Luis Osvaldo Rojas, abogado del suboficial detenido Johnny Félix Gil, denunció que al comandante del Ejército, general Omar Salinas Ortuño, “no le da la gana” de liberar a su defendido, a pesar de que un juez ordenó que se lo suelte inmediatamente.
“No les da la gana (de liberar) y esto lo estamos poniendo en conocimiento de la Defensoría del Pueblo (...) y también de Derechos Humanos donde se está preparando una demanda internacional contra el Comandante”, señaló el jurista.
Gil está detenido desde el 15 de mayo en celdas de la Policía Militar en el Gran Cuartel de Miraflores. / ERBOL
Saturday, June 7, 2014
Friday, June 6, 2014
Certifican a 125 de 200 unidades militares como "cuarteles saludables"
El Ministerio de Salud certificó a 125 unidades militares de las Fuerzas Armadas como cuarteles saludables, luego de verificar las condiciones de salubridad de esos recintos, informó el viernes, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
"Contamos con 125 grandes y pequeñas unidades militares certificadas como cuarteles saludables de aproximadamente 200 que fueron evaluados por el Ministerio de Salud", dijo a la agencia ABI.
Saavedra consideró que esa certificación es un "gran avance", en el marco de la política del Vivir Bien que se practica en los cuarteles a favor del personal jerárquico, administrativo y la tropa en general.
Agregó que la certificación es una muestra de que el Gobierno del presidente, Evo Morales, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, está otorgando las mejores condiciones en salubridad y la mejor infraestructura cuartelaria.
Apuntó que mediante una Resolución Ministerial y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se instituyó la acreditación de cuarteles saludables a las unidades militares que cumplan con los requisitos.
Para la acreditación, explicó que existe un procedimiento de supervisión, integrado por un médico de sanidad operativa y un oficial superior de las FFAA, quienes realizan la inspección ocular a cada unidad militar, en base a un formulario de requisitos.
La inspección ocular se realiza a las sanidades y se verifica que tengan medicamentos básicos, dormitorios, servicios sanitarios, lugares adecuados de instrucción, que haya implementos de higiene suficientes y que los alimentos que reciben los uniformados sean nutritivos.
"Contamos con 125 grandes y pequeñas unidades militares certificadas como cuarteles saludables de aproximadamente 200 que fueron evaluados por el Ministerio de Salud", dijo a la agencia ABI.
Saavedra consideró que esa certificación es un "gran avance", en el marco de la política del Vivir Bien que se practica en los cuarteles a favor del personal jerárquico, administrativo y la tropa en general.
Agregó que la certificación es una muestra de que el Gobierno del presidente, Evo Morales, como Capitán General de las Fuerzas Armadas, está otorgando las mejores condiciones en salubridad y la mejor infraestructura cuartelaria.
Apuntó que mediante una Resolución Ministerial y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se instituyó la acreditación de cuarteles saludables a las unidades militares que cumplan con los requisitos.
Para la acreditación, explicó que existe un procedimiento de supervisión, integrado por un médico de sanidad operativa y un oficial superior de las FFAA, quienes realizan la inspección ocular a cada unidad militar, en base a un formulario de requisitos.
La inspección ocular se realiza a las sanidades y se verifica que tengan medicamentos básicos, dormitorios, servicios sanitarios, lugares adecuados de instrucción, que haya implementos de higiene suficientes y que los alimentos que reciben los uniformados sean nutritivos.
Ex Cascos Azules denuncian retraso en pago de sueldos
Miembros de la Compañía de Infantería Mecanizada 12 (CIM-12) denuncian que el Departamento de Operaciones de Paz del Ejército (DOPE) no les pagó la totalidad de sus salarios por cumplir su misión en Haití en 2013, pese a que la ONU, dicen, ya depositó el dinero para que lo distribuyan.
