Saturday, August 16, 2014
Revertirán subsidios de dos Cascos Azules
El Comando General del Ejército revertirá el lunes al Tesoro General del Estado (TGE) el subsidio de dos ex Cascos Azules que prestaron sus servicios en Haití en 2013 porque no se apersonaron a cobrar hasta ayer, que feneció el plazo.
Benjamín Núñez Camacho y Mauricio Octavio Miranda Pérez son las dos personas de cinco que no se han presentado a cobrar estos recursos, fue el informe del Comando General del Ejército.
La directora de Comunicación Social del Ejército (Dicose), coronel Sarah Aramayo, informó el miércoles a La Razón que había cinco personas que no pasaron a cobrar sus subsidios, pese a que el Comando se contactó con ellos y éstos no se comunicaron hasta ese día. Había advertido que lo más preocupante de esto era que si no cobraban hasta este viernes, que era el plazo final, esos recursos se iban a revertir al TGE. El plazo feneció a las 18.30 y lamentablemente estas dos personas perdieron sus recursos.
En el Comando se informó que por procedimiento lo que corresponde es que el lunes 18 a primera hora se procederá a efectuar la reversión. El monto total de las cinco personas alcanzaba a Bs 37.896 por la misión. Hasta ayer solo tres personas cobraron.
Los Cascos Azules bolivianos son una fuerza especial de pacificación que tiene como principal función instaurar la paz y estabilidad donde el Gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo requieran.
Militares de baja graduación analizan sumarse a huelga de hambre de familiares
El ex suboficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Richard Mayta, dijo que se sumaría a la huelga de hambre que fue instalada por familiares de su ex camarada Johnny Gil en la plaza Abaroa frente al Ministerio de Defensa. Esta medida sería asumida por su persona y otros militares de baja graduación que fueron retirados por las Fuerzas Armadas luego de las movilizaciones realizadas en abril y mayo pasado cuando exigieron la descolonización al interior de las instancias castrenses.
"A partir del día lunes las personas, no todas, no voy a hablar por todas parcialmente yo me voy a sumar seguramente a la huelga para ejercer mayor presión, porque no hay justicia para nosotros en las Fuerzas Armadas", manifestó el ex militar de baja graduación.
Mayta dijo que para asumir esta determinación se esperará el resultado de la audiencia de acción de libertad presentada por el suboficial Gil quien se encuentra tres meses en calidad de detenido preventivo en instalaciones del Estado Mayor.
"Vamos a esperar hasta mañana, mañana (viernes) tiene una audiencia en el Tribunal Militar a la que ha conminado nuevamente la justicia ordinaria para que procedan con la acción de libertad, sin embargo, sino ocurrieran nada de ello nosotros asumiéramos la huelga", manifestó el ex militar.
Familiares del suboficial Johnny Gil instalaron un piquete de huelga el miércoles por la tarde pidiendo se libere al suboficial del Ejército, Johnny Gil, quien fue detenido por los presuntos delitos de sedición y motín.
"A partir del día lunes las personas, no todas, no voy a hablar por todas parcialmente yo me voy a sumar seguramente a la huelga para ejercer mayor presión, porque no hay justicia para nosotros en las Fuerzas Armadas", manifestó el ex militar de baja graduación.
Mayta dijo que para asumir esta determinación se esperará el resultado de la audiencia de acción de libertad presentada por el suboficial Gil quien se encuentra tres meses en calidad de detenido preventivo en instalaciones del Estado Mayor.
"Vamos a esperar hasta mañana, mañana (viernes) tiene una audiencia en el Tribunal Militar a la que ha conminado nuevamente la justicia ordinaria para que procedan con la acción de libertad, sin embargo, sino ocurrieran nada de ello nosotros asumiéramos la huelga", manifestó el ex militar.
Familiares del suboficial Johnny Gil instalaron un piquete de huelga el miércoles por la tarde pidiendo se libere al suboficial del Ejército, Johnny Gil, quien fue detenido por los presuntos delitos de sedición y motín.
FFAA ratifican juramento a la bandera
El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Baldivieso, anunció ayer que militares de grandes y pequeñas unidades, ratificarán mañana el juramento a la Bandera y la defensa de la soberanía de Bolivia.
