Alicia Organivia, madre del cadete Luis Steer, quien murió arrastrado por un río en Chuquisaca, denunció que el coronel José Antonio Campero, el mismo que habría provocado la muerte de su hijo al ordenarle que saque su vehículo de la corriente, ahora es vocal del Tribunal Supremo de Justicia Militar.
Denuncia. La mujer lamentó que el coronel haya sido transferido de Sucre hacia La Paz para ejercer como juez en las Fuerzas Armadas y que ahora mantenga detenidos a tres suboficiales que lideraron las movilizaciones en demanda de mejoras de la entidad castrense. "Con qué moral está impartiendo justicia militar", acotó.
Hecho. El 19 de noviembre del año pasado, el cadete Steer y el conscripto Alan Álvarez, ambos del Liceo Militar de Sucre, murieron ahogados en un río. Según las imágenes captadas por testigos de la tragedia, los uniformados intentaban sacar del agua la vagoneta que supuestamente era de Campero. "Este hecho fue provocado por este coronel José Antonio Campero Castro, dueño del vehículo que era de su propiedad, no era un bien del Estado. Por salvar una chatarra de propiedad de este señor, mi hijito perdió la vida", manifestó la mujer. Según Organivia, el coronel alegó que pidió ayuda para salvar el auto porque su esposa y un soldado estaban dentro de él. La madre del fallecido refutó esta versión y relató que Campero "no pidió auxilio en ningún momento, lo que pidió es ayuda para rescatar su bien material". La mujer denunció además que al militar Diego Guarachi, sobreviviente de la riada, le hicieron la "vida imposible" en los cuarteles por declarar la verdad de lo ocurrido. Es más, aseguró que este uniformado fue dado de baja.
Comunicado del Ejercito. "De acuerdo al informe proporcionado por el comandante del Liceo Militar, ambos fueron llevados por la corriente cuando se encontraban tratando de auxiliar un vehículo que era arrastrado por las aguas de la quebrada Quirpinchaca", señala el documento enviado el 20 de noviembre de 2013.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, recalcó que en la gestión pasada han reclamado por la sucesión de muertes de conscriptos y estudiantes en recintos militares y demanda que se realicen las investigaciones para determinar la responsabilidad de quienes no han cumplido con el deber de cuidarlos y tomar medidas de prevención.
Inconstitucionalidad
Defensor presenta al TCP demanda contra leyes militares
Defensor del Pueblo Rolando Villena anunció ayer que presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), del Código Penal Militar y del Código de Procedimiento Penal Militar que permiten y viabilizan acciones violentas vulnerando los derechos de las personas. Villena informó que debido a los últimos hechos de violencia suscitados al interior de recintos militares, se determinó que todos los antecedentes de violación a los derechos humanos, sean valorados jurídicamente con las normas castrenses.
Wednesday, September 10, 2014
Tuesday, September 9, 2014
FFAA enseñan a disparar en Universidad Indígena
Las Fuerzas Armadas (FFAA) informaron ayer que el convenio que firmaron en 2013 con la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari, que se encuentra en el municipio de Huarina del departamento de La Paz, permite instruir a los estudiantes en el manejo de armas de fuego.
El dato se dio a conocer, después de que un grupo de estudiantes de la casa de estudios superiores denunció que fueron maltratados y agredidos fisca y psicológicamente la pasada semana, por los instructores de la Unidad del Batallón de Infantería Marina Sexto Independencia, que está en el municipio de Chua de la provincia Omasuyos, cuando iban a conocer la instrucción militar que se da en ese lugar.
Según Waldo Calla, Comandante interino de la Armada Boliviana, se trata de un convenio de cooperación y desarrollo integral, para que los estudiantes indígenas conozcan por un día el trabajo que se realizan en los cuarteles.
“El convenio en su cláusula indica formación integral. La parte que le corresponde hacer a la Armada Boliviana es que miembros de esa universidad vayan a hacer algunas prácticas de instrucción militar en cuarteles de la Armada, estas prácticas están orientadas precisamente a verificar qué tipo de instrucción se recibe en los recintos militares”, declaró Calla en conferencia de prensa.
El dato se dio a conocer, después de que un grupo de estudiantes de la casa de estudios superiores denunció que fueron maltratados y agredidos fisca y psicológicamente la pasada semana, por los instructores de la Unidad del Batallón de Infantería Marina Sexto Independencia, que está en el municipio de Chua de la provincia Omasuyos, cuando iban a conocer la instrucción militar que se da en ese lugar.