El 12 de mayo de 2013 partió la CIM-12 de Santa Cruz a Haití, estaba compuesta por 205 efectivos para cumplir la misión de paz, una labor que es coordinada entre Bolivia y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Un miembro del citado contingente, que pidió tener en reserva su identidad, denunció a La Razón que hay varias irregularidades de las que fueron víctimas y tuvieron que aceptarlas porque, caso contrario, hubieran sido apartados de la compañía. Este diario buscó una respuesta de las autoridades del Ejército de Bolivia, pero no tuvo éxito, aunque obtuvo el compromiso de conocer hoy una posición en el Estado Mayor.
Abusos. Una fuente entrevistada detalló que la irregularidad mayor es la tardanza del pago de los salarios, ya que los militares encargados les hicieron firmar un contrato a los nuevos Cascos Azules, en el que se comprometen a pagar el sueldo de $us 900, por mes (los seis meses en total sumaban $us 5.400), pero hasta la fecha de ese monto solo cancelaron $us 2.000, pese a que la ONU ya habría depositado el dinero hace cinco meses.
Agregó que esta irregularidad se da con los 205 miembros que viajaron a Haití y retornaron al país el 27 de noviembre de 2013. A los dos días del regreso, el primer pago que recibieron fue de $us 2.000, a pesar de que ya debían recibir el total del sueldo. Según el entrevistado, se prevé que hoy les paguen otros $us 600, aunque aún no les dieron una fecha definitiva de cuándo se les cancelará lo restante. Esta situación causó la molestia de los ex Cascos Azules porque no se cumple con los plazos de pago, además que no se debería cancelar en cuotas, como indicaría el documento suscrito. Sobre el contrato, los militares encargados del DOPE no les otorgaron una copia del contrato y si lo exigían eran destituidos de su puesto, contó.
El entrevistado también explicó que viajaron a Haití para desarrollar trabajos individuales, por eso los militares los clasifican por profesión y también definen el monto que les deben pagar, pese a que la ONU determinó de que todos los miembros, sin excepción, deben recibir una remuneración de $us 1.500, lo que no respetan y amedrentan si se reclama. Los descuentos que hacen sería para “jerarquizar” los salarios de los oficiales y así subir el sueldo a los jefes militares que viajan a Haití, mismos que ganarían hasta $us 3.000 al mes.
La compañía mecanizada está compuesta por militares (desde conscriptos, sargentos y capitanes) y civiles en diferentes profesiones como; chefs, carpinteros, choferes, médicos, enfermeras y sus auxiliares, cerrajeros y albañiles, entre otros.
Sobre esta denuncia, una fuente de la ONU en Bolivia aseguró a este diario que el organismo internacional no tarda en cumplir con los contratos o remuneraciones y más aún con los Cascos Azules, ya que el pago lo hacen directamente desde New York al Ejército de Bolivia, sin intermediarios. Los encargados del pago son los del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, que trabaja para crear condiciones adecuadas para una paz.
Actos irregulares
Denuncia
Una fuente entrevistada que pidió el anonimato denunció que otra irregularidad es que cuando deben llevar a chefs contratan a mujeres que no saben cocinar. Añadió que en vez de carpinteros o albañiles, llevan a conscriptos que luego hacen doble trabajo.
La participación en operaciones de paz
Bolivia inició su participación militar en las Operaciones de Mantenimiento de Paz el 21 de febrero de 1995, cuando las Naciones Unidas planteó al Ministerio de Defensa contribuir de forma voluntaria con tropas militares. Tras las negociaciones, el país se convirtió en ser el primer Estado latinoamericano en esta labor y el octavo en el mundo, en enviar soldados Cascos Azules en diferentes misiones.
A partir del 22 de mayo de 1997, con la firma del Memorando de Entendimiento entre Bolivia y la Organización de Naciones Unidas (ONU), Bolivia participa activamente en Operaciones de Paz, principalmente con observadores militares y contingentes.
