de que tuve participación directa al introducir los nombres de mi persona, del sargento Rudy H. y del sargento César P. para podernos beneficiar de este bono. Referente al resto de los involucrados, no tengo conocimiento ni participación alguna de cómo aparecieron en esas listas”, señala en su declaración informativa ante las instancias militares.
El comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, informó el miércoles que se descubrió que nueve efectivos de esta fuerza, ocho militares y una mujer que trabaja en un instituto, fueron beneficiados con el bono fronterizo, aunque trabajaban en unidades de Santa Cruz y La Paz.
El identificado como responsable de manipular la nómina argumentó que para él no significó una irregularidad, sino una falta de coordinación.
"Hizo referencia a que cuando existía un cambio de destino por orden superior, la copia del fax o memorándum de cambio, en algunos casos, no llegaba a la sección Informática. Este hecho (según Jorge Eduardo V. O.) impedía actualizar con oportunidad la orden general de destinos”, señala el informe conclusivo de la FAB.
Asimismo, el informe de conclusiones de la FAB contiene las declaraciones de dos de los militares involucrados en el cobro del bono de frontera.
Uno de ellos, el sargento Rudy H. J., explica que el mayor Jorge Eduardo V. O. "fue quien le propuso en forma dolosa brindarle en la presente gestión la colaboración de percibir el bono de frontera sin encontrarse físicamente destinado en una unidad. Le indicó que fuera a dejar una botella de whisky al sargento Fidel O. M., técnico en proceso de haberes del Ministerio de Defensa”, se lee en el documento.
El otro implicado, el sargento César P. T., afirma que el mayor le propuso brindarle este año un bono extra. "Menciona que en sano conocimiento aceptó, pero que no conocía cómo se realizó la transacción del bono”, señala el informe. Los tres mencionados militares y otras seis personas son investigados por el Comando.
La investigación
Sanción Luego de descubrir que había militares y una mujer que percibían el bono de frontera sin merecerlo, el Comando de la FAB cortó este beneficio y ordenó que el dinero que percibieron sea descontado de sus respectivos sueldos.
Proceso El Comando prevé que la próxima semana se emita la conclusión a las investigaciones, que continúan, contra los siete involucrados.
Delito Una vez que se emita un informe de la investigación, el comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, señaló que se determinará si los implicados incurrieron en un delito penal o en un delito militar, con el fin de que se ejecuten las sanciones respectivas.
Thursday, October 2, 2014
9 efectivos de la FAB cobraban el bono de frontera desde ciudades
Nueve miembros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) cobraban el bono de frontera, destinado a quienes trabajan en puntos limítrofes, pero trabajaban en diferentes unidades de las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
La denuncia fue interpuesta por el jefe del Departamento de Personal, Melvin Arteaga. El informe de conclusiones del sumario llegó a Página Siete con los nombres de siete involucrados en esa irregularidad.
No obstante, el comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, afirmó que son nueve las personas que percibieron el bono fronterizo sin estar presentes en esas zonas limítrofes.
El bono de frontera equivale al 20% del salario que un militar recibe, según el grado que tenga.
"Son nueve personas que percibían el bono sin estar en esas unidades. Todos son personal subalterno, incluso un civil que es una señora que trabajaba en un instituto de Santa Cruz. Se instauró un proceso contra estas personas”, afirmó ayer el jefe militar de la FAB.
Sin embargo, este medio accedió a una nómina de 24 militares que presuntamente perciben el bono de frontera. Entre ellos, hay 11 oficiales, entre mayores, tenientes y subtenientes, y 13 suboficiales de la FAB.
Según el documento, tenían como destino La Paz pero figuran en listas de Puerto Suárez, Roboré y Cobija, entre otras fronteras.
Al margen de la investigación, el Comando de esta fuerza castrense dispuso cortar el bono frontera a las nueve personas a quienes se inició un sumario. "La primera medida es que ellos devuelvan el dinero percibido, se hará un descuento de todo”, afirmó Meneses, aunque aclaró que no conoce a cuánto asciende el monto total pagado en bonos que no correspondían.
El comandante de la FAB atribuyó esta irregularidad administrativa a una "manipulación informática”. "Y si alguien tiene un incremento en sus sueldos, es muy difícil que diga que le pagan de más”, argumentó.