Según Waldo Calla, Comandante interino de la Armada Boliviana, se trata de un convenio de cooperación y desarrollo integral, para que los estudiantes indígenas conozcan por un día el trabajo que se realizan en los cuarteles.
“El convenio en su cláusula indica formación integral. La parte que le corresponde hacer a la Armada Boliviana es que miembros de esa universidad vayan a hacer algunas prácticas de instrucción militar en cuarteles de la Armada, estas prácticas están orientadas precisamente a verificar qué tipo de instrucción se recibe en los recintos militares”, declaró Calla en conferencia de prensa.
Defensor demandará de inconstitucionalidad artículos de normas militares que vulneren los DDHH
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica de las FFAA, del Código Penal Militar y del Código de Procedimiento Penal Militar que permitan acciones violentas y vulneración de derechos de los uniformados. Además reiteró el pedido al comandante de la institución, almirante Víctor Baldivieso, de una reunión para trabajar en políticas en esa materia.
La decisión es asumida, explicó, ante las denuncias de hechos de violencia y tortura al interior de la entidad castrense, además de la violación de una premilitar; las agresiones contra 81 estudiantes de la Universidad Indígena Tupac Katari y el amedrentamiento y hostigamiento contra los dirigentes de una movilización de sargentos y suboficiales.
Villena explicó que, ante la evidencia de que estas acciones “se comenten al amparo de una norma anacrónica y de naturaleza colonialista”, dispuso que se realice un análisis jurídico de la LOFA y de los otros dos instrumentos penales militares para identificar los artículos y aspectos que sustentarán su demanda ante el TCP.
Datos recogidos por la Defensoría del Pueblo dan cuenta de un incremento en las denuncias que señalan como responsables de vulneración de derechos a miembros de las FFAA. De los 96 registradas en 2012, en 2013 subieron a 119, de las cuales 14 corresponden a la figura de tortura y/o tratos crueles e inhumanos. Al 31 de agosto las cifras se asemejan a la de la gestión pasada.
“Esta situación refleja una negativa sistemática de los niveles superiores de las Fuerzas Armadas de Bolivia a adecuar la formación y las conductas institucionales a los principios de derechos humanos y los postulados del Estado Plurinacional que demanda la implementación de cambios profundos en todas las instituciones que deben orientarse hacia la descolonización, la despatriarcalización y el respeto imperativo a los derechos y garantías constitucionales de todas y todos los bolivianos”, manifestó Villena.
La autoridad reiteró el llamado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Víctor Baldivieso, para impulsar un trabajo integral en la definición e implementación de una política para el respeto de los derechos humanos en la institución armada.
La Defensoría del Pueblo, el año pasado, presentó continuos reclamos por la sucesión de muertes de conscriptos y estudiantes en recintos militares y demandó su investigación para determinar responsabilidades; además solicitó reuniones con el Comandante de las FFAA para emprender acciones conjuntas e integrales para garantizar los derechos humanos a partir de un análisis de los reglamentos, reorientación de la estrategia de formación y la investigación de casos. También recurrió a la Presidencia de la Asamblea Legislativa para que se viabilice esta iniciativa, logrando -recordó- como respuesta una negativa sistemática o un silencio incomprensible, recordó la institución en una nota de prensa.
Villena lamentó que a pesar de esas denuncias y preocupaciones la entidad castrense no haya tomado ninguna acción para prevenir esas conductas y establecer la prevalencia de un sistema de formación que privilegia la violencia y desestima la necesidad de orientar las acciones en base al respeto a los derechos humanos.
Abogado anuncia amparo aseverando que FFAA no cuenta con recintos carcelarios
La audiencia que debía realizarse ayer en Tribunal Permanente de Justicia Militar, (TPJM), donde Alberto Costa, abogado, de los suboficiales Freddy Sucojayo y Franklin Colque, acusados de sedición, rebelión y motín, por pedir se elimine al discriminación en la Fuerzas Armadas (FFAA), fue suspendida debido a la inasistencia, por supuesta enfermedad, de la vocal Roxana Quiroga.
Costa manifestó que si bien se apegara a los plazos y normas militares, presentará un amparo constitucional, bajo el argumento que los suboficiales deben defenderse en libertad ya que las FFAA no cuentan con un sistema penitenciario.
La suspensión de esta audiencia se dio ante el desencanto de los familiares de los dos uniformados que cumplen más de dos meses presos en la Base Aérea de El Alto, aislados, sin comunicación entre ellos y en recintos precarios, en donde si quieren ser visitados por sus hijos, estos deben ser requisados, hecho denunciado por el Defensor del Pueblo y ahora estas condiciones son monitoreadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
AMPARO
Fuera de estas anomalías, que para Costa son naturales para producir el desgaste de la defensa, el argumento legal que apelará es el referido a la “carencia en la Justicia Militar, de un Sistema Penitenciario”.