Posteriormente, tras un estudio, se determinó que el Ejército de Bolivia se encuentra en condiciones de cumplir los requerimientos de la ONU para proporcionar Fuerzas de Paz altamente capacitadas y eficientemente entrenadas, como consecuencia del esfuerzo y trabajo desarrollado en esta corta trayectoria lograda con la preparación de su personal en diferentes cursos, seminarios y ejercicios en Operaciones de Paz, logrando la especialización en estas actividades de compromiso para la Paz Mundial.
Con este trabajo desarrollado, se inicia la participación de Bolivia el 4 de mayo de 1999 con el envío del primer Contingente a la Misión de Monua (Angola) compuesta por una Compañía de 70 soldados, la misma que retorna el 27 de noviembre de 1999, cumpliendo su misión con éxito. Tras cumplir ese trabajo, en 2001 las tropas fueron a la República Democrática del Congo.
Posteriormente en 2006 se trasladaron los uniformados a la República de Haití. Actualmente, el contingente boliviano de Cascos Azules es enviado solo a la República de Haití, previa autorización de la Asamblea, y ya no es destinado a países del continente africano por determinación de la Organización de las Naciones Unidas.
Thursday, June 5, 2014
Defensor plantea que la nueva LOFA disponga el procesamiento en la justicia ordinaria de militares que violen DDHH
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, planteó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Víctor Baldivieso, incorporar en el debate sobre su Ley Orgánica el llevar a la justicia ordinaria a los uniformados responsables de la comisión de “delitos graves” de violación a los derechos humanos, además de prohibir torturas y tratos degradantes en la institución armada.
La nueva ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) está en proceso de construcción y el Defensor planteó en misiva enviada a Baldivieso hacer parte de ese debate las temáticas orientadas a la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, con la idea de compatibilizar la doctrina de la institución con los derechos humanos.
Las propuestas abarcan seis aspectos, como el enviar a la justicia ordinaria a militares que incurran en delitos graves de violación a los derechos humanos. “Este aspecto es sustancial para el ámbito de los derechos humanos, ya que establece que en materia de los derechos humanos fundamentales no puede haber tratamientos ni tribunales especiales”, explicó Villena, según se informa en un boletín de prensa de esa institución.
Un segundo punto plantea incluir el derecho a la dignidad e integridad de las personas y prohibir cualquier forma de tortura y trato degradante e inhumano en los cuarteles; un tercero, prohibir toda forma de discriminación y racismo con sanciones drásticas para los autores; un cuarto, cuidado sobre quienes están temporal o permanentemente en los cuarteles y un quinto, prohibir que conscriptos y personal subalterno sean utilizados para trabajos privados.
La sexta sugerencia plantea incorporar en el debate de la LOFA y de forma transversal el principio de despatriarcalizacion, el respeto a la dignidad, igualdad y la equidad de género.
Suboficiales y sargentos del Ejército, Fuerzas Aérea Boliviana (FAB) y de la Armada Boliviana protagonizaron desde el 3 de abril y al menos por tres semanas movilizaciones en demanda de la eliminación de la discriminación en las filas militares y la reforma de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para crear el oficial técnico en reemplazo de los grados de baja graduación.
El Gobierno rechazó la protesta, caracterizada por marchas con uniformes desde El Alto hasta la ciudad de La Paz, y exigió respeto a la cadena de mando y los conductos regulares. Un total de 715 movilizados fueron retirados de forma obligatoria, pero poco después se informó que el 98% retornó a sus cuarteles.
La Defensoría pidió el jueves 14 de noviembre de 2013 al vicepresidente Álvaro García gestionar una reunión entre la Defensoría y las Fuerzas Armadas (FFAA) para dar curso a intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la investigación de las más de 20 muertes de efectivos en recintos militares.
La nueva ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) está en proceso de construcción y el Defensor planteó en misiva enviada a Baldivieso hacer parte de ese debate las temáticas orientadas a la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, con la idea de compatibilizar la doctrina de la institución con los derechos humanos.