El solemne acto cívico patriótico de Honores a la Bandera, se desarrollará el domingo en la Plaza Murillo a horas 08:00 con la participación de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, autoridades gubernamentales, organizaciones sociales, estudiantes y población del Estado Plurinacional", anunció.
El solemne acto cívico patriótico de Honores a la Bandera, se desarrollará el domingo en la Plaza Murillo a horas 08:00 con la participación de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, autoridades gubernamentales, organizaciones sociales, estudiantes y población del Estado Plurinacional", anunció.
Niegan libertad de suboficial Gil por séptima vez
La Sala de Apelación y Consulta del Tribunal de Justicia Militar (TJM) negó ayer por séptima vez el pedido de libertad planteado por el suboficial Johnny Gil bajo el argumento de que el uniformado puede fugarse, obstaculizar la indagación en su contra e influir negativamente en sus subalternos.
"Puede influir negativamente sobre sus subalternos y modificar los elementos de prueba de los delitos por los cuales se lo imputa, más aún como presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss)”, señala la Resolución de la Sala de Apelación, leída por su propia presidencia.
El TJM fue conminado por la justicia ordinaria para considerar elementos que presentó Gil que sustentan su pedido de liberación. El juez René Delgado reveló que los militares tienen detenido al suboficial porque no tiene trabajo y vivienda, sin embargo, Gil presentó certificados que comprueban lo contrario.
Ayer la Sala de Apelación consideró certificados policiales, cívicos y militares, los cuales confirman que Gil tiene vivienda, trabajo y una familia.
No obstante, el tribunal resolvió que si bien el uniformado tiene vivienda y trabajo, debe continuar detenido porque puede fugarse y obstaculizar la investigación en su calidad de presidente de Ascinalss.
El abogado de Gil, César Rojas, recordó al tribunal que la justicia ordinaria en ningún momento cuestionó si había peligro de fuga y que sólo pidió a los militares que se manifiesten sobre los argumentos de falta de trabajo y vivienda. El jurista pidió explicaciones al respecto y la presidenta de la Sala le dijo que responderá por escrito, informaron los medios de comunicación.
El suboficial Gil está detenido desde el 15 de mayo en celdas del Estado Mayor, acusado por los delitos de sedición, rebelión y motín por las movilizaciones por la "descolonización” en la entidad castrense, en abril pasado.
El miércoles, cuatro familiares de Gil, entre ellos su madre de 67 años de edad, se declararon en huelga de hambre frente al Ministerio de Defensa, en la plaza Abaroa, para demandar la libertad del militar, la que fue negada por el ministro de esa cartera.
"Puede influir negativamente sobre sus subalternos y modificar los elementos de prueba de los delitos por los cuales se lo imputa, más aún como presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss)”, señala la Resolución de la Sala de Apelación, leída por su propia presidencia.
El TJM fue conminado por la justicia ordinaria para considerar elementos que presentó Gil que sustentan su pedido de liberación. El juez René Delgado reveló que los militares tienen detenido al suboficial porque no tiene trabajo y vivienda, sin embargo, Gil presentó certificados que comprueban lo contrario.
Ayer la Sala de Apelación consideró certificados policiales, cívicos y militares, los cuales confirman que Gil tiene vivienda, trabajo y una familia.
No obstante, el tribunal resolvió que si bien el uniformado tiene vivienda y trabajo, debe continuar detenido porque puede fugarse y obstaculizar la investigación en su calidad de presidente de Ascinalss.
El abogado de Gil, César Rojas, recordó al tribunal que la justicia ordinaria en ningún momento cuestionó si había peligro de fuga y que sólo pidió a los militares que se manifiesten sobre los argumentos de falta de trabajo y vivienda. El jurista pidió explicaciones al respecto y la presidenta de la Sala le dijo que responderá por escrito, informaron los medios de comunicación.
El suboficial Gil está detenido desde el 15 de mayo en celdas del Estado Mayor, acusado por los delitos de sedición, rebelión y motín por las movilizaciones por la "descolonización” en la entidad castrense, en abril pasado.
