Por séptima vez consecutiva el Tribunal Supremo de Justicia Militar negó ayer la libertad del suboficial Jhonny Gil Leniz. Al respecto el abogado del uniformado sostuvo que nuevamente se violó la normativa al no contar con las declaraciones indagatorias del uniformado.
Gil Leniz se encuentra con detención preventiva en instalaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sindicado de sedición y motín tras ser el vocero de la movilización de militares de baja graduación que en el mes de abril se movilizaron demandando la adecuación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Lofa) a la Constitución Política del Estado (CPE) y se elimine la discriminación al interior de la institución castrense.
En el desarrollo de la audiencia la defensa intentó desvirtuar el nuevo argumento que presentó la Fiscalía Militar relacionado a la obstaculización al proceso de investigación.
En tono molesto, el abogado del suboficial Gil, Luis Oswaldo Rojas, dijo que la determinación del tribunal militar no cumple lo que señala la Constitución Política del Estado por vulnerar los derechos humanos al ser arrestado sin haber recibido sus declaraciones informativas. “Carece de recursos legales al desconocer las observaciones vertidas de parte de la defensa”, argumentó.
Tras la lectura de la decisión los vocales del Tribunal Supremo de Justicia Militar, abandonaron la sala donde se realizó por séptima vez la audiencia para lograr la libertad del suboficial Gil.
A pesar de la decisión asumida ayer por el tribunal militar, la defensa del suboficial Gil, anunció que nuevamente apelaría esa resolución y demostrar que su defendido es inocente de las acusaciones que pesan en su contra.
Gil Leniz se encuentra privado de libertar hace 145 días en celdas del Estado mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. En similar situación se encuentran los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana Freddy Sucojayo y Franklin Colque, detenidos preventivamente en celdas de la Base Aérea de El Alto.
Estos tres uniformados participaron de las movilizaciones junto a centenas de uniformados de baja graduación, de las tres fuerzas castrenses, en el mes de abril cuando tomaron las calles y protagonizaron históricas marchas en demande de que la Lofa se adecúe a la Constitución Política del Estado
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