Las propuestas abarcan seis aspectos, como el enviar a la justicia ordinaria a militares que incurran en delitos graves de violación a los derechos humanos. “Este aspecto es sustancial para el ámbito de los derechos humanos, ya que establece que en materia de los derechos humanos fundamentales no puede haber tratamientos ni tribunales especiales”, explicó Villena, según se informa en un boletín de prensa de esa institución.
Un segundo punto plantea incluir el derecho a la dignidad e integridad de las personas y prohibir cualquier forma de tortura y trato degradante e inhumano en los cuarteles; un tercero, prohibir toda forma de discriminación y racismo con sanciones drásticas para los autores; un cuarto, cuidado sobre quienes están temporal o permanentemente en los cuarteles y un quinto, prohibir que conscriptos y personal subalterno sean utilizados para trabajos privados.
La sexta sugerencia plantea incorporar en el debate de la LOFA y de forma transversal el principio de despatriarcalizacion, el respeto a la dignidad, igualdad y la equidad de género.
Suboficiales y sargentos del Ejército, Fuerzas Aérea Boliviana (FAB) y de la Armada Boliviana protagonizaron desde el 3 de abril y al menos por tres semanas movilizaciones en demanda de la eliminación de la discriminación en las filas militares y la reforma de la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para crear el oficial técnico en reemplazo de los grados de baja graduación.
El Gobierno rechazó la protesta, caracterizada por marchas con uniformes desde El Alto hasta la ciudad de La Paz, y exigió respeto a la cadena de mando y los conductos regulares. Un total de 715 movilizados fueron retirados de forma obligatoria, pero poco después se informó que el 98% retornó a sus cuarteles.
La Defensoría pidió el jueves 14 de noviembre de 2013 al vicepresidente Álvaro García gestionar una reunión entre la Defensoría y las Fuerzas Armadas (FFAA) para dar curso a intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la investigación de las más de 20 muertes de efectivos en recintos militares.
Tribunal de Justicia Militar desconoce acción de libertad en favor de suboficial
El suboficial Jhonny Gil Leniz, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss), aún se encuentra retenido en dependencias del Estado Mayor, a pesar de que el domingo, el Juzgado Sexto en lo Penal fallará a favor de la Acción de Libertad solicitada. Al respecto el presidente del Tribunal Permanente de Justicia Militar, general Eduardo Fernández, negó que se haya notificado a esta instancia sobre el fallo judicial.
Ante la duda, Oswaldo Rojas, abogado del suboficial Gil, explicó que esta instancia no tiene parte legal en el proceso, pues la notificación de la Acción de Libertad, dictada en el Juzgado Sexto en lo Penal, se la conoció en presencia de quienes habían cometido la detención ilegal.
La notificación mediante cedulón y testigo de actuación se hizo el día domingo, 1 de junio, en el Estado Mayor, para el comandante del Ejército, general Omar Salinas, y el juez sumariante, Marcelo Orellana.
El abogado Rojas afirmó que el jefe militar se habría presentado en el mencionado Juzgado, el lunes, denunciando cierta ilegalidad en el fallo y pidiendo se excuse en el proceso por considerar que tomó parte y mostró interés sobre la causa, lo que en su criterio invalidaría su calidad de imparcialidad.
Al respecto, el general Fernández declaró al EL DIARIO que sí se había recibido el sumario informativo. “Ese sumario ya se ha radicado y estamos corriendo con los plazos para que el preste su declaración, en esa instancia”, afirmó.
Por su parte, Néstor Burgos, auditor jurídico del Tribunal Militar, aseveró que esa instancia jurídica no tenía conocimiento de dicha Acción de Libertad y “en cuanto tengamos conocimiento, vamos a considerar lo que corresponda y disponer lo que mande la ley”, aseguró. Al momento, el presidente de Ascinalss, continúa retenido en instalaciones del Estado Mayor.
En consecuencia, Rojas adelantó que se remitió una solicitud de conminatoria para el Comandante del Ejército y el juez Sumariante Orellana, que en su criterio, estarían desconociendo una orden judicial, lo cual significaría una contravención grave pasible a un proceso penal.