El miércoles, cuatro familiares de Gil, entre ellos su madre de 67 años de edad, se declararon en huelga de hambre frente al Ministerio de Defensa, en la plaza Abaroa, para demandar la libertad del militar, la que fue negada por el ministro de esa cartera.
Friday, August 15, 2014
Tribunal declara rebelde a un militar y ordena su detención
En una audiencia, el Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM) declaró ayer rebelde y contumaz al suboficial Erick Magne Chinche, por lo que ordenó su detención, porque no se presentó para asumir defensa en el juicio que se le sigue por los delitos de rebelión, sedición y motín.
El presidente del TPJM, general de División Aérea Eduardo Fernández Fernández, manifestó que “no habiendo asumido defensa a la fecha, pese a su legal notificación, de acuerdo a los artículos 227 y 230 del Código de Procedimiento Penal Militar, se declara rebelde y contumaz a la ley al procesado imputado suboficial inicial Erick Magne Chinche”. Por ese motivo emitió el mandamiento de aprehensión en su contra, ordenó su arraigo y se pidió al Ministerio de Defensa la retención del pago de sus haberes. La audiencia se llevó a cabo ayer, a las 10.40, en las instalaciones del Tribunal Permanente de Justicia Militar.
El general Fernández explicó a La Razón que el suboficial Magne “está desaparecido y no es habido ni en su domicilio”, pese a que se lo había notificado en dos oportunidades, de acuerdo con normas, y nunca se ha presentado para asumir defensa de los delitos por los que se lo acusa.
Proceso. Ayer solamente se hicieron presentes los otros dos procesados, los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana Franklin Colque y Freddy Sucojayo, junto a su abogado defensor, Alberto Costa Obregón.
Fernández aclaró que se tiene que conocer la situación de Magne para que el proceso continúe. Es por ello que el caso de los tres procesados, incluido el suboficial Jhonny Gil, todavía está en curso y aún no se conoce una sentencia definitiva.
Estos militares son procesados por las movilizaciones de protesta que realizaron en abril y mayo, para exigir un mejor trato y condiciones igualitarias entre clases y oficiales en los cuarteles del país. La Justicia Militar decidió procesarlos y se los acusa por los delitos de “rebelión, sedición, estado de sedición y motín”.
Néstor Burgoa, abogado auditor del Tribunal Permanente de Justicia Militar, explicó que estos dos suboficiales de la Fuerza Aérea han prestado su declaración y también han pedido su libertad provisional. Esto fue consultado al Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) y se ha retomado el caso para continuar el proceso.
Desde el miércoles, los familiares del suboficial Gil, quien guarda arresto en una celda del Estado Mayor del Ejército, ingresaron en huelga de hambre al frente del Ministerio de Defensa, en la plaza Abaroa, para exigir que se le dé libertad y, en esa condición, pueda asumir su defensa. El general Fernández explicó que el caso se encuentra en el TSJM, donde se tiene previsto para hoy una audiencia para definir el futuro de este caso.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, manifestó ayer que el movimiento de abril de los militares tenía carácter político movido por Sandra López Poma, de quien dijo que hoy es candidata a diputada plurinacional por Unidad Demócrata (UD) para demostrar ese interés político.
Se suman familiares
Huelga
Los familiares del suboficial Jhonny Gil que están en huelga de hambre en La Paz ya suman seis. Se anunció que hoy se adherirán otros allegados, además de la esposa del suboficial Freddy Sucojayo.
Saavedra dice que militares incurrieron en delitos
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, afirmó ayer que los tres suboficiales que están con detención preventiva por haber participado en las movilizaciones de abril incurrieron en delitos contra la seguridad del Estado.
Con respecto al pedido de libertad provisional e instalación de una vigilia por parte de familiares del suboficial Johnny Gil, el ministro afirmó que tanto él como los otros dos sindicados (Freddy Sucojayo y Franklin Colque) incurrieron en delitos.
En ese entendido, la autoridad señaló que cualquier petición, reclamo o solicitud que hagan los familiares o representantes legales de los militares debe realizarse dentro del proceso abierto que sigue la instancia judicial militar.
La familia de Gil inició el miércoles una huelga de hambre en la plaza Abaroa, al frente del Ministerio de Defensa, con el fin de presionar para que se libere al suboficial, puesto que el mismo día un tribunal penal dio un plazo hasta hoy para que el militar sea liberado por la justicia militar.