Costa detalló que según la ley, cuando el Juez ordena una detención preventiva, debe señalar el recinto donde el imputado a de cumplir esta medida cautelar.
La Ley seria clara y se debe señalar un recinto “penal” y no así una guarnición militar. “Si no existe el recinto penal y ordenas la detención preventiva, lo estas confinando y el confinamiento está prohibido por la misma constitución”, señaló Costa y aseguró que este recurso no puede ser denegado.
No se tiene fecha para la reanudación de la audiencia, aunque Costa confía en que esta se da en un plazo máximo de cuatro días.
Costa manifestó que si bien se apegara a los plazos y normas militares, presentará un amparo constitucional, bajo el argumento que los suboficiales deben defenderse en libertad ya que las FFAA no cuentan con un sistema penitenciario.
La suspensión de esta audiencia se dio ante el desencanto de los familiares de los dos uniformados que cumplen más de dos meses presos en la Base Aérea de El Alto, aislados, sin comunicación entre ellos y en recintos precarios, en donde si quieren ser visitados por sus hijos, estos deben ser requisados, hecho denunciado por el Defensor del Pueblo y ahora estas condiciones son monitoreadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
AMPARO
Fuera de estas anomalías, que para Costa son naturales para producir el desgaste de la defensa, el argumento legal que apelará es el referido a la “carencia en la Justicia Militar, de un Sistema Penitenciario”.
Costa detalló que según la ley, cuando el Juez ordena una detención preventiva, debe señalar el recinto donde el imputado a de cumplir esta medida cautelar.
La Ley seria clara y se debe señalar un recinto “penal” y no así una guarnición militar. “Si no existe el recinto penal y ordenas la detención preventiva, lo estas confinando y el confinamiento está prohibido por la misma constitución”, señaló Costa y aseguró que este recurso no puede ser denegado.
No se tiene fecha para la reanudación de la audiencia, aunque Costa confía en que esta se da en un plazo máximo de cuatro días.
FFAA exige máxima sanción para sargentos acusados de feminicidio contra una premilitar
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), almirante Víctor Baldivieso, expresó su repudio e indignación por la supuesta acción criminal cometido por los sargentos Ángel Reynaldo M. H. (27) y Sidal C. Q. (27), del regimiento Ayacucho acantonado en la localidad de Achacachi del departamento de La Paz, acusados de feminicidio en contra de Carmen Rosa Mollo (17), el sábado 30 de agosto, luego de haber consumido bebidas alcohólicas en la casa de uno de los sospechosos, junto a su prima Vanesa Mollo (18), de quien se sospecha también sería cómplice al momento de abandonar el cuerpo en un descampado de la comunidad de Cota Cota en el municipio de Pucarani.
“El Ejército está tomando las medidas administrativas correspondientes, para que el Tribunal de Personal, aplique lo que establecen nuestras leyes y reglamentos al margen del proceso jurídico en la vía de la Justicia Ordinaria”, detalló el comandante general del Ejército, general Omar Salinas.
De manera paralela, en la localidad de Chirapaca, en un intento de aplacar los ánimos de los pobladores, el comandante del Regimiento Ayacucho, coronel Andrés Cortez, anunció a los comunarios de Chirapaca, de donde era oriunda la joven malograda que los dos sargentos serán dados de baja del Ejército y remitidos a la Justicia Ordinaria.
Sin embargo, las normas militares señala que los uniformados que deben enfrentar procesos en la Justicia Ordinaria, son remitidos a la Letra “E”, de disponibilidad, (una especie de licencia indefinida), para que asuman su defensa y una vez esclarecido el hecho, si se encuentra culpabilidad recién emiten su baja, de ser hallado inocente, es reincorporado; y de acuerdo con fuentes militares, lo que corresponde es destinarlos a lugares fronterizos como un castigo perpetuo.
En este sentido, Baldivieso puntualizó que se instruyó al Comando del Ejército, se aplique la máxima sanción, “previo proceso”, dejando entender que si se aplicara otra medida incurriría a la vulneración de la presunción de inocencia.