SUMARIOS A MÁS SUBOFICIALES
Pidiendo reserva de sus nombres, familiares de militares que participaron en la movilizaciones de abril demandando la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), denunciaron, sin precisar la cantidad, que al momento existen muchos más procesos sumarios abiertos en contra de ellos.
Indicaron que al menos 28 casos en las diferentes fuerzas han sido iniciados, los que han sido puestos en conocimiento mediante un informe a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. También hicieron referencia al caso de los becarios de la Escuela de Perfeccionamiento de Cochabamba, que fue cerrada y motivó el cambio de destino de varios efectivos, a pesar de que el Alto Mando Militar aseguró que no habría represalias.
Estos hechos que no están siendo denunciados, de manera puntual, han sido callados, indicaron, sin embargo están a la espera de que se resuelvan las demandas por las cuales se acusa al Suboficial Gil de sedición e instigación a delinquir.
Ante la duda, Oswaldo Rojas, abogado del suboficial Gil, explicó que esta instancia no tiene parte legal en el proceso, pues la notificación de la Acción de Libertad, dictada en el Juzgado Sexto en lo Penal, se la conoció en presencia de quienes habían cometido la detención ilegal.
La notificación mediante cedulón y testigo de actuación se hizo el día domingo, 1 de junio, en el Estado Mayor, para el comandante del Ejército, general Omar Salinas, y el juez sumariante, Marcelo Orellana.
El abogado Rojas afirmó que el jefe militar se habría presentado en el mencionado Juzgado, el lunes, denunciando cierta ilegalidad en el fallo y pidiendo se excuse en el proceso por considerar que tomó parte y mostró interés sobre la causa, lo que en su criterio invalidaría su calidad de imparcialidad.
Al respecto, el general Fernández declaró al EL DIARIO que sí se había recibido el sumario informativo. “Ese sumario ya se ha radicado y estamos corriendo con los plazos para que el preste su declaración, en esa instancia”, afirmó.
Por su parte, Néstor Burgos, auditor jurídico del Tribunal Militar, aseveró que esa instancia jurídica no tenía conocimiento de dicha Acción de Libertad y “en cuanto tengamos conocimiento, vamos a considerar lo que corresponda y disponer lo que mande la ley”, aseguró. Al momento, el presidente de Ascinalss, continúa retenido en instalaciones del Estado Mayor.
En consecuencia, Rojas adelantó que se remitió una solicitud de conminatoria para el Comandante del Ejército y el juez Sumariante Orellana, que en su criterio, estarían desconociendo una orden judicial, lo cual significaría una contravención grave pasible a un proceso penal.
SUMARIOS A MÁS SUBOFICIALES
Pidiendo reserva de sus nombres, familiares de militares que participaron en la movilizaciones de abril demandando la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), denunciaron, sin precisar la cantidad, que al momento existen muchos más procesos sumarios abiertos en contra de ellos.
Indicaron que al menos 28 casos en las diferentes fuerzas han sido iniciados, los que han sido puestos en conocimiento mediante un informe a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. También hicieron referencia al caso de los becarios de la Escuela de Perfeccionamiento de Cochabamba, que fue cerrada y motivó el cambio de destino de varios efectivos, a pesar de que el Alto Mando Militar aseguró que no habría represalias.
Estos hechos que no están siendo denunciados, de manera puntual, han sido callados, indicaron, sin embargo están a la espera de que se resuelvan las demandas por las cuales se acusa al Suboficial Gil de sedición e instigación a delinquir.
Wednesday, June 4, 2014
Johnny Gil guarda detención desde el 16 de mayo Tribunal da libertad a exlíder de suboficiales y sargentos
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) resolvió otorgar libertad al suboficial Johnny Gil, detenido desde el 16 de mayo en un calabozo del Estado Mayor tras liderar las movilizaciones de los militares de bajo rango en abril de este año, pero las autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA) se niegan a obedecer este fallo.