Saavedra reiteró que no existe ningún compromiso por parte de su cartera con los suboficiales y sargentos que hubiera evitado las sanciones posteriores a la movilización que realizaron.
Denunció que los uniformados fueron utilizados políticamente por Sandra López, quien actualmente es candidata a diputada plurinominal por Unidad Demócrata.
Con respecto al pedido de libertad provisional e instalación de una vigilia por parte de familiares del suboficial Johnny Gil, el ministro afirmó que tanto él como los otros dos sindicados (Freddy Sucojayo y Franklin Colque) incurrieron en delitos.
En ese entendido, la autoridad señaló que cualquier petición, reclamo o solicitud que hagan los familiares o representantes legales de los militares debe realizarse dentro del proceso abierto que sigue la instancia judicial militar.
La familia de Gil inició el miércoles una huelga de hambre en la plaza Abaroa, al frente del Ministerio de Defensa, con el fin de presionar para que se libere al suboficial, puesto que el mismo día un tribunal penal dio un plazo hasta hoy para que el militar sea liberado por la justicia militar.
Saavedra reiteró que no existe ningún compromiso por parte de su cartera con los suboficiales y sargentos que hubiera evitado las sanciones posteriores a la movilización que realizaron.
Denunció que los uniformados fueron utilizados políticamente por Sandra López, quien actualmente es candidata a diputada plurinominal por Unidad Demócrata.
Thursday, August 14, 2014
Proyecto de ley suma 5 causas para retirar a militares de FFAA
El proyecto de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) suma cinco causales por las que los militares, tanto oficiales, suboficiales y sargentos, podrán ser sujetos al retiro obligatorio de la institución castrense.
Esta propuesta se la diseña en una mesa de trabajo desde mayo de este año, después de que suboficiales y sargentos se manifestaran públicamente en demanda de la "descolonización” de las Fuerzas Armadas con el fin de que todos los uniformados sean tratados con igualdad.
El proyecto de ley, al que tuvo acceso Página Siete, y ajustado el 30 de julio, considera en el artículo 49 del capítulo sobre Escalafón y jerarquía militar que el retiro obligatorio es una medida administrativa "que aplicarán los tribunales de personal, previo sumario informativo militar o informes de antecedentes profesionales”.
Una de las causas por la que los efectivos pueden ser echados de las FFAA es "por publicar, dictar conferencias o emitir opiniones en forma pública, sobre temas que comprometan la seguridad y defensa del Estado”.
El segundo punto incorporado es que "en tiempo de paz, por faltar a su fuente de trabajo seis días consecutivos o 12 días discontinuos durante una gestión, sin causa justificada”, será echado de la institución castrense.
La siguiente causal es "por incurrir en actos contrarios a la ética profesional, incompetencia en el desempeño de sus funciones, en actos que atenten contra el honor y dignidad de las Fuerzas Armadas”.
Las dos últimas causas tienen que ver con actos políticos: "por formar parte de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas” y "por realizar acción política partidaria”.
La incorporación de nuevas causales es con el objetivo de afectar a los militares de baja graduación, según dos entrevistados. "Esto perjudica sólo a nosotros, los suboficiales y sargentos, porque quienes salimos a defender nuestros derechos fuimos nosotros. Los oficiales no lo harán jamás y por eso ahora nos ponen más obstáculos a nosotros”, afirmó un suboficial, quien prefirió el anonimato.
Asimismo, su camarada, que también prefirió no publicar su identidad, manifestó que el nuevo proyecto de ley no es consensuado con los suboficiales y sargentos. "Quieren seguir con la manipulación y dictadura dentro de nuestra institución. Nos prohíben hacer política y yo me pregunto si los comandantes de las tres fuerzas no hacen política con su presencia en actos del Presidente”, cuestionó.
Este medio llamó al inspector de las FFAA, Remberto Durán, quien lidera la mesa de trabajo de la nueva norma, pero no contestó su celular tras insistentes llamadas telefónicas.
Denuncian que no participan en mesa
Los suboficiales de las Fuerzas Armadas denunciaron que no existe representatividad en la mesa de trabajo que diseña la nueva ley militar y que los suboficiales que están en ese trabajo son afines al comandante de las FFAA.