ANTECEDENTES
Carmen Rosa Mollo y Vanesa M. aceptaron consumir bebidas alcohólicas en el cuarto de uno de los imputados, ubicado frente del Estadio del poblado. Descartando la versión de la sobreviviente, se presume que luego de embriagarse, incluso llegando a los vómitos, los uniformados trataron de forzarlas a tener relaciones sexuales y cuando Carmen Rosa Mollo se defendió fue golpeada en la cabeza; lesión que habría provocado su muerte.
Según el testimonio de Vanesa M., la mañana siguiente despertó en la cama, semidesnuda con el cuerpo de su prima al lado y el presunto asesino, quien con el argumento de presentarse a la formación en el cuartel se marchó indicándole que limpiaran todo antes de irse. Ángel Reynaldo M.H. no se percató de que Carmen Rosa Mollo estaba sin vida.
TORTURA EN CHÚA
En referencia a la denuncia de los 81 estudiantes de la Universidad Indigena Túpac Katari, Baldivieso afirmó que no se tenía el informe oficial, por lo que aún no se conoce el tipo de sanción para quienes hayan cometido excesos al momento de impartir instrucción de orden cerrado.
Producto de un convenio firmado entre esta universidad y el Ejército, los 81 estudiantes de la carrera de Veterinaria habrían asistido al Batallón de Infantería de Marina “Chúa” de la provincia Omasuyos de La Paz, para recibir formación en valores y defensa del Estado, el hecho acaeció los pasados 3 y 4 de septiembre.
“El Ejército está tomando las medidas administrativas correspondientes, para que el Tribunal de Personal, aplique lo que establecen nuestras leyes y reglamentos al margen del proceso jurídico en la vía de la Justicia Ordinaria”, detalló el comandante general del Ejército, general Omar Salinas.
De manera paralela, en la localidad de Chirapaca, en un intento de aplacar los ánimos de los pobladores, el comandante del Regimiento Ayacucho, coronel Andrés Cortez, anunció a los comunarios de Chirapaca, de donde era oriunda la joven malograda que los dos sargentos serán dados de baja del Ejército y remitidos a la Justicia Ordinaria.
Sin embargo, las normas militares señala que los uniformados que deben enfrentar procesos en la Justicia Ordinaria, son remitidos a la Letra “E”, de disponibilidad, (una especie de licencia indefinida), para que asuman su defensa y una vez esclarecido el hecho, si se encuentra culpabilidad recién emiten su baja, de ser hallado inocente, es reincorporado; y de acuerdo con fuentes militares, lo que corresponde es destinarlos a lugares fronterizos como un castigo perpetuo.
En este sentido, Baldivieso puntualizó que se instruyó al Comando del Ejército, se aplique la máxima sanción, “previo proceso”, dejando entender que si se aplicara otra medida incurriría a la vulneración de la presunción de inocencia.
ANTECEDENTES
Carmen Rosa Mollo y Vanesa M. aceptaron consumir bebidas alcohólicas en el cuarto de uno de los imputados, ubicado frente del Estadio del poblado. Descartando la versión de la sobreviviente, se presume que luego de embriagarse, incluso llegando a los vómitos, los uniformados trataron de forzarlas a tener relaciones sexuales y cuando Carmen Rosa Mollo se defendió fue golpeada en la cabeza; lesión que habría provocado su muerte.
Según el testimonio de Vanesa M., la mañana siguiente despertó en la cama, semidesnuda con el cuerpo de su prima al lado y el presunto asesino, quien con el argumento de presentarse a la formación en el cuartel se marchó indicándole que limpiaran todo antes de irse. Ángel Reynaldo M.H. no se percató de que Carmen Rosa Mollo estaba sin vida.
TORTURA EN CHÚA
En referencia a la denuncia de los 81 estudiantes de la Universidad Indigena Túpac Katari, Baldivieso afirmó que no se tenía el informe oficial, por lo que aún no se conoce el tipo de sanción para quienes hayan cometido excesos al momento de impartir instrucción de orden cerrado.
Producto de un convenio firmado entre esta universidad y el Ejército, los 81 estudiantes de la carrera de Veterinaria habrían asistido al Batallón de Infantería de Marina “Chúa” de la provincia Omasuyos de La Paz, para recibir formación en valores y defensa del Estado, el hecho acaeció los pasados 3 y 4 de septiembre.
DARÁN DE BAJA A LOS IMPUTADOS DE MATAR A PREMILITAR
Vanessa M., otra de las víctimas, deberá definir si continúa o no en el servicio premilitar.
Los sargentos Ángel Reynaldo M. H. y Sidal C. Q., detenidos en la cárcel de San Pedro por la violación y el feminicidio de Carmen Rosa Mollo Ayllón, serán dados de baja dentro de siete días, tiempo que demandará el proceso administrativo, según el Comando General de las Fuerzas Armadas del Estado.
