Como lo publicó EL DIARIO a inicios de este año, el suboficial del Ejército, Johnny Gil Leniz, fue dado de baja en octubre de 2014, aspecto confirmado por el comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Omar Salinas.
Sin embargo, ya en su calidad de civil, el aún vocero oficial de sargentos y suboficiales de las FFAA, continúa recluido en un calabozo de la Policía Militar en el Estado Mayor, debido a que los magistrados militares, aún no están trabajando. Mientras tanto, la familia se debate ante la carencia de ingresos económicos y atención de salud de los hijos menores.
La sanción en contra del suboficial Gil, se habría dictado por una supuesta falta disciplinaria, en el marco de las 800 bajas dictadas en abril del año pasado, cuando este sector protagonizó una movilización a nivel nacional, con el fin de eliminar la discriminación en filas castrenses, tal cual era la propuesta dentro del “proceso de cambio” anunciado por el presidente Evo Morales, a quien afirman le brindaron su apoyo.
Consultados desde las primeras semanas de enero, personeros tanto del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), como del Permanente (TPJM), han indicado que las diferentes salas no iniciaron sus labores debido a que el personal destinado a esta repartición no se incorporó.
Al respecto, los comandantes de las tres fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana), han confirmado a EL DIARIO que las órdenes de destino ya han sido cumplidas, contrariando los argumentos de los personeros de los tribunales militares y dejando en duda las razones por las cuales no inician su labor los magistrados de esta “justica especial”.
Entretanto, los procesos penales militares siguen estancados, entre ellos, la investigación del hundimiento de una barcaza en el Río Paraguay, en diciembre del año pasado, en el cual perdió la vida una periodista y dos efectivos militares.
Lo contrario ocurre en el caso de los sargentos y suboficiales procesados por los conflictos de abril del año pasado, cuando cientos de militares de bajo rango, protagonizaron una histórica movilización, la cual “marcó un antes y un después en la historia de la FFAA”, como lo reconoció el mismo comandante en jefe de las FFAA, Omar Salinas.
Los uniformados, por medio de sus representantes, entre los que estaba el suboficial del Ejército Johnny Gil; Freddy Sucojayo y Franklin Colque, de la FAB, además de Lorgio Cartagena, de la Armada Boliviana, presentaron una propuesta para la modificación de la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA) que aseguran fue incentivada por el mismo presidente Evo Morales, que en sus diferentes acercamientos con otros efectivos, les solicitó la presentación de un proyecto, el cual fue direccionado por estos representantes.
A estas movilizaciones de abril, desde los nueve departamentos, se sumaron las esposas de sargentos y suboficiales que debelaron otros aspectos de la discriminación al interior de las FFAA.
Entre ellas está la diferencia de criterios para la dotación de viviendas para los suboficiales y otra para los oficiales de alto rango. Tal como ocurre con la provisión de alimentos.
Las madres y esposas, aseguran que estos aspectos son tan marcados, que la discriminación llega al trato que reciben los hijos, en las unidades educativas y complejos hospitalarios.
Sargentos y suboficiales, ponen como ejemplo de la discriminación que sufren, el que ellos solo pueden ser capacitados en las diferentes instancias educativas militares, hasta niveles técnicos, sin importar los títulos universitarios adquiridos de manera particular, que no son reconocidos ni tomados en cuenta para elevar sus ingresos. Situación contraria al trato de los oficiales.
BAJA SIN NOTIFICIÓN
En el caso concreto del suboficial Gil, los familiares han denunciado que el efectivo habría sido dado de baja, por medio de una resolución, pero sin que se haya hecho una notificación oficial, que es elemento indispensable para iniciar ciertos trámites así como para apelar esta determinación.
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