"Hay tres o cuatro suboficiales que están en la mesa de trabajo, pero se quedan callados ante cualquier sugerencia o decisión que toman los oficiales porque son afines al comandante e incluso al Gobierno”, aseveró uno de los militares de baja graduación que habló con este medio.
Señaló que ninguno de los suboficiales o sargentos que estuvieron en el diseño del proyecto de "descolonización” de la institución castrense participa en la realización de la nueva ley militar. "Eso quiere decir que van a sacar una normativa que nos afecte más a los suboficiales y sargentos. No hay ninguna persona que pueda dar a conocer lo que nosotros pretendemos”, afirmó.
El entrevistado pidió que exista igualdad en la participación de los proyectistas para consolidar una ley "que favorezca a los militares de bajo rango. No es lo que queríamos”.
Esta propuesta se la diseña en una mesa de trabajo desde mayo de este año, después de que suboficiales y sargentos se manifestaran públicamente en demanda de la "descolonización” de las Fuerzas Armadas con el fin de que todos los uniformados sean tratados con igualdad.
El proyecto de ley, al que tuvo acceso Página Siete, y ajustado el 30 de julio, considera en el artículo 49 del capítulo sobre Escalafón y jerarquía militar que el retiro obligatorio es una medida administrativa "que aplicarán los tribunales de personal, previo sumario informativo militar o informes de antecedentes profesionales”.
Una de las causas por la que los efectivos pueden ser echados de las FFAA es "por publicar, dictar conferencias o emitir opiniones en forma pública, sobre temas que comprometan la seguridad y defensa del Estado”.
El segundo punto incorporado es que "en tiempo de paz, por faltar a su fuente de trabajo seis días consecutivos o 12 días discontinuos durante una gestión, sin causa justificada”, será echado de la institución castrense.
La siguiente causal es "por incurrir en actos contrarios a la ética profesional, incompetencia en el desempeño de sus funciones, en actos que atenten contra el honor y dignidad de las Fuerzas Armadas”.
Las dos últimas causas tienen que ver con actos políticos: "por formar parte de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas” y "por realizar acción política partidaria”.
La incorporación de nuevas causales es con el objetivo de afectar a los militares de baja graduación, según dos entrevistados. "Esto perjudica sólo a nosotros, los suboficiales y sargentos, porque quienes salimos a defender nuestros derechos fuimos nosotros. Los oficiales no lo harán jamás y por eso ahora nos ponen más obstáculos a nosotros”, afirmó un suboficial, quien prefirió el anonimato.
Asimismo, su camarada, que también prefirió no publicar su identidad, manifestó que el nuevo proyecto de ley no es consensuado con los suboficiales y sargentos. "Quieren seguir con la manipulación y dictadura dentro de nuestra institución. Nos prohíben hacer política y yo me pregunto si los comandantes de las tres fuerzas no hacen política con su presencia en actos del Presidente”, cuestionó.
Este medio llamó al inspector de las FFAA, Remberto Durán, quien lidera la mesa de trabajo de la nueva norma, pero no contestó su celular tras insistentes llamadas telefónicas.
Denuncian que no participan en mesa
Los suboficiales de las Fuerzas Armadas denunciaron que no existe representatividad en la mesa de trabajo que diseña la nueva ley militar y que los suboficiales que están en ese trabajo son afines al comandante de las FFAA.
"Hay tres o cuatro suboficiales que están en la mesa de trabajo, pero se quedan callados ante cualquier sugerencia o decisión que toman los oficiales porque son afines al comandante e incluso al Gobierno”, aseveró uno de los militares de baja graduación que habló con este medio.
Señaló que ninguno de los suboficiales o sargentos que estuvieron en el diseño del proyecto de "descolonización” de la institución castrense participa en la realización de la nueva ley militar. "Eso quiere decir que van a sacar una normativa que nos afecte más a los suboficiales y sargentos. No hay ninguna persona que pueda dar a conocer lo que nosotros pretendemos”, afirmó.
El entrevistado pidió que exista igualdad en la participación de los proyectistas para consolidar una ley "que favorezca a los militares de bajo rango. No es lo que queríamos”.
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