David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, denunció que ante el receso del Tribunal Permanente de Justicia Militar, que se cumplirá hasta el mes de marzo, los militares detenidos no podrán recibir atenciones médicas debido a que el permiso para el proceso depende de esta instancia.
Cabe recordar que los suboficiales Freddy Sucojayo Gutiérrez y Franklin Colque Layme permanecen detenidos en instalaciones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) desde mayo pasado.
“Ellos son los únicos que autorizan el ingreso de visitas extras, como ser las visitas médicas y de psicólogos, en beneficio de los dos militares detenidos a más de ocho meses, aspecto que genera preocupación porque la situación del suboficial Colque, quien fue diagnosticado con poliglobulia y presión alta, debe recibir constante atención médica”, indicó Inca.
Otra de las observaciones del Presidente de Derechos Humanos se refiere a que ambos militares privados de libertad no tienen ningún registro médico de las posibles atenciones que hayan tenido o de los medicamentos suministrados, aspecto que deja sin definir responsables sobre el progreso o decaimiento de la salud de ambos militares.
Desde su detención, según dio a conocer Inca, los dos suboficiales militares de la Fuerza Aérea sólo recibieron tres visitas médicas, las mismas no son registradas y el resguardo militar sólo se aboca a evitar que otras personas como parientes o familiares de segundo grado puedan visitar a los detenidos.
Asimismo, Derechos Humanos, en reunión con algunos de los camaradas de los dos suboficiales de la FAB, recibió la denuncia de que ellos están prohibidos de realizar algún aporte económico para la salud o la defensa de los dos militares detenidos, además que se les niega la posibilidad de reunirse más de cuatro personas al interior o fuera de la infraestructura militar.
Inca reitera la vulneración permanente de los derechos humanos no sólo de los dos militares que continúan en detención preventiva, sin acusación formal y menos el proceso legal de medidas cautelares, sino de sus camaradas que están prohibidos en hablar, aportar o asumir acciones en defensa de ellos.
El Tribunal Permanente de Justicia Militar es visto por la entidad de derechos humanos como el resultado de una etapa colonizada que mantienen normas rígidas apoyadas por el Alto Mando Militar que estarían siendo socapadas incluso por el capitán en jefe de las FFAA.
“Esta instancia define por encima de la propia Constitución Política del Estado (CPE) y el Poder Judicial procesos ilegales y deshumanizados en contra de militares que se revelen y denuncien abusos, discriminación entre otros extremos en contra de la tropa militar”, aclaró.
Irónicamente, en un gobierno democrático, la instancia militar de las FFAA asume procesos verticales que vulneran todos los derechos humanos que no sólo son reconocidos por la CPE sino a nivel internacional por los acuerdos y convenios adscritos como país, pero vulnerados por la instancia militar.
En tres meses de receso del Tribunal Permanente de Justicia Militar, existe el temor por parte de la Asamblea de Derechos Humanos que los militares detenidos al interior de la FAB, no sólo sean desatendidos, sino que ellos puedan enfrentar diferentes afectaciones a su salud, por la ausencia de controles médicos y medicación que deba cumplirse, aspecto que es de plena responsabilidad no sólo del mencionado tribunal, sino del Alto Mando Militar, resaltó Inca.
En la actualidad, la única modificación en las visitas de familiares es que éstas se lograron ampliar de dos a cuatro horas tres veces a la semana.
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