"El TDJ manda y ordena que se proceda a poner en inmediata libertad al imputado, (sobre quien) pesa la presunta comisión del delito de sedición y otros”, se lee en la resolución emitida el 31 de mayo y a la que accedió Página Siete.
El juez sexto de Instrucción en lo Penal, Fernando Rivadeneira, firma el documento. Explicó que la defensa de Gil presentó una acción de libertad amparada en que hubo irregularidades en la detención del suboficial, el 16 de mayo, después de asistir a una declaración ampliatoria.
"Se ha analizado el sustento de esta acción presentada y se ha emitido esta resolución que le otorga la libertad a Johnny Gil”, explicó ayer Rivadeneira.
Gil representó a los militares de baja graduación que se movilizaron en abril para exigir igualdad de trato en su institución. El Comando en Jefe determinó su retiro obligatorio junto con otros suboficiales y sargentos.
El 16 de mayo, tras ser convocado a declarar, la defensa del suboficial presentó un incidente ante el juez sumariante, pero éste ordenó la detención del militar e instruyó que su abogado sea expulsado del Estado Mayor. "Al detenerlo se vulneró sus garantías constitucionales. No se le permitió defenderse y fue directamente enviado al calabozo. Por eso presentamos una acción de libertad”, explicó Rojas.
El mandamiento de libertad fue presentado el lunes en el Gran Cuartel, pero esa instancia se negó a obedecer lo señalado, denunció Rojas, por lo que presentarán otro recurso legal.
Página Siete se comunicó ayer con la encargada de comunicación del Ejército, Sarah Aramayo, y con el Tribunal de Justicia Militar, pero nadie explicó las razones del incumplimiento. Rivadeneira dijo que si la resolución no es obedecida, Gil debe iniciar un proceso ante la Fiscalía.
Sus acciones
Ascinalss Johnny Gil fue presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas (Ascinalss) y en el conflicto militar dirigió las cinco marchas de los militares de baja graduación, al igual que los cabildos desarrollados en la plaza Mayor de San Francisco.
Sanción En abril, Gil fue sancionado con el retiro obligatorio por participar en las medidas de presión. El 5 de mayo los suboficiales decidieron suspender las movilizaciones y replegarse a sus unidades.
"El TDJ manda y ordena que se proceda a poner en inmediata libertad al imputado, (sobre quien) pesa la presunta comisión del delito de sedición y otros”, se lee en la resolución emitida el 31 de mayo y a la que accedió Página Siete.
El juez sexto de Instrucción en lo Penal, Fernando Rivadeneira, firma el documento. Explicó que la defensa de Gil presentó una acción de libertad amparada en que hubo irregularidades en la detención del suboficial, el 16 de mayo, después de asistir a una declaración ampliatoria.
"Se ha analizado el sustento de esta acción presentada y se ha emitido esta resolución que le otorga la libertad a Johnny Gil”, explicó ayer Rivadeneira.
Gil representó a los militares de baja graduación que se movilizaron en abril para exigir igualdad de trato en su institución. El Comando en Jefe determinó su retiro obligatorio junto con otros suboficiales y sargentos.
El 16 de mayo, tras ser convocado a declarar, la defensa del suboficial presentó un incidente ante el juez sumariante, pero éste ordenó la detención del militar e instruyó que su abogado sea expulsado del Estado Mayor. "Al detenerlo se vulneró sus garantías constitucionales. No se le permitió defenderse y fue directamente enviado al calabozo. Por eso presentamos una acción de libertad”, explicó Rojas.
El mandamiento de libertad fue presentado el lunes en el Gran Cuartel, pero esa instancia se negó a obedecer lo señalado, denunció Rojas, por lo que presentarán otro recurso legal.
Página Siete se comunicó ayer con la encargada de comunicación del Ejército, Sarah Aramayo, y con el Tribunal de Justicia Militar, pero nadie explicó las razones del incumplimiento. Rivadeneira dijo que si la resolución no es obedecida, Gil debe iniciar un proceso ante la Fiscalía.
