El Ejército perdió al menos cuatro millones de bolivianos que pagó como adelanto para la construcción de nueve puestos militares que jamás se edificaron. Esto representa un daño económico al Estado que, de acuerdo con una denuncia, lo pagará la población con sus impuestos.
Este daño económico, revelado por integrantes anónimos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y confirmado por la Dirección de Comunicación del Ejército, empezó el 13 de diciembre de 2013, cuando el entonces comandante del Ejército, Fernando Zeballos, firmó nueve contratos para la construcción de nueve puestos militares adelantados en diferentes puntos del país.
Ése fue el último día de Zeballos en el cargo. Quien debía dar continuidad al proyecto fue Omar Salinas, posesionado como nuevo comandante del Ejército el 14 de diciembre de ese año.
Diez días después firmó otros cuatro contratos para la construcción de puestos militares. La edificación de éstos, al igual que la de los otros nueve, debía empezar el 26 de mayo de 2014 y concluir el 26 de noviembre del mismo año.
Para ello las empresas constructoras -que de acuerdo con la denuncia eran dos- pidieron como adelanto el 20% del costo total de los 13 puestos, lo que representa unos 5.257.314 bolivianos (cifra proporcionada por los denunciantes y que el Ejército no precisó), y presentaron sus boletas de garantía por el mismo monto para ser ejecutadas en caso de incumplimiento y así el Estado pudiera recuperar su dinero.
A la fecha ninguno de los puestos militares fue concluido. El Ejército reconoció que nueve de los 13 proyectos se encuentran paralizados por incumplimiento de "la empresa adjudicada, ocasionando un daño económico al Estado y por ende al Ejército”, que ascendería a aproximadamente 3,8 millones de bolivianos.
"Como las empresas no cumplieron con el contrato, ni siquiera iniciaron las obras (según la denuncia, no arrancó la construcción de ninguno de los 13 puestos), el Estado debió ejecutar las boletas de garantía por el 20% del monto adelantado. Pero lo indignante es que las boletas de garantía caducaron, sólo tenían vigencia hasta agosto de 2014. Ahora no se las puede ejecutar y por consiguiente el daño económico es astronómico”, dijeron los denunciantes.
Ellos consideran que la pérdida del dinero no es sólo una "estafa” de la constructora al Estado, sino que hubo también intereses por parte de los entonces comandantes del Ejército.
Los casi cuatro millones de bolivianos salieron de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia. Los denunciantes afirman que por esto la Armada y la Fuerza Aérea están limitadas para conseguir recursos de esta unidad. "Pedimos castigo para los corruptos e incapaces del Ejército”, concluyeron.
Los puestos
Desglose Los puestos militares adelantados que debieron construirse en las fronteras del país, según la denuncia de integrantes de las Fuerzas Armadas, son: 1. Apolo, La Paz (Bs 2.197.500) 2. Bermejo, Tarija (Bs 2.081.344) 3. Filadelfia, Pando (Bs 2.152.733) 4. Tres Estrellas, Pando (Bs 2.177.187) 5. San Francisco, Pando (Bs 2.173.955) 6. Ixiamas, La Paz (Bs 2.176.962) 7. Villamontes, Tarija (Bs 2.062.663) 8. Ixiamas, La Paz (Bs 2.202.984) 9. Humaita, Pando (Bs 2.223.247) 10. Yacuiba, Tarija (Bs 2.079.077) 11. Bermejo, Tarija (Bs 2.280.239) 12. Bermejo, Tarija (Bs 264.154) 13 . Apolo, La Paz (Bs 2.214.525).
Inician nueve procesos penales contra la empresa constructora
El Ejército inició nueve procesos penales a la empresa que se adjudicó y no cumplió con la construcción de un número similar de puestos militares adelantados, que debieron edificarse en las fronteras del país.
La información la dio a conocer la Dirección de Comunicación del Ejército mediante un comunicado. En éste se explicó que en 2013 se suscribieron 13 contratos "con diferentes empresas” para la ejecución de las obras con financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). Y que se otorgó "el anticipo financiero del 20% para la ejecución de obras”, sin precisar el monto equivalente.
A la fecha, sólo cuatro de los 13 proyectos "se construyen con normalidad”, se lee en el comunicado. Los nueve restantes, firmados el 13 de diciembre de 2013 -es decir en el último día en que Fernando Zeballos fue comandante del Ejército-, "se encuentran paralizados” por el incumplimiento en la ejecución "por parte de la empresa adjudicada, ocasionando un daño económico al Estado”.
Ante esta situación, el Ejército decidió "la resolución de los contratos con la empresa e inició nueve procesos penales por el presunto delito de incumplimiento de contratos y estafa”.
El primer delito es sancionado según el Código Penal con reclusión de uno a tres años, el segundo con una pena de uno a cinco años.
Este medio intentó consultar al excomandante del Ejército, Omar Salinas, ahora comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sobre su participación en los 13 proyectos que debieron ejecutarse en su gestión; pero indicó que él dejó el cargo hace meses y cualquier información al respecto debe proporcionarla el actual comandante del Ejército.
Página Siete también consultó al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sobre este daño económico al Estado; pero también se excusó de responder. Explicó que los recursos con los que se financió la construcción de los puestos militares salieron de la UPRE, que no depende de su ministerio, sino del de la Presidencia.
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