La investigación determinará quién "manipuló” la orden de destinos. "Puede ser un delito militar o un delito penal. Eso se sabrá una vez que termine este proceso”, dijo Meneses.
Ministro envió un requerimiento
El 23 de junio, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, envió una carta al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Víctor Hugo Meneses, en la que le advierte que si hay militares que perciben el bono fronterizo sin estar en esos puntos limítrofes, será su responsabilidad.
"En caso de constatarse que el personal que percibe el bono de frontera no se encuentre físicamente prestando servicios en las unidades militares fronterizas, estos pagos indebidos que causaren daño económico al Estado serán de entera responsabilidad de su Comando”, señala la misiva enviada a Meneses.
Asimismo, la autoridad del Gobierno recuerda que en función a las órdenes de destino, así como a los memorandos de cambio de destino, "el Ministerio de Defensa ha procedido al pago del bono de frontera al personal designado”.
El pago de este beneficio empezó en junio de este año, por lo que son cuatro los meses que está vigente.
La denuncia fue interpuesta por el jefe del Departamento de Personal, Melvin Arteaga. El informe de conclusiones del sumario llegó a Página Siete con los nombres de siete involucrados en esa irregularidad.
No obstante, el comandante de la FAB, Víctor Hugo Meneses, afirmó que son nueve las personas que percibieron el bono fronterizo sin estar presentes en esas zonas limítrofes.
El bono de frontera equivale al 20% del salario que un militar recibe, según el grado que tenga.
"Son nueve personas que percibían el bono sin estar en esas unidades. Todos son personal subalterno, incluso un civil que es una señora que trabajaba en un instituto de Santa Cruz. Se instauró un proceso contra estas personas”, afirmó ayer el jefe militar de la FAB.
Sin embargo, este medio accedió a una nómina de 24 militares que presuntamente perciben el bono de frontera. Entre ellos, hay 11 oficiales, entre mayores, tenientes y subtenientes, y 13 suboficiales de la FAB.
Según el documento, tenían como destino La Paz pero figuran en listas de Puerto Suárez, Roboré y Cobija, entre otras fronteras.
Al margen de la investigación, el Comando de esta fuerza castrense dispuso cortar el bono frontera a las nueve personas a quienes se inició un sumario. "La primera medida es que ellos devuelvan el dinero percibido, se hará un descuento de todo”, afirmó Meneses, aunque aclaró que no conoce a cuánto asciende el monto total pagado en bonos que no correspondían.
El comandante de la FAB atribuyó esta irregularidad administrativa a una "manipulación informática”. "Y si alguien tiene un incremento en sus sueldos, es muy difícil que diga que le pagan de más”, argumentó.
La investigación determinará quién "manipuló” la orden de destinos. "Puede ser un delito militar o un delito penal. Eso se sabrá una vez que termine este proceso”, dijo Meneses.
Ministro envió un requerimiento
El 23 de junio, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, envió una carta al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Víctor Hugo Meneses, en la que le advierte que si hay militares que perciben el bono fronterizo sin estar en esos puntos limítrofes, será su responsabilidad.
"En caso de constatarse que el personal que percibe el bono de frontera no se encuentre físicamente prestando servicios en las unidades militares fronterizas, estos pagos indebidos que causaren daño económico al Estado serán de entera responsabilidad de su Comando”, señala la misiva enviada a Meneses.
Asimismo, la autoridad del Gobierno recuerda que en función a las órdenes de destino, así como a los memorandos de cambio de destino, "el Ministerio de Defensa ha procedido al pago del bono de frontera al personal designado”.
El pago de este beneficio empezó en junio de este año, por lo que son cuatro los meses que está vigente.
Wednesday, October 1, 2014
La Naval pide más tiempo para presentar un informe
La Comandancia de la Escuela Naval Militar solicitó la ampliación del tiempo, de 10 días, para presentar un informe sobre el naufragio de la barcaza TNR-12, ocurrido el 23 de septiembre en la hidrovía Paraguay-Paraná, y que causó la muerte de una periodista y de un cadete.
Las autoridades militares adujeron que requieren un poco más de plazo para elaborar el informe porque algunos de los tripulantes de la nave están en declaraciones ante la justicia.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, instruyó la elaboración de un informe
Subscribe to:
Posts (Atom)