Sus acciones
Ascinalss Johnny Gil fue presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas (Ascinalss) y en el conflicto militar dirigió las cinco marchas de los militares de baja graduación, al igual que los cabildos desarrollados en la plaza Mayor de San Francisco.
Sanción En abril, Gil fue sancionado con el retiro obligatorio por participar en las medidas de presión. El 5 de mayo los suboficiales decidieron suspender las movilizaciones y replegarse a sus unidades.
Cóndores entrenarán a grupo de rescate de la Gobernación sección Caraparí
Este jueves 05 de junio inicia la segunda etapa del curso de capación en reacción inmediata que dictan instructores de la Escuela de Cóndores de Bolivia (Esconbol) al equipo de prevención de desastres de la Gobernación sección Caraparí.
El responsable del programa de prevención de fenómenos naturales de la Gobernación de sección Caraparí, Carlos Molina destacó que los cursos que se vienen dictando desde hace dos semanas son de acceso libre y de manera gratuita, por lo que no quedan exentos voluntarios que deseen participar.
“Los cursos son gestión del ejecutivo (de Caraparí) Lorgio Torres y están destinados a la capacitación del personal en todo tipo de rescate. Imagínese que la topografía de Caraparí es irregular y a veces se debe escalar montañas o hacer descensos y hay mucha gente que no está preparada”, explicó Molina.
Los cursos están divididos en varias etapas: rescate de montaña, rescate en ríos, descensos, nudos, puentes, aparejos, navegación, manejo de cartas, GPS, incendios forestales y defensa personal, entre otros.
“El objetivo es contar con un equipo de reacción inmediata de la Gobernación para enfrentar cualquier contingencia. Los instructores tienen amplia experiencia y muchos de ellos han realizado cursos afuera, como en la China por dar un ejemplo”, indicó Molina.
Las clases se dictan de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 20.00 horas, con pausas al mediodía. Hasta el momento son unos 40 rescatistas fue entrenados.
“Las inscripciones siguen abiertas e incluso pueden participar voluntarios de otro municipios, tenemos viviendas habilitadas, lo único que tienen que tener es el deseo de prepararse y la resistencia física”, agregó Molina.
Los rescatistas en entrenamiento provienen de la Gobernación de Caraparí, como también son brigadistas barriales, guardias de seguridad, Policías y otros voluntarios.
El responsable del programa de prevención de fenómenos naturales de la Gobernación de sección Caraparí, Carlos Molina destacó que los cursos que se vienen dictando desde hace dos semanas son de acceso libre y de manera gratuita, por lo que no quedan exentos voluntarios que deseen participar.
“Los cursos son gestión del ejecutivo (de Caraparí) Lorgio Torres y están destinados a la capacitación del personal en todo tipo de rescate. Imagínese que la topografía de Caraparí es irregular y a veces se debe escalar montañas o hacer descensos y hay mucha gente que no está preparada”, explicó Molina.
Los cursos están divididos en varias etapas: rescate de montaña, rescate en ríos, descensos, nudos, puentes, aparejos, navegación, manejo de cartas, GPS, incendios forestales y defensa personal, entre otros.
“El objetivo es contar con un equipo de reacción inmediata de la Gobernación para enfrentar cualquier contingencia. Los instructores tienen amplia experiencia y muchos de ellos han realizado cursos afuera, como en la China por dar un ejemplo”, indicó Molina.
Las clases se dictan de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 20.00 horas, con pausas al mediodía. Hasta el momento son unos 40 rescatistas fue entrenados.
“Las inscripciones siguen abiertas e incluso pueden participar voluntarios de otro municipios, tenemos viviendas habilitadas, lo único que tienen que tener es el deseo de prepararse y la resistencia física”, agregó Molina.
Los rescatistas en entrenamiento provienen de la Gobernación de Caraparí, como también son brigadistas barriales, guardias de seguridad, Policías y otros voluntarios.
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