Las familias de los fallecidos piden la pena máxima de 30 años para el autor, amenazando con iniciar una huelga de hambre si no se toma en cuenta los antecedentes de la causa y la alevosía con la que se perpetró el hecho.
La madre de uno de los policías fallecidos, Francisca Miranda, recordó que el 24 de febrero de 2012, las vidas de las familias de los efectivos sufrieron un golpe rotundo al enterarse en el hospital Obrero que ellos habían muerto en el cumplimiento de su deber, sin lograr hasta la fecha superar “la pesadilla” debido a la peregrinación que ha implicado el llegar hasta la fase de juicio, soportando constantes dilaciones por suspensiones de audiencias y cubriendo además con los gastos emergidos para garantizar que se llegue a sancionar al autor. Ambos policías eran padres y ahora son las madres de sus hijos quienes luchan para sustentarlos.
Miranda, a nombre de la parte denunciante, aseguró que no ha sido nada fácil soportar la primera jornada de litigio, sin embargo, dijo que tienen la esperanza de que el equipo de jueces técnicos y ciudadanos puedan imponer una pena proporcional al hecho. “Pedimos una sentencia de 30 años en (la cárcel de) Chonchocoro, es un hombre peligroso, no solamente asesinó a nuestros hijos sino a otra víctima en otra ciudad, aquí son dos personas. Ahora él pide 20 años, no lo vamos a aceptar, estamos esperando que se determine, tres años estamos esperando, ahora no tenemos familia, como madre quiero que le den sus treinta años”, indicó en medio de llantos.
Caso contrario, amenazó con iniciar una huelga de hambre apoyada por la Asociación de Víctimas de la Impunidad e Inseguridad, tomando en cuenta que el caso es parte y reúne las características de los que acoge esa organización. Agregó que, como parte denunciante, han sido, supuestamente, víctimas de un seguimiento. “Están buscando nuestros números de celulares, dónde vivimos, qué es lo que hacemos, pedimos garantías”, mencionó.
El juicio se realiza en el Tribunal de Sentencia Segundo de la capital, del que es parte la juez técnica Juana Aban Velásquez; mientras que en representación del Ministerio Público está el fiscal de materia Daniel Lobos, quien inició ayer los descargos sobre el caso, calificado como asesinato.
El hecho
El informe brindado por el entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), teniente coronel Jorge Barrero, señala que “en cumplimiento del deber, dos policías fueron victimados por el teniente coronel Remberto Escobar Vega con un revólver calibre 38”.
Barrero dijo que durante sus funciones laborales, los cabos Vega y Miranda, por instrucción de la central de Radio Patrullas 110, a las 22:00 se dirigen al barrio San Jorge II donde interceptaron un motorizado color plomo, marca Toyota Caldina modelo 1996 y placa 1825 NDD, a la altura de la parada de la línea 4 de microbuses, debido a denuncias de que el conductor del vehículo estaba en estado de ebriedad.
Al momento de entablar conversación con el sospechoso, los policías le solicitaron la licencia de conducir, quien les da al momento, luego le exigen que baje del vehículo para realizarle un examen visual y después le informan que no puede continuar conduciendo por lo que llamarán una grúa para llevar el vehículo, sin embargo, el infractor se niega a este requerimiento, abandona el motorizado y se dirige hacia a su domicilio, ubicado a unos veinticinco metros de donde fue interceptado.
Mientras los policías esperaban la grúa, el militar salió de su casa con un revólver marca Colt calibre 38 de seis balas, disparar hacia los policías, logrando impactos a uno en el cuello y al otro en la cabeza. “Al verlos en el piso, procedió a golpearlos con la cacha del revólver ocasionándole a uno de ellos hundimiento en el cráneo”, relató.
De acuerdo al médico forense Dulfredo Ozuna, ambos fallecieron en el hospital a causa de las lesiones ocasionas por las balas, que provocaron hemorragias agudas. “Los proyectiles fueron encontrados en lugares bastante sensibles, como es la base del cráneo y la zona torácica”, explicó en aquel entonces.
La fuga
Testigos presentes en el lugar aseguraron que luego del hecho, el militar ingresó nuevamente a su casa, de donde sacó un maletín para luego darse a la fuga en su vehículo con rumbo sur.
Al momento de llegar a la tranca de El Portillo, el militar decide continuar en contarruta y para evitar ser interceptado por funcionarios que cobran el peaje, invade una berma y sigue por el camino hacia el Chaco.
Ante esta situación, las unidades reciben la clave 300 y efectivos de la Patrulla de Auxilio y Cooperación al Ciudadano (PAC) y del grupo especial Delta lo persiguen y logran interceptar el vehículo en el cruce de Narváez. Sintiéndose acorralado, el militar bajó de la movilidad para emprender la fuga a pie hacia las montañas.
La aprehensión
Al ver al sujeto subiendo por el cerro, seis efectivos fueron detrás de él y al alcanzarlo logran reducirlo. Una vez efectuada la aprehensión, lo llevan a dependencias de la FELCC, donde se verifica que en el interior del motorizada estaba una maleta, lo que confirmaba las versiones de los testigos.
El juez primero de Instrucción en lo Penal, Walter Chumacero, fue quien en primera instancia dictó detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos para Escobar.
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