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Víctor Baldivieso, en conferencia de prensa, expresó su indignación por el crimen, que se produjo en la localidad de Achacachi, y afirmó que nadie encubrirá a los implicados de este hecho de sangre que se registró la madrugada del 30 de agosto.
"Expresamos nuestra indignación por el hecho cometido por esos sargentos del Ejército destinados al Regimiento de Infantería Ayacucho de Achacachi, quienes fueron imputados por el Ministerio Público del delito de feminicidio".
La autoridad añadió que no dará lugar al encubrimiento de militar alguno, por al contrario, exigirá celeridad al proceso interno y la máxima sanción como una medida ejemplar en el interior de la institución castrense.
proceso. El comandante general de Ejército, general Omar Salinas Ortuño, afirmó, por su parte, que dentro de la normativa militar la máxima sanción es la baja, después del verificativo de un proceso disciplinario abreviado.
"Existe un procedimiento interno que se debe cumplir, se va formar el Tribunal de Personal de Ejército, cuyos integrantes solicitarán informes sobre los imputados a la Dirección Jurídica y de la unidad para, después, emitir una resolución".
Letra e. En tanto se conoció que ambos efectivos imputados de asesinar a Carmen Rosa pasaron a la letra E, vale decir que quedaron a disposición del Comando General, antes de que se determine su baja de la institución. De acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas percibirán sus haberes hasta que se emita la resolución de baja.
Asimismo otro militar comentó que Vanessa M. (18), otra de las víctimas, puede continuar en el servicio premilitar sin sanción alguna.
LA FF AA APOYARON A LA FAMILIA EN EL SEPELIO DE LA VÍCTIMA, SEGÚN EL COMANDANTE GENERAL, QUIEN DIJO QUE PUEDE DESEMBOLSARSE UNA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE QUE SE PRUEBE QUE EL HECHO OCURRIÓ CUANDO LA VÍCTIMA ESTABA EN SERVICIO.
7 días demorará el proceso interno en contra de los dos sargentos imputados de feminicidio.
Los sargentos Ángel Reynaldo M. H. y Sidal C. Q., detenidos en la cárcel de San Pedro por la violación y el feminicidio de Carmen Rosa Mollo Ayllón, serán dados de baja dentro de siete días, tiempo que demandará el proceso administrativo, según el Comando General de las Fuerzas Armadas del Estado.
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Víctor Baldivieso, en conferencia de prensa, expresó su indignación por el crimen, que se produjo en la localidad de Achacachi, y afirmó que nadie encubrirá a los implicados de este hecho de sangre que se registró la madrugada del 30 de agosto.
"Expresamos nuestra indignación por el hecho cometido por esos sargentos del Ejército destinados al Regimiento de Infantería Ayacucho de Achacachi, quienes fueron imputados por el Ministerio Público del delito de feminicidio".
La autoridad añadió que no dará lugar al encubrimiento de militar alguno, por al contrario, exigirá celeridad al proceso interno y la máxima sanción como una medida ejemplar en el interior de la institución castrense.
proceso. El comandante general de Ejército, general Omar Salinas Ortuño, afirmó, por su parte, que dentro de la normativa militar la máxima sanción es la baja, después del verificativo de un proceso disciplinario abreviado.
"Existe un procedimiento interno que se debe cumplir, se va formar el Tribunal de Personal de Ejército, cuyos integrantes solicitarán informes sobre los imputados a la Dirección Jurídica y de la unidad para, después, emitir una resolución".
Letra e. En tanto se conoció que ambos efectivos imputados de asesinar a Carmen Rosa pasaron a la letra E, vale decir que quedaron a disposición del Comando General, antes de que se determine su baja de la institución. De acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas percibirán sus haberes hasta que se emita la resolución de baja.
Asimismo otro militar comentó que Vanessa M. (18), otra de las víctimas, puede continuar en el servicio premilitar sin sanción alguna.
LA FF AA APOYARON A LA FAMILIA EN EL SEPELIO DE LA VÍCTIMA, SEGÚN EL COMANDANTE GENERAL, QUIEN DIJO QUE PUEDE DESEMBOLSARSE UNA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE QUE SE PRUEBE QUE EL HECHO OCURRIÓ CUANDO LA VÍCTIMA ESTABA EN SERVICIO.
7 días demorará el proceso interno en contra de los dos sargentos imputados de feminicidio.
Monday, September 8